Antonio Canedo Flores
Expediente 833/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 833/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 08/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Antonio Canedo Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia, por la que se sobreseyó por una parte y por otra negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Con fundamento en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo conjunto, en razón de que se sobreseyó y negó el amparo en el mismo. Asimismo, con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, décimo primero y vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Respecto al incidente de suspensión relativo a este juico, el original es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del mencionado acuerdo, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Por lo que refiere al duplicado destrúyase en este juzgado en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Transfiérase el presente expediente y el original del incidente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Finalmente, devuélvanse a la autoridad responsable las constancias que allegó al presente asunto, mismas que obran en dos tomos de pruebas por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte Quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado y en el sistema SISE, la sentencia de once de septiembre de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el articulo 27, fracción I, inciso c) de la ley de amparo.
- Principal
RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintitrés de abril de dos mil diecinueve (fojas 7-10), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Antonio Canedo Flores, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Coordinador Jurídico del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP). La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 6°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán; se registró con el número 433/2019, se admitió-previo cumplimiento a requerimiento- mediante proveído de siete de mayo de dos mil diecinueve; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete; y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero. Remisión de la demanda de amparo a este juzgado por conocimiento previo y avocamiento. En auto de dieciocho de julio de dos mil diecinueve (fojas 124-127), el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, remitió el juicio biinstancial 433/2019 a este juzgado al estimar que se trataba de un asunto donde el acto reclamado proviene del mismo expediente administrativo del que deriva un juicio de amparo de amparo, respecto del cual tuvo conocimiento este órgano jurisdiccional. El veinticuatro de julio de dos mil diecinueve (fojas 133-135), este juzgado se avocó al conocimiento de la referida demanda de amparo, la registró como 833/2019, se determinó que resultaba innecesario requerir el informe justificado a la responsable, toda vez que ya obraba glosado dentro de las constancias que remitió el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, se reconoció el carácter de tercera interesada a la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, por lo que se ordenó su emplazamiento; y, se señaló hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; así pues, se procede a resolver el presente juicio de amparo en términos de los siguientes CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que los actos reclamados tienen ejecución en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consultable en la página 32, tomo XI, abril de 2000, Novena época, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis P.VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Abril de 2004, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además al contenido de las constancias que obran en autos, los actos reclamados por el quejoso son: Al Coordinador Jurídico del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP): Acuerdo de veintinueve de marzo de este año emitido dentro del expediente IMAIP/DENUNCIA/13/2019, mediante el cual -entre otras cosas- se ordenó oficiosamente la formación por cuerda separada de un recurso de revisión con relación a la solicitud de información de ocho de marzo de este año elevada por el quejoso ante la institución obligada (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo). Proveído de dos de abril de este año emitido dentro del expediente IMAIP/REVISIÓN/0270/2019, por el cual se determinó desechar el recurso de revisión que oficiosamente radicó la autoridad responsable, al estimar esencialmente que el mismo era improcedente porque aún no había transcurrido el término de veinte días hábiles para que la autoridad obligada proporcionara la información solicitada por el peticionario del amparo. Al Pleno del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP): La aprobación del Reglamento Interior de Trabajo del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la instrucción dada