ANTONIO BARRERA CAMPOS y Otros.

Expediente 1616/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1616/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
09/12/2019

Partes del expediente

  • ANTONIO BARRERA CAMPOS y Otros.
  • Antonio Barrera Campos

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VI.-Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, sin que los promoventes del juicio de amparo hayan interpuesto recurso de queja, conforme al diverso numeral 99 de la citada legislación, en contra del auto de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ***********, por propio derecho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido... .CSH

  2. Principal

    RAZÓN. SE NOTIFICA PERSONALMENTE A LA QUEJOSA. Vista la demanda de amparo promovida por ******, por propio derecho, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Nueve, con sede en la Ciudad de Cuautla, Estado de Morelos; regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 1616/2019, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) fórmese expediente impreso y electrónico. Ahora, el artículo 112 en relación con el 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Los citados artículos imponen la obligación al Juez de Distrito de examinar, dentro del término de veinticuatro horas, con todo detenimiento, el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto; de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Por su parte, el numeral 113 de la Ley de Amparo, refiere que se deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Sirve de apoyo en cuanto al criterio la siguiente jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Materia Común, visible en la Página 1631, Tomo XX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2004, registro 180663, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: ? El auto de doce de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en los autos del expediente agrario 257/2019 del índice del Tribunal Unitario Agrario Número Cuarenta y Nueve, con sede en Cuautla, Morelos. En ese sentido, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que, el acto que se combate en esta vía constitucional es un acto que no tiene una ejecución de imposible reparación, es decir, no afecta materialmente de manera inmediata algún derecho sustantivo de los quejosos protegido por la Constitución y los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte. En efecto el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción V, y 172 fracciones III y V, aplicado a contario sensu, del citado ordenamiento, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." (.) "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)". (El destacado no es de origen). Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; [.] En ese sentido, de acuerdo al principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación; entendiéndose por tales aquéllas cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado tutelados por la Constitución Federal, por medio de los derechos humanos, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien los sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de las posibles violaciones se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Bajo esa connotación, se puede advertir que, los actos procesales no tienen efectos sobre las cosas o las personas en sus derechos sustantivos, pues sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento. En esa línea de estimación, tenemos que el acto reclamado en esta instancia constitucional, consiste en el auto de doce de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en los autos del juicio agrario 257/2019 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Nueve, con sede en Cuautla, Morelos, por medio del cual la autoridad señalada como responsable determinó no admitir las pruebas ofrecidas por los quejosos consistentes en la confesional en vía de informe a cargo del Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el informe de autoridad a cargo del Presidente Comisariado en funciones del Ejido de Atlatlahucan, Morelos. Tal acto únicamente tiene efectos intraprocesales, pues solo trae como consecuencia que no sean admitidas dichas pruebas, por lo que las pretensiones de la parte quejosa pueden quedar satisfechas si obtiene resolución favorable en el juicio natural; por lo mismo, no vulnera derechos sustantivos, ya que éstos podrán, en su caso, ser reclamados en conjunto una vez dictada la resolución definitiva, si es que le resulta desfavorable a sus intereses, lo anterior, tomando en consideración que los mismos están contemplados como posibles violaciones al procedimiento previstas por el artículo 172 fracciones III y V , de la Ley de Amparo, por lo que las violaciones procesales podrán reclamarse en la vía constitucional al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, se pretendía evitar que diversas actuaciones de un mismo procedimiento dieran origen a múltiples juicios de amparo, provocando el retraso en la resolución del asunto respectivo. Por ello, se considera que además del hecho de que podrían repararse en sentencia tales violaciones, en el caso, el auto reclamado, era conveniente concentrar en una sola demanda la impugnación de aquellas actuaciones que trascendieran al fallo y que el propio legislador contempló en el artículo antes invocado. De modo que dichos actos no constituyen un acto que su ejecución sea de reparación imposible, y por ende, no procede el amparo indirecto para reclamarlo; puesto que, sólo tiene efectos intraprocesales. Lo anterior no deja en estado de indefensión al quejoso ya que en su momento podrá hacer valer las violaciones procesales que considere pertinentes, conjuntamente con la resolución definitiva en caso de serle desfavorable. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis III.1º.C.24 K, visible en la página 1062 del tomo XI, correspondiente al mes de enero de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "VIOLACIONES PROCESALES. SISTEMAS DE IMPUGNACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, estatuye la procedencia del juicio en la vía biinstancial contra actos emitidos en juicio sólo cuando éstos tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, a lo cual debe atenderse primordialmente para establecer si contra un acto intraprocesal procede el juicio de amparo ante el Juez de Distrito, con independencia de si la propia violación procesal pudiera repararse en el amparo directo que luego se promoviera contra el fallo definitivo adverso, dado que puede acontecer que dicha violación no fuera de las enumeradas, o sus análogas, en el artículo 159 de aquella ley, o bien que no trascendiera al sentido del fallo, pero, además, que tampoco tuviera una ejecución sobre las personas o las cosas que fuera irreparable, calidad que no se obtiene automáticamente por aquella circunstancia, sino de la naturaleza y consecuencias de la propia violación, y es dicha calidad la que hace procedente el amparo indirecto. Es decir, que la exclusión de una de esas vías del amparo no lleva necesariamente a la procedencia de la otra, y viceversa, porque la procedencia del juicio de amparo en cualquiera de sus vías contra actos intraprocesales está condicionada a requisitos específicos que, de no surtirse, puede hacer incluso que la acción de amparo no proceda en ninguna de ellas" Por tanto, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por los quejosos Antonio Barrera Campos y Daniel Barrera Campos, por propio derecho. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y por autorizados únicamente para los mismos efectos a Alejandro Hernández Morales, Pablo Ríos Parra y Rodrigo Bautista Hernández, toda vez que sus cédulas profesionales no se encuentra en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo se habilitan días y horas inhábiles al actuario de la adscripción, para la práctica de todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, aún las de carácter personal. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa mas no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto.

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