Antonio Asención Pais Díaz

Expediente 262/2020 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 9 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
262/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
19/04/2021

Partes del expediente

  • Antonio Asención Pais Díaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, a diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previsto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de este numeral. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. V I S T O el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que en sesión de quince de octubre de dos mil veinte, este Tribunal Colegiado de Circuito resolvió conceder la protección constitucional al Antonio Asunción Paiz Díaz contra el acto reclamado de la Junta Especial número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, consistente en el laudo de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve dictado en el expediente laboral 121/2018. Los efectos de la ejecutoria de amparo, fue en los términos siguientes: "I.- Deje insubsistente el laudo reclamado. II.- En su lugar, dicte otro, en el que: a).- Proceda hacer efectivo el apercibimiento formulado en la audiencia en la que admitió la prueba de inspección y se tengan por ciertos los hechos que el actor pretendió probar con la misma, esto es, que fue dado de alta en el régimen obligatorio de seguridad social el siete de febrero del año de mil novecientos sesenta y seis, que causó baja el treinta de septiembre de dos mil tres y que cotizó mil trescientos cincuenta y dos semanas. b).- Niegue valor probatorio a la Hoja de Certificación de Derechos exhibida por el instituto demandado, ante la presunción derivada del desahogo de la prueba de inspección. c).- Ante los hechos demostrados por el actor, condene al instituto demandado al pago de la pensión por cesantía en edad avanzada por reunir los requisitos para obtener tal derecho, con la precisión de que realice un juicio sobre la verosimilitud del salario que señaló el actor en su demanda de origen y con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda, en el entendido de que deberá tomar en cuenta los referentes siguientes: la categoría y puesto del trabajador; salario mínimo general y profesional de la zona del lugar donde se desempeñó el trabajador, así como el salario real que se otorgaba en el periodo de los últimos cinco años anteriores a la conclusión de la relación laboral. En el supuesto que estime que el salario promedio indicado por el actor resulta inverosímil para cuantificar la pensión, deberá observar las disposiciones del artículo 168 de la Ley del Seguro Social abrogada anterior a la vigente en cuanto prevén que la misma no podrá ser inferior al 100% del salario mínimo general." Ahora bien, la Junta responsable con el objeto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo remitió las constancias siguientes: a).- Copia certificada del proveído de veintiocho de octubre de dos mil veinte, en el cual se dejó insubsistente el laudo reclamado (fojas 62 y 63 del expediente). b).- Copia certificada del laudo de cuatro de enero de dos mil veintiuno (fojas 74 a la 84 ídem). Mediante proveído de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno se hizo constar que la parte quejosa y tercera interesada no realizaron manifestaciones con relación a las actuaciones de la autoridad responsable dentro del plazo de diez días que se les otorgó para tales efectos (foja 89). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. A fin de que la junta responsable diera cabal cumplimiento con los lineamientos precisados en la ejecutoria de amparo, debió proceder a lo siguiente: 1.- Dejar insubsistente el laudo de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve dictado en el expediente laboral 121/2018. 2.- Emitir otro, en el que realice los pronunciamientos siguientes: a).- Tener por ciertos los hechos que el actor pretendió probar con la prueba de inspección, esto es, que fue dado de alta en el régimen obligatorio de seguridad social el siete de febrero del año de mil novecientos sesenta y seis, que causó baja el treinta de septiembre de dos mil tres y que cotizó mil trescientos cincuenta y dos semanas. b).- Negarle valor probatorio a la Hoja de Certificación de Derechos exhibida por el instituto demandado. c).- Condenar al instituto demandado al pago de la pensión por cesantía en edad avanzada. d).- Realizar un juicio de verosimilitud del salario que señaló el actor en el juicio de origen y con plenitud de jurisdicción resolver lo que en derecho proceda, en el entendido de que deberá tomar en cuenta los referentes siguientes: la categoría y puesto del trabajador; salario mínimo general y profesional de la zona del lugar donde se desempeñó el trabajador, así como el salario real que se otorgaba en el periodo de los últimos cinco años anteriores a la conclusión de la relación laboral. e).