Antonio Cabrera Huerta
Expediente 1339/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1339/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 17/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Antonio Cabrera Huerta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que en auto de veintinueve de septiembre del año en curso, se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que dicho proveído ha causado estado. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Con fundamento en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En su oportunidad, realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
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Apizaco, Tlaxcala, a trece de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio 33574 del Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en la Laguna, con sede en Torreón, Coahuila de Zaragoza, por el que hace del conocimiento a este juzgado federal que el exhorto con número de orden ******************** y de origen ******************** del índice de este juzgado, se encuentra debidamente diligenciado como se advierte de la diligencia de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, que adjunta a su oficio de cuenta y de las constancias que obran en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), ello dada la vinculación electrónica de dicha comunicación al presente expediente; comunicación oficial enviada con la finalidad de notificar al quejoso ********************, el proveído de veintinueve de septiembre del presente año. Por tanto, dese de baja del libro de gobierno y realícese la anotación correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), sin que resulte necesario acusar recibo del exhorto remitido por la autoridad oficiante, en virtud de que por la naturaleza de la comunicación, se genera por el propio sistema. Notifíquese.
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Apizaco, Tlaxcala, a cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, acusa recibo del juicio de amparo ******************** y escrito original de la autoridad responsable, Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por el cual interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo y del ocurso del quejoso ********************, en el que interpuso revisión adhesiva. De igual forma, comunica que el dos de octubre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite dicho medio de impugnación hecho valer por la autoridad responsable, el cual se radicó con el número ******************** del registro del aludido Tribunal Colegiado; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Comuníquese a la Superioridad que quedan disponibles los autos del expediente para su consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como se aprecia de la imagen inserta en el presente acuerdo: Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Aldo Christian Gallegos Ortiz, que autoriza y da fe.
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A la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 565/2023, promovido por Oscar Tlapalamatl Huerta, Raymundo Andrés Reyes Mendieta y Héctor Tapía Acosta, por conducto de su defensor particular ********************, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Integrante del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Recepción de demanda. Por escrito recibido el veintisiete de dos mil veintitrés, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, y turnado el veintiocho de abril siguiente a este Juzgado de Distrito, Oscar Tlapalamatl Huerta, Raymundo Andrés Reyes Mendieta y ********************, por conducto de su defensor particular ********************, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE: Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Integrante del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala. Agente del Ministerio Público de la Federación de la Fiscalía General de la República en el Estado de Tlaxcala. ACTO RECLAMADO: La audiencia de veintiséis de marzo de dos mil veintitrés, en la que se calificó de legal la detención del imputado Oscar Tlapalamatl Huerta, Raymundo Andrés Reyes Mendieta y ********************, aquí quejosos, dentro de la causa penal 38/2023 y les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. La audiencia de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, en la que se dictó auto de vinculación proceso en contra de Oscar Tlapalamatl Huerta, Raymundo Andrés Reyes Mendieta y ********************, por el hecho que la ley señala como delito de posesión ilícita de hidrocarburo, dentro de la causa penal 37/2023. La determinación adoptada en dicha audiencia en la que se desechó la solicitud de revisión de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Cabe precisar que, la parte quejosa en su escrito inicial de demanda combate diversos actos reclamados relativos a la ilegal detención, la práctica de investigación en la detención, la retención, la tardía puesta a disposición; sin embargo, debe decirse que tales cuestiones se encuentran encaminadas a combatir las determinaciones emitidas en la audiencia de control de legalidad y auto de vinculación a proceso; por tanto, serán motivo de análisis al momento de estudiar dichos actos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, se radicó la demanda de amparo y se admitió a trámite, se requirió el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, quien formuló pedimento; se emplazó a la parte tercera interesada; se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala con sede en Apizaco es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo establecido por los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que