Antonio Avilés Nieto

Expediente 1095/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1095/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
09/09/2019

Partes del expediente

  • Antonio Avilés Nieto

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refieren los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la ley de amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de veinte de agosto del año actual (fojas 8 a 12), mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado y queda firme. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina; De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el presente expediente transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se destruirá en su totalidad, porque se desechó la demanda de amparo. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, histórica ni jurídica, y no existen documentos originales que devolver a las partes, de acuerdo a la certificación que antecede.

  2. Principal

    Visto el escrito de demanda de amparo promovida por **, por propio derecho, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero. Regístrese en el libro de gobierno con el número 1095/2019 y fórmese expediente. Analizada la demanda en su integridad, se advierte que la misma resulta improcedente en virtud del acto reclamado, puesto que es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, los cuales son los que marcan los artículos, 61, fracción XXIII, 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, 113 y 171, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, dado que en el capítulo de acto reclamado la parte quejosa señala la resolución interlocutoria de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, que resolvió lo siguiente: "Por recibido el escrito firmado por el Licenciado Rigoberto Campos García, atento a su contenido y con fundamento en los artículos 9 y 265 del Código Procesal Civil del Estado, en uso de las facultades de dirigir el proceso de acuerdo a las disposiciones legales, se regulariza el procedimiento en el presente asunto y se deja sin efecto únicamente la parte relativa del proveído de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, que tiene por interpuesta la demanda reconvencional de usucapión en contra del actor ANTONIO AVILÉS NIETO, pues en el caso de los derechos del tercero llamado a juicio son limitados, en calidad de litisconsorte, no puede reconvenir al actor, ya que este derecho es solo del demandado, y se deja subsistente la audiencia previa y de conciliación, en el auto admisorio de pruebas, del veintiuno de enero del dos mil diecinueve, así como la audiencia de pruebas y alegatos del seis de marzo del mismo año." En efecto, por lo que respecta al acto reclamado antes transcrito, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, y los diversos numerales 113 y 171, todos de la Ley de Amparo, que en su orden disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo." De la lectura armonizada de los dispositivos legales transcritos, se desprende la notoria improcedencia de la demanda en estudio, en virtud de que el acto reclamado por la parte quejosa, consiste en la interlocutoria de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, que resolvió dejar sin efectos el auto de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, que tuvo por interpuesta la reconvención de usucapión en contra del actor aquí quejoso Antonio Aviles Nieto, sustentada en que los derechos del tercero llamado a juicio en su calidad de litisconsorte son limitativos y no puede reconvenir al actor, asimismo, dejó subsistente la audiencia previa y de conciliación, y la audiencia de pruebas y alegatos dentro del juicio de origen, acto que no es de aquellos de ejecución irreparable para la procedencia del juicio de amparo biinstancial atento a la hipótesis prevista por el artículo 107, Constitucional, fracción III, inciso b), que dicen: "Artículo. 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I.-.. II.-.. III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales y administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a).. b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, ." Pues de la interpretación sistemática y armónica de dichos normativos, se llega a la reflexión que el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito, contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; irreparabilidad que se refiere a una verdadera ejecución material que debe perdurar independientemente y a pesar del sentido del fallo final; destacándose que los actos de carácter procesal sólo tiene una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente algunos de los llamados derechos fundamentales del hombre, como lo es, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, ya que esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufra obtenga sentencia favorable en sus pretensiones en el juicio. Pues en el caso propuesto, el acto reclamado por la parte quejosa constituye una violación procesal cometida dentro de la secuela del proceso, por ser inconcuso que la interlocutoria de mérito es una violación procesal que debe ser reclamable hasta que se dicte el fallo definitivo, a través del juicio de amparo directo, porque no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues los actos de ejecución de esta resolución son reparables, y sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, cuyas consecuencias se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. En ese sentido, la