Antonio Bedoya Gómez
Expediente 581/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 581/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Antonio Bedoya Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
ACUSE COLEGIADO INCOMPETENCIA. Agréguese el oficio referido en la cuenta. Se tiene a la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito acusando recibo del oficio a través del cual se remitió el juicio de amparo promovido por Cutberto García Melo, Antonio Bedoya Gómez, Cándido Gómez Romero, José Luis Skinfield Yáñez, Heriberto Mendoza Carranza, José Ernesto Ramírez Osorio, José Alfredo Yáñez Melo, Pedro Jarillo Izarza, Pedro Guzmán García y Lucio Ramírez Yáñez, quienes se ostenta como integrantes de la asamblea general de la Sociedad Cooperativa de Producción Fundición de Apulco, Sociedad Cooperativa Limitada, y copias del escrito inicial, con motivo de la competencia declinada por este juzgado federal. De igual modo, la autoridad oficiante informa que se radicó el juicio bajo el número de amparo directo 386/2021...M-I
- Principal
CUMPLE ACLARACIÓN. Agréguese el escrito a través del cual Pedro Guzmán García, representante común de los quejosos, realiza diversas manifestaciones en cumplimiento a la prevención de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. INCOMPETENCIA. Con fundamento en el artículo 47 en relación con el diverso 170, ambos de la Ley de Amparo, esta juzgadora se declara legalmente incompetente para conocer del asunto, en virtud de que, en contra el acto reclamado, procede el juicio de amparo directo. En efecto, el artículo 170, fracción I, de la ley de Amparo, prevé: Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. (.) De la lectura de los artículos transcritos se advierte que la procedencia del juicio de amparo directo se limita a sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo; entendiéndose por resoluciones las que pongan fin al juicio. Así, las sentencias definitivas o laudos son aquellas determinaciones que dictan los tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo que deciden el juicio en lo principal, es decir, contienen un pronunciamiento sobre la materia que constituyó la litis del asunto sometido a su potestad, declarando el derecho que corresponda a cada una de las partes como resultado del análisis de sus planteamientos y de las pruebas que aportaron. Luego, las resoluciones que ponen fin al juicio son las que lo dan por concluido en forma anticipada; éstas se distinguen de las sentencias definitivas porque no contienen pronunciamiento sobre las pretensiones de las partes, sino que terminan el juicio por actualizarse causales de desechamiento, de sobreseimiento (desistimiento de la acción, muerte alguna de las partes, convenio judicial o extrajudicial, entre otras), la incompetencia del tribunal que conoce, en algunos casos, así como la inactividad procesal de las partes interesadas en que se dirima la controversia legal de que se trate. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio se advierte que los quejosos reclaman del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, el auto de ocho de abril del año en curso, dictado en el juicio ordinario civil 289/2021, en el que (i) se desechó la demanda promovida en la vía ordinaria civil en virtud de que las prestaciones reclamadas son de naturaleza mercantil y (ii) se ordenó el archivo definitivo del asunto. Como se advierte, el acto reclamado, aunque no dirimió el juicio en lo principal, es una determinación formal que dio por concluido el juicio ordinario civil, de ahí que en su contra proceda el juicio de amparo directo en términos de lo dispuesto por el artículo 170, fracción I, de la ley de la materia. Por las razones que la sustentan, se cita la jurisprudencia 2a./J. 65/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital 195616, de rubro y texto: DEMANDA AGRARIA. EL ACUERDO QUE LA DESECHA, PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, PROCEDE EN SU CONTRA EL AMPARO DIRECTO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, se desprende que los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer, en amparo directo, de las demandas promovidas en contra de resoluciones que, sin decidir la controversia planteada, dan por concluido el juicio. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia ha estimado que el juicio se inicia, para los efectos del amparo, con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente. En tal virtud, el acuerdo que desecha una demanda agraria, constituye una resolución que pone fin al juicio, por lo que el competente para conocer del amparo, lo será un Tribunal Colegiado de Circuito, en la vía directa. En esas condiciones, por medio de oficio, remítase el juicio de amparo promovido por Cutberto García Melo, Antonio Bedoya Gómez, Cándido Gómez Romero, José Luis Skinfield Yáñez, Heriberto Mendoza Carranza, José Ernesto Ramírez Osorio, José Alfredo Yáñez Melo, Pedro Jarillo Izarza, Pedro Guzmán García y Lucio Ramírez Yáñez, quienes se ostenta como integrantes de la asamblea general de la Sociedad Cooperativa de Producción Fundición de Apulco S.C.L. al Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, en turno, a efecto de que resuelva lo procedente respecto de la cuestión de competencia planteada. Fórmese cuaderno de antecedentes...M-I
