Antonio Aquino Ángel y Otros.

Expediente 1028/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 11 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1028/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
18/12/2019

Partes del expediente

  • Antonio Aquino Ángel y Otros.
  • Sandy Areli Sánchez Ríos
  • Antonio Aquino Ángel
  • Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Famliar del Distrito Judicial de Los Bravo. Ciudad.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común, y el oficio anexo signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito, ambos del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, por medio de los cuales devuelven los autos originales del juicio de amparo 1028/2019, en el que obra agregada la resolución dictada el seis de diciembre de dos mil diecinueve, y un tomo de prueba. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. En consecuencia, se ordena al Actuario Judicial adscrito a este Juzgado Federal, notifique a las partes la resolución de seis de diciembre de dos mil diecinueve, corriéndole traslado con copia autorizada de la misma. Por otra parte, y dado que la sentencia dictada en el presente juicio fue emitida por el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE de este juzgado y anótese en el libro de registro. Asimismo, en relación al cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío de los autos al Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, desglósense las actuaciones originales e intégrense en autos del cuaderno principal y una vez que cause ejecutoria la sentencia respectiva, ordénese su destrucción.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. ANTONIO AQUINO ÁNGEL Y REYNA FLORES ANTAÑO, por su propio derecho, mediante escrito presentado el cinco de agosto de dos mil diecinueve, ante la Oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito con residencia en Chilpancingo, Guerrero, y turnado el día siguiente al Juzgado Séptimo de Distrito en esa entidad, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que hizo consistir en: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: A.- Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, con domicilio oficial ampliamente conocido en ciudad judicial. IV. ACTO RECLAMADO. Resolución del recurso de reconsideración, interpuesto por los suscritos contra el auto de 26 de noviembre de 2018, emitido en los autos del juicio sucesorio intestamentario 584/2014; y todo lo actuado en dicho juicio, en virtud de que los suscritos no fuimos llamados a él, y menos oídos y vencidos en nuestro carácter de padres del de cujus y presuntos acreedores alimentarios de nuestro finado hijo, así como sus consecuencias o actos anteriores y posteriores a la resolución de la primera sección sobre declaratoria de herederos, pronunciada en dicho juicio, con lo cual, se violan en nuestro perjuicio los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las garantías de audiencia y seguridad jurídica otorgadas para nuestra protección por la ley fundamental en sus artículos 14 y 16, en virtud de que se nos pretende privar de nuestros derechos hereditarios, ya que a nuestras espaldas se tramitó el indicado juicio a bienes de nuestro finado hijo, sin que la promovente del juicio intestamentario, quien es esposa y viuda del finado haya informado de su existencia y menos aún haya proporcionado nuestros domicilios para que fuéramos llamados a juicio." Los promoventes del amparo, bajo protesta de decir verdad, narraron los antecedentes del acto reclamado, formularon los conceptos de violación que estimaron pertinentes, y precisaron se violan en su perjuicio el contenido de los artículos 8, 14, 16, 17, y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. En proveído de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, el Juzgado Séptimo de Distrito del Vigésimo Primer Circuito en Chilpancingo, Guerrero, previo requerimiento para aclararla, admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada con el número 1028/2019-II, solicitó informe justificado a la autoridad precisada como responsable, se ordenó el emplazamiento al tercero interesado, se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en los términos del acta que antecede a la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, y 35 de la Ley de Amparo, y el diverso 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por lo dispuesto en el Acuerdo General número 55/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio de funciones de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, con jurisdicción en toda la república, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve; y, con el oficio STCCNO/595/2019 de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, signado por el Secretario Técnico de la Secretaría Técnica de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, por el que informa del inicio del auxilio al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, a partir del mes de septiembre de dos mil diecinueve. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a precisar el acto reclamado. Del análisis integral del libelo constitucional, y de las constancias que obran en autos, se aprecia que los quejosos reclaman: La resolución de recurso de reconsideración dictada el ocho de julio de dos mil diecinueve, en los autos del juicio sucesorio intestamentario 584/2014. Todo lo actuado en el juicio sucesorio 584/2014, pues lo quejosos aducen no fueron oídos ni vencidos en el citado juicio de origen. TERCERO. EXISTENCIA Y CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, Guerrero (foja 47 a 50), aceptó la existencia de los actos reclamados, a cuyo efecto remitió copia certificada de las constancias relativas. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. CUARTO. ESTUDIO DE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Determinada la certeza del acto reclamado, resulta oportuno analizar la procedencia del presente juicio constitucional, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, sea que lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia que aparece visible a páginas 553 y 554 tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso que nos ocupa, en cuanto al acto reclamado consistente en todo lo actuado en el juicio sucesorio intestamentario número 584/2014, se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XI.- Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior." Lo anterior es así, toda vez que del análisis de las constancias de autos documentos públicos de valor probatorio pleno en términos de lo establecido por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia, se desprende que los quejosos se ostentan terceros extraños al juicio sucesorio intestamentario a bienes de José Aquino Flores número 584/2014 promovido por Sandy Arely Sánchez Ríos, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero y por tanto, reclaman todo lo actuado en el citado juicio pues alegan que no fueron oídos ni vencidos en el juicio referido de su finado hijo. Sin embargo, de las constancias que fueron remitidas por el Juez responsable se advierte que los quejosos presentaron diverso juicio de amparo indirecto en contra del citado acto reclamado y de la misma autoridad responsable, radicado con el número 436/2017, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, y mediante resolución de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, sobreseyó el citado juicio de amparo; por lo que los quejosos en su contra interpusieron recurso de revisión, el cual tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, quien lo registro con el numero de amparo en revisión 307/2017, y mediante ejecutoria de seis de marzo de dos mil dieciocho, se revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo a los quejosos para los siguientes efectos: "Entonces, al tenor de lo relatado, resulta imprescindible atención se otorgue a los quejosos el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de debido proceso y de audiencia, con objeto de que sean llamados al procedimiento sucesorio intestamentario de origen, con la finalidad de que puedan deducir lo que a su interés convenga en su calidad de progenitores del autor de la sucesión, razones por las que el juez primario, en aras de dar cumplimiento a la presente ejecutoria de amparo, previo a continuar con el procedimiento intestamentario, deberá llamarlos e integrarlos a la relación jurídico procesal con objeto de ponerlos en aptitud de defender sus derechos y al tenor de lo aportado probatoriamente por las partes, definir si les asiste el derecho de sucesores legítimos al tenor de la legislación sustantiva y procesal aplicable. EN EL ENTENDIDO QUE LA CONCESIÓN DEL AMPARO NO SIGNIFICA EN MODO ALGUNO EL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS ALIMENTARIOS NI DE CUALQUIER INDOLE, PUES ELLO SERÁ MATERIA DE DISCERNIMIENTO DENTRO DEL SUCESORIO DE ORIGEN SUJETO A LOS MEDIOS DE CONVICCIÓN APORTADOS POR LAS PARTES, DADO QUE LA CALIDAD QUE SE LES PUEDA OTORGAR VA A DEPENDER NO SOLO DEL ENTRONCAMIENTO QUE GUARDEN Y JUSTIFIQUEN PARA CON SU EXTINTO HIJO, SINO A SU VEZ DE LAS REGLAS DE SUCESIÓN A QUE SE REFIERE EL TITULO TERCERO, CAPITULOS I A VII, ARTICULOS 1395 A 1437 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO, EN LOS QUE SE COMPRENDEN LAS HIPOTESIS NORMATIVAS A VERIFICAR SI, COMO EN EL CASO, LES RESULTA ALGUN DERECHO COMO SUCESORES LEGITIMOS Y, POR CONSIGUIENTE, EL DERECHO A HEREDAR AL FINADO. En reducción a las consideraciones expuestas se impone conceder la protección constitucional para el efecto de que la autoridad responsable, Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, proceda: I. Antes de continuar con el procedimiento sucesorio intestamentario (etapas subsecuentes), llame a juicio e integre a los aquí quejosos a la relación jurídico procesal, con la finalidad de que puedan deducir lo que a su interes convenga, en su calidad de progenitores del autor de la sucesión para que así estén en aptitud de defender sus derechos al tenor de lo aportado probatoriamente por las partes, definiendo si les asiste el derecho de sucesores legítimos al tenor de la legislación sustantiva y procesal aplicable. II. Hecho lo anterior, proceda a determinar lo jurídicamente procedente." En efecto, de lo anterior se advierte que lo reclamado por los quejosos en el presente juicio de amparo, es decir, todo lo actuado en el juicio sucesorio de origen 584/2014, ya fue materia de análisis en el citado juicio de amparo indirecto 436/2017, y su revisión 307/2017, por tanto, el presente juicio de amparo resulta improcedente en contra del citado acto reclamado pues ya fue motivo de análisis, en el que incluso se les concedió el amparo con la finalidad de que se les llamara al referido juicio sucesorio intestamentario a hacer valer sus derechos; de ahí que, el juicio de amparo resulte improcedente. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 41, primera parte XCIX, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. La fracción IV del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, establece: "El juicio de amparo es improcedente: IV. Contra leyes o actos que hayan sido materia de otra ejecutoria en otro juicio de amparo en los términos de la fracción anterior". La fracción III a que alude la disposición transcrita señala: "El juicio de amparo es improcedente, contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas". Se establece estrecha relación entre ambas causales de improcedencia, porque la señalada en la fracción IV establece como elemento fundamental, que la ejecutoria se haya pronunciado en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior, que no puede tomarse en su integridad sino sólo en la parte en que se refiere a otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados. Esta limitación hace que no se confundan ambas causales y que su aplicación corresponda a momentos diferentes, pues en tanto que la causal de la fracción III se contrae a lo que debe llamarse litispendencia procesal que en el juicio constitucional da origen a su sobreseimiento, cualquiera que sea la instancia en que se encuentre, la de la fracción IV sólo puede aplicarse para el mismo efecto de sobreseer, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada en el caso concreto de esta causa de improcedencia, aquella verdad legal que no admite ulterior recurso." En consecuencia, al actualizarse la citada causal de improcedencia, debe sobreseerse el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que al citado acto reclamado se refiere. QUINTO. ANALISIS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Los conceptos de violación hechos valer por el quejoso son todos aquellos razonamientos expresados en su demanda de amparo, aunque no estén en el capítulo relativo, a través de los cuales se precise con claridad la causa de pedir, para lo cual basta señalar la lesión o agravio que causa el acto reclamado y los motivos que originaron ese agravio, sin que este Juzgado Federal esté obligado a realizar su trascripción, sino únicamente su estudio exhaustivo y congruente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 58, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del tomo XXXI, del mes de Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SEXTO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Son fundados los conceptos de violación atento a las siguientes consideraciones. De las documentales remitidas por la Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, como complemento a su informe justificado, consistentes en e juicio sucesorio intestamentario 584/2014, se advierten los antecedentes que para su mejor comprensión se reseñan de la siguiente forma: 1. El once de junio de dos mil catorce, Sandy Arely Sánchez Ríos, denunció juicio sucesorio intestamentario a bienes del de cujus José Aquino Flores (foja 1 anexo). 2. Mediante proveído de trece de junio de dos mil catorce, el Juez responsable admitió a trámite la sucesión demandada, quien la registró con el número 584/2014 (foja 10 anexo). 3. El dos de septiembre de dos mil catorce tuvo verificativo la junta de herederos en donde se declaró como únicos y universales herederos a la denunciante Sandy Arely Sánchez Ríos y a los menores Jesús, José Arely Rosibel, Jonathan y Natali Joselín, de apellidos Aquino Sánchez, se ordenó cerrar la primera sección del juicio denominada "De sucesión", y se ordena la apertura de la segunda sección llamada "De Inventarios" (foja 30 anexo). 4. Los quejosos presentaron demanda de amparo indirecto en contra de todo lo actuado en el citado juicio sucesorio de origen toda vez que no fueron llamados ni vencidos en juicio de su finado hijo (foja 43 anexo). 5. El veintiuno de abril de dos mil diecisiete, se admitió la demanda de amparo ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, el que la registró con el numero de amparo indirecto 436/2017 (foja 38 anexo). 6. Mediante ejecutoria de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, se sobreseyó el juicio de amparo promovido por los quejosos (foja 89 anexo). 7. En contra de dicha determinación los quejosos interpusieron recurso de revisión el cual fue registrado con el número 307/2017, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, quien mediante ejecutoria de seis de marzo de dos mil dieciocho revocó la resolución recurrida y concedió el amparo para el efecto de que fueran llamados a juicio (foja 106 anexo). 8. Mediante proveído de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, el Juez responsable acordó que no había lugar a reconocerles sus derechos hereditarios, por lo que dejó a salvo sus derechos para que los hagan valer en juicio ordinario (foja 345 anexo). 9. Inconforme con dicha determinación los quejosos interpusieron recurