Antonio Cárdenas Carmona

Expediente 858/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
858/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
03/10/2023

Partes del expediente

  • Antonio Cárdenas Carmona

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, y toda vez que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA QUEDADO FIRME, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y glósese el cuaderno único del incidente de suspensión derivado del presente asunto. En tal, virtud y toda vez de que por auto de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Luego, vistos los autos del presente expediente y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Quinto Transitorio, Titulo Segundo, Capítulo Primero, artículo 6; Capítulo Segundo, ordinal 8; Capítulo Tercero numeral 14, fracción III, y, Capítulo Sexto, numeral 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo sexto, artículo 20, fracción II del Acuerdo en mención; ello en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental Finalmente, como en los autos del cuaderno único del incidente de suspensión se negó la suspensión definitiva; el mismo es DESTRUIBLE, en términos del capítulo quinto, artículo 20, fracción III, del referido Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el quejoso ********************, no cumplió con el requerimiento formulado en proveído de dos de agosto de dos mil veintitrés, relativo a que dentro del término de quince días manifestara si ampliaba su demanda de amparo respecto a la contestación emitida por la autoridad responsable Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de ********************, Michoacán, y expresar los conceptos de violación al respecto; en consecuencia, se tiene únicamente como actos los que señaló en el escrito inicial del presente juicio de amparo, con las consecuencias legales correspondientes. Ahora bien, por escrito depositado en el Buzón Judicial el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, recibido ese mismo día por la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta capital, el cual fue turnado y turnado el treinta de junio siguiente a este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ********************, promovió juicio de amparo indirecto en contra del Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de ********************, Michoacán, consistente en: ".IV.- ACTO RECLAMADO: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los actos reclamados lo constituyen: 1.- DE LA AUTORIDAD SEÑALADA EN EL APARTADO ANTERIO EN SU CARÁCTER DE ORDENADORA Y EJECUTORA, RECLAMO LO SIGUIENTE: ( LA OMISIÓN DE DAR CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN SUSCRITO A EFECTO DE CONOCER LA APROBACIÓN O NEGACIÓN DE LA SOLICITUD DE PAGO DE MI PRENSIÓN POR JUBILACIÓN." Demanda que se admitió a trámite en auto de tres de julio de dos mil veintitrés. Luego, el quejoso en esencia reclama la omisión de dar contestación a su escrito de cinco de mayo de dos mil veintitrés, presentado el nueve siguiente. En este orden de ideas, del informe justificado rendido por la autoridad responsable, se advierte que dentro del expediente ***************, el once de julio de dos mil veintitrés, el Presidente Municipal, asistido del Director de Área Jurídica, ambos del Ayuntamiento Constitucional de ********************, Michoacán, procedieron a dar contestación a la solicitud que el quejoso presentó el nueve de mayo de dos mil veintitrés, respecto a la entrega de la totalidad del pago completo como trabajador jubilado, por la cantidad de $******************** (******************** pesos ******************** moneda nacional), en sentido negativo, toda vez que precisaron que no existe un fondo de retiro para los trabajadores jubilados, que la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios no permite otorgar algo que no hay sido presupuestado durante el ejercicio fiscal en curso ya que sería afectado el presupuesto en caso de cumplir con lo solicitado y que ninguno de los fundamentos legales invocados por el aquí quejoso obliga a la responsable a otorgar el pago solicitado, respuesta que se ordenó su notificación al quejoso, lo que ocurrió a través del oficio 01209 de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, el cual fue recibido por ********************, persona que fue autorizada por el quejoso en el escrito por el que realizó la petición del cual se reclama la omisión de su respuesta. En tales condiciones, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Para que la referida causa de improcedencia se actualice no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje en ella alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, el acto reclamado que aquí se analiza es la omisión de dar respuesta, clara y directa, al escrito de fecha cinco de mayo de dos mil veintitrés, presentado ante la autoridad responsable el nueve de mayo siguiente. Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad responsable, como complemento a su informe con justificación, como se mencionó en párrafos que anteceden se advierte que el Presidente Municipal responsable dio respuesta al citado escrito, documentales que merecen valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". De ahí que, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en razón a que, el acto reclamado ha dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. En efecto, el acto omisivo atribuido a la autoridad responsable, consistente en la omisión de dar respuesta a su petición de cinco de mayo de dos mil veintitrés, presentado ante la responsable el nueve siguiente, cesó en sus efectos, virtud a que, atento a lo expuesto párrafos precedentes, la autoridad responsable dio respuesta puntual a su solicitud durante la secuela procesal del presente juicio de amparo, la cual además