- En el supuesto que estime que el salario promedio resulta inverosímil para cuantificar la pensión, deberá observar las disposiciones del artículo 168 de la Ley del Seguro Social anterior a la vigente en cuanto prevén que la misma no podrá ser inferior al 100% del salario mínimo general. Ahora bien, los anteriores lineamientos quedaron debidamente cumplidos porque la junta responsable dejó sin efectos el laudo reclamado y, en su lugar, dictó otro, en el cual le negó valor probatorio a la Hoja de Certificación de Derechos exhibida por el instituto demandado y tuvo por ciertos los hechos que el actor pretendió probar con la prueba de inspección, esto es, que fue dado de alta en el régimen obligatorio de seguridad social el siete de febrero del año de mil novecientos sesenta y seis, que causó baja el treinta de septiembre de dos mil tres y que cotizó mil trescientos cincuenta y dos semanas, tal y como se advierte de las consideraciones siguientes: "En la tesitura anterior, al haber desvirtuado la parte actora el contenido de la hoja de certificación de vigencia de derechos con el resultado de la prueba de inspección que ofertó para tal efecto, esta junta tiene por acreditado de la prueba de inspección que ofertó para tal efecto, esta junta tiene por acreditado de parte del actor, entre otras cuestiones, que como asegurado del Instituto Mexicano del Seguro Social cotizó en el régimen de la seguridad social desde el año de 1996 y hasta el 30 de septiembre de 2003, fecha en la que fue dado de baja, que cotizó 1352 semanas, además de que se encontraba dentro del periodo de conservación de derechos al cumplir la edad de 60 años (24 de julio de 2008), es decir al haber cotizado 1352 semanas al 30 de septiembre de 2003 (.)" (foja 6 del expediente). De igual forma condenó al instituto demandado al pago de la pensión por cesantía en edad avanzada a favor del quejoso. También, con libertad de jurisdicción, analizó la veracidad del salario indicado por el actor de manera fundada y motivada y estimó que el mismo es inverosímil, por lo que ordenó cuantificar la pensión conforme al salario mínimo general vigente en el año de dos mil diecisiete, conforme al artículo 168 de la Ley del Seguro Social anterior a la vigente. Además, en ese ejercicio de verosimilitud tomó en cuenta la categoría y puesto del trabajador; salario mínimo general y profesional de la zona del lugar donde se desempeñó el trabajador, así como el salario real que se otorgaba en el periodo de los últimos cinco años anteriores a la conclusión de la relación laboral, tal y como se advierte de la consideración siguiente: "En este orden de ideas, de la consulta de la tabla de "Salario Mínimo General Promedio de los Estados Unidos Mexicanos 1964-2014" que es del dominio público y puede consultarse en la página web de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAM), se desprende que el salario mínimo general, del área geográfica al que pertenece el Estado de Tlaxcala, vigente a partir del 01 de enero de 2017, anualidad a partir de la cual se decreta la condena al pago de la pensión de cesantía, ascendía a la cantidad de $80.04 diarios; además de que del propio dicho del actos su última categoría lo fue de obrero general para la moral Impulsora Tlaxcalteca de Industrias S.A. de C.V., en las anualidades 1997 a 2003, en las cuales el salario mínimo general en el Estado de Tlaxcala para las últimas cinco anualidades lo era de $40.30 (2003), $38.30 (2002), $35.85 (2001), $32.70 (2000) y $29.70 (1999), anualidades y cantidades que representan las últimas 250 semanas laboradas por el trabajador, en las cuales según la CONASAMI percibían como mínimo las cantidades anteriormente citadas, lo que representaría un salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización el de $35.37. Sin embargo, como ya se señaló en líneas anteriores, la parte actora no señala puntualmente las actividades que realizaba en los puestos desempeñados en las empresas para las que laboro, para saber si el actor ponía en riesgo su vida al desempeñarlas y por lo tanto debía percibir un salario mayor, por tanto, esta autoridad laboral no tomara en consideración el salario promedio señalado por la actora, esto es en razón que, los tribunales del trabajo deben resolver los laudos a verdad sabida y buena fe guardada, sin necesidad de ajustarse a reglas o formulismos sobre legitimación de pruebas, tomando en cuenta que el principio de congruencia, pero siempre fundando y motivando todos sus actos, en estricto