Antonio Bernardino Florentino
Expediente 906/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 906/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/08/2019
Partes del expediente
- Antonio Bernardino Florentino
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Toluca, Estado de México, catorce de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción, el presente expediente, ya que se sobreseyó y carece de relevancia documental.
- Principal
Por lo anteriormente expuesto y fundado, además con apoyo en los artículos 63, fracción IV y 72, 73, 75 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 906/2019-IV-C, promovido por Antonio Bernardino Florentino, por las autoridades y actos precisados en el considerando segundo, en términos del diverso considerando tercero de la presente resolución. Notifíquese como corresponda.
- Principal
Toluca, Estado de México, diecinueve de julio de dos mil diecinueve. Intégrese el oficio de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, por el cual solicita se le envíe copia certificada del sumario en el que se actúa e informe el estado procesal. Por tanto, infórmese que el sumario en que se actúa se encuentra en trámite y se señalaron las diez horas con diez minutos del veinticinco de julio de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional y mediante misiva que derive del presente, envíense las copias solicitadas.
- Principal
Toluca, Estado de México, once de julio de dos mil diecinueve. Intégrense las razones actuariales a través de las cuales, con la primera de ellas, la fedataria judicial adscrita a este órgano de control constitucional manifiesta su imposibilidad para notificar al quejoso Antonio Bernardino Florentino el acuerdo de nueve de los actuales, toda vez que al constituirse en las instalaciones del Centro Penitenciario y de Resección Social Santiaguito en Almoloya de Juárez, Estado de México, fue informada por el personal de seguridad de ese lugar, que no era deseo del quejoso acudir a notificarse, toda vez que el mismo se encontraba "jugando en el área de frontón". En consecuencia, toda vez que el acuerdo a comunicarle no le irroga perjuicio alguno sino por el contrario, con fundamento en el artículo 27, fracción III inciso a), en relación con el diverso 29 de la Ley de Amparo, practíquese la aludida notificación del auto de nueve de los cursantes, y la relativa al presente acuerdo por medio de las listas que se fijan en los estrados de este juzgado federal. Por lo que hace a la segunda de las razones actuariales que se proveen, la fedataria judicial comunica la imposibilidad que tuvo para hacer entrega del oficio 19809/2019, dirigido a la autoridad denominada "Subdirección de Prevención y Reinserción Social del Estado de México", por resultar inexistente. En consecuencia, con fundamento en el numeral 108, fracción III, de la ley de la materia, se deja de tener como autoridad responsable a la referida en el juicio en que se actúa. Por otra parte, intégrense el informe justificado y a la suspensión de plano rendidos por la autoridad que los suscribe, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, por un término continuo de tres días, para que manifiesten lo que a su interés convenga y respecto al informe a la suspensión de plano, este Juzgado queda enterado del cumplimiento a la medida cautelar otorgada. EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE ESTA FECHA, SE NOTIFICA AL QUEJOSO EL DIVERSO AUTO DE NUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIEICNUEVE POR MEDIO DE LISTA: "RADICACIÓN Vista la demanda promovida por Antonio Bernardino Florentino, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 906/2019-III-C. DESECHAMIENTO PARCIAL En el caso, el quejoso reclama: La orden de traslado a diverso centro carcelario. En ese sentido, toda vez que el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, a continuación se analiza la que se actualiza, es decir, la contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5°, fracción ll (aplicado a contrario sentido), ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ---------- (.) ------------------------------------------------------------------------- XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. ---------------------- Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: ----------------- (.) ------------------------------------------------------------------------- II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. ----------------------------------------------------------------- Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)." La disposición prevista en la fracción XXIII transcrita no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que se relaciona con las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional que derivan de la Carta Magna y de la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el propio artículo 61, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo ordenado en el artículo 5°, fracción II, de la citada legislación de la materia. Del análisis sistemático de los preceptos transcritos se advierte que la procedencia del juicio de amparo exige que en éste se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, pero no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias y con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos de los particulares, es decir, que trastoquen los derechos humanos de éstos. En este punto cabe destacar que la disposición en estudio no establece una definición clara de lo que debe entenderse por autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que sólo se refiere que es quien dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, esto es, únicamente se mencionan las formas en que la autoridad puede llevar a cabo aquellos