Antonio Castellanos Castellanos

Expediente 545/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
545/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
13/06/2023

Partes del expediente

  • Antonio Castellanos Castellanos

Actuaciones

  1. Principal

    El auto de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés ha causado estado. Téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA ***, EL PROVEÍDO DICTADO EL VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN SÍNTESIS DICE: Se tiene por recibida la demanda de amparo presentada por ***, contra actos que reclama del Juzgado de Oralidad Laboral en el municipio de Guanajuato capital y otra autoridad, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 5º, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REGISTRO Se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 545/2023. ESTUDIO DE PROCEDENCIA El artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Expuesto lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que la acción constitucional ejercitada deviene improcedente respecto del acto reclamado que consiste en: El auto de quince de mayo de dos mil veintitrés, dictado por el Juzgado de Oralidad Laboral de Guanajuato capital, en el juicio ordinario laboral, que ordenó al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, la inscripción del embargo trabado sobre el inmueble -establecimiento correspondiente a la fuente laboral- que defiende el aquí quejoso, derivado de la diligencia de requerimiento de pago y embargo en etapa de ejecución; así como su ejecución. Este órgano jurisdiccional advierte que la acción constitucional ejercitada deviene indudable y notoriamente improcedente por actualizarse se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...); XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.); IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." (Lo resaltado es propio) De acuerdo con las disposiciones legales transcritas, el amparo indirecto es improcedente contra actos o violaciones acaecidas en la fase de ejecución de sentencia, por lo que solo podrá promoverse en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, que será aquélla que apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declare la imposibilidad jurídica para darle cumplimiento o la que ordene el archivo definitivo del expediente; en donde deberán ser alegadas todas las transgresiones que el gobernado estime se cometieron en la respectiva etapa. Ahora bien, como se señaló, el acto reclamado, en la demanda que se provee es el auto de quince de mayo de dos mil veintitrés, dictado por el Juzgado de Oralidad Laboral de Guanajuato capital, dentro del juicio ordinario laboral, que ordenó al Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, la inscripción del embargo trabado sobre el inmueble -establecimiento correspondiente a la fuente laboral- que defiende el aquí quejoso, derivado de la diligencia de requerimiento de pago y embargo; así como su ejecución. De lo anterior, se desprende que el acto que por esta vía pretende reclamarse se dictó en la etapa de ejecución de sentencia, en un juicio donde la parte quejosa tiene el carácter de demandado, así como que dicha determinación no constituye el último acto realizado en esa etapa, pues así se corrobora de las propias manifestaciones que efectuó en su demanda en relación a que se le embargo un bien inmueble. Al efecto, destaca que el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo dispone que las sentencias deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación y que si no se cumple, la parte que obtuvo sentencia favorable podrá solicitar la ejecución; luego, el artículo 950 señala que en ese supuesto, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo y, el diverso, 967 de la misma legislación señala que concluidas las diligencias de embargo, se procederá al remate de los bienes. Lo anterior, pone de relieve que el acuerdo que se reclama en este juicio -auto que ordena la inscripción del embargo en el Registro Público de la Propiedad-, es un acto emitido en el procedimiento de ejecución, que se emite para cumplir con una sentencia ejecutoriada. En ese orden de ideas, tratándose de actos pronunciados en el período de ejecución de una sentencia, como en el caso que se analiza, el amparo indirecto solo procederá contra la última resolución dictada en esa etapa, lo que se materializa en aquella resolución que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o bien la que ordene el archivo del expediente. Es así, pues como se precisó, a través del acto reclamado, el juez del conocimiento únicamente ordenó la inscripción del embargo trabado sobre el bien inmueble que se defiende ante esta sede, esto es, el acto que en esta vía reclama es una consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional dictada en el juicio natural, al haberse resuelto en su contra y que adquirió firmeza legal. De ahí que esa determinación de ningún modo constituye alguna de las que la ley establece como la última en fase de ejecución, sino que es uno intermedio, cuyo objeto directo es ejecutar una determinación jurisdiccional que ya fue previamente analizada. En ese orden de ideas, si a la parte quejosa le causa agravio un acto procesal dictado en dicha etapa, como lo es el auto que ordenó la inscripción del embargo trabado sobre el inmueble en cuestión, derivado de la diligencia de requerimiento de pago y embargo, entonces deberá esperar el promovente a la culminación del procedimiento relativo, es decir, a la emisión de la resolución en que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, para impugnar las violaciones cometidas en el mismo. Tampoco se está en el caso de que lo reclamado constituya un acto que goce de autonomía destacada en relación con la emisión y ejecución del acto reclamado, lo que torna la improcedencia del amparo, de forma manifiesta. Esto porque los actos de autonomía propia y destacada en la fase ejecutiva, son aquellos que resuelven cuestiones accesorias a la propia ejecución, dictados con independencia del resultado final con que concluya dicha ejecución, esto es, no son aquellos que pueden estimarse reparables en la última resolución que se pronuncie; mientras que, en el caso, como ya se anticipó, el acto que se impugna guarda relación con la ejecución de la sentencia firme en la que derivado de la diligencia de requerimiento de pago y embargo, se ordenó la inscripción de este último en el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad; siendo que con ello la pretensión