los actos reclamados por grado son del conocimiento de un Juez de Distrito; por materia es de naturaleza penal y porque tiene ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previamente al estudio de su certeza o inexistencia y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe fijarse en forma clara y precisa el acto reclamado. Analizada la demanda de amparo y las constancias que integran este juicio, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La audiencia de veintiséis de marzo de dos mil veintitrés, en la que se calificó de legal la detención del imputado Oscar Tlapalamatl Huerta, Raymundo Andrés Reyes Mendieta y ********************, aquí quejosos, dentro de la causa penal 38/2023 y les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. La audiencia de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, en la que se dictó auto de vinculación proceso en contra de Oscar Tlapalamatl Huerta, Raymundo Andrés Reyes Mendieta y ********************, por el hecho que la ley señala como delito de posesión ilícita de hidrocarburo, dentro de la causa penal 37/2023. La determinación adoptada en dicha audiencia en la que se desechó la solicitud de revisión de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables al rendir su respectivo informe justificado aceptaron la existencia de los actos reclamados que se les atribuyen, lo que se corrobora con las constancias escritas de la causa judicial 38/2023, así como el audio y video de las audiencias celebradas el veintiséis y treinta y uno, ambos de marzo de dos mil veintitrés, contenidas en un disco versátil digital remitido por la Juez responsable en apoyo a su informe justificado. Las referidas copias certificadas cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al haber sido autentificadas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Respecto al contenido del disco versátil digital también tiene la naturaleza de una documental pública, por lo que tiene valor probatorio pleno en términos de los preceptos precisados con antelación. Lo anterior, acorde a lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción 1a./J.43/2013, consultable en la página 703, del Libro XXIII, correspondiente al mes de agosto de dos mil trece, tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.". CUARTO. Causa de improcedencia hecha valer por la autoridad responsable. RESPECTO DE LA IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR CONSISTENTE EN PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA POR LO QUE RESPECTA A HÉCTOR TAPIA ACOSTA, ASÍ COMO EL DESECHAMIENTO DE LA REVISIÓN DE MEDIDA CAUTELAR. La autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala refiere que en relación con el acto reclamado por parte de ********************, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Lo anterior lo sostiene en esos términos, pues refiere que en dieciocho de agosto de dos mil veintitrés inició la revisión de medida cautelar en la causa penal 38/2023, solicitada por el referido Tapia Acosta, y que la misma concluyó el diecinueve de agosto siguiente, en la cual determinó dejar sin efectos la prisión preventiva oficiosa e imponerle en su lugar la prisión preventiva justificada, y en ese sentido refiere el Juez de Control responsable, que han cesado los efectos por lo que refiere al acto reclamado consistente en la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Es fundada dicha causal de improcedencia. Lo anterior, pues de la interpretación de la fracción XXI, del artículo 61 de la ley de la materia, se obtienen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación en virtud de la cual, se revoque o anule el acto u omisión de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada y con ello, los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. Mientras que el segundo supuesto (sustitución) se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto, por el cual fue sustituido. Al respecto es aplicable la tesis I.3o.C.92 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 1491, Materia Común, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." En el caso, se presenta la segunda hipótesis (sustitución) relativa a que un nuevo acto de autoridad incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, al ser sustituido procesalmente. Lo anterior se sostienen así, pues debe recordarse que el quejoso ********************, se duele de la audiencia de veintiséis de marzo de dos mil veintitrés, en la cual se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y en la diversa de treinta y uno de marzo se desechó la solicitud de revisión de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Ahora bien, de las documentales remitidas por el juez responsable en cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, lo cual en este acto se toman en consideración para el dictado de la presente resolución y se ordena integrar al expediente físico de amparo entre la audiencia constitucional, y la sentencia que aquí se emite, al constituir hechos superveniente, y de dichas constancias, se advierte que mediante audiencia de revisión de medidas cautelares de dieciocho y su continuación de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, dentro de los autos de la causa penal 38/2023, por lo que respecta a ********************, dejó sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta y la modificó por la prisión preventiva justificada. Sin que sea obstáculo para lo anterior, la circunstancia de que el oficio de mérito fue presentado con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional celebrada en el expediente en que se actúa, toda vez que lo anterior, no imposibilita jurídicamente a la suscrita para tomarlo en consideración, al dictar el presente fallo, pues si bien es cierto que su presentación fue con posterioridad a la celebración de la citada audiencia, cierto es también, que las causas de improcedencia son de orden público y estudio oficioso, aunado a que, la celebración de la audiencia constitucional, únicamente impide la realización de actos procesales posteriores a la misma, mas no el que se alleguen documentos que versen sobre los motivos de improcedencia del juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis II.1o.P.33 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Junio de 2001, página 664, Materias(s): Común, de rubro siguiente: "AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE TOMAR EN CUENTA LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS DESPUÉS DE CELEBRADA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO CON ELLOS SE ACREDITE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA." Lo antes expuesto pone en evidencia que no es posible analizar el acto inicialmente reclamado respecto del cual en principio se impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y posteriormente se desechó de plano la modificación de la medida, toda vez que tal medida cautelar que se pretendía modificar, quedó sin efectos con motivo a la diversa medida cautelar impuesta al aquí quejoso. En ese contexto, se estima que en el caso a estudio se actualizan los supuestos a que alude la causa de improcedencia en comento, ya que -se reitera- la actuación y su finalidad que perseguía con la actuación reclamada por la parte quejosa, quedó sustituida por la determinación de diecinueve de agosto de dos mil veintitrés, en la cual impuso otra medida cautelar diversa a la prisión preventiva oficiosa. En ese orden de ideas, por lo narrado con anticipación es que se considera que el presente juicio de amparo por dicho acto reclamado y quejoso, resulta improcedente pues han cesado los efectos del acto reclamado. QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. Al no existir diversa causa de improcedencia que hagan valer las partes respecto de los diversos actos, o bien, que quien aquí resuelve advierta que se actualice alguna de oficio, lo que procede es entrar al estudio del fondo del asunto planteado. SEXTO. Estudio de constitucionalidad de los diversos actos reclamados relativos al CONTROL DE DETENCIÓN Y VINCULACIÓN A PROCESO. Son infundados los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa respecto del acto reclamado relativo al control de detención y vinculación a proceso, aun suplidos en su queja deficiente, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, de ahí que, por dichos actos deba negarse el amparo y la protección de la justicia federal. Ahora, en contra de dichas determinaciones, la parte quejosa expuso como conceptos de violación los siguientes: Que la detención decretada viola la libertad de tránsito y seguridad jurídica establecidos en el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez no se cumplió con la obligación de verificar la información sobre los hechos que puedan ser constitutivos de delito, como lo es, verificar la información y la existencia de la fuga sobre la presión en los ductos de PEMEX. La puesta a Disposición efectuada por los elementos aprehensores no fue realizada dentro de los términos que establece el artículo 16 Constitucional y lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de que la puesta a disposición fue de cuatro horas, excediendo el término de cuarenta y ocho horas establecidos en la ley. Que no se actualiza el supuesto previsto en el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La determinación emitida dentro del auto de vinculación a proceso no cumple con los requisitos que establece el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de que no se acreditó el hecho que la ley señala como delito, ni tampoco la participación del quejoso; ello, al haberse acreditado en nivel de causa probable, que el producto que pudiera haber en el tanque era lícito. Ahora bien, por cuestión de método, se analizará en primer término lo relativo al control de detención, posteriormente la audiencia en la que se dictó auto de vinculación a proceso en contra del quejoso. CONTROL DE DETENCIÓN. Como se precisó, los conceptos de violación antes referidos son infundados, por las siguientes consideraciones. En principio, se estima importante precisar que del artículo 16 de la Constitución Federal, se advierte que es legal la detención de una persona si es identificada por la víctima, el ofendido, testigos o por algún coimputado inmediatamente después de cometer un hecho señalado en la ley penal como delito. En este contexto el numeral 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales define los supuestos de la flagrancia, así como a lo que la doctrina denomina cuasiflagrancia. Cabe destacar que, respecto a la primera figura jurídica, señala que es la detención de una persona en el momento de estar cometiendo un hecho señalado por la ley como delito; por lo que hace a la segunda, precisa que se actualiza cuando se detiene a una persona inmediatamente después de la realización de la conducta ilícita siempre que sea señalado por la víctima, el ofendido, testigos o por algún coimputado y se encuentre en su poder el objeto del delito o el instrumento con el que se hubiera cometido, o bien, cuando existan huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su intervención en la comisión de la conducta ilícita. Precisado lo anterior, se considera que el Juez de Control responsable actuó conforme a derecho al tener por actualizada la figura de flagrancia prevista en el artículo 146, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que atendiendo a la información del informe policial homologado, rendido por los elementos captores, el Juez de Distrito advirtió los siguientes hechos: 1) Que el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, Oscar Tlapalamatl Huerta, Raymundo Andrés Reyes Mendieta y ********************, fueron detenidos con motivo al hecho que la ley señala como delito de posesión de hidrocarburo sin haber podido acreditar la procedencia del material que se transportaba. 2) Además, precisó que el hecho que se atribuye es el de posesión de hidrocarburo el cual se actualiza de momento a momento, por lo que su consumación se prolonga con el tiempo; de ahí que, los agentes aprehensores al haber realizado la inspección a los vehículos automotores que contenía el hidrocarburo y no haberse acreditado la licitud de la sustancia, se actualizaba la figura de fragancia. 3) Además, precisó que los agentes aprehensores pusieron al imputado a disposición del Ministerio Público a las diecisiete horas del veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, quien realizó la solicitud de la audiencia a las dieciséis horas, con tres minutos del veintiséis de marzo del año en curso. 4) Indicó que los hechos a tomar y motivo de la detención son la posesión del petrolífero y no los reportes de baja del ducto de PEMEX; ello, ya que la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos prevé la posesión como una conducta ilícita Por tanto, como lo expuso el Juez de Control responsable, los hechos narrados por los elementos aprehensores, permiten establecer que los quejosos fueron detenidos el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés; ello, pues su detención atendió a la posesión de hidrocarburos y al no haberse acreditado su licitud. Tales acontecimientos fueron del conocimiento de los agentes aprehensores al estar presentes; por tanto, su detención ocurre en flagrancia al momento de haber cometido el ilícito anunciado; asimismo, su puesta a disposición ante el Juez de Control fue dentro del término de cuarenta y ocho horas que establece la ley. Además, el Juez responsable explicó de manera correcta que la hora en que ocurrieron los hechos y al momento que en que se pusieron a disposición al quejoso ante el Ministerio Público se encontraba justificada en virtud del lugar en que aconteció el ilícito, así como las acciones que realizaron los elementos, entre ellos, la cadena de custodia, el análisis del Informe Policial Homologado, el cual debería formularse con un análisis ponderado sobre los acontecimientos ocurridos; por lo que se estimó justificada la demora. De igual forma, como lo estableció la responsable de manera fundada y motivada, el informe policial homologado ofrecido por el representante social, demuestra la legalidad de la detención del quejoso, porque ésta derivó de actos ilícitos que se realiza de momento a momento -posesión de hidrocarburos-, lo cual se ubica dentro de la hipótesis prevista en el artículo 146, fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales y que la imputación directa que realizaron los agentes aprehensores. Asimismo, como lo precisó el Juez de Distrito responsable, el plazo de detención también fue ajustado a lo dispuesto por el párrafo quinto del artículo 16 de la Constitución Federal ya que el imputado fue detenido y puesto a disposición ante el Ministerio Público el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés a las diecisiete horas, y su puesta a disposición ante dicha autoridad fue a las dieciséis horas con tres minutos del veintiséis de marzo del año en curso. En mérito de lo anterior, el plazo de retención no excedió de las cuarenta y ocho horas, previsto en el artículo 16 de la Constitución Federal, lo que demuestra su legalidad; y la determinación se encuentra debidamente fundada y motivada. De ahí que, contrario a lo alegado por la parte quejosa, a consideración de la suscrita Juzgadora la determinación del Juez de Control se encuentra ajusta a derecho, por tanto son infundados los conceptos de violación formulados por la parte quejosa; y, por ende, debe negarse el amparo respecto de la detención decretada a éste. AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. En relación con la audiencia de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, en la que se dictó auto de vinculación proceso en contra de Oscar Tlapalamatl Huerta, Raymundo Andrés Reyes Mendieta y ********************, por el hecho que la ley señala como delito de posesión ilícita de hidrocarburo, dentro de la causa penal 38/2023, a consideración que esta Juzgadora, se aprecia que el mismo se encuentra debidamente ajustado conforme a derecho. En ese sentido, debe tenerse en consideración que el Juez de Control responsable estimó que para el dictado de un auto a vinculación a proceso se requiere de un mínimo de componentes; ello, sin pasar por alto los requisitos establecidos en los numerales 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales para su dictado. Lo que legalmente se estima correcto, pues para el dictado de un auto de vinculación a proceso, el estándar probatorio es relativamente bajo, considerando que su función únicamente es la de verificar que existan méritos suficientes de llevar un caso a juicio penal. Asimismo, la de ejercer control sobre la actuación del Ministerio Público durante la investigación complementaria que lleve a cabo, y de que las pruebas se producirán hasta la fase del juicio oral ante el Tribunal de enjuiciamiento, en el que los datos hasta entonces considerados, ya no podrán tener ningún efecto para dictar la sentencia que corresponda, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, apartado a, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al margen de lo anterior, el artículo 19 constitucional exige para el dictado de un auto de vinculación a proceso, que se colmen los siguientes requisitos: 1. Que se exprese el delito que se impute al indiciado. 