fue notificada el diecinueve de julio de dos mil veintitrés, a través del oficio 01209, recibido por ********************, persona que fue autorizada por el quejoso en el escrito por el que realizó la petición del cual se reclama la omisión de su respuesta. Máxime, que el quejoso fue omisa en realizar manifestaciones respecto a la respuesta recaída a su petición por parte de la autoridad responsable, pues, por auto de dos de agosto del año en curso, se le dio vista de manera personal para que tuviera conocimiento de las constancias remitidas por dicha autoridad, notificado el nueve de agosto de la presente anualidad, verbigracia, con la multicitada respuesta; además, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, sin que así aconteciera. Por lo anterior, se insiste, la respuesta dada por la responsable virtud de la constancia de mérito, motivo de la petición expuesta, fue puesta a la vista de la parte quejosa por este Juzgado Federal, e incluso la responsable se la notificó el diecinueve de julio de dos mil veintitrés, a través del oficio 01209, recibido por ********************, persona que fue autorizada por el quejoso en el escrito por el que realizó la petición del cual se reclama la omisión de su respuesta. Con base en lo anterior, es posible concluir que cesaron los efectos del acto reclamado, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, cuya demanda fue presentada el veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Por consiguiente, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, sería ocioso examinar la Constitucionalidad de un acto que ya no genera ese estado de incertidumbre al quejoso (en el caso, la omisión de dar respuesta respecto de la petición presentada el nueve de mayo de dos mil veintitrés), pues al existir respuesta al respecto, el acto omisivo de referencia ya no deja huella alguna en la esfera jurídica de aquél que amerite ser borrada mediante el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, porque tal concesión tendría el mismo efecto que ahora prevalece. Resulta aplicable la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 205/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, enero de 2009, visible a foja 605, con número de registro 168189, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto.". Del mismo modo, sirve de apoyo a lo anterior en lo conducente la tesis número VI.1o.A.61 K (9a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 3838. Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 160517, que dice: "PETICIÓN. SI EL JUICIO DE AMPARO SE PROMOVIÓ POR VIOLACIÓN A ESE DERECHO, ADUCIÉNDOSE ÚNICAMENTE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DAR RESPUESTA A LO PEDIDO, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ JURÍDICAMENTE IMPOSIBILITADO PARA PRONUNCIARSE OFICIOSAMENTE SOBRE LA CONGRUENCIA DE LA RESPUESTA RECAÍDA A LA PETICIÓN DEL QUEJOSO, SI ÉSTA SE DIO A CONOCER DURANTE EL TRÁMITE DEL JUICIO DE GARANTÍAS SIN QUE SE HAYA AMPLIADO LA DEMANDA DE AMPARO. Si en un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, en el que únicamente se reclamó en la demanda primigenia la omisión de la autoridad responsable de dar respuesta a una solicitud del quejoso formulada por escrito, en forma pacífica y respetuosa, la autoridad responsable acompaña a su informe justificado la respuesta respectiva emitida durante el trámite del juicio constitucional, o con anterioridad a éste, es inconcuso que el Juez de Distrito está obligado a dar al peticionario de amparo la oportunidad procesal de ampliar la demanda de garantías contra dicho nuevo acto de naturaleza positiva, pues de no hacerlo así, incurre en una violación procesal que debe reparar el órgano revisor en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, dado que en ese supuesto, al margen del contenido de la respuesta, el Juez federal al dictar sentencia definitiva sólo podrá analizar el acto reclamado a la luz de los conceptos de violación primigenios, es decir, habrá de limitarse a señalar que la respuesta de la responsable extinguió la omisión reclamada inicialmente, pues ante la ausencia de conceptos de violación diversos no estaría en condiciones legales de pronunciarse de oficio sobre la congruencia de la respuesta recaída a la petición, analizando el fondo de ésta, toda vez que ello en realidad constituiría una variación de la litis constitucional que carece de justificación jurídica, en la medida de que la subgarantía primigenia reclamada fue de naturaleza omisiva, sin que el Juez federal pueda analizar oficiosamente, en ausencia de concepto de violación alguno, el contenido del acto positivo cuya congruencia se relaciona con una subgarantía distinta, y que no fue reclamado expresamente por el quejoso al no darle la oportunidad de ampliar la demanda de amparo en su contra, o no haber ejercido ese derecho procesal el gobernado. Por ende, se estima que inclusive de resultar incongruente la respuesta recaída a la petición, es el propio quejoso quien a través de la ampliación de demanda debe estar en oportunidad de hacer valer dicha incongruencia como subgarantía diversa, o más aún, de combatir el fondo de la respuesta confrontando su contenido con una garantía constitucional distinta a la contenida en el artículo 8o. de la Ley Fundamental, lo que le depara un mayor beneficio procesal y práctico, que la mera concesión de amparo por la supuesta incongruencia de lo respondido, a fin de lograr una impartición de justicia completa en cumplimiento al artículo 17 de la Constitución General de la República." Apoyo a lo anterior la tesis número P. CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, Tomo VI, Noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 197367, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La a interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro digital 196820, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 184572, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Por lo que, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, RESPECTIVAMENTE, DE LA LEY DE AMPARO, PUBLICADA EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS QUE SE PUBLICA EN ESTE JUZGADO FEDERAL, A LA PARTE QUEJOSA, EL(LA) ACUERDO Y/O RESOLUCIÓN, DE FECHA CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, EL(LA) CUAL EN LO CONDUCENTE SEÑALA: Morelia, Michoacán, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el quejoso ********************, no cumplió con el requerimiento formulado en proveído de dos de agosto de dos mil veintitrés, relativo a que dentro del término de quince días manifestara si ampliaba su demanda de amparo respecto a la contestación emitida por la autoridad responsable Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de ********************, Michoacán, y expresar los conceptos de violación al respecto; en consecuencia, se tiene únicamente como actos los que señaló en el escrito inicial del presente juicio de amparo, con las consecuencias legales correspondientes. Ahora bien, por escrito depositado en el Buzón Judicial el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, recibido ese mismo día por la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta capital, el cual fue turnado y turnado el treinta de junio siguiente a este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ********************, promovió juicio de amparo indirecto en contra del Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de ********************, Michoacán, consistente en: ".IV.- ACTO RECLAMADO: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los actos reclamados lo constituyen: 1.- DE LA AUTORIDAD SEÑALADA EN EL APARTADO ANTERIO EN SU CARÁCTER DE ORDENADORA Y EJECUTORA, RECLAMO LO SIGUIENTE: ( LA OMISIÓN DE DAR CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN SUSCRITO A EFECTO DE CONOCER LA APROBACIÓN O NEGACIÓN DE LA SOLICITUD DE PAGO DE MI PRENSIÓN POR JUBILACIÓN." Demanda que se admitió a trámite en auto de tres de julio de dos mil veintitrés. Luego, el quejoso en esencia reclama la omisión de dar contestación a su escrito de cinco de mayo de dos mil veintitrés, presentado el nueve siguiente. En este orden de ideas, del informe justificado rendido por la autoridad responsable, se advierte que dentro del expediente ***************, el once de julio de dos mil veintitrés, el Presidente Municipal, asistido del Director de Área Jurídica, ambos del Ayuntamiento Constitucional de ********************, Michoacán, procedieron a dar contestación a la solicitud que el quejoso presentó el nueve de mayo de dos mil veintitrés, respecto a la entrega de la totalidad del pago completo como trabajador jubilado, por la cantidad de $******************** (******************** pesos ******************** moneda nacional), en sentido negativo, toda vez que precisaron que no existe un fondo de retiro para los trabajadores jubilados, que la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios no permite otorgar algo que no hay sido presupuestado durante el ejercicio fiscal en curso ya que sería afectado el presupuesto en caso de cumplir con lo solicitado y que ninguno de los fundamentos legales invocados por el aquí quejoso obliga a la responsable a otorgar el pago solicitado, respuesta que se ordenó su notificación al quejoso, lo que ocurrió a través del oficio 01209 de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, el cual fue recibido por ********************, persona que fue autorizada por el quejoso en el escrito por el que realizó la petición del cual se reclama la omisión de su respuesta. En tales condiciones, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Para que la referida causa de improcedencia se actualice no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje en ella alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, el acto reclamado que aquí se analiza es la omisión de dar respuesta, clara y directa, al escrito de fecha cinco de mayo de dos mil veintitrés, presentado ante la autoridad responsable el nueve de mayo siguiente. Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad responsable, como complemento a su informe con justificación, como se mencionó en párrafos que anteceden se advierte que el Presidente Municipal responsable dio respuesta al citado escrito, documentales que merecen valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". De ahí que, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en razón a que, el acto reclamado ha dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. En efecto, el acto omisivo atribuido a la autoridad responsable, consistente en la omisión de dar respuesta a su petición de cinco de mayo de dos mil veintitrés, presentado ante la responsable el nueve siguiente, cesó en sus efectos, virtud a que, atento a lo expuesto párrafos precedentes, la autoridad responsable dio respuesta puntual a su solicitud durante la secuela procesal del presente juicio de amparo, la cual además fue notificada el diecinueve de julio de dos mil veintitrés, a través del oficio 01209, recibido por ********************, persona que fue autorizada por el quejoso en el escrito por el que realizó la petición del cual se reclama la omisión de su respuesta. Máxime, que el quejoso fue omisa en realizar manifestaciones respecto a la respuesta recaída a su petición por parte de la autoridad responsable, pues, por auto de dos de agosto del año en curso, se le dio vista de manera personal para que tuviera conocimiento de las constancias remitidas por dicha autoridad, notificado el nueve de agosto de la presente anualidad, verbigracia, con la multicitada respuesta; además, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, sin