interlocutoria de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, dictada por el Juez de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, no afecta ningún derecho sustantivo tutelado por la ley, como se dijo, dado que con la violación reclamada, por el momento ni siquiera se está en posibilidad de saber sí habrá o no de trascender al resultado del fallo, el cual de la demanda de amparo se advierte que aún no se ha dictado; por lo que en caso de que esta violación procesal trascienda a su resultado y le resulte adverso, podrá reclamarla analógicamente en la vía de amparo directo en contra de la sentencia definitiva en términos de lo dispuesto por el numeral 171 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Cobra aplicación al caso por analogía la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, de rubro y texto siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2006576 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III Materia(s): Común Tesis: II.1o.C.4 K (10a.) Página: 2075 LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA EL PROVEÍDO QUE DETERMINA QUE NO SE ACTUALIZA DICHA INSTITUCIÓN, CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 169/2012 (10a.)]. De conformidad con el artículo 107, fracción V, de la referida ley, el juicio de amparo indirecto procede "contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte", esto es, en dicho precepto se define el concepto de ese tipo de actos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar algunos de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados constitucional y convencionalmente, como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, cuyos efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien sufre la afectación obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Ahora bien, el litisconsorcio pasivo necesario se actualiza cuando hay necesidad de que dos o más demandados tengan intervención en el proceso, en virtud de que la cuestión litigiosa la constituye cierta relación jurídica en la que aquéllos están interesados en forma indivisible y que, por ello, no admite resolverse por separado sin audiencia de todos ellos y en un mismo juicio, pues la sentencia que se dicte les puede deparar perjuicio, esto es, el objetivo de que exista dicha institución se concreta en que sólo pueda haber una sentencia válida cuando se llama a todos los litisconsortes, pues no sería posible condenar a una parte, sin que la condena alcanzara a la otra y, precisamente, por esa teleología, el litisconsorcio pasivo necesario constituye un presupuesto procesal que incluso debe analizarse de oficio por el juzgador. Así pues, se considera que la resolución que confirma la diversa por la cual se determina que no se actualiza el litisconsorcio pasivo necesario solicitado por el demandado, es una violación procesal que debe ser reclamable hasta que se dicte el fallo definitivo, a través del juicio de amparo directo, porque no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues los actos de ejecución de esta resolución son reparables, y sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, cuyas consecuencias se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. No es óbice a lo considerado la jurisprudencia 2a./J. 169/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 2, enero de 2013, página 1230, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN EL JUICIO LABORAL. LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA QUE DETERMINA QUE NO SE ACTUALIZA DICHA INSTITUCIÓN ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO.", pues dicho criterio se considera inaplicable en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, debido a que se integró conforme a la ley de la materia vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, en donde se interpretaba el artículo 114, fracción IV, el cual no establecía lo que debía entenderse como un acto de ejecución de imposible reparación, mientras que en la ley vigente, el legislador decidió delimitar los alcances de ese término sólo para comprender los derechos sustantivos; además, si bien es cierto que en la jurisprudencia invocada se acepta que la figura del litisconsorcio pasivo necesario no sólo trasciende a aspectos procesales, sino que se extiende a la relación sustancial, también lo es que no se establece concretamente que se vulnere materialmente algún derecho sustantivo, por lo cual ya no resulta aplicable, al oponerse a la nueva legislación." En ese contexto, es inconcuso que el acto reclamado por la parte quejosa no contiene una violación que sea de imposible reparación pues de obtener sentencia favorable desaparecería el supuesto agravio y en caso contrario, como ya se dijo, tiene expedito su derecho para alegarlo como una violación procesal en términos del artículo 171 de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva en la que se considere que tal violación ahora reclamada trascienda al resultado del fallo. En mérito de lo expuesto, se desecha la demanda, con apoyo en el numeral 113, de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda, como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, en virtud de que sí cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, tal como se desprende de la certificación de cuenta y únicamente para oír y recibir notificaciones a las diversas personas que señala, dado que así lo silicitó expresamente. Notifíquese personalmente.

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