Antonio Butanda Madrigal
Expediente 612/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 612/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 18/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero
- Antonio Butanda Madrigal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se aprecia que en auto de quince de marzo de dos mil dieciséis, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo en el presente juicio sin que la parte quejosa haya promovido recurso de inconformidad en contra de dicho proveído; en consecuencia, y atendiendo la certificación de cuenta, se tiene por consentido dicho auto en el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, con fundamento en los artículos 196 párrafo cuarto y 214, ambos de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgado de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción IV del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será SUSCEPTIBLE DE SER DEPURADO; por lo que una vez transcurridos cinco años a partir de la presente emisión de este auto procédase a su depuración y consérvese únicamente la demanda y sentencia respectivas. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, jurídica ni histórica.
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación secretarial de cuenta, se desprende que ninguna de las partes hizo manifestación alguna acerca del cumplimiento dado por la autoridad responsable en este juicio; sin embargo, este órgano de control constitucional se pronuncia con relación a dicho cumplimiento, por ser de orden público y análisis oficioso. Señalado lo anterior, la que aquí resuelve considera necesario realizar un análisis bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. 1. Efectos de la sentencia de amparo. De las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que en sentencia de dieciocho de agosto de dos mil quince (fojas 73 a 79), este órgano jurisdiccional sobreseyó el presente juicio de amparo, resolución que fue recurrida por el quejoso ********************** revocada por el Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con sede en Acapulco, Guerrero, concediendo la protección de la justicia federal, para que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, cumpla con lo siguiente (foja 115): Lleve a cabo el pronto desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la demandada con cargo a **********************; y recabe el informe ofrecido por el actor con cargo al Director del Trabajo y Previsión Social del Estado, sujetándose a los plazos y términos legales, para lo cual deberá dictar las todas las medidas que a su juicio sean procedentes, tal como lo establecen los artículos 84 y 95 de la Ley Número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero. Determinación que causó ejecutoria el veintitrés de febrero de dos mil dieciséis (fojas 117 a 119). 2. Trámites de la responsable. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por conducto de su Presidente, informó lo siguiente: Mediante oficio 2271/2016 (fojas 124 a 125), remitió copia con firmas autógrafas del auto de veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, dictado en el expediente laboral 505/2013, en el cual se hace constar que no existen pruebas pendientes por desahogar en el juicio laboral aludido, abriendo el periodo de alegatos respectivo. 3. Verificación del cumplimiento. En consecuencia, como se dijo anteriormente, la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por conducto de su Presidente, remitió copia con firmas autógrafas del auto de veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, dictado en el expediente laboral 505/2013, en el cual se hace constar que no existen pruebas pendientes por desahogar en el juicio laboral aludido, abriendo el periodo de alegatos respectivo; por lo que resulta inconcuso, que la citada autoridad responsable dio cumplimiento total a la sentencia de amparo. 4. Conclusión. En virtud de lo expuesto en apartados precedentes, se DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE MÉRITO.
- Principal
Glósese a los autos el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, mediante el cual remite copia con firmas autógrafas del auto de veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, dictado en el expediente laboral ***/****, en el cual se hace constar que no existen pruebas pendientes por desahogar en el juicio laboral aludido, abriendo el periodo de alegatos respectivo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y constancia anexa al mismo, dese vista a las partes, por el término de tres días hábiles para que manifiesten lo que a su derecho convenga, en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo.
- Principal
Visto el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual la superioridad remite copia certificada del testimonio pronunciado en el recurso de revisión laboral ***/****, por el Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con sede en Acapulco, Guerrero, interpuesto por la parte quejosa, en contra de la sentencia dictada en autos del presente juicio. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y respecto al cuaderno de antecedentes, formado con motivo de la revisión interpuesta en contra de la sentencia dictada en autos, resguárdese en el archivo de este Juzgado Federal, ello en razón que, debido a la experiencia en asuntos similares puede llegar a reutilizarse el mismo. Ahora, y apareciendo que la superioridad por unanimidad de votos resolvió bajo los siguientes puntos: "PRIMERO.- Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO.- Para los efectos indicados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a *******************, contra el acto reclamado al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, consistente en la omisión en desahogar pruebas en el juicio laboral ***/****..." En ese orden de ideas, se advierte que el Tribunal Colegiado de referencia revocó la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito, concediendo la protección de la Justicia Federal, para que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: Lleve a cabo el pronto desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la demandada con cargo a ********** y **********; y recabe el informe ofrecido por el actor con cargo al Director del Trabajo y Previsión Social del Estado, sujetándose a los plazos y términos legales, para lo cual deberá dictar las todas las medidas que a su juicio sean procedentes, tal como lo establecen los artículos 84 y 95 de la Ley Número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero. Mencionado lo anterior, en cumplimiento a la ejecutoria de trato, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, por conducto de su presidente, para que dentro del término de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, cumpla la ejecutoria dictada por la superioridad, a efecto de que: Lleve a cabo el pronto desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la demandada con cargo a ********** y **********; y recabe el informe ofrecido por el actor con cargo al Director del Trabajo y Previsión Social del Estado, sujetándose a los plazos y términos legales, para lo cual deberá dictar las todas las medidas que a su juicio sean procedentes, tal como lo establecen los artículos 84 y 95 de la Ley Número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero. Por lo que deberá remitir las constancias que así lo acrediten, sin necesidad de ulterior requerimiento. Para lo cual se apercibe a la autoridad responsable, que de no dar cumplimiento a lo anterior, se impondrá a Bernardo Ortega León, en su carácter de presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, una multa equivalente a cien días de salario mínimo, lo anterior con arreglo a los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de $7,304.00 (siete mil trescientos cuatro pesos 00/100 moneda nacional), tomando en consideración que el valor de la Unidad de Medida y Actualización de referencia es de $73.04 (setenta y tres pesos 04/100 moneda nacional). Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del órgano laboral responsable, dado que el mismo no tiene; lo anterior en términos de la tesis XIX. 1o.P.T. J/6 (9ª), consultable a página 1545, con No. de registro 160,832 del Libro I, Octubre de 2011, Tomo 3, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que en rubro y texto dice: "JUNTAS Y TRIBUNALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, AL TENER LA NATURALEZA DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES, LOS REQUERIMIENTOS PARA QUE CUMPLAN EJECUTORIAS DE AMPARO DEBEN HACERSE DIRECTAMENTE A ELLAS, POR NO TENER SUPERIORES JERÁRQUICOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 105, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO). De conformidad con diversos criterios del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre ellos la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXIX, página 274, de rubro: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE."; se advierte que las Juntas y Tribunales de Conciliación y Arbitraje al tener la naturaleza de órganos jurisdiccionales no tienen superiores jerárquicos, dicho aspecto las inscribe en el elenco constitucional de las entidades que conforman el sistema de administración de justicia, razón por la cual, su actuación se encuentra regida por los principios de imparcialidad, autonomía e independencia jurisdiccional, cuya característica en el ejercicio de la función judicial presupone la inexistencia de relaciones de subordinación o superioridad jerárquica, fundada de modo relevante en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que si se reconociera la existencia de relaciones de jerarquía o mando capaces de someter a los tribunales, aunque sea en cualquier grado, entonces la jurisdicción sería funcionalmente desnaturalizada. Por lo anterior, resulta inconcuso que los requerimientos de cumplimiento a las ejecutorias de amparo deben hacerse directamente a dichos tribunales del trabajo, de conformidad con el artículo 105, párrafo primero de la Ley de Amparo." Asimismo, se hace de su conocimiento que, ante la contumacia para cumplir la ejecutoria, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con la finalidad que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional.
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