a su Coordinador Jurídico para que aplicara las fracciones II y VI del artículo 17 para emitir los acuerdos reclamados el cual aduce el quejoso fue aplicado en los acuerdos reclamados al Coordinador Jurídico del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos al Pleno y al Coordinador Jurídico del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados (fojas 61 y 41, respectivamente). Certeza que se corrobora con las constancias que adjuntó la parte quejosa a su demanda, así como con las que remitieron las mencionadas autoridades responsables, consistentes en diversas copias certificadas del expediente IMAIP/DENUNCIA/06/2019 y acumulados IMAIP/DENUNCIA/07/2019, IMAIP/DENUNCIA/08/2019, IMAIP/DENUNCIA/09/2019, IMAIP/DENUNCIA/10/2019, IMAIP/DENUNCIA/11/2019, IMAIP/DENUNCIA/12/2019 Y IMAIP/DENUNCIA/13/2019. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º y de las que se advierten los proveídos de veintinueve de marzo y dos de abril de dos mil diecinueve, así como la aplicación del Reglamento reclamado. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarto. Procedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados que se atribuyen a la autoridad responsable, procede examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ausencia de firma en la demanda. El Coordinador Jurídico y el Pleno del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP), con residencia en esta ciudad, al rendir sus informes justificados manifestaron que la demanda que dio origen a este juicio de amparo es improcedente, en atención a que en el traslado que se le corrió de la misma, no aparece estampada la firma autógrafa del quejoso. Dicha causal es infundada, ya que en el escrito de demanda que se presentó como original sí obra la firma autógrafa del quejoso, tal y como se aprecia de la imagen que se inserta a continuación: Lo que se corrobora además, con la circunstancia relativa a que ni el titular de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad ni tampoco los titulares de las Oficialías de Partes del Juzgado Cuarto ni de este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, asentaron en el sello de recepción que la demanda no se encontrara firmada de manera autógrafa por quien aparece como promovente; por tanto, como no se anotó la carencia de firma, es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura referida. Se cita como sustento de lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 32/2011 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, Materia Común, Página 3632, Décima Época, registro 2000130, que establece: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA. Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo es dable presumir que, por regla general, todas las promociones recibidas en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales, dentro del juicio de amparo, se presentaron en original y con firma autógrafa, al ser éste un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. Por otra parte, en términos del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos que colaboran en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales cuentan, entre otras facultades, con la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, lo que les obliga a revisar, entre otros elementos, si fueron recibidas en original y con firma autógrafa y, a fin de respetar las garantías de legalidad y certeza, deben relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente. Por tanto, si al recibir una promoción dentro del juicio de amparo no anotan, en la razón o acuse correspondiente, que se presentó sin firma autógrafa del promovente, es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura referida." Cambio de situación jurídica Por otra parte, este juzgador de manera oficiosa advierte que respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo de veintinueve de marzo de este año emitido dentro del expediente IMAIP/DENUNCIA/13/2019, mediante el cual entre otras cosas, se ordenó oficiosamente la formación por cuerda separada de un recurso de revisión con relación a la solicitud de información de ocho de marzo de este año elevada por el quejoso ante la institución obligada (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo), se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]". Como se advierte de la transcripción, dicha fracción establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Causal de improcedencia que se actualiza cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio; b) Que se haya pronunciado una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto reclamado en el amparo; c) Que no se pueda decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que se deban considerar consumadas de manera irreparable las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que exista autonomía o independencia entre el acto reclamado en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que ésta pueda subsistir, con independencia de que el acto