actos de los entes u órganos del Estado que pueden ser materia de estudio en el juicio de garantías, pero no especificaron las cualidades que debe reunir una autoridad para ser considerada como tal exclusivamente para efectos de la procedencia del sumario constitucional. Es por eso que los tribunales del Poder Judicial de la Federación, especialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución, establecieron diversos precedentes a fin de dilucidar ese concepto para efectos del juicio de amparo, en términos de la legislación de amparo abrogada, los cuales se invocan por analogía. Al respecto, debe decirse que de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en interpretación del artículo 11 de la legislación de amparo abrogada, "autoridad responsable" para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una ley de origen público ejerce un poder jurídico que de manera unilateral, por sí y ante sí, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados, según se corrobora del texto de la tesis *** De lo anterior se tiene que además de los actos que puede llevar a cabo una autoridad según el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo (dictar, ordenar, ejecutar o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria), de acuerdo con la definición que sobre el particular se realiza en el criterio citado del Máximo Tribunal de la Nación, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que indefectiblemente inciden en la esfera de los particulares considerados como tales. En el caso, el quejoso reclama la orden de traslado a diverso centro de reclusión al en que se encuentra, a saber: el Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Santiaguito", con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México; así como su ejecución. Ahora bien, es importante señalar que el solicitante del amparo se encuentra interno en el mencionado centro carcelario y de la narración de los antecedentes del acto reclamado, que realizó bajo protesta de decir verdad, se aprecia lo siguiente: "Por otra parte le manifiesto que por informes de compañeros recluidos y custodios tuve conocimiento de que las autoridades que he señalado como responsables habían ordenado mi traslado a diverso cefereso sin ni siquiera notificarme tal resolución ." (Sic). Así las cosas, se puede determinar que las autoridades señaladas como responsables distintas al Director y Jefe de Vigilancia del Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Santiaguito", con residencia en Almoloya de Juárez; así como el Director General y Subdirector, ambos de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, todos del Estado de México, no tienen ni tendrán intervención en la emisión o ejecución del traslado reclamado, pues el quejoso se encuentra interno en el aludido centro penitenciario, de modo que su libertad personal sólo está bajo la custodia de las autoridades en comento y en todo caso la ejecución del traslado corresponderá a las autoridades administrativas de seguridad pública que materialmente, en ejercicio legal de sus atribuciones, tengan la encomienda de custodia material de un centro de reclusión a otro. Lo anterior, aunado a que únicamente las autoridades dependientes de la Dirección General de Prevención y de Reinserción Social del Estado de México, son competentes para emitir alguna orden de traslado en contra del quejoso; de modo que ni en la emisión de la orden de traslado ni en su ejecución tendrían intervención alguna autoridad carcelaria distinta al centro penitenciario en el que el solicitante del amparo está recluido; y si bien es cierto que el quejoso podría ser recluido en alguna otra de institución penitenciaria, el hecho de no tenerlas como autoridades responsables no le causa perjuicio, pues de ser el caso de que se conceda la suspensión del acto reclamado o aún la tutela judicial del amparo, respecto de las restantes autoridades por las que se admitirá la demanda, los alcances de tales actos jurídicos de decisión comprenderán no sólo a las autoridades ordenadoras sino también a las ejecutoras encargadas del traslado material del quejoso. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el numeral 5°, fracción ll, aplicado a contrario sentido de la ley de la materia, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se desecha parcialmente la demanda de amparo promovida Antonio Bernardino Florentino, al encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia, respecto de las autoridades señaladas como responsables en la demanda, mencionadas en el capítulo "C)Comisionado del órgano administrativo desconcentrado prevención y readaptación social, en el Estado de México, dependiente de la Secretaria Pública del Distrito Federal, D) Director general de ejecución de Sanciones del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, E) Al órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, F) Al titular de asuntos legales y derechos humanos del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, G) Dependiente de la comisión nacional de seguridad de la secretaria de gobernación, H) Jefe del departamento de la secretaria de gobernación, I) Al comisionado del órgano administrativo, J) A la secretaría de seguridad pública del distrito federal, ciudad de México, K) la secretaría de seguridad ciudadana del estado de México, L) A la secretaria general de gobierno del estado de México, M) A la secretaría general de gobierno de la ciudad de México, y O) Secretaria de gobierno del estado de México", así como a las consecuencias de la orden de traslado, por las razones expuestas en párrafos precedentes. Sin que con esta determinación se deje en estado de indefensión al quejoso, en virtud de que en caso de que el acto reclamado a las autoridades responsables