Antonio Barragán Reyes y Otros.
Expediente 1055/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 15 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1055/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 11/12/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Antonio Barragán Reyes y Otros.
- Tomás Bautista Ordoñez y Otros.
- Ceferina Pérez Valera y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Del estado procesal que guardan estos autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este asunto. Por lo que, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletoriamente aplicado, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, la sentencia con la cual se sobreseyó en el juicio para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. No obsta a la anterior determinación, la circunstancia de que no se cuente con el acuse de recibo relativo al oficio a través del cual se hizo del conocimiento a la autoridad responsable, con sede en México, Distrito Federal, la sentencia con la cual se sobreseyó en el juicio; lo anterior es así, ya que la misma no afecta directamente el acto que de ella se reclamó en términos de lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, pues como se dijo en líneas precedentes este asunto fue sobreseído.
- Principal
Por lo expuesto y fundado, se resuelve: RESOLUTIVOS PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Antonio Barragán Reyes, Tomás Bautista Ordoñez, Ceferina Pérez Valera, Gaudencia Olvera Martínez y Lucina Saavedra Galindo, quienes se ostentan como Presidente, Secretario, Tesorera, Primer Vocal y Segundo Vocal, respectivamente, del Comité de Vigilancia, Prevención y Protección de Parcelas Ejidales en zona de alto riesgo al margen del Río Bobos localizado en parte baja del puente dos, en el Ejido "El Cañizo", Municipio de Martínez de la Torre, Veracruz, en contra del acto reclamado a la autoridad precisada en el resultando primero, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Como está ordenado en el considerando quinto, entréguese copia autorizada del presente fallo a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. TERCERO. Cúmplase lo establecido en el considerando último de esta resolución.
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, a través del cual cumple con el requerimiento efectuado en autos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con su contenido dese vista a las partes por el término de TRES DÍAS para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, y tómese en cuenta al momento de resolver este asunto de conformidad con los artículos 75 y 124 de la Ley de Amparo.
- Principal
Del estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que obra en copia simple el Acta de Asamblea General Ordinaria de ejidatarios del núcleo ejidal "El Cañizo", del Municipio de Martínez de la Torre, Veracruz, celebrada el treinta de marzo de dos mil catorce, con la cual, Antonio Barragán Reyes, Tomas Bautista Ordoñez, Ceferina Pérez Valera, Gaudencia Olvera Martínez y Lucina Saavedra Galindo, pretenden acreditar la personalidad con la que se ostentaron como Presidente, Secretario, Tesorera, Primer Vocal y Segundo Vocal, respectivamente, del Comité de Vigilancia, Prevención y Protección de Parcelas Ejidales en zona de alto riesgo al margen del Río Bobos localizado en parte baja del puente dos, en el Ejido "El Cañizo", de dicho municipio. Por tal motivo, a efecto de permitir el efectivo acceso a la jurisdicción en favor de la parte quejosa, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el diverso 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al Delegado del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, para que en el término de TRES DÍAS contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, informe a este juzgado si fue debidamente registrada ante esa dependencia el Acta de Asamblea General Ordinaria de ejidatarios del núcleo ejidal "El Cañizo", del Municipio de Martínez de la Torre, Veracruz, y de ser el caso, remita copia certificada en orden, legible y completa de dicha acta, o bien, manifieste el impedimento legal que tenga para ello; apercibido que de no hacerlo en el término señalado, se le impondrá una multa por el equivalente de CINCUENTA A MIL días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la tesis siguiente: Novena Época Registro: 199454 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Febrero de 1997 Materia(s): Común Tesis: P./J. 17/97 Página: 108 "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Para dar margen a lo anterior, no ha lugar a celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy; en su lugar, se fijan las ONCE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE para que tenga verificativo, la cual se fija objetivamente atendiendo a la disponibilidad de fechas que presenta la agenda de audiencias.
Quedan 11 actuaciones en este expediente
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