reclamado resulte o no inconstitucional. En tal virtud, la regla general consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, de surgir una situación jurídica nueva, el amparo será improcedente si de concederlo se afectara ésta y, por ello, se deben reputar consumadas de forma irreparable las violaciones alegadas, por no poder afectar el nuevo estatus jurídico. Dicha causa de improcedencia se actualiza en los procedimientos que sean formal o materialmente juicios, porque su existencia se basa en la creación de una etapa o estado procesal diferente, característica fundamental de un proceso que se desarrolla en diversas etapas sucesivas. En ese sentido se pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 51, publicada en la página 39 del Tomo VI, Materia Común, Sección Precedentes Relevantes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En el caso se sostiene que se actualiza esa causal de improcedencia, porque no es posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado consistente en el acuerdo de veintinueve de marzo de este año emitido dentro del expediente IMAIP/DENUNCIA/13/2019, mediante el cual entre otras cosas, se ordenó oficiosamente la formación por cuerda separada de un recurso de revisión con relación a la solicitud de información de ocho de marzo de este año elevada por el quejoso ante la institución obligada (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo), sin afectar la nueva situación jurídica creada con la diversa determinación que desechó el recurso de revisión que oficiosamente radicó la autoridad responsable, al estimar esencialmente que el mismo era improcedente porque aún no había transcurrido el término de veinte días hábiles para que la autoridad obligada proporcionara la información solicitada por el peticionario del amparo. Así se considera, dado que la determinación por la que se desechó el recurso de revisión originó una situación jurídica diversa a aquélla que prevalecía cuando se emitió el auto de veintinueve de marzo de este año, en el que entre otras cosas, se ordenó oficiosamente la formación por cuerda separada de un recurso de revisión. Aunado a lo anterior, quien resuelve estima que no es posible decidir sobre la constitucionalidad de ese proveído que ordenó la tramitación de oficio del citado medio de impugnación sin afectar la nueva situación jurídica, creada precisamente, con la determinación que resolvió en definitiva ese recurso de revisión, pues ello implicaría desconocer la nueva situación jurídica que surgió por virtud del dictado de la resolución de ese recurso. Por tanto, las violaciones que se pudieron cometer con el proveído de veintinueve de marzo de este año aquí reclamado se deben considerar consumadas de manera irreparable. En consecuencia, dado que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, con apoyo en el dispositivo 63, fracción V de la invocada ley, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto del acto atribuido al Coordinador Jurídico del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales. Ante el sobreseimiento decretado, este órgano jurisdiccional está impedido para examinar los conceptos de violación relacionados con la inconstitucionalidad de esos artículos, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 509, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Finalmente, al no existir más causas de improcedencia que las partes hayan hecho valer y dado que este juzgado tampoco advierte más, procede realizar el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Quinto. Estudio respecto de la constitucionalidad del artículo 17, fracciones II y VI del Reglamento Interior del Trabajo del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos personales, así como del proveído de dos de abril de este año emitido dentro del expediente IMAIP/REVISIÓN/0270/2019, por el cual se determinó desechar el recurso de revisión que oficiosamente radicó la autoridad responsable. El promovente del amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Ahora bien, como se advierte lo narrado hasta ahora, el juicio de amparo resultó procedente respecto de constitucionalidad del artículo 17, fracciones II y VI del Reglamento Interior del Trabajo del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos personales, así como del proveído de dos de abril de este año emitido dentro del expediente IMAIP/REVISIÓN/0270/2019, por el cual se determinó desechar el recurso de revisión que oficiosamente radicó la autoridad responsable. En atención a lo anterior y dada la naturaleza de los actos reclamados así como a la técnica del juicio de amparo, este juzgador emprenderá en primer lugar, el estudio del artículo tildado de inconstitucional porque en caso de determinarse la inconstitucionalidad del mismo, tendría como efecto sustraer al quejoso del contenido del mismo y como consecuencia, de su aplicación materializada a través del referido proveído. a. Constitucionalidad del artículo 17, fracciones II y VI