Antonio Camarillo Nicolas
Expediente 883/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 21 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 883/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 29/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Antonio Camarillo Nicolas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Incidental
Acapulco de Juárez, Guerrero; veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Visto; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2°; agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, la copia simple del proveído de esta misma fecha dictado en el cuaderno principal del juicio de amparo del cual deriva el presente cuaderno incidental, tal y como esta ordenado en dicho auto. Ahora bien, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cuaderno original del incidente de suspensión en que se actúa, es susceptible de depuración conservándose únicamente las resoluciones relativas a su otorgamiento, ya sea provisional, definitiva y/o violación; y, en cuanto al resto de las constancias que lo integran procédase a su desintegración material. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión respectivo; con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo aludido, se declara que es susceptible de destrucción. 16/05/24 18:36:30 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 MARIELLA JARAMILLO PINEDA Atento a lo ordenado en el artículo 35 del referido acuerdo, hágase las anotaciones respectivas en las carátulas del incidente de suspensión en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Vista; la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ya feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia de nueve de diciembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que SOBRESEE HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 16/05/24 18:36:30 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 MARIELLA JARAMILLO PINEDA Sin que sea óbice a la anterior determinación, el hecho de que aún no obren en autos los acuses de recibo de los oficios que se giraron a las autoridades responsables foráneas, a fin de notificarles la resolución emitida en este sumario, pues dada la conclusión alcanzada, es a la parte quejosa a quien puede afectar el sentido de la determinación tomada y, por ende, la única legitimada para recurrirlo, no así las aludidas autoridades responsables, conforme a lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley de Amparo. Es aplicable por analogía jurídica la tesis sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el rubro y texto siguiente: "REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO POR CONDUCTO DE SU DELEGADO, CONTRA LA SENTENCIA QUE SOBRESEE EN EL JUICIO RESPECTO DE LA LEY CUYA CONSTITUCIONALIDAD DEFIENDE. Los recursos establecidos en la Ley de Amparo tienen como finalidad reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio de garantías con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación y resolución. Ahora bien, cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de garantías, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional, por lo que dicha resolución a quien en todo caso podría deparar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. En estas condiciones, el presidente de la República carece de legitimación para interponer el recurso de revisión en amparo indirecto por conducto de su delegado, contra la sentencia que sobresee en el juicio respecto de la ley cuya constitucionalidad defiende, pues en tal caso no existe declaración al respecto." (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Federación, Materia Común, Novena Época, Tomo XXXI, Enero de 2010, página 2214) Por otro lado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; déjese por separado el 16/05/24 18:36:30 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 MARIELLA JARAMILLO PINEDA WordSISE ??????????????? cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo de que se trata. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en los artículos 21, inciso a), y 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, tanto el expediente principal, como el duplicado del incidente de suspensión correspondiente al presente juicio de amparo, SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN; el duplicado una vez que transcurra el término de seis meses y el expediente principal, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, se declara que es susceptible de depuración el original del incidente de suspensión; en la inteligencia de que sólo deberán conservarse las constancias relativas a la demanda, las resoluciones del otorgamiento de la suspensión y, en su caso, violación a la misma, toda vez que se concedió la suspensión provisional; consecuentemente, en su momento procédase al desglose de las demás constancias que lo integran para su destrucción. Este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse. Agréguese copia simple del presente proveído a los cuadernos del incidente de suspensión relativos al juicio de amparo de que se trata. Notifíquese.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; trece de diciembre de dos mil veintiuno. Visto; se tiene por recibido el oficio signado por la Consultora Jurídica General, en ausencia del Consejero Adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso del Ejecutivo Federal, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve el oficio 23135/2021, que contiene inserto la resolución interlocutoria de once de octubre del año en curso, dirigido al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud que esta dependencia no cuenta con antecedentes del asunto en comento, por lo que se sugiere que dicho documento se notifique a la autoridad que ha comparecido a juicio en su representación. Atento a lo anterior, y tomando en consideración que dicha misiva fue dirigida al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto del Secretario de Salud, con sede en la Ciudad de México, por lo que, reexpídase dicho oficio, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Principal 856/2019 El nueve de diciembre de dos mil veintiuno, el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, CERTIFICA: Que el término de tres días para desahogar la vista otorgada a la parte quejosa por auto de tres de noviembre del año en curso, transcurrió del dieciséis al dieciocho de noviembre último, mientras que a la parte tercero interesada del treinta de noviembre pasado al dos de los corrientes, lo que se hace constar para los efectos legales procedentes.