Antonio Aviléz López

Expediente 683/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
683/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
11/09/2018

Partes del expediente

  • Antonio Aviléz López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio; por tanto, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2° de la ley de la materia, se declara que dicha resolución que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria, debiendo glosar al oficio que se envíe a la autoridad responsable copia autorizada de la misma. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, toda vez que el presente juicio se encuentra definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la citada ley archívese el mismo. Por otra parte, de las constancias de autos se advierte que el presente expediente carece de relevancia documental de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio, sin que se advierta del mismo, documento alguno en original exhibido por la partes; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo y Vigésimo Primero, supuestos II, del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de ser Destruido.

  2. Principal

    R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Antonio Avilez López, contra los actos que reclamaron de la autoridad responsable Presidente del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, por los motivos establecidos en los considerandos tercero y quinto de este fallo.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta encargada del despacho por Ministerio del Ley, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en auto de veintiséis de julio del presente año, envía copia certificada de la constancia que le fue solicitada; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su derecho convenga.******************** Tiene aplicación por identidad de razón, la tesis I.5º.C.2 K, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, Agosto de 1995, página 594, del rubro y texto:********************

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, de lo que se aprecia que se encuentra programada para este día la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, al no encontrarse integrado debidamente el expediente en que se actúa. En tal virtud, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, requiérase a la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, para que en el término de tres días siguientes a aquél en que reciba el oficio de notificación del presente proveído, envíe copia certificada del acuerdo de veintidós de junio del presente año, en el que proveyó respecto del escrito presentado por el apoderado legal de la parte actora, el diez de abril del año en curso, dentro del expediente laboral 715/2012, como lo refirió en el oficio a través del cual rindió su informe justificado; en virtud de que dicha constancia resulta necesaria para emitir la resolución que en derecho proceda en el juicio de amparo que nos ocupa. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, dentro del término incidado, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, con arreglo en el artículo 260 fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Tiene aplicación al caso en lo conducente la tesis P./J. 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro y texto siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.- De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues a aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." A fin de dar margen a lo anterior, la celebración de la audiencia señalada para este día se difiere, y en su lugar se fijan las DOCE HORAS DEL VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo.

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