- Principal
NO CUMPLE ACLARACIÓN. Agréguese el escrito signado por Alfonso Carranza Melo, autorizado de los quejosos en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a través del cual pretende dar cumplimiento a la prevención de diecisiete de mayo de este año, para lo cual, exhibe copia certificada de la constancia con la que los quejosos acreditan el carácter que ostentan y, bajo protesta de decir verdad, narra los antecedentes del acto reclamado. Sin embargo, no ha lugar a tener por cumplida dicha prevención, toda vez que el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifiesten los antecedentes "bajo protesta de decir verdad", pues al constituir un acto de carácter personalísimo sólo puede realizar quien la promovió; sin que dicha actuación pueda quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la presentación de la demanda. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 210, registro 2007285, de rubro y texto: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. Tomando en consideración que, de la certificación de cuenta, se advierte que la promoción fue recibida el veinticuatro de los corrientes, es decir, sin que hubiera trascurrido el término que se concedió a los quejosos; hágase de su conocimiento que aquel plazo se interrumpió con la presentación del escrito de cuenta; por tanto, aún tienen cinco días hábiles, a fin de que subsanen las deficiencias advertidas en la demanda, mismo que se contará a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído; en el entendido de que subsiste el apercibimiento decretado en el auto de diecisiete de mayo del año en curso. Se invoca por ser aplicable, la tesis III.2o.A.38 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, Abril de 2005, página 1323,que es del tenor siguiente: ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY RELATIVA SE INTERRUMPE CON LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO CORRESPONDIENTE Y HASTA EN TANTO SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO QUE LE RECAIGA. En atención a la finalidad que anima el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia 2a./J. 106/2003, de la Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, noviembre de 2003, página 133, cuyo rubro es: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO.", que no es sino dar oportunidad al quejoso de conocer en forma oportuna y fehaciente cuáles son las deficiencias o irregularidades de su demanda, que no logró solventar mediante el escrito que hubiere presentado con esa intención, es obvio que sin dejar de observar lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, tampoco debe soslayarse lo que prevé el numeral 34, fracción II, de la citada norma, en el sentido de que las notificaciones surten sus efectos el día siguiente al en que se practican, salvo las que atañen a las autoridades responsables. Por ende, al computar el término legal a que se refiere el primero de los preceptos citados, debe estimarse que el plazo de tres días concedido al quejoso para aclarar o subsanar su demanda, se interrumpe por una sola vez, con la presentación del escrito aclaratorio, y se reanuda hasta el día siguiente al en que surte efectos la notificación que se le practique del acuerdo que a ese ocurso recaiga, pues resulta lógico que en ese lapso el interesado no esté en aptitud de hacer precisión alguna, sino que se encuentra en espera de que se le entere legalmente de las razones por las que a pesar de su intento no logró colmar lo requerido para que su demanda no se tenga por no interpuesta, según la prevención inicial....M-I
- Principal