2. La expresión del lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. 3. Los datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; y, 4. Que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Mientras que el diverso 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, requiere, entre otros, que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Entendiéndose que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo. Expuesto lo anterior, el Juez responsable al analizar la conducta al tipo penal imputado, consideró que de manera indiciaria se demostraron los elementos que configura el hecho que la ley señala como delito de posesión ilícita de hidrocarburo, contenido en el artículo 9 fracción II, inciso d), de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. Así, el mencionado artículo establece que se sancionará a quien resguarde, transporte, almacene, distribuya, posea, suministre u oculte hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley. En ese sentido, debe destacarse que el hecho con apariencia de delito de posesión ilícita de hidrocarburos consistió en que, el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, aproximadamente a las siete horas con cuarenta minutos, los agentes aprehensores observaron dos vehículos tipo auto tanque que iba circulando por la carretera Federal vía Los Reyes-Zacatepec-Calculalpan al encontrarse en recorrido a fin de combatir el transporte de combustible robado, con motivo del alertamiento de la baja presión sobre ductos de PEMEX, por lo que con pretexto de dichos recorridos, marcaron el alto. Posteriormente, al descender los conductores y revisar el vehículo se percatan que de los mismos se desprendía olor característico al gal Lp, y que los vehículos se encontraban achaparrados por el peso que llevaban es decir, se encontraban cargados y que al voltear a ver el área designada para el manómetro que el documento con el cual se mide el producto contenido, no contaban con el, y al solicitarlo los ahora quejosos respondieron que no lo tenían, por lo que los agentes solicitaron exhibieran la documentación que acreditara la legal procedencia del combustible que se transportaba, siendo que los imputados, aquí quejosos, manifestaron no contar con documento alguno. En relación con esos hechos el Juez responsable estimó dictar auto de vinculación a proceso; ello, pues con los datos de prueba aportados por el Ministerio Público estableció que se encontraba demostrado de manera indiciaria el hecho que la ley señala como delito que se atribuye (posesión ilícita de hidrocarburo) y que el procesado lo cometió. En ese orden de ideas, la autoridad responsable tomó en consideración los datos de pruebas recabados consistentes en: - Objeto material consistente en 3,008 y 2,600 litros en cada pipa de petrolífero mezcla propano butano, conocido como gas licuado de petróleo contenido en los vehículos tipo pipa. - Dictamen pericial en materia de tránsito terrestre con número de folio 1273 de veinticinco de marzo de dos mil veintitrés, signado por el perito oficial de la Fiscalía. Dictamen en materia de fotografía forense, emitido el veinticinco de marzo de dos mil veintitrés, con folio 1595 en el que proporcionó fijaciones fotográficas del lugar de los hechos y del material de los hechos. Dictamen de interpretación en materia de identificación de producto, informe de cuantificación de veintiséis de marzo de dos mil veintitrés, perito habilitada por PEMEX Transformación. Informe Policial Homologado terminación 30740 y puesta a disposición 06/2023 de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, suscrito por los agentes aprehensores. Entrevistas realizadas a los agentes aprehensores por el elemento de la Policía Federal Ministerial de veinticinco de marzo de veintitrés. Datos de prueba que, apreciados tanto en lo individual como en su conjunto, se estiman idóneos, pertinentes y suficientes para establecer -en forma probable- que el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, aproximadamente a las ocho horas con ceros minutos, los agentes aprehensores detuvieron a los imputados aquí quejosos quienes iban a bordo de dos vehículos tipo auto tanque los cuales poseían tres mil ocho litros y dos mil seiscientos litros en cada una de petrolífero mezcla propano butano, conocido como gas licuado de petróleo contenido, por lo que los agentes solicitaron exhibieran la documentación que acreditara la legal procedencia del combustible que se transportaba, siendo que el imputado, aquí quejosos, manifestaron no contar con documento alguno. Lo que demuestra las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del hecho probablemente constitutivo del delito de posesión ilícita de hidrocarburo, así como la probable participación del imputado en la comisión del ilícito. Ello es así, pues el Juez responsable con los citados datos de prueba tuvo por acreditado de manera indiciaria que los aquí quejosos conducían dos vehículos en el que se transportaba la sustancia relativa a un petrolífero, el cual no acreditaron su licitud; es decir, no exhibieron documento alguno en el que se demostrara que dicha sustancia se compró o se adquirió de forma legal. Lo anterior, pues por lo que hace a las facturas que se exhibieron por parte de la defensa para acreditar la licitud de tal hidrocarburo, de manera correcta el Juez responsable estableció que las mismas no eran idóneas para acreditar tales extremos, pues éstas no