del Reglamento Interior del Trabajo del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos personales. Respecto del artículo en mención el quejoso manifestó: De los treinta y dos artículos que contiene el Reglamento Interior del Trabajo del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos personales, sólo cuatro se refieren a condiciones de trabajo, constituyendo el resto una especie de estatuto orgánico en el que se martaja la función jurisdiccional de dicho instituto. Con la aplicación del citado reglamento, el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos personales, ha desvirtuado en el lapso que va del veintinueve de marzo al veintinueve de abril del año en curso, cerca de veinte denuncias que ha interpuesto. El citado reglamento vulnera los principios de legalidad, certeza, congruencia, eficacia y transparencia, que por orden del artículo 6° constitucional deben preceder la actuación de los organismos garantes y con ello se transgrede la garantía de seguridad consagrada en los artículos 14 y 16 constitucionales. El Pleno del instituto, al aprobar el reglamento en estudio, en específico el artículo 17 fracciones II y VI, está en condiciones de transferir al Coordinador del mismo instituto atribuciones jurisdiccionales que la ley de la materia reserva a los consejeros y al Pleno, que es lo que ha ocurrido en el caso. De esa manera, el Coordinador -instruido- actuó supuestamente de oficio abriendo y cerrando en recurso de revisión sin que lo hubiera solicitado y el propósito de ello fue desplazar la motivación de la denuncia que presentó, para colocarla bajo el supuesto del artículo 75 de la ley de materia, con el objeto de impedir que obtenga oportunamente la información solicitada a través de la resolución de la denuncia, ya que el instituto puede durar años en resolver un recurso de revisión. Conceptos de violación que son inoperantes. En efecto, del resumen de los motivos de disenso se advierte que el quejoso sólo hace afirmaciones, pero no argumenta porqué estima que el hecho de que el reglamento reclamado -a su juicio- sólo tenga cuatro artículos relativos a las condiciones de trabajo y el resto a una "especie de estatuto orgánico en el que se martaja la función jurisdiccional del instituto", le cause perjuicio. Tampoco señala porqué estima que el Pleno responsable, vulnera en su perjuicio los principios de legalidad, certeza, congruencia, eficacia y transparencia, con el reglamento en estudio ni la garantía de seguridad consagrada en los artículos 14 y 16 constitucionales. De igual modo, el quejoso no vierte razonamiento alguno tendente a evidenciar porqué que el Pleno del instituto, al haberle "transferido" al Coordinador adscrito atribuciones jurisdiccionales que la ley de la materia reserva a los consejeros y al Pleno. Y si bien señala que el Coordinador desplazó la motivación de la denuncia que presentó, para colocarla bajo el supuesto del artículo 75 de la ley de materia, con el objeto de impedir que obtenga oportunamente la información solicitada a través de la resolución de la denuncia, ya que el instituto puede durar años en resolver un recurso de revisión, también es inoperante, pues es una apreciación subjetiva y particularizada que en todo caso impacta en el acto de aplicación, no así en la norma reclamada. En consecuencia, al resultar inoperantes los motivos de inconformidad hechos valer por la parte quejosa en la demanda de amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada respecto del reglamento analizado. b. Proveído de dos de abril de este año emitido dentro del expediente IMAIP/REVISIÓN/0230/2019, por el cual se determinó desechar el recurso de revisión que oficiosamente radicó la autoridad responsable El peticionario del amparo señala con relación al acto reclamado materia de estudio en este apartado, lo siguiente: Que al desestimar la autoridad responsable el recurso de revisión bajo el argumento que el plazo con el que cuenta la autoridad obligada para otorgar la información que él solicitó, no es el previsto en el artículo 73 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, de cinco días, sino el contemplado por el diverso numeral 75, de veinte días, quebranta los principios de congruencia, certeza, legalidad, eficacia, objetividad y profesionalismo, dado que emite una resolución en un procedimiento que él jamás promovió; y, Que el Coordinador Jurídico del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP), con residencia en esta ciudad, carece de competencia para emitir dicha resolución, en atención a que, de conformidad con el artículo 119, fracciones I y V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, la misma es propia del Comisionado de ese instituto. Por técnica, se verificará el estudio de los conceptos de violación en un orden diferente al propuesto por el quejoso, de acuerdo a la jurisprudencia VI.2o.C. J/304, definida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, febrero de 2009, página 