respeto a las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas a favor de los particulares en el artículo 16 Constitucional (.). En consecuencia de lo anterior, para el cálculo de la pensión demandada no debe tomarse en cuenta el salario señalado por el actor; esto en razón que tal y como se precisó en líneas anteriores derivado del cálculo del salario promedio de las últimas 250 semanas que corresponden a los 5 años anteriores a la fecha en que fue dado de baja la parte actora, dicho salario es inferior al salario mínimo del año 2017, por lo que para efecto del cálculo de la pensión a la que fue condenado el Instituto Mexicano del Seguro Social debe tomarse en cuenta el salario mínimo general del Distrito Federal actualmente Ciudad de México vigente en el año 2017, así, tomando en cuenta el salario promedio señalado, dividido entre el salario mínimo que se toma en cuenta, arroja el número de veces de salario mínimo que representa para aplicar el rango de la tabla del artículo 167 de la Ley del Seguro Social de 1973 (.)" (fojas 13 y 14 ídem). En conformidad con los razonamientos del laudo, se emitió el punto resolutivo siguiente: "TERCERO. Se condena al demandado Instituto Mexicano del Seguro Social a otorgar y pagar al actor Antonio Asunción Paiz Díaz una pensión mensual de cesantía en edad avanzada, por el monto salvo error u omisión de carácter aritmético de $3,107.70 (tres mil ciento siete pesos 70/100 m.n.) mensuales por los conceptos de cesantía en edad avanzada y asignaciones familiares, cantidad que le cubrirá dicho instituto al actor un año retroactivo a la fecha de presentación de la demanda, esto es, a partir del 13 de febrero de 2017, esto en virtud de que el apoderado del demandado opuso la excepción de prescripción para limitar la Litis a un año anterior a la fecha de presentación de la demanda y la misma resulta procedente, salvo error u omisión de carácter aritmético. Asimismo, al demandado a otorgarle un aguinaldo anual equivalente a una mensualidad de la pensión, así como a incrementarle tal pensión en términos del artículo 172 de la Ley del Seguro Social de 1973 a cuyo esquema de pensiones se acoge el actor, y a otorgarle la asistencia médica en términos del capítulo cuarto título segundo de la Ley del Seguro Social aplicable al caso. Por lo que hace a la excepción de retención de impuestos que opuso el demandado la misma, se declara procedente, por lo que una vez que sea cuantificada la condena en el presente asunto, y en el momento en que este efectúe el correspondiente pago, queda facultado para hacer la retención de impuestos, debiendo poner disposición del actor la correspondiente constancia para los efectos legales a que haya lugar, todo esto de conformidad a lo analizado y valorado en el considerando tercero de la presente resolución (.)" (foja 19 ídem). De lo anteriormente expuesto, se declara que ha quedado totalmente cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese, por lista a la parte quejosa y por oficio al tercero interesado. Así proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que transcurrió el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de cuatro del mes y año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, sin que lo hayan hecho; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente. En conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe. MRA/jcsp La Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis C E R T I F I C A: que la presente foja corresponde al acuerdo dictado el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno en el amparo directo******************** y que, con fundamento en el párrafo penúltimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, se hace constar que el presente acuerdo obra en sus términos en el expediente electrónico, por lo que éste coincide en su totalidad con el expediente impreso. Doy Fe.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio de cuenta mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se remite duplicado del laudo de cuatro de enero del año en curso emitido por la junta responsable; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada, así como con los diversos oficios enviados por la responsable en cumplimiento a la ejecutoria emitida en el expediente en que se actúa, entregando copia autorizada del laudo correspondiente para que dentro del término de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, expresen lo que a su interés corresponda. En conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese, por lista a la parte quejosa y por oficio al tercero interesado. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

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