fueron ratificadas por las personas que la emitieron, esto en términos de lo que dispone el artículo 5 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. De igual manera precisó que en la etapa procesal en que se encontraban no se requieren de pruebas ni se exige comprobar que ocurrió un hecho ilícito, por lo que, para el dictado del auto de vinculación a proceso, basta con que se encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. De ahí que, tal y como lo refirió la autoridad responsable, el análisis sustancial respecto del tipo penal que se le imputa a los aquí quejosos y del contenido de cada una de las pruebas, será materia de debate y prueba en etapas posteriores; máxime, que la consecuencia del dictado de la vinculación a proceso únicamente autoriza al fiscal para continuar con la investigación en su fase complementaria, sin que se prejuzgue sobre el fondo del asunto. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el cuatro de agosto de dos mil diecisiete, con número de registro 2014800, de rubro siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL).". Por las anteriores consideraciones, se puede establecer que los hechos antes precisados se encuadraron en la hipótesis normativa prevista y sancionada por el artículo 9 fracción II, inciso d), de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. Esto es, que existen datos de prueba que acreditan de manera indiciaria que Oscar Tlapalamatl Huerta, Raymundo Andrés Reyes Mendieta y ******************** realizaron la acción tipificada como ilícita, ya que fueron las personas que conducían los vehículos que contenían el petrolífero; ello, sin acreditar su licitud; de ahí que debe tenerse por colmada la probable participación del imputado, aquí quejoso, en la comisión del hecho que la ley señala como delito de posesión ilícita de hidrocarburos. Por otro lado, también es correcta la apreciación del Juez responsable, en el sentido de que no se actualiza alguna causa de extinción de la acción penal contenida en el artículo 485 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de que la teoría del caso formulada por la fiscalía se encuentra colmada para efectos del auto de vinculación a proceso. En ese sentido, este Juzgado estima que la resolución recurrida se encuentra apegada a derecho, pues los datos de prueba señalados por la Fiscalía en la audiencia respectiva, en forma alguna revelan de manera indiciara que el imputado, aquí quejoso, cometió el hecho que la ley señala como delito de posesión ilícita de hidrocarburos. En las relatadas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación expresados por la parte quejosa; lo procedente es negar la protección constitucional solicitada. SÉPTIMO. Estudio de constitucionalidad de los diversos actos reclamados relativos a IMPOSICIÓN DE MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA Y EL DESECHAMIENTO DE LA REVISIÓN DE MEDIDA CAUTELAR por cuanto hace a Oscar Tlapalamatl Huerta y Raymundo Andrés Reyes Mendieta. Es fundado el concepto de violación, hecho valer por la parte quejosa, suplido en su deficiencia, de ahí que por el acto reclamado precisado, deba concederse el amparo solicitado, de conformidad con las consideraciones siguientes. Para sostener lo anterior, en principio se destaca que recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitió dos sentencias en las que aborda el estudio de la prisión preventiva; esto es, el caso Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México; y, García Rodríguez y otro Vs. México. Sentencias de las que se desprende que para que una medida cautelar restrictiva de la libertad no sea arbitraria y no se vea afectado el derecho a la presunción de inocencia, es necesario: 1) Que se presenten presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito y con la vinculación de la persona procesada a ese hecho; 2) Que esas medidas cumplan con los cuatro elementos del test de proporcionalidad [fin legítimo, idónea para cumplir el fin que persigue, necesaria y estrictamente proporcional]; y, 3) Que la decisión que las impone contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas. Tocante a la figura de la prisión preventiva, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que los artículos aplicados al caso en estudio (319 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México y 19 de la Constitución vigentes en el año dos mil), no hacen referencia a las finalidades de la prisión preventiva, ni a los peligros procesales que busca precaver, ni a la exigencia de hacer un análisis de la necesidad de la medida frente a otras medidas menos lesivas para los derechos de la persona procesada, como lo serían medidas alternativas a la privación de la libertad; determinando que la prisión preventiva así formulada no tiene la finalidad de una medida cautelar sino de una pena anticipada. En ese sentido, en la sentencia en comento, se determina que dichas disposiciones normativas limitan el rol del juez porque carece de margen de decisión, ya que la imposición de la prisión preventiva deviene exento de control real, al tener por motivación la mera aplicación de la norma constitucional, impidiendo al imputado controvertir los hechos o discutir el fundamento. Así, determina que cuando se imputan ciertos delitos sin que las autoridades tengan la posibilidad de determinar la finalidad, necesidad o proporcionalidad de la medida cautelar en cada caso se está frente a una prisión preventiva automática u oficiosa. Prisión preventiva oficiosa que, concebida de esa manera, vulnera el principio de igualdad y no discriminación contemplado en el artículo 24 de la Convención Americana, pues introduce un trato diferente a personas imputadas