1677, cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden realizar el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero no impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única condición que establece el referido precepto es que se analicen todos los puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso." En ese sentido, como en su tercer concepto de violación -identificado en los párrafos que anteceden con el número 2- el quejoso aduce que el Coordinador Jurídico del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP), con residencia en esta ciudad, carece de competencia para emitir dicha resolución, en atención a que, de conformidad con el artículo 119, fracciones I y V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, la misma es propia del Comisionado de ese instituto, procede que este juzgador analice en primer término dicho argumento, dado que, de ser fundado esa cuestión podría acarrear la nulidad de la resolución impugnada. Establecido lo anterior, debe decirse que dicho concepto de violación es infundado, como se evidenciará enseguida. Para sostener tal calificativa, en primer término debe señalarse que al calce del auto que se analiza en esta consideración, el Coordinador Jurídico del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP), con residencia en esta ciudad, citó como fundamento legal el artículo 17, fracción II, del Reglamento Interior de Trabajo del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cual dispone: "CAPÍTULO SÉPTIMO DE LA COORDINACIÓN JURÍDICA Artículo 17. Son atribuciones de la Coordinación Jurídica: I. Representar legalmente al Instituto en los asuntos jurisdiccionales, contencioso-administrativos y ante toda clase de autoridades administrativas y judiciales, en los proceso de toda índole; II. Tramitar y sustanciar los procedimientos determinados por la Ley y, aquellos en los que el Instituto se parte; III. Presentar al Secretario general el proyecto de resolución de los procedimientos determinados por la Ley; IV. Someter a la consideración del Comisionado Presidente, las alternativas jurídicas de solución a los asuntos considerados como relevantes o especiales para el Instituto; V. Asesorar jurídicamente a las unidades administrativas del Institución; y, VI. Las demás que señalen este Reglamento, las disposiciones legales y administrativas aplicables y aquellas instruidas por el Pleno". De la transcripción del artículo 17 del Reglamento Interior de Trabajo del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, revela que, contrario a lo que aduce el quejoso, el Coordinador Jurídico del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sí cuenta con atribución legal para tramitar y sustanciar el procedimiento relativo al recurso de revisión del que deriva el acto reclamado. Sin que sea desconocido para quien resuelve, que el referido Coordinador emitió un acuerdo que pudiera asumirse como resolución, en la medida que desechó el recurso de revisión que oficiosamente radicó; pese a ello, al haberse establecido en esa fracción el término sustanciar, debe asumirse que el legislador otorgó al citado coordinador la posibilidad de desechar ese recurso. A esa conclusión se arriba, desde el aspecto gramatical, conforme a las definiciones del verbo "sustanciar", las cuales remiten a la actividad que deben desplegar el órgano jurisdiccional y las partes después de que se ha presentado un asunto, con el objeto de ponerlo en estado de resolución, pero una vez que el mismo ya fue admitido; en ese sentido, la posibilidad de desechar un recurso, debe asumirse como la vertiente en el sentido negativo de la potestad para tramitar y sustanciar los procedimientos determinados por la ley de la materia: Y también desde el aspecto legal, si se realiza la interpretación sistemática de lo dispuesto en el propio artículo 17, fracción II, del Reglamento Interior de Trabajo del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales con lo establecido en el diverso 143 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, que dispone: "Artículo 143. El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente: I. Interpuesto el recurso de revisión, el Presidente del Instituto lo turnará al Comisionado ponente que corresponda, quien deberá proceder a su análisis para que decrete su admisión o su desechamiento, el auto que admita o deseche el recurso se dictara al día siguiente hábil de la recepción; II. Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar un Expediente y ponerlo a disposición de las partes, para que, en un plazo máximo de siete días, manifiesten lo que a su derecho convenga; III. Dentro del plazo mencionado en la fracción II del presente artículo, las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas o alegatos excepto la confesional por parte de los sujetos obligados y aquéllas que sean contrarias a derecho; IV. El Comisionado ponente podrá determinar la celebración de audiencias con las partes durante la sustanciación del recurso de revisión; V. Concluido el plazo señalado en la fracción II del presente artículo, el Comisionado ponente procederá a decretar el cierre de instrucción; VI. El Instituto no estará obligado a atender la información remitida por el sujeto obligado una vez decretado el cierre de instrucción; y, VII. Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, en un plazo que no podrá exceder de veinte días". Como se aprecia, el insertado artículo 143, en su fracción I, establece que interpuesto el recurso de revisión, el Presidente del Instituto lo turnará al Comisionado ponente que corresponda, quien deberá proceder a su análisis para que decrete su admisión o su desechamiento; atribución que aunque inicialmente se confirió al Comisionado ponente que correspondía, dado que la Ley fue expedida en el año dos mil dieciséis, ahora debe considerarse atribuida al Coordinador Jurídico que figura como responsable, en la medida que el Reglamento Interior de Trabajo del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, fue emitido con posterioridad a la propia ley (dieciséis de febrero de dos mil diecisiete) y además, porque en su artículo 17, fracción II, le trasladó esa potestad, al establecer que a él le corresponde tramitar y sustanciar los procedimientos determinados por la Ley y aquellos en los que el Instituto sea parte. No pasa inadvertido para el suscrito que la figura del Coordinador Jurídico no se encuentra prevista expresamente en la propia ley y que se creó a través del propio reglamento; sin embargo, al respecto debe decirse que en diversos criterios se ha establecido que la facultad reglamentaria permite la creación de autoridades, así como la determinación de sus atribuciones, a fin de que las dependencias que integran la administración pública puedan realizar las funciones previstas en la ley, lo que significa precisamente proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de la ley reglamentada. Es aplicable a lo anterior, por analogía jurídica, la tesis aislada P. CLII/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, Materia Administrativa, Constitucional, página 76, Novena Época, Registro 197373, de rubro y texto: "FACULTAD REGLAMENTARIA. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA NO LA EXCEDE AL CREAR UNA AUTORIDAD, SI SE AJUSTA A LA LEY. De conformidad con los artículos 14, 16, 17 y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el secretario de Estado, para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará por los demás funcionarios que establezca el reglamento interior respectivo; igualmente se establece que para la eficaz atención y eficiente despacho, las secretarías de Estado y los departamentos administrativos podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que les estarán subordinados y que en el reglamento interior de cada una de las secretarías de Estado, se determinarán las atribuciones de sus unidades administrativas. Luego, si en el artículo 111 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se señala que las Administraciones Generales de Recaudación, de Auditoría Fiscal y la Jurídica de Ingresos, contarán con administraciones locales, la creación de esta autoridad no contraría a la Constitución, en tanto que de acuerdo con su artículo 89, fracción I, el presidente de la República ejerció debidamente la facultad reglamentaria. Esto es, a través del reglamento creó la mencionada autoridad y determinó sus atribuciones, a fin de que las dependencias que integran la administración pública federal puedan realizar las funciones previstas en la ley, lo que significa precisamente proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de la ley reglamentada." Así como la tesis aislada I.2o.A.20 A emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Materia Administrativa, Página 1377, Novena Época, Registro 194387, que establece: "AUTORIDADES, EXISTENCIA LEGAL DE. PARA TENERLA POR DEMOSTRADA, BASTA QUE EN ALGUNA LEY O REGLAMENTO SE HAGA REFERENCIA A ELLAS. Aun cuando en el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal no se mencione expresamente la existencia orgánica de los subdelegados jurídicos y de Gobierno, debe tomarse en cuenta que el legislador menciona en general a los subdelegados en el artículo 31 de la ley orgánica, como auxiliares del delegado en los asuntos de su competencia, así como que el artículo 6o. de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal se refiere a las atribuciones que el delegado puede ejercer a través de los subdelegados jurídicos y de Gobierno, lo cual conduce a establecer que para tener por demostrada la existencia legal de las mencionadas autoridades, es suficiente con que se les mencione en las leyes citadas, porque esa referencia, al provenir del legislador, produce la certeza jurídica respecto a su existencia." Finalmente, son inoperantes en una parte e infundados en otra, los conceptos de violación primero y tercero que el quejoso esgrimió (sintetizados los dos en los párrafos anteriores