Antonio Aviles Hernández
Expediente 127/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 26 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 127/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 13/01/2016
Partes del expediente
- Antonio Aviles Hernández
- Pedro Romero Valdez
- Pedro Romero Valdez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
con fundamento en los articulos 27 FRACCION III INCISOS a), b) y c) y 305 y 306 del código federal de procedimientos civiles de aplicación supletoria a la ley de amparo notifico a la parte quejosa y a la parte tercero interesada el proveído de trece de enero de dos mil dieciseis que en lo conducente dice:"... se declara que la sentencia de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA..."
- Principal
Ensenada, Baja California, tres de diciembre de dos mil quince. Visto el escrito de cuenta, formulado por el quejoso Antonio Avilés Hernández; atento a su contenido, se le tiene desahogando la vista otorgada en proveído de veintiséis de noviembre de dos mil quince; agréguese a los autos para que obre como corresponda, lo que será tomado en consideración al momento en que este órgano jurisdiccional se pronuncie con relación al cumplimiento de la sentencia de amparo, de conformidad con el artículo 196 de la ley de la materia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ensenada, Baja California, veintiséis de noviembre de dos mil quince. Visto el oficio de cuenta, suscrito por la Juez de Primera Instancia Penal en San Quintín, Baja California; atento a su contenido, téngasele remitiendo en cumplimiento al fallo protector la resolución de veinte de noviembre de dos mil quince, emitida dentro de la causa penal 178/2013-II, mediante la cual se dejó insubsistente la determinación reclamada en el presente juicio y se decretó auto de formal prisión en contra de Antonio Avilés Hernández, por los delitos de robo con violencia y robo de vehículo de motor. Con lo anterior, dése vista a la parte quejosa y a la tercera interesada, por el término de TRES DÍAS, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo otorgado, este Juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base a los elementos que obran en el expediente, de conformidad con lo que dispone el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente. En el entendido que de estar conforme con el cumplimento, deberán manifestarlo así personalmente ante este órgano jurisdiccional, presentando una identificación oficial. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ensenada, Baja California, treinta de octubre de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta y en atención a que transcurrió el término legal a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, sin que las partes hubieren interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo promovido por Pedro Romero Valdez y Antonio Avilés Hernández, negó el amparo a los quejosos Pedro Romero Valdez y Antonio Avilés Hernández; y, concedió la protección constitucional al impetrante Antonio Avilés Hernández. En esa virtud, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de Amparo y artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. Hágase la anotación de estilo en el libro de gobierno. Ahora bien, REQUIÉRASE a la autoridad responsable Juez Primero Penal de Primera Instancia, con residencia en San Quintín, Baja California, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir de su notificación, dicte las providencias correspondientes en cumplimiento al fallo protector emitido en el juicio de amparo en que se actúa y envíe las constancias que así lo acrediten. En apoyo se cita la tesis de la Sexta Época, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, volumen LXXX, cuarta parte, materia común, página cincuenta y ocho, cuyo rubro y texto: "SENTENCIAS DE AMPARO, EJECUCIÓN DE LAS. Dictada una sentencia que concede el amparo, las autoridades responsables están obligadas a emplear todos los medios que la ley ponga a su alcance para restituir las cosas en el goce de las garantías violadas, y para esto debe restablecer las cosas al estado que tenían antes de la violación, sin que puedan invocarse derechos de tercero, pues la Suprema Corte de Justicia ha sostenido que, tratándose de un fallo que concede la protección constitucional, ni aun los terceros que hayan adquirido de buena fe pueden entorpecer la ejecución del fallo a pretexto de que se violen sus derechos." Finalmente, se apercibe a la autoridad responsable que de no hacerlo dentro del término otorgado, o bien, comunicar la imposibilidad que para ello tenga, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para que se siga el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, tal como lo dispone el artículo 192, párrafo segundo y el numeral 193 párrafo primero, de la Ley de Amparo vigente, en relación con el precepto 258 del ordenamiento legal citado. NOTIFÍQUESE.
Quedan 22 actuaciones en este expediente
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