por determinados delitos con respecto a las demás. Ello, pues quienes están imputados por cometer ciertos delitos no tendrán la posibilidad de controlar ni de defenderse adecuadamente de la medida cautelar toda vez que existe un mandado constitucional que impone preceptivamente la medida cautelar privativa de la libertad. En ese sentido, concluyó que la prisión preventiva es contraria a la Convención Americana, pues vulnera los derechos a no ser privado de la libertad, al control judicial de la privación de la libertad, a ser oído, a la presunción de inocencia, al derecho a la igualdad y no discriminación. Así, en la parte final de la sentencia en comento, la Corte interamericana de Derechos Humanos, refiere que al haber sido reformado el artículo 19 constitucional -aplicado al caso en estudio- debía analizar si el texto reformado en el año dos mil diecinueve, continuaba siendo inconvencional, para concluir que persistían los aspectos que llevaron a concluir su inconvencionalidad; como los siguientes: a).- No se hace referencia a las finalidades de la prisión preventiva, ni a los peligros procesales que buscaría precaver; b).- Tampoco deja la posibilidad de ponderar la aplicación de la medida cautelar a través de un análisis sobre la necesidad de la misma frente a otras medidas menos lesivas para los derechos de la persona procesada como lo serían las medidas alternativas a la privación a la libertad, y c).- Se establece preceptivamente la aplicación de la prisión preventiva para los delitos que revisten cierta gravedad una vez establecidos los presupuestos materiales sin que se lleva a cabo un análisis de la necesidad de la cautela frente a las circunstancias particulares del caso. Ello, reiterando lo resuelto el siete de noviembre de dos mil veintidós, en el caso Tzompaxtle Tecpile y otros VS. México; por lo que condenó al Estado Mexicano a adecuar su ordenamiento jurídico en lo referente a la prisión preventiva oficiosa, incluyendo las disposiciones constitucionales, a fin de que sean compatibles con la Convención Americana. Por su parte, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa prevista en el artículo 19 Constitucional, y su interpretación y aplicación en el sistema jurídico mexicano fueron motivo de análisis por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión pública ordinaria celebrada el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, relativa a la acción de inconstitucionalidad 130/2019 y su acumulada 136/2019. En dicha sesión el alto Tribunal dispuso que la prisión preventiva oficiosa es violatoria de los derechos humanos de presunción de inocencia y libertad personal, por las siguientes consideraciones: - Incompatible con el sistema de derechos, contraria al artículo 1º Constitucional. - Las personas no pueden ser privadas de su libertad sin que se justifiquen los extremos. - Es una restricción constitucional que vacía de contenido el principio de presunción de inocencia. - Se convierte en una pena anticipada y rompe con su carácter de excepcional. - La prisión preventiva es más punitiva que cautelar. Por lo anterior, se estima que los conceptos de violación suplidos en su deficiencia son fundados respecto de la inconvencionalidad del artículo 167, párrafos tercero, cuarto, y quinto, del Código Nacional de Procedimientos Penales y el diverso 4, párrafo tercero, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburo: Tomando en consideración que lo determinado en las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el siete de noviembre de dos mil veintidós y veinticinco de enero del año en curso, en los casos Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México y García Rodríguez y otro Vs. México, son de observancia obligatoria para la suscrita Juzgadora Federal, en virtud de que, conforme a las obligaciones internacionales adquiridas soberanamente por México, todos sus Poderes deben cumplir con lo ordenado en las sentencias emitidas contra el Estado Mexicano. Lo anterior, tiene su fundamento en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que establece el principio que lo pactado obliga, y que prescribe que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe y, para el caso específico del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, en el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece que los Estados Parte se comprometen a cumplir la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en todo caso en que sean partes. En este sentido se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CXLIV/2014 (10a.), publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en la página 823, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES DEL ESTADO MEXICANO, INCLUYENDO EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DEBEN ACATAR LO ORDENADO EN AQUÉLLAS.". Así como la tesis P. LXV/2011 (9a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 160482, de rubro y contenido: "SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. SON VINCULANTES EN SUS TÉRMINOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO FUE PARTE EN EL LITIGIO.". Por lo anterior, se estima que, en este punto, la porción normativa referida resulta inadecuada, porque no refiere a las finalidades de la prisión preventiva, ni los peligros procesales que buscaría precaver; tampoco se propone ponderar a través de un análisis la necesidad de la medida frente a otras medidas menos lesivas para los derechos de la persona procesada como lo serían las medidas alternativas a la privación a la libertad, sino sólo se limita a establecer preceptivamente la aplicación de la prisión preventiva oficiosa para los delitos que revisten cierta gravedad una vez establecidos