- Doy fe. El Secretario Gustavo Vega Ascencio Cuenta. En la misma fecha se da cuenta a la Jueza de Distrito con la certificación que antecede y con el estado procesal de los autos.- Conste.- El Secretario Gustavo Vega Ascencio Acapulco de Juárez, Guerrero; nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos y acorde a la certificación secretarial de cuenta, al no existir impedimento legal alguno, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio si con las constancias que obran en autos se encuentra o no cumplida la ejecutoria de amparo; ello, con independencia de la resolución dictada en la denuncia de repetición del acto reclamado de tres de diciembre del año en curso, habida cuenta la regulación relativa resulta autónoma del pronunciamiento que debe analizarse de oficio por este tribunal de amparo, estudiando si la autoridad responsable acató lo ordenado en la sentencia federal y verificando que no haya exceso o defecto en el cumplimiento mencionado. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 10/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2016694, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, página 12, del tenor siguiente: "DENUNCIA DE REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SU PROCEDENCIA NO ESTÁ CONDICIONADA A QUE PREVIAMENTE EL ÓRGANO DE AMPARO TENGA POR CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR. Conforme a los artículos 199 y 200, en relación con los diversos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, la repetición del acto 10/08/23 16:37:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 GUSTAVO VEGA ASCENCIO reclamado podrá ser denunciada por la parte interesada dentro del plazo de 15 días; denuncia que puede ser presentada independientemente de que exista un pronunciamiento por parte del órgano de amparo respecto del cumplimiento del fallo protector, porque la regulación de ambos procedimientos resulta autónoma entre sí, por lo que su resolución no guarda prelación alguna, ya que el cumplimiento del fallo protector debe analizarse de oficio por el tribunal de amparo, estudiando si la autoridad responsable acató lo ordenado en la sentencia federal y verificando que no haya exceso o defecto en el cumplimiento mencionado, mientras que la denuncia de repetición del acto reclamado no procede de oficio, pues debe hacerla valer la parte que considere que el nuevo acto o resolución es reiterativo del declarado inconstitucional, dentro del plazo de 15 días, y su tramitación es diversa y autónoma del procedimiento para tener por cumplida la ejecutoria de amparo. Consecuentemente, el justiciable tiene legalmente el derecho de denunciar la repetición del acto reclamado independientemente de que exista la resolución que tenga por cumplido el fallo protector, por lo que podrá hacerla valer considerando como acto repetitivo la resolución o acto con el cual la autoridad dio cumplimiento a la sentencia de amparo o un nuevo acto o resolución distinto y posterior al que se tomó en cuenta para tener por cumplida la ejecutoria de amparo." Ahora bien, resulta oportuno destacar que este órgano jurisdiccional celebró audiencia constitucional el trece de febrero de dos mil veinte y dictó sentencia el veintiocho de febrero siguiente, en la que se resolvió: "[.] CUARTO. Inexistencia del acto reclamado. El apoderado legal del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, negó el acto que se le reclama, señalando que su representada no se dedica a desalojar a los acreditados de sus inmuebles, pues carece de competencia para emitir una orden de desalojo, ya que dicha orden debe ser emitida por un juez dentro de un juicio ordinario civil que se promueva en contra de la quejosa (fojas 43 a 46). Por otra parte, las pruebas ofertadas por la quejosa resulten insuficientes para acreditar el acto que le reprocha al citado instituto, ya que éstas, fueron ofrecidas para demostrar la forma de cómo se adquirió el bien inmueble que en las mismas se describe, no así, que exista orden verbal de desalojo del bien inmueble que defiende, pues respecto de esta particular conducta, no obra medio de convicción que evidencie su certeza, de ahí que sea pertinente mencionar que no basta la presentación de la demanda de amparo para demostrar la existencia de los actos reclamados, ni es suficiente que los argumentos expuestos en ella, se hayan expresado bajo protesta de decir verdad, porque es indispensable que la parte quejosa aporte pruebas idóneas dirigidas a corroborar tales argumentos y, con ello, acreditar sus afirmaciones. . Máxime que de la interpretación de los artículos 63, fracción IV, 117 y 124, de la Ley de Amparo, se advierte que la carga de ofrecer pruebas para desvirtuar la negativa de los actos atribuidos a las responsables y acreditar la existencia de los actos reclamados, y su inconstitucionalidad, le corresponde a la parte quejosa. . 10/08/23 16:37:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 GUSTAVO VEGA ASCENCIO WordSISE ??????????????? Finalmente, el Secretario de Seguridad Pública del Municipio Acapulco de Juárez, Guerrero, al momento de rendir informes justificados, negó la ejecución que se le atribuye (fojas 39 y 308); de ahí que, se tenga por no cierto el acto reclamado que se le atribuye, atendiendo la calidad de ejecutora que le asiste. En ese corolario, si la impetrante de amparo Lorena Bersabeth García Hernández, no demostró con medio de convicción alguno la existencia de los actos reclamados que atribuyó al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), así como al Seguridad Pública del Municipio Acapulco de Juárez, Guerrero, lo que procede, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la ley de la materia, es sobreseer el presente juicio de amparo. . Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, fracción IV, 73, 74, 75, 76, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando CUARTO de esta resolución, por los motivos ahí apuntados. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el último apartado de esta sentencia, la Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Lorena Bersabeth García Hernández." Inconforme con tal determinación, mediante escrito presentado vía electrónica el diecisiete de marzo de dos mil veinte, la parte quejosa interpuso recurso de revisión del que por razón de turno correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, quien en sesión ordinaria virtual de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, en el amparo en revisión 96/2020, determinó: "[.] QUINTO. Materia de la revisión. Debe permanecer firme el primer punto resolutivo en relación con el considerando cuarto de la sentencia recurrida, en que el juez de distrito sobreseyó en el juicio de amparo respecto del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) y el Secretario de Seguridad Pública del municipio de Acapulco, Guerrero, al considerar que la quejosa no demostró con medio de convicción alguno la existencia de los actos reclamados que les atribuyó a dichas autoridades. Es así, porque de la lectura integral del recurso de revisión, se aprecia que la disidente no expresa agravio alguno en contra de dichas consideraciones. En consecuencia, dicho resolutivo, no será materia de esta revisión. . SEXTO. Estudio. El tercer agravio suplido en su queja deficiente, es fundado y suficiente para revocar la sentencia recurrida y conceder la protección constitucional solicitada. . En términos similares se resolvió el amparo en revisión civil 39/202011 del índice de este tribunal colegiado, en el que igualmente se concedió la protección constitucional solicitada a la parte quejosa, en suplencia ante la queja deficiente de los agravios, al considerar que el actuario omitió describir cuáles fueron las copias de los demás documentos que se adjuntaron a la demanda, con las que corrió traslado, en la diligencia de emplazamiento. 10/08/23 16:37:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 GUSTAVO VEGA ASCENCIO . De esa manera, en términos de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder la protección constitucional solicitada, para el efecto de que, en el ámbito de sus facultades, la responsable: 1. Reponga el procedimiento en los autos del juicio de origen. 2. Declare insubsistentes todas las actuaciones practicadas a partir de la orden de emplazamiento a la parte demandada. 3. Conforme con las directrices señaladas en esta ejecutoria, ordene de nueva cuenta el emplazamiento de la parte demandada. Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, continúe con el procedimiento según corresponda. En el entendido que, conforme con lo dispuesto en el numeral 192 de la Ley de Amparo, corresponde al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, dictar las providencias necesarias para requerir y verificar el adecuado cumplimiento de la sentencia de amparo. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: PRIMERO. Queda FIRME el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se REVOCA la sentencia recurrida. TERCERO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a LORENA BERSABETH GARCÍA HERNÁNDEZ, contra los actos que reclamó del Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil y Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Tabares, así como del actuario adscrito a dicho juzgado, para los efectos señalados en la parte final de esta ejecutoria. Notifíquese;." En auto de dos de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvieron por recibidos los autos, así como el testimonio de la ejecutoria de amparo, por lo que se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables. Luego, en proveído de tres de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio por el cual el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con motivo de la supresión del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, informó el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada del acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, mediante el cual dejó insubsistente el emplazamiento de fecha veintinueve de junio de dos mil dieciséis, realizado a la demandada Lorena Bersabe García Hernández, dejando a su vez nulas todas las actuaciones subsecuentes a dicho emplazamiento, incluida la sentencia definitiva de fecha dieciséis de marzo de dos mil diecisiete y los actos que tendieron a ejecutar dicha resolución; ordenando que la precitada demandada sea emplazada con observancia de las formalidades esenciales del procedimiento, y ordenó turnar el expediente al secretario actuario adscrito a ese 10/08/23 16:37:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 GUSTAVO VEGA ASCENCIO WordSISE ??????????????? Juzgado, para efecto de que practique el emplazamiento a la demandada Lorena Bersabe García Hernández, destacando que el Actuario Judicial adscrito a ese Juzgado, hizo constar mediante razón actuarial de fecha primero de octubre del presente año, que no le fue posible llevar a cabo el emplazamiento a juicio de la demandada Lorena Bersabe García Hernández. Constancias con las cuales se dio vista a las partes, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera y bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se procedería a analizar si el fallo protector se encuentra cumplido o no, sin que ninguno lo haya hecho. En virtud de lo expuesto, si la autoridad responsable procedió en los términos a que le obligaba la ejecutoria de amparo, se considera que la parte quejosa ha sido restituida en el goce de sus derechos vulnerados y, por tanto, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 párrafos segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA dictada en el presente juicio de amparo, sin excesos ni defectos.
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