Antonio Carlock Bengochea

Expediente 129/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
129/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
11/02/2022

Partes del expediente

  • Antonio Carlock Bengochea

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, once de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa no se inconformó dentro del término legal con el acuerdo de trece de enero de dos mil veintidós, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 196, último párrafo, 201 fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto en el que se concedió el amparo, de conformidad a lo previsto en el artículo 18, inciso b), este expediente es depurable. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 18 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su depuración, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación Archivo del incidente de suspensión. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, trece de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el quejoso ***, no desahogó la vista de veintiocho de diciembre del año pasado, dentro del término concedido, respecto al cumplimiento dado a la sentencia de amparo por parte del apoderado y representante legal de Petróleos Mexicanos, delegado de las autoridades responsables Superintendente General de la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios de Salina Cruz, Oaxaca y Encargado de Asuntos del Departamento de Personal de la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios de Salina Cruz Oaxaca, por lo que se procede a resolver sobre el mismo, con base en los elementos que obran en el expediente. Es aplicable al caso, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 192174, cuyo rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión e expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." EFECTOS DE LA SENTENCIA AMPARADORA Para ello, se tiene en cuenta que la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, remitió copia certificada del testimonio de la ejecutoria de veinticinco de noviembre de la pasada anualidad, relativo al recurso de revisión interpuesto por el apoderado legal de Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, a nombre de las autoridades responsables Superintendente General de la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios de Salina Cruz, Oaxaca y Encargado de los Asuntos del Departamento de Personal Marina Pacífico, en el que se confirmó la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional a la parte quejosa Antonio Carlock Bengochea, para el efecto de que la autoridad responsable dictara lo siguiente: "[.] 1. Que el quejoso permanecerá en resguardo domiciliario por el padecimiento que presenta, consistente en hipertensión arterial y, que por lo tanto, se le excluye de asistir a su centro de trabajo, como persona vulnerable ante la pandemia por el virus Covid-19. 2. Que se prescinda de exigírsele al impetrante que reanude sus labores en su centro de trabajo, mientras no exista semáforo verde que, como ya se estableció, es en el único momento en el que se levantará el resguardo para las personas que se encuentren en grupos de salud vulnerable, como en el caso lo es el impetrante. 3. Que el referido resguardo domiciliario para garantizar su salud, no repercuta de ninguna manera en sus ingresos económicos por la actividad laboral que desempeña ante la responsable, es decir, se le deberán seguir pagando de manera íntegra todos y cada uno de los conceptos que se le cubrían antes de dicho resguardo como si asistiera de manera presencial a desarrollarla. [.]" Ante tal circunstancia, en acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, se requirió a las autoridades responsables Superintendente General de la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios de Salina Cruz, Oaxaca y Encargado de los Asuntos del Departamento de Personal Marina Pacífico, para el efecto de que dieran cumplimiento con el fallo protector. Por tal razón, en proveído de veintiocho de diciembre de la pasada anualidad, se tuvo al apoderado legal de Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, a nombre de las autoridades responsables Superintendente General de la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios de Salina Cruz, Oaxaca y Encargado de los Asuntos del Departamento de Personal Marina Pacífico, informado que con la misiva con terminación 784-2021, se dio cumplimiento a la sentencia emitida en el presente, precisando que ordenó comunicar mediante oficio 783-2021 al área correspondiente el retorno del aquí quejoso a su centro de trabajo, siendo notificado de tal circunstancia el trece de octubre del año anterior, como lo acreditó con el diverso con terminación 2239/2021. En consecuencia, se estima que el FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, toda vez que de la confrontación de los lineamientos bajo los cuales se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal y la forma en que la autoridad dio cumplimiento, se advierte que cumple la finalidad que se perseguía con la emisión de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, sin que incurriera en exceso o defecto en su acatamiento, como lo prevé el artículo 196 de la Ley de Amparo. Hágase este acuerdo del conocimiento de las partes. Sirve de orientación la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, corroborable con el registro digital 165807, de texto que sigue: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese y personalmente al quejoso.

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio con firma electrónica y evidencia criptográfica del apoderado y representante legal de Petróleos Mexicanos, delegado de las autoridades responsables Superintendente General de la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios de Salina Cruz, Oaxaca y Encargado de Asuntos del Departamento de Personal de la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios de Salina Cruz Oaxaca, por el cual en cumplimiento al requerimiento formulado el veinte de diciembre de la presente anualidad, remite constancia de la que se advierte que ordenó comunicar al área correspondiente el retorno del aquí quejoso a su centro de trabajo. Ahora, con fundamento en los artículos 196 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la ley de la materia, con lo anterior, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir de su legal notificación, manifieste lo que a sus intereses convenga, en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. En la inteligencia que de no hacer manifestación alguna dentro del término legal concedido para tal efecto, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la aludida responsable. Se invoca en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son como sigue: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, con copia certificada del testimonio de la ejecutoria de veinticinco de noviembre del actual, dictada en el recurso de revisión 137/2021 y los autos originales del juicio de amparo al rubro citado. Acúsese el recibo correspondiente vía electrónica. Se ordena incorporar al expediente el cuaderno de antecedentes que se formó en sustitución del expediente principal, previa depuración y conservación únicamente de las constancias que obran en original, y hacer del conocimiento de las partes que la superioridad resolvió: "R E S U E L V E ÚNICO. Se declara improcedente el recurso de revisión por ****Ledón, apoderado legal de Petróleos Mexicanos y Pemex Logística, en su carácter de delegado de las autoridades responsables Superintendente General de la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios de Salina Cruz, Oaxaca y encargado de los Asuntos del Departamento de la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios de Salina Cruz, Oaxaca." Anotaciones En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Requerimiento de cumplimiento. Con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Superintendente General de la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios, así como el Encargado del Departamento de Personal de la Refinería, ambos de Salina Cruz, para que dentro del término de tres días, siguiente a la legal notificación de este acuerdo, como lo dispone el párrafo segundo del citado numeral, den cumplimiento con la concesión del amparo, remitiendo copia certificada de las constancias que demuestren lo anterior: [.] Que el quejoso permanecerá en resguardo domiciliario por el padecimiento que presenta, consistente en hipertensión arterial y, que por lo tanto, se le excluye de asistir a su centro de trabajo, como persona vulnerable ante la pandemia por el virus Covid-19. Que se prescinda de exigírsele al impetrante que reanude sus labores en su centro de trabajo, mientras no exista semáforo verde que, como ya se estableció, es en el único momento en el que se levantará el resguardo para las personas que se encuentren en grupos de salud vulnerable, como en el caso lo es el impetrante. Que el referido resguardo domiciliario para garantizar su salud, no repercuta de ninguna manera en sus ingresos económicos por la actividad laboral que desempeña ante la responsable, es decir, se le deberán seguir pagando de manera íntegra todos y cada uno de los conceptos que se le cubrían antes de dicho resguardo como si asistiera de manera presencial a desarrollarla. Deberá informarlo inmediatamente a las áreas administrativas de esa dependencia, para conocimiento de la actual situación laboral del quejoso y oportuno acatamiento de esta determinación, en términos de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Amparo. [.] Apercibidos que de no dar cumplimiento sin causa justificada, dentro del plazo concedido, con apoyo en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se hará merecedora de una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Ahora bien, resérvese la investigación de los datos de las personas físicas que actualmente ostentan el cargo de las prenombradas autoridades, esto a fin de aplicar las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante una posible contumacia de ésta. Notifíquese.

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