es lograr su cumplimiento, sin que esté dotado de autonomía destacada. Entonces, será hasta que mediante resolución definitiva se provea lo concerniente a la conclusión de la fase ejecutiva, es decir, hasta 1) la aprobación o reconocimiento del cumplimiento total de lo sentenciado, 2) se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o 3) se ordene el archivo definitivo del expediente; cuando se pueda activar el amparo y reclamar, en su caso, las violaciones cometidas por la autoridad responsable. Por otra parte, se tiene que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 215/2009, si bien es cierto estableció que el juicio de amparo indirecto procede aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, ello únicamente acontece cuando el acto infrinja directamente derechos sustantivos del quejoso, a condición de que esos derechos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. De tal forma, el Máximo Tribunal estimó que con el juicio de amparo no se debe pretender impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. En el caso, no se actualiza el supuesto de excepción de que el acto reclamado, parte de un procedimiento de ejecución, produzca efectos de imposible reparación ajenos a la sentencia que se ejecuta, dado que la sentencia dictada en el juicio de origen es cosa juzgada y el acto reclamado es precisamente su consecuencia. Aun cuando pudiera considerarse que sí trasciende a derechos sustantivos, lo importante es que esos efectos coinciden exactamente con lo resuelto y ejecutable. Es decir, lo resuelto por la responsable en la determinación reclamada no es ajeno a lo decidido en la sentencia, esto es, la supuesta o posible afectación no es autónoma a la cosa juzgada, sino precisamente materializando la ejecución de la condena. De modo que, la ejecución de sentencia no puede verse interrumpida con la promoción del juicio de amparo, pues conforme a lo previsto por el segundo párrafo de la fracción IV del numeral 107 de la ley de la materia, en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, sino que deberá culminar ese procedimiento hasta que se emita la última resolución en esa etapa, en que tendrá la oportunidad de hacer valer las violaciones que considera se cometieron en dicha fase y que lo hayan dejado sin defensa. Por lo expuesto, el acto reclamado descrito en párrafos que anteceden, no es el último acto de ejecución en el procedimiento de origen sino uno intermedio, por lo que de ninguna forma puede ser impugnable a través del juicio biinstancial pues, de acuerdo con el segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en los procedimientos de ejecución de sentencia, el amparo procederá en su caso contra la última resolución dictada en el mismo, entendiéndose aquélla como la que, en su caso, aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la improcedencia material o jurídica para darle cumplimiento; de ahí lo improcedente del presente juicio de amparo. Sin que se soslaye que la parte quejosa reclama el acto considerándolo ajeno al procedimiento de remate pues del contexto de su demanda se advierte que estima que es ajeno al requerimiento y embargo propios de esa etapa; es por ello que se actualiza la causa de improcedencia en los términos antes detallados. Pero aún en el caso de que en realidad el acuerdo que reclama se emitiera dentro de un procedimiento de remate formalmente, el amparo desde luego sería igualmente improcedente pues en términos del tercero párrafo del artículo 107, fracción IV de la Ley de amparo, en esos casos, el juicio constitucional biinstancial solo procede contra el acto que en definitiva ordena la escrituración o entrega del bien; que no es el caso. Corolario de lo expuesto, procede desechar de plano la demanda, por su notoria e indudable improcedencia, acorde con lo establecido por los numerales 62 y 113 del ordenamiento legal antes citado. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES De conformidad con el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en esta ciudad. INVITACIÓN A PROPORCIONAR OTRAS FORMAS DE CONTACTO La parte quejosa proporcionó una dirección de correo electrónico en la demanda, el cual constituye una forma especial y expedita de contacto, por lo que será considerado para el efecto de que personal del juzgado pueda establecer comunicación por tal medio, en los casos en que se estime pertinente. . SE EXHORTA A LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS .se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. EXPEDICIÓN DE COPIAS.se autoriza a las partes la expedición de copias de las constancias del expediente que soliciten durante la tramitación del presente asunto, autorización que se entiende otorgada con las salvedades procedentes que aplicarán como excepción en cada caso concreto, por ejemplo, si se trata de información que deba permanecer en reserva. En la inteligencia de que las copias fotostáticas serán entregadas a las personas autorizadas previa comparecencia y razón de entrega que se asiente en autos para debida constancia; en el entendido de que dicha autorización comprende la expedición de un juego de copias certificadas, y para el caso de que el solicitante requiera más de un tanto, deberán, por escrito, acompañar las razones por las que así lo necesitan. Para efecto de agilizar el trámite y atendiendo a las labores de este juzgado, el otorgamiento de copias se sujeta a las siguientes reglas: 1. La reproducción de las copias solicitadas por las partes se efectuará los días miércoles a las diez horas. Para ello, el interesado podrá comunicarse, cuando menos con dos días hábiles de anticipación, al teléfono 462 123 9428. 3. El día agendado, deberá presentarse debidamente identificado con documento oficial (pasaporte, credencial para votar o cédula profesional) en la sede de este juzgado, donde personal adscrito le indicará a qué centro de fotocopiado deberá trasladarse para la obtención de sus copias. Además, se informa a las partes que de contar con acceso al expediente electrónico, podrán descargar copia de las constancias que obran en el expediente electrónico, las cuales, de contener la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables y las que no la incluyan, se consideran como copias simples. Finalmente, en virtud que la expedición de copias se autorizó desde este proveído, se ordena agregar sin mayor acuerdo las promociones que reiteren esa solicitud. ACCESO A LA INFORMACIÓN..hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

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