con el número 1), en los que el accionante de la tutela constitucional aduce que al desestimar la autoridad responsable el recurso de revisión bajo el argumento que el plazo con el que cuenta la autoridad obligada para otorgar la información que él solicitó, no es el previsto en el artículo 73 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, de cinco días, sino el contemplado por el diverso numeral 75, de veinte días, quebranta los principios de congruencia, certeza, legalidad, eficacia, objetividad y profesionalismo, dado que emite una resolución en un procedimiento que él jamás promovió. Lo inoperante debe calificarse en la parte que señala que la autoridad responsable al emitir la resolución correspondiente al recurso de revisión quebranta los principios de congruencia, certeza, legalidad, eficacia, objetividad y profesionalismo, dado que emite una resolución en un procedimiento que él jamás promovió. Ello, porque este juzgador no está en condiciones de calificar ese argumento (que la resolución es ilegal porque fue emitida en un procedimiento que él jamás promovió) pues de hacerlo, necesariamente estaría emitiendo una calificación de legalidad o ilegalidad en torno al auto que ordenó la tramitación oficiosa de ese recurso, lo cual técnicamente resulta incorrecto, sencillamente porque en la consideración que antecede (cuarta) se decretó el sobreseimiento del juicio por lo que hace a ese acto, al estimar que operó la causal de improcedencia relativa al cambio de situación jurídica. Mientras que, lo infundado descansa en la circunstancia relativa a que, contrario a lo que aduce el peticionario del amparo, es cierto como lo señaló la responsable, que el plazo con el que cuenta el sujeto obligado (UMSNH) para otorgar la información que él solicitó, es el previsto en el artículo 75 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, de veinte días y no el previsto en el diverso 73 de cinco días. Para dar sustento a dicha calificación, en primer término es necesario señalar que mediante escrito presentado el ocho de marzo de este año (foja 11 del juicio de amparo), el quejoso presentó ante la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, solicitud de información, consistente en: "[.] ÚNICO. En relación con el Presupuesto de Egresos para el año fiscal 2019 que contiene la cantidad mínima que requiere la UMSNH para sufragar sus necesidades en el presente año y que incluye el importe necesario para atender el pago de nómina, compromisos derivados de los Contratos Colectivos, el pago de Jubilaciones y Pensiones, y el gasto operativo, solicito se me proporcione: a).- COPIA CERTIFICADA del PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO FISCAL 2019 y cuyo monto asciende a $3,871,082,984.09 (TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N.), que con fecha de 14 de septiembre de 2018 fue entregado a la Comisión Permanente de Presupuesto y Control mediante oficio 380/18 por el M. en A. Rogelio Chávez Martínez, Director de Egresos de la UMSNH, bajo las instrucciones del Rector Dr. Medardo Cerna González. b).- COPIA CERTIFICADA del ACTA de la sesión del Consejo Universitario, de fecha 19 de septiembre de 2018, en que fue aprobado el Proyecto referido en el inciso a) anterior [.]". Ante la falta de contestación a la misma, mediante diverso ocurso de veintisiete de marzo de este año, el quejoso formuló ante el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP) -foja 15, del juicio de amparo-, denuncia por la falta de entrega de esa información. Por esa razón, mediante proveído emitido el veintinueve de marzo de este año en el expediente IMAIP/DENUNCIA/13/2019, la autoridad responsable formuló prevención al quejoso para que en el término de cinco días, describiera de forma clara y precisa el incumplimiento denunciado, especificando el artículo y las fracciones en las que la información es faltante o en las que el sujeto obligado no cumple con las obligaciones de transparencia, apercibido que de no hacerlo, dicho trámite se desecharía. Asimismo, en atención a que la citada responsable advirtió de esa denuncia que desde el ocho de marzo de este año, el quejoso había realizado una solicitud de información al sujeto obligado (UMSNH) sin que se le hubiera dado respuesta, en el mismo proveído de veintinueve de marzo, de oficio, ordenó la formación por cuerda separada de un recurso de revisión, el cual se identificó como IMAIP/REVISIÓN/0270/2019. Luego, mediante proveído de dos de abril de este año emitido dentro del mismo expediente IMAIP/REVISIÓN/0270/2019, la responsable determinó desechar el recurso de revisión que oficiosamente radicó, al estimar esencialmente que el mismo era improcedente porque aún no había transcurrido el término de veinte días hábiles previsto por el artículo 75 de la ley de la materia, para que la autoridad obligada proporcionara la información, ya que al haber solicitado copias certificadas de la misma, su entrega se sujetaba a otro procedimiento, razón por la cual no era posible entregarla en el término de cinco días previsto por el diverso numeral 73. En ese sentido, lo infundado del concepto de violación que se analiza descansa en el contenido de los artículos que se insertan a continuación: "Artículo 73. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información en un plazo no mayor a cinco días". "Artículo 74. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada". "Artículo 75. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquélla. Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento". Como se ve del contenido de las disposiciones insertas anteriormente, se advierten dos términos para la entrega de información; el primero previsto en el artículo 73, se refiere al de cinco días cuando se trate de información que ya se encuentre disponible al público en diversos medios, en cuyo caso sólo se le hará saber al solicitante la fuente, lugar y forma para su consulta, reproducción o adquisición. En cambio, el segundo término de veinte días, previsto en los artículos 74 y 75, se refiere por exclusión, a la información que aún no esté sujeta a esa disponibilidad. Supuesto normativo anotado en último término que se actualiza en la especie, pues como el propio quejoso lo manifestó en su escrito de ocho de marzo de dos mil diecinueve, en la página de internet de la institución obligada no se advierte portal de transparencia que cuente con la información que él solicitó: "por lo que debería figurar como datos abiertos en la deplorable página de internet de la UMSNH, que no llega a portal de transparencia." (foja 11 del juicio de amparo). Bajo ese orden de ideas, resulta correcto que si el propio quejoso reconoció que la información que solicitó no estaba disponible, la responsable hubiera determinado que el término para su expedición debería sujetarse al lapso de veinte días, previsto en el artículo 75 de la ley de la materia, al tratarse de información que además que aún no estaba disponible se había solicitado en copia certificada; de ahí, lo infundado de la parte del concepto de violación que se estudia. Resta decir que no resulta óbice para la calificación de infundado del concepto de violación que se estudia, que en el escrito de ocho de marzo de dos mil diecinueve el quejoso hubiera solicitado al sujeto obligado que en términos del artículo 79 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, le hiciera saber en el lapso de tres días posteriores a la recepción de esa solicitud, si se encontraba en notoria incompetencia para atender su solicitud. Lo anterior, ya que como se advierte del auto de veinticuatro de abril de este año emitido en el expediente IMAIP/DENUNCIA/13/2019, en esa misma fecha se tuvo al quejoso cumpliendo con la prevención que se le formuló en auto de veintinueve de marzo del mismo año, se ordenó la acumulación al expediente IMAIP/DENUNCIA/06/2019 de las diversas denuncias IMAIP/DENUNCIA/07/2019, IMAIP/DENUNCIA/08/2019, IMAIP/DENUNCIA/09/2019 IMAIP/DENUNCIA/10/2019, IMAIP/DENUNCIA/11/2019, IMAIP/DENUNCIA/12/2019 y IMAIP/DENUNCIA/13/2019, se admitieron a trámite y se requirió a la institución obligada para que dentro del término de tres días rindiera el informe correspondiente con relación a la información que le fue solicitada por el accionante el amparo; de ahí que, si eventualmente se llegara a actualizar la hipótesis legal prevista en el artículo 79, la autoridad deberá manifestarlo en ese término de tres días al rendir su informe. Por tanto, ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación planteados y sin que se advierta deficiencia alguna que deba suplirse, se impone negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Antonio Canedo Flores, respecto del acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Segundo. La justicia de la unión no ampara ni protege a Antonio Canedo Flores, respecto de constitucionalidad del artículo 17, fracciones II y VI del Reglamento Interior del Trabajo del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos personales, así como del proveído de dos de abril de este año emitido dentro del expediente IMAIP/REVISIÓN/0270/2019, por las razones contenidas en el considerando quinto de esta resolución. Tercera. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy once de septiembre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que a las once horas con diez minutos del veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia constitucional en el presente juicio; atento a ello, con la promoción de cuenta, fórmese cuadernillo de amparo. Por otro lado, agréguese a los presentes autos el oficio suscrito por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual hace del conocimiento de este juzgado la compensación de cargas ordenada en el sistema de cómputo y efectuada a favor de este juzgado, tal como lo acredita con la papeleta que adjuntó a su oficio cuenta. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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