Antonio Bernardo Baduy Moscoso

Expediente 612/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 25 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
612/2021
Año
2021
Actuaciones
25
Última actuación
15/03/2023

Partes del expediente

  • Antonio Bernardo Baduy Moscoso

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Vistas las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal del presente juicio de amparo, de los que se advierte que ha fenecido el plazo de 15 días conferido a la parte quejosa a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, respecto al proveído de 24 de octubre de 2022, en el que se declaró cumplida la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que fuera recurrido en inconformidad. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 201, fracción I, y 202 de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu, se tiene por consentido el cumplimiento de la ejecutoria y por conforme con el mismo a la parte quejosa, para todos los efectos legales conducentes. Dada la inexistencia de diligencias pendientes por proveer y desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafos tercero y cuarto, en relación con el ordinal 214, de la Ley de Amparo, envíese al archivo. De conformidad con el artículo 3, fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se verificó la coincidencia de contenidos de expediente impreso y del electrónico. Asimismo, en cumplimiento artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que este expediente es susceptible de depuración, por haberse concedido la protección constitucional, una vez transcurrido el plazo de tres años; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. De igual forma, en observancia a lo previsto en el artículo 12 del mencionado Acuerdo General, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado acuerdo. Hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Finalmente, devuélvase a las autoridades responsables contralor y notificador adscritos a la Contraloría Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Cozumel, Estado de Quintana Roo, los anexos que fueron remitidos en apoyo a sus informes justificados. Notifíquese por lista a las partes y por oficios a las autoridades correspondientes.

  2. Principal

    V-Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido en el proveído de 10 de octubre de 2022, a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su derecho conviniere, siendo que no hizo uso de ese derecho en el plazo otorgado, por lo que, procede resolver respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo emitida el 20 de junio de 2022. En la ejecutoria de referencia, se concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión a Antonio Bernardo Baduy Moscoso, para el efecto de que la autoridad responsable realice lo siguiente: ".1. Deberá dejar insubsistente todo lo actuado dentro del procedimiento administrativo de fincamiento de responsabilidades CM/PAR/007/2017, instruido en contra de Antonio Bernardo Baduy Moscoso, a partir del emplazamiento que fue practicado el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete. 2. En su caso, ordene notificar al quejoso como legalmente proceda, el inicio del procedimiento administrativo de fincamiento de responsabilidades CM/PAR/007/2017. 3. Como consecuencia de lo anterior, deje insubsistente todos los efectos jurídicos que se realizaron con motivo del procedimiento administrativo que se instauró contra el quejoso y su resolución (notificación e inscripción en el sistema de registro de servidores públicos sancionados". Por auto de 30 de septiembre de 2022, causó ejecutoria la sentencia de mérito, motivo por el cual, se requirió a la autoridad responsable, para que informara sobre el cumplimiento dado al fallo protector. Mediante proveído de 10 de octubre de esta anualidad, fueron recibidos los oficios remitidos por las autoridades responsables coordinador General de Sustanciación y Resoluciones, adscrito a la Subsecretaría de Resoluciones y Normatividad de la Secretaría de la Contraloría del Estado, con sede en esta ciudad y contralor Municipal de Cozumel, Quintana Roo, mediante los cuales informaron que se dejó insubsistente todo lo actuado dentro del procedimiento administrativo de fincamiento de responsabilidades CM/PAR/007/2017, instruido en contra del quejoso Antonio Bernardo Baduy Moscoso, a partir del emplazamiento que fue practicado el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, ordenó notificar al quejoso el inicio del referido procedimiento administrativo de fincamiento de responsabilidades y se dejó insubsistente todos los efectos jurídicos que se realizaron con motivo del procedimiento administrativo que se instauró contra el quejoso y su resolución, es decir se efectuó la desincorporación de las inscripciones correspondientes de la sanción que se encontraba registrada en el sistema de registro de inhabilitados del quejoso y remitieron diversas constancias, para acreditar su dicho. Con la información rendida, se determinó dar vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera. Documentales a las que se les otorga valor probatorio, al tratarse de documentos en copia certificada, por lo que constituyen documentos oficiales al estar debidamente firmados por los funcionarios con facultades para ello, los cuales tienen eficacia probatoria plena en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º; con las que se estimaron haber dado cumplimiento a la sentencia emitida por este Juzgado. Ahora, procede determinar si la sentencia de amparo fue cumplida conforme a los efectos que en la propia resolución se expusieron, haciendo el examen del acuerdo de 7 de octubre de 2022, emitido por el contralor Municipal de Cozumel, Quintana Roo, refirió que: [1] Dejó insubsistente todo lo actuado dentro del procedimiento administrativo de fincamiento de responsabilidades CM/PAR/007/2017, instruido en contra de Antonio Bernardo Baduy Moscoso, a partir del emplazamiento que fue practicado el 17 de mayo de 2017, [2] Ordenó notificar al quejoso como legalmente proceda, el inicio del procedimiento administrativo de fincamiento de responsabilidades CM/PAR/007/2017 y que [3] Dejó insubsistente todos los efectos jurídicos que se realizaron con motivo del procedimiento administrativo que se instauró contra el impetrante del amparo y su resolución (notificación e inscripción en el sistema de registro de servidores públicos sancionados), esto es, se efectuó la desincorporación del quejoso de las inscripciones correspondientes de la sanción que se encontraba registrada en el sistema de registro de inhabilitados. Por ende, es inconcuso que la autoridad responsable acató los lineamientos del fallo constitucional, por lo que se determina que la ejecutoria emitida por este Juzgado Federal está cumplida en su totalidad sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento, se concluye que la parte quejosa fue restituida en el goce de sus derechos fundamentales, por lo que se declara para todos los efectos legales a que haya lugar, que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, con fundamento en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo. Tómese en consideración que la fecha en que la autoridad responsable dio cumplimiento total a la ejecutoria de amparo fue el 7 de octubre de 2022, fecha en que la autoridad emitió la nueva determinación. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201, fracción I, y 202 del ordenamiento legal antes citado, aplicado a contrario sensu, con la presente determinación infórmese a las partes, que tienen un plazo de quince días para impugnar esta determinación, si así lo estiman pertinente, a través del recurso de inconformidad, previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo. Una vez que cause estado este acuerdo, archívese el expediente como asunto concluido, en términos del artículo 214 de la legislación de la materia. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    V-Agréguese el escrito signado por el quejoso Antonio Bernardo Baduy Moscoso, mediante revoca la autorización de María del Mar Barrera Aguilar, así como al usuario LicMarBarrera a la consulta al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas permaneciendo las notificaciones por esa vía exclusivamente a través del usuario DCaamal. Al respecto, tal y como lo solicita el impetrante del amparo, se revoca la designación de autorizada a María del Mar Barrera Aguilar, así como al usuario LicMarBarrera, otorgadas en auto de 2 de septiembre de 2022. Continúense las notificaciones electrónicas por esa vía exclusivamente a través del usuario DCaamal. Notifíquese.

