Antonio Arce Procopio
Expediente 1601/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1601/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 22/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Antonio Arce Procopio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual, realiza diversas manifestaciones en el sentido que la responsable no ha desahogado la totalidad de las pruebas en el juicio laboral de origen; el que se ordena agregar a los autos para que obre como legamente corresponda y surta sus efectos jurídicos conducentes. En atención a lo anterior, este órgano jurisdiccional no realiza mayor pronunciamiento en virtud que por sentencia de cuatro de enero de dos mil veintitrés, se determinó sobreseer el presente juicio de amparo quedando firme el veinticuatro de enero siguiente, como asunto totalmente concluido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Mario Andrés Lesher González, secretario en funciones de Juez, autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el siete de junio de dos mil veintitrés, de conformidad con el artículo 175, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con el artículo 44, párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Jorge Manuel Díaz Carranza secretario que da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1601/2022-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el cuatro de enero de dos mil veintitrés, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Además, se instruye al actuario de la adscripción, para que dé cumplimiento a la notificación encomendada por medio de la presente determinación y proceda a subirla y vincularla al expediente electrónico, así como de cualquier otra diligencia de notificación pendiente de desahogo, o de vinculación, por tanto, en el supuesto de que no se hayan practicado, inmediatamente den cumplimento a lo encomendado, ello, a fin de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cinco de enero de dos mil veintitrés. Se tienen por recibidos los oficios signados por la Presidenta adscrita a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Actuario adscrito, mediante el cual rinden su informe justificado; agréguense a los autos sin mayor proveído toda vez que el cuatro de enero de dos mil veintitrés, se dictó sentencia definitiva. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, quien autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos del juicio de amparo 1601/2022-III-B, promovido por Antonio Arce Procopio; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el seis de diciembre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el siete de diciembre de dos mil veintidós en este órgano jurisdiccional, Antonio Arce Procopio solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Actuario adscrito. SEGUNDO. Trámite. Por auto de ocho de diciembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional; se solicitó el informe justificado, se ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, así como emplazar a la parte tercero interesada. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, por reclamarse las conductas omisivas de autoridades que ejercen sus funciones dentro de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y del análisis integral de la demanda, se precisa que el acto reclamado consiste en: La omisión de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Actuario adscrito en desahogar la totalidad de las pruebas admitidas dentro del juicio laboral 01/138/2020. Encuentra apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, con número de registro 192097, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO. Con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, pues no obstante de encontrarse debidamente notificadas, tal como consta de los acuses de recibo de los oficios respectivos que obran en autos, fueron omisas en rendir su informe justificado. Sin que pase desapercibido para el suscrito que mediante oficio recibido y registrado con el número de folio 24060 del índice de la correspondencia de este órgano jurisdiccional, la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos comunicó su periodo vacacional comprendido del diecinueve al treinta de diciembre de dos mil veintidós, lo cual se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y en la jurisprudencia de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE". No obstante, la suspensión de labores de las autoridades responsables jurisdiccionales y la imposibilidad de actuar de acuerdo con su normativa no es una cuestión atribuible a los particulares, y si bien puede ser previsible, como en el caso de los periodos vacacionales que se encuentran de antemano establecidos en la ley, también lo es que dichas autoridades cuentan con los recursos físicos y materiales para hacer frente a sus deberes procesales dentro de los juicios de amparo en los que funjan como responsables, ya sea a través del establecimiento de guardias, o bien mediante el desahogo de sus actuaciones procesales de forma previa a la conclusión de los respectivos plazos. De ahí que no puede justificarse el periodo vacacional de las autoridades responsables al no encontrarse previstos expresamente en la Ley de Amparo, pues el legislador, en ejercicio de sus facultades de configuración normativa, estableció plazos para darle funcionalidad al juicio de amparo como un medio de control constitucional idóneo, eficaz, accesible y breve para analizar violaciones a derechos humanos, y así salvaguardar otros derechos, entre ellos el de seguridad jurídica; por lo que no sería justificable -desde el punto de vista constitucional-, dejar al arbitrio de las legislaciones locales o de lo que determinen los propios órganos jurisdiccionales, la continuación del trámite de los juicios de amparo en los que fungen como responsables. Sirve de apoyo lo anterior la tesis P./J.1/2022 (10a.), con número de registro 2024510, de rubro: "PLAZOS PARA QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES JURISDICCIONALES ACTÚEN DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. EN SU CÓMPUTO NO DEBEN DESCONTARSE LOS DÍAS QUE CONFORME A SU NORMATIVA HAYAN SIDO DECLARADOS INHÁBILES, CUANDO NO ESTÉN PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN DE AMPARO APLICABLE". CUARTO. Causales de improcedencia. Al ser las causales de improcedencia de estudio preferente por disposición del artículo 62 de la Ley de Amparo se procede a estudiar de oficio. Así, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. (.)" Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que para determinar la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, la quejosa debe acreditar el interés jurídico o legítimo, que le asiste cuando promueve la acción, de la siguiente manera: a) Tratándose del interés jurídico: es necesario demostrar la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente que podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción. b) Por lo que respecta al interés legítimo: se debe acreditar la presencia de una norma que establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de alguna colectividad determinada; la afectación de ese interés difuso en perjuicio de la colectividad por la ley o acto que se reclama; y, la pertenencia de la parte quejosa a dicha colectividad. La interpretación en comento, se encuentra contenida en la tesis 2a. LXXX/2013, de rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. " Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que la agraviada acredite contar con un interés jurídico, o bien, tener un interés legítimo ya sea individual o colectivo. Sin embargo, es preciso señalar, que en el caso, de acuerdo a lo previsto en los artículos 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal y artículo 5°, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, la parte quejosa se encuentra obligada a justificar que tiene interés jurídico, puesto que reclama actos provenientes de una Junta laboral, descartándose por lo tanto, el análisis del interés legítimo (individual o colectivo). En ese orden de ideas, resulta apropiado citar el artículo 107, fracción I de la Constitución Federal, que en la parte que interesa establece lo siguiente: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" Asimismo, conviene citar el contenido de los artículos 1º, fracción I y 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De los dispositivos legales antes transcritos, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo cual implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de ese juicio, es la demostración plena del interés jurídico, que se refiere a la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación con los derechos y obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. A mayor abundamiento, el juicio de amparo tiene por objeto proteger al quejoso contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen sus derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, siempre que tales actos produzcan una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así, resulta claro que el interés jurídico de quien promueve el juicio de amparo, sólo se actualiza en la medida que demuestra que el acto de autoridad reclamado produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, entendiéndose por esfera jurídica, el cúmulo de derechos y obligaciones que legalmente le corresponden. Ahora, si bien es cierto que con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumió cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Actuario de su adscripción, al haber sido omisos en rendir su informe justificado; también lo es, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido vía jurisprudencia, que para los efectos del juicio de amparo, cuando se reclame una omisión dentro de un procedimiento laboral como acto destacado y se presuma por cierto el mismo, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponderá al quejoso, toda vez que dicha omisión no es en sí misma violatoria de la Máxima Ley del país, pues su inconstitucionalidad dependerá de que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso, que se encuentre en estado de resolución y que haya transcurrido el plazo que la ley establece para fallar. Cabe aclarar que lo anterior no pugna con lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, que prevé la obligación del Juzgador de recabar oficiosamente las pruebas que estime necesarias para resolver un asunto, ya que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, número P./J. 17/97, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.", la aplicación de tal precepto tiene como presupuesto la existencia de informe justificado; en tanto que lo previsto por el artículo 117 de la propia ley se actualiza ante la falta de informe justificado, caso en el cual se presume cierto el acto y la carga de la prueba respecto de su inconstitucionalidad le corresponde a la parte quejosa, cuando no sea violatorio de garantías en sí mismo. En lo conducente resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 50/97, de rubro: "LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO." En ese orden de ideas, si bien la falta de informe justificado conduce a presumir cierta la existencia del acto reclamado, en este caso, la omisión en desahogar la totalidad de las pruebas admitidas dentro del juicio laboral 01/138/2020, ello no implica que los hechos afirmados en la demanda de amparo resulten ciertos, tal como: a) La existencia de un juicio en el que haya sido parte la quejosa y, b) Que hubiese transcurrido el plazo que tenía la autoridad laboral para desahogar las pruebas admitidas cuya omisión aduce. Ya que tales cuestiones indefectiblemente toca demostrarlas a la solicitante de protección constitucional de conformidad con el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, lo que en el presente caso no ocurre, en virtud de que la parte quejosa no allegó a este juicio de amparo medio de convicción alguno para demostrar su dicho. Sirve de sustento a lo anterior, por analogía, la tesis I.6o.T.299 L, de rubro: "LAUDO. SI SE RECLAMA LA OMISIÓN DE SU DICTADO Y SE TIENE POR PRESUNTIVAMENTE CIERTO EL ACTO POR NO HABER RENDIDO LA RESPONSABLE SU INFORME JUSTIFICADO, ELLO NO EXIME AL QUEJOSO DE DEMOSTRAR SU INCONSTITUCIONALIDAD, Y SI NO LO HACE NO ACREDITA SU INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL AMPARO." Consecuentemente, si el agraviado no aportó elementos de convicción tendentes a demostrar la inconstitucionalidad de sus aseveraciones, es evidente que no existe una afectación directa en su esfera jurídica; y, por ende, no acredita su interés jurídico para promover el juicio constitucional. Sin que se inadvierta la protesta de decir verdad contenida en el escrito de demanda, sin embargo, dicha manifestación no es suficiente para acreditar el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que como se ha dicho, es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés. Por similitud, tiene aplicación, la jurisprudencia con registro 207221, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD." Por lo anterior, se pone de manifiesto la actualización de la causa de improcedencia expresada, prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que no se demostró fehacientemente la afectación al interés jurídico. Es aplicable en este punto, la jurisprudencia con número de registro 2a./J. 16/94, con rubro: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE." En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII en relación con el diverso 5, fracción I, esta última a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, y se sobresee en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado se resuelve: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Antonio Arce Procopio. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Paulo Yair García Meza, Secretario que autoriza y da fe.
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