NOTIFICACIONES PERSONALES POR LISTA. Vista la razón por medio de la cual el actuario judicial adscrito asentó la imposibilidad que tiene para notificar de manera personal a la parte quejosa el auto de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, por las razones que expone. A efecto de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese el citado auto, asi como las subsecuentes notificaciones de carácter personal por medio de lista, hasta en tanto señale nuevo domicilio ...SE ORDENA NOTIFICAR POR LISTA AL QUEJOSO, LAS SUBSECUENTES RESOLUCIONES AUN LOS DE CARÁCTER PERSONAL, ASÍ COMO LA DIVERSA DE FECHA diecisiete de mayo EL AÑO EN CURSO, MISMA QUE ACUERDA: "Pachuca de Soto, Hidalgo; diecisiete de mayo de dos mil veintiuno.RADICACIÓN. Con la demanda promovida por Cutberto García Melo, Antonio Bedoya Gómez, Cándido Gómez Romero, José Luis Skinfield Yáñez, Heriberto Mendoza Carranza, José Ernesto Ramírez Osorio, José Alfredo Yáñez Melo, Pedro Jarillo Izarza, Pedro Guzmán García y Lucio Ramírez Yáñez, en su carácter de integrantes de la asamblea general de la Sociedad Cooperativa de Producción Fundición de Apulco S.C.L., contra actos del Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, fórmese el cuaderno y regístrese el expediente en el libro de gobierno con el número 581/2021-I. PREVENCIÓN. Los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, señalan: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame (.)" "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado (.) Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. (.)" Conforme a la norma reproducida, el juez de amparo debe requerir al promovente para que aclare la demanda cuando haya alguna irregularidad en ésta, se omita alguno de los requisitos que establece el numeral 108 Ley de Amparo, o no se exhiba el documento que acredite la personalidad o el que se adjunte sea insuficiente. IRREGULARIDAD. Ahora bien, de un análisis integral del escrito de demanda se advierte que es irregular. En principio, cabe señalar que los artículos 6 y 11 de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. (.)" De conformidad con tales numerales, el juicio de amparo solo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, y dicha persona puede promover el juicio por sí misma, por su representante legal o su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la ley. Además, cuando quien comparezca en el juicio de amparo en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, para que le sea admitida en el procedimiento constitucional debe acreditarlo fehacientemente con las constancias respectivas. En el caso, Cutberto García Melo, Antonio Bedoya Gómez, Cándido Gómez Romero, José Luis Skinfield Yáñez, Heriberto Mendoza Carranza, José Ernesto Ramírez Osorio, José Alfredo Yáñez Melo, Pedro Jarillo Izarza, Pedro Guzmán García y Lucio Ramírez Yáñez, se ostentan como integrantes de la asamblea general de la Sociedad Cooperativa de Producción Fundición de Apulco S.C.L., sin embargo, no adjuntaron a su demanda el original o copia certificada de la constancia con la que acrediten tal representación. Por otra parte, los quejosos señalan como acto reclamado el auto de ocho de abril del año en curso del índice del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. No obstante, de la narrativa de los antecedentes no se advierte con claridad cuál es el contenido de dicho acuerdo, la fecha en que fue notificado, el número de expediente y tipo de juicio del que deriva el acto reclamado, ni el estado procesal del juicio de origen. En esas condiciones, con fundamento en los artículos 6, 11, 112 y 114 de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa para que, dentro del término de cinco días: a) Exhiban original o copia certificada completa y legible de la constancia con la que acrediten el carácter que ostentan como integrantes de la asamblea de la Sociedad Cooperativa de Producción Fundición de Apulco S.C.L., o bien copia certificada del proveído a través del cual la autoridad responsable les reconoció tal carácter. b) Manifiesten, bajo protesta de decir verdad, (i) el contenido del auto reclamado, (ii) la fecha en que les fue notificado, (iii) el número de expediente en que se dictó y (iv) el tipo de juicio del que deriva el acto reclamado, así como (v) el estado procesal que guarda el expediente en que se emitió el acto reclamado. La narración, bajo protesta de decir verdad, de lo antecedentes del actor reclamado es esencial, ya que crea certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio biinstancial pues es el único elemento con el que se cuenta para tomar las decisiones relativas a la procedencia del juicio y admisión de la demanda. Aunado a que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la jurisprudencia 2a./J. 161/2013 (10a.), dispuso que la omisión de señalar en la demanda de amparo la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna. El citado criterio jurisprudencial puede ser consultado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo II, Febrero de 2014, Libro 3, página 1079, cuyo rubro y cuyo texto son: DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norma el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado. Se informa a los promoventes que, en caso de afirmar hechos falsos u omitir los que les consten en relación con los actos reclamados, podrían hacerse acreedores a una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización; de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO. Quedan apercibidos de que, si no dan cumplimiento a las prevenciones formuladas se tendrá por no presentada la demanda de amparo en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. REPRESENTANTE COMÚN DE LOS QUEJOSOS. Se tiene a los quejosos nombrando representante común de los quejosos a Pedro Guzmán García, en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como tal el ubicado en calle Lomas de la Plata, número 109, colonia Monte Auvernia, Villas de San Antonio, código postal 42083, de esta ciudad. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Alfonso Carranza Melo y Carlos Hernández García. Asimismo, se tienen como autorizados únicamente para recibir notificaciones a Gabriela Jocelin Carranza Sánchez, Flor Sánchez Ratoni, Magali Guzmán Jarillo, Judith Baños Noya y Lucio Ramírez Granillo. CONSULTA DEL EXPEDIENTE A LA PARTE QUEJOSA. Con fundamento en los preceptos 3 y 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se autoriza a dicha parte la consulta del expediente electrónico por medio de los usuarios Alfonso 57. NÚMERO TELEFÓNICO Y CORREO ELECTRÓNICO DE LA PARTE QUEJOSA. Se le tiene proporcionando el número telefónico 5591648332, así como el correo electrónico alfonsocarranza57@hotmail.com para que, de ser necesario, este juzgado federal establezca comunicación. En el entendido de que dichos medios no sustituyen el lugar para recibir notificaciones, sino que conforme lo dispone el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, únicamente son el medio para tener comunicación no procesal. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO MÓVIL Y CORREO ELELTRÓNICO A LAS PARTES. Con fundamento en la fracción I del artículo 5 del acuerdo general de referencia, se requiere a las partes para que, dentro del término de tres días, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a fin de que personal de este juzgado federal establezca contacto, en caso de ser necesario, en la inteligencia de que, por certeza jurídica, las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. SE EXHORTA A LAS PARTES A MEJORAR LA COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMITE DEL JUICIO. Se exhorta a las partes para que soliciten el acceso al expediente electrónico en el juicio mercantil en que se actúa y que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, para lo cual deberán señalar el «nombre de usuario» que al efecto se le proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, acorde a los artículos 16, 17, 18, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 relacionados con el diverso 22 del Acuerdo General 21/2020. PUBLICACIÓN DE LISTAS. Dado que aún no se permitirá la entrada normal de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, adicionalmente este juzgado remitirá por correo electrónico a la administración las listas a publicar las cuales serán colocadas en la entrada del edificio para consulta de los interesados. MEDIOS PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN NO PROCESAL CON LAS PARTES. Por certeza jurídica las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, ya sea correo electrónico o número telefónico, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la Circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza tanto a la promovente como a sus autorizados el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, a efecto de imponerse para oír y recibir notificaciones de los acuerdos dictados en el presente juicio. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas). HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo".... así como las subsecuentes notificaciones de carácter personal, por medio de lista, hasta en tanto señale nuevo domicilio para tal efecto...M-I
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · 11,652 expedientes
- Antonio Amador Montiel1319/2017
- Antonio Amador Montiel143/2020
- Antonio Amador Montiel786/2017
- Antonio Amador Montiel1329/2016
- Antonio Amador Montiel936/2017
- Antonio Bedoya Gómez582/2021
- Antonio Cabrera Ramírez559/2023
- Antonio Cedeño Martínez1072/2017
- Antonio de Jesús Cervantes Cervantes305/2023
- Antonio de Jesús García Montes1895/2023
- Antonio de Jesús López Reyes599/2018
- Antonio de Jesús Navarro Santillán1115/2019