los presupuestos materiales sin que se lleve a cabo un análisis de la necesidad de la cautela frente a las circunstancias particulares del caso. Lo cual, contraviene los principios de presunción de inocencia, igualdad, no discriminación libertad. En consecuencia, se declara que es inconvencional los artículos 167, párrafos tercero, cuarto y quinto del Código Nacional de Procedimientos Penales y el diverso numeral 4, párrafo tercero, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburo. Ahora, en el caso en estudio, es conveniente recordar que el acto de aplicación en concreto del artículo 167, párrafos tercero, cuarto, y quinto, del Código Nacional de Procedimientos Penales y el diverso 4, párrafo tercero, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburo, consiste en la determinación adoptada en audiencia de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, en la cual el Juez de Control determinó desechó de plano la solicitud de revisión de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Del contenido de dicha audiencia, se advierte que al momento de pronunciarse respecto a la solicitud de revisión de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, determinó el Juez del proceso desechar de plano la solicitud de la defensa. Lo anterior, bajo la consideración que no habían variado objetivamente las condiciones para ser procedente la revisión de la medida cautelar. Ello pues sostuvo que prevalecían las mismas circunstancias en el caso. Y determinó que no era procedente la solicitud y por tanto desechó de plano dicha solicitud. Asimismo, que no desconocía la determinación adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el siete de noviembre de dos mil veintidós en el caso Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México sin embargo refirió que existía jurisprudencia que derivaba de la contradicción de tesis 293/2011, y que la misma no había sido superada -le regía-, en cuanto a la restricción Constitucional respecto a Derechos Humanos, la cual lo obligaba a resolver en el sentido que lo hacía. Expuesto lo anterior, esta Juzgadora Federal no comparte el criterio sostenido por el Juez de Control, lo anterior, pues acorde a lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la prisión preventiva oficiosa es inconvencional, pues establece de manera preceptiva su aplicación para delitos de cierta gravedad, como en el caso en estudio. Aunado a que resulta igualmente contraria al principio de igualdad y no discriminación, y que no cumple con los requisitos establecidos por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a que para que una medida cautelar restrictiva de libertad -como es el caso- no sea arbitraria y no afecte la presunción de inocencia. Por las consideraciones antes precisadas, al resultar fundados los conceptos de violación, suplidos en su queja deficiencia, lo procedente es, conceder el amparo a la parte quejosa para el siguiente EFECTO: a) La autoridad responsable deje sin efectos la determinación adoptada en treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés únicamente en la parte en que desechó la solicitud de revisión de medidas cautelares por cuanto hace a Oscar Tlapalamatl Huerta y Raymundo Andrés Reyes Mendieta. b) Admita la solicitud de revisión de medidas cautelares, y; c) Al momento de dictar la resolución respectiva, siguiendo los lineamientos aquí expuestos, resuelva lo conducente; debe precisarse que en la determinación adoptada deberá abstenerse de mantener la prisión preventiva oficiosa, en la inteligencia que se encuentra en libertad de jurisdicción para fijar la prisión preventiva justificada o diversa medida cautelar; sin embargo, de decretar esta última deberá de manera fundada y motivada, explicar las razones por las cuales considera que el resto de las medidas no son idóneas y en ese sentido, resuelva al respecto. OCTAVO. Calificación de la concesión. El análisis realizado para la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, atendió a un estudio de fondo del acto reclamado. NOVENO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. OCTAVO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo, se R E S U E LV E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ********************, por conducto de su defensor particular ********************, en términos del considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Oscar Tlapalamatl Huerta, Raymundo Andrés Reyes Mendieta y ********************, por conducto de su defensor particular ********************, contra el acto de las autoridades responsables indicadas en el resultando primero, por las consideraciones precisadas en el considerando sexto del presente fallo. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************por conducto de su defensor particular ********************, contra el acto de las autoridades responsables indicadas en el resultando primero, por las razones y para los efectos precisados en el considerando séptimo del presente fallo. CUARTO. Atento a lo expuesto en el considerando séptimo de este fallo, se califica que la concesión otorgada atendió a un estudio de fondo. QUINTO Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y, agréguese el acuse de recibo. SEXTO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. SÉPTIMO. Al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, tercera interesada y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma, Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, el día de hoy veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante el Licenciado Rolando Cruz Delfín, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
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