ordenadoras sea cierto, éstas deberán hacer del conocimiento de este Juzgado de Distrito a qué autoridad corresponde llevar a cabo la ejecución de la orden de traslado que por esta vía se reclama. Además, tal determinación guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y, en caso de admitir la demanda de amparo por todas las autoridades indicadas por el quejoso, se retardaría la integración del asunto que se provee. ADMISIÓN Por otra parte, se admite a trámite la demanda, únicamente en lo que respecta al acto reclamado consistente en la orden de traslado a diverso centro de reclusión, con respecto a las autoridades citadas en esta determinación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN No ha lugar a formar el incidente de suspensión, puesto que el acto reclamado es materia de suspensión de plano. SUSPENSIÓN DE PLANO. Con fundamento en los artículos 125, 126 y 161, todos de la Ley de Amparo se suspende de plano todo acto de traslado a diverso centro de reclusión. Lo anterior comuníquese de inmediato por oficio a las autoridades señaladas como responsables para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Se previene a dichas autoridades para que en el término de veinticuatro horas, informen acerca de la forma y términos en que hayan dado cumplimiento a ésta suspensión de plano, agregando a dicho informe copia certificada de las constancias respectivas, a fin de acreditar su dicho. La suspensión aquí otorgada meramente con base en la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, podrá ser inobservada por las autoridades penitenciarias, ante el desconocimiento que tiene este órgano de los pormenores de la orden de traslado reclamada; si previo a la presente determinación está acreditado, fundada y motivadamente, y atendiendo en lo conducente a la Ley Nacional de Ejecución Penal, que el traslado tiene origen en: 1. Una inicial solicitud voluntaria de traslado por parte del quejoso; 2. Exigencias procesales, como puede ser el hecho de que exista sentencia firme que la avale, o que la orden provenga de autoridad jurisdiccional o bien, en los supuestos motivados por las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del inculpado y otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso; 3. Riesgo objetivo de la salud o la integridad del recluso quejoso; 4. Peligro para los internos; 5. Seguridad del propio quejoso; 6. Seguridad o gobernabilidad del Centro Carcelario; y, 7. Tratándose de Delincuencia Organizada y por medidas especiales de seguridad. En ese orden, la suspensión concedida no surtirá efectos si la orden ya se ejecutó con antelación a la presentación de la demanda de cuenta. MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL Dese la intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para lo cual en la actuaría se deja copia de la demanda. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las diez horas con diez minutos del veinticinco de julio de dos mil diecinueve. REQUERIMIENTO DE INFORMES Toda vez que el acto reclamado consiste en una orden de traslado emitida por autoridades administrativas, lo cual ha sido declarado inconstitucional por el Alto Tribunal del país; con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del plazo de tres días contados a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copia certificada legible, completa y ordenada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Debe precisarse que el término señalado no implica violación procesal alguna, atendiendo al derecho humano que se dice violado y el propio precepto señala que en los casos en que se impugne la aplicación por parte de la autoridad responsable de normas generales consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia decretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los Plenos de Circuito, el informe con justificación se reducirá a tres días improrrogables. *** De igual forma, la tesis CLXVI/2014, consultable en la página ochocientos veinticuatro, de abril de dos mil catorce, tomo I, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de título siguiente: "TRASLADO DE PROCESADOS. LA ORDEN RELATIVA, DEBE AUTORIZARLA EL JUEZ QUE INSTRUYA LA CAUSA PENAL." Bajo apercibimiento que de ser omisas en rendir el informe conforme a los lineamientos antes detallados, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización. Por otra parte, de actualizarse alguna causa de sobreseimiento, deberán informarlo de inmediato; en caso de no hacerlo se harán acreedoras a una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización, de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 251, del ordenamiento invocado. La información puede ser enviada al fax (01.722) 2.36.05.00, extensión 3257 o VÍA INTERNET, al correo electrónico oficial tramite4@correo.cjf.gob.mx; confirmando a la extensión 3252. NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES Por otro lado, se hace del conocimiento a las autoridades responsables, que en términos del artículo 28, fracción I, 29, 30 y 31 de la Ley de Amparo, los acuerdos de trámite de menor trascendencia se les notificaran por lista, y los restantes por oficio. En apoyo se invoca la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, visible en la página 1253, de enero de dos mil trece, tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial y su Gaceta, cuyo rubro es: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. ". DOMICILIO Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso k), practíquense las notificaciones que este Juzgador considere necesarias, personalmente al quejoso en el centro de reclusión en el que se encuentra privado de su libertad. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles."
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