que así aconteciera. Por lo anterior, se insiste, la respuesta dada por la responsable virtud de la constancia de mérito, motivo de la petición expuesta, fue puesta a la vista de la parte quejosa por este Juzgado Federal, e incluso la responsable se la notificó el diecinueve de julio de dos mil veintitrés, a través del oficio 01209, recibido por ********************, persona que fue autorizada por el quejoso en el escrito por el que realizó la petición del cual se reclama la omisión de su respuesta. Con base en lo anterior, es posible concluir que cesaron los efectos del acto reclamado, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, cuya demanda fue presentada el veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Por consiguiente, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, sería ocioso examinar la Constitucionalidad de un acto que ya no genera ese estado de incertidumbre al quejoso (en el caso, la omisión de dar respuesta respecto de la petición presentada el nueve de mayo de dos mil veintitrés), pues al existir respuesta al respecto, el acto omisivo de referencia ya no deja huella alguna en la esfera jurídica de aquél que amerite ser borrada mediante el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, porque tal concesión tendría el mismo efecto que ahora prevalece. Resulta aplicable la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 205/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, enero de 2009, visible a foja 605, con número de registro 168189, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto.". Del mismo modo, sirve de apoyo a lo anterior en lo conducente la tesis número VI.1o.A.61 K (9a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 3838. Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 160517, que dice: "PETICIÓN. SI EL JUICIO DE AMPARO SE PROMOVIÓ POR VIOLACIÓN A ESE DERECHO, ADUCIÉNDOSE ÚNICAMENTE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DAR RESPUESTA A LO PEDIDO, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ JURÍDICAMENTE IMPOSIBILITADO PARA PRONUNCIARSE OFICIOSAMENTE SOBRE LA CONGRUENCIA DE LA RESPUESTA RECAÍDA A LA PETICIÓN DEL QUEJOSO, SI ÉSTA SE DIO A CONOCER DURANTE EL TRÁMITE DEL JUICIO DE GARANTÍAS SIN QUE SE HAYA AMPLIADO LA DEMANDA DE AMPARO. Si en un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, en el que únicamente se reclamó en la demanda primigenia la omisión de la autoridad responsable de dar respuesta a una solicitud del quejoso formulada por escrito, en forma pacífica y respetuosa, la autoridad responsable acompaña a su informe justificado la respuesta respectiva emitida durante el trámite del juicio constitucional, o con anterioridad a éste, es inconcuso que el Juez de Distrito está obligado a dar al peticionario de amparo la oportunidad procesal de ampliar la demanda de garantías contra dicho nuevo acto de naturaleza positiva, pues de no hacerlo así, incurre en una violación procesal que debe reparar el órgano revisor en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, dado que en ese supuesto, al margen del contenido de la respuesta, el Juez federal al dictar sentencia definitiva sólo podrá analizar el acto reclamado a la luz de los conceptos de violación primigenios, es decir, habrá de limitarse a señalar que la respuesta de la responsable extinguió la omisión reclamada inicialmente, pues ante la ausencia de conceptos de violación diversos no estaría en condiciones legales de pronunciarse de oficio sobre la congruencia de la respuesta recaída a la petición, analizando el fondo de ésta, toda vez que ello en realidad constituiría una variación de la litis constitucional que carece de justificación jurídica, en la medida de que la subgarantía primigenia reclamada fue de naturaleza omisiva, sin que el Juez federal pueda analizar oficiosamente, en ausencia de concepto de violación alguno, el contenido del acto positivo cuya congruencia se relaciona con una subgarantía distinta, y que no fue reclamado expresamente por el quejoso al no darle la oportunidad de ampliar la demanda de amparo en su contra, o no haber ejercido ese derecho procesal el gobernado. Por ende, se estima que inclusive de resultar incongruente la respuesta recaída a la petición, es el propio quejoso quien a través de la ampliación de demanda debe estar en oportunidad de hacer valer dicha incongruencia como subgarantía diversa, o más aún, de combatir el fondo de la respuesta confrontando su contenido con una garantía constitucional distinta a la contenida en el artículo 8o. de la Ley Fundamental, lo que le depara un mayor beneficio procesal y práctico, que la mera concesión de amparo por la supuesta incongruencia de lo respondido, a fin de lograr una impartición de justicia completa en cumplimiento al artículo 17 de la Constitución General de la República." Apoyo a lo anterior la tesis número P. CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, Tomo VI, Noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 197367, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La a interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro digital 196820, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 184572, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Por lo que, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, once de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte se encuentra transcurriendo el término de quince días concedido a la parte quejosa en proveído de dos de agosto del año en curso, a fin de que esté en posibilidad de ampliar su demanda, si así lo desea, por cuanto a la contestación emitida por la autoridad responsable y expresar los conceptos de violación al respecto. En consecuencia, la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.

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