Antonio Carillo Sánchez
Expediente 219/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 219/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 07/06/2021
Partes del expediente
- Antonio Carillo Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Agréguese a los autos sin mayor acuerdo substancial el oficio de cuenta, a través del cual, la autoridad responsable remite copias certificadas del laudo dictado en el juicio de origen; en el entendido que mediante proveído de veinte de mayo del año en curso, se declaró cumplida la ejecutoria de amparo y se ordenó el archivos del presente asunto. Notifíquese.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa
- Principal
Visto el oficio de cuenta, a través del cual la autoridad responsable informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y exhibe constancia de ello; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa con el oficio y anexo de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado dictará resolución en la que declarará si la sentencia está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Notifíquese.
- Principal
Visto el oficio signado por la autoridad responsable, mediante el cual, solicita prórroga para dar cumplimiento a lo requerido en auto de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, asimismo, informa las gestiones que se encuentra realizando con el fin de dar cumplimiento al fallo protector dictado en autos. Ahora bien, con relación a la prórroga que solicita, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que no acredita las gestiones que se encuentra realizado, ya que únicamente remite oficio mediante el cual solicita a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio del Municipio de Tonalá, Jalisco, para que realice el pago correspondiente a la parte quejosa. De ahí que no ha lugar a conceder la prórroga que solicita. Es aplicable a lo anterior la tesis IV.2o.C.8 K (10a.), con número de registro 2020899, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. NO QUEDA A CARGO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE FIJAR LOS TÉRMINOS EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL FALLO PROTECTOR. La sentencia que concede el amparo, conlleva para el gobernado la promesa de que el orden constitucional se restablecerá y para la autoridad la obligación de acatar la orden judicial, una vez notificada, para dar eficacia práctica a los efectos que en la sentencia se precisan; cuyo procedimiento de cumplimiento y ejecución se establece en la Ley de Amparo. Así, las autoridades responsables y las vinculadas se encuentran obligadas a realizar los actos necesarios para su eficaz cumplimiento, por lo que deben actuar o dejar de actuar, en la forma exigida en la sentencia de amparo, incluso, en el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto, como lo dispone el artículo 193, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. Por tanto, corresponde al juzgador federal declarar si la sentencia está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, de acuerdo con la naturaleza de los actos reclamados, los efectos y alcances del fallo protector y sin incluir elementos ajenos a la litis ventilada. Estructurado así el procedimiento de cumplimiento de sentencias que conceden la protección constitucional, no queda a cargo de la autoridad responsable fijar los términos en que debe cumplirlas.". En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE NUEVAMENTE Y POR ÚLTIMA OCASIÓN al Presidente Municipal, Secretario General y Comisión Edilicia de Hacienda, todos del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir de que sea notificado el presente proveído, acrediten que: Realizaron las gestiones correspondientes para efecto de aprobar la partida presupuestal en relación con la ejecutoría de amparo, ante quien legalmente corresponda. En el entendido que deberán anexar las constancias con las que acrediten su dicho; lo cual no podría limitarse a una mera comunicación interna entre autoridades del propio ayuntamiento, sino se deberá demostrar de manera fehaciente un efectivo impulso al fallo protector, pues de no ser así, se tendrá por no cumplido el requerimiento de mérito. Es decir, no basta que emitan un oficio en el que indiquen que giraron una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer. Es aplicable la jurisprudencia I.9o.A. J/3 (10a.), con número de registro 2005830, que dice: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Dentro de la Ley de Amparo, en particular en su artículo 192, se establecieron mecanismos necesarios para que las ejecutorias en la materia sean puntualmente cumplidas, entre ellos, que el órgano judicial al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable también lo hará respecto del superior jerárquico de aquélla, para que le instruya cumplir con la sentencia, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en la propia ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que su subordinada. En este sentido, acorde con los criterios que sobre el tema ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito.". Bajo apercibimiento, que de no acatar lo anterior sin causa justificada en el lapso indicado, se le impondrá una multa de ciento cincuenta unidades de medida y actualización diaria, equivalente a $13,443.00 (trece mil trece mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 00/100 moneda nacional) de conformidad con los artículos 238 y 258 de dicha legislación. En el entendido que el amparo fue concedido para los siguientes efectos: "SEXTO. Efectos de la concesión del juicio de amparo. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, fracción V, y 77 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a fijar los efectos de la concesión del amparo, mismos que se concretan a lo siguiente: a) El Director Administrativo de la Comisaría de Seguridad Pública de Tonalá, Jalisco, deberá pagar al quejoso la indemnización constitucional respectiva, la cual engloba el pago de tres meses de salario, veinte días por cada año de servicio y partes proporcionales de las prestaciones que correspondan, en términos del artículo 141 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, sin que en ningún caso proceda la reincorporación al servicio ni el pago de salarios vencidos. b) Asimismo, deberá efectuar la anotación en el expediente personal del quejoso." Asimismo, se considera pertinente informar a las autoridades requeridas el contenido del artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, por el que se tipifica el delito de desacato a una sentencia de amparo, y que prevé como pena una multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, que es del siguiente contenido: "TÍTULO QUINTO Medidas Disciplinarias y de Apremio, Responsabilidades, Sanciones y Delitos (.) CAPÍTULO III Delitos (.) Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir; (.) Las mismas penas que se señalan en este artículo serán impuestas en su caso al superior de la autoridad responsable que no haga cumplir una sentencia de amparo." Finalmente, del estado de autos advierte que obran las constancias de notificación del auto de veintiuno de abril de dos mil veintiuno; por tanto, tal como lo solicitó la superioridad, remítanse las constancias de notificación al más alto tribunal por medio de MINTERSCJN, lo anterior en atención a lo solicitado mediante auto de diez de marzo de dos mil veintiuno, en el incidente de inejecución de sentencia 11/2021 de su índice. Notifíquese.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
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