  4. Principal

    V-Agréguese los oficios y anexos remitidos por las autoridades responsables coordinador General de Sustanciación y Resoluciones, adscrito a la Subsecretaría de Resoluciones y Normatividad de la Secretaría de la Contraloría del Estado, con sede en esta ciudad y contralor Municipal de Cozumel, Quintana Roo, mediante los cuales informan que se dejó insubsistente todo lo actuado dentro del procedimiento administrativo de fincamiento de responsabilidades CM/PAR/007/2017, instruido en contra del quejoso Antonio Bernardo Baduy Moscoso, a partir del emplazamiento que fue practicado el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, ordenó notificar al quejoso el inicio del referido procedimiento administrativo de fincamiento de responsabilidades y se dejó insubsistente todos los efectos jurídicos que se realizaron con motivo del procedimiento administrativo que se instauró contra el quejoso y su resolución, es decir se efectuó la desincorporación de las inscripciones correspondientes de la sanción que se encontraba registrada en el sistema de registro de inhabilitados del quejoso y remiten diversas constancias, para acreditar su dicho. Al respecto, con apoyo en lo que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo, con las documentales que las autoridades responsables adjuntan a los oficios de cuenta, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días computados a partir de la legal notificación de este proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, conforme a lo establecido en el párrafo segundo del precepto legal antes invocado, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2ª.XXXVIII/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve, página 315, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON EL APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Esta Segunda Sala, en la jurisprudencia 85/98, entre otras tesis, ha sostenido el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva y se le concede el plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendrá por cumplida la sentencia, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constancia remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogarse la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad." Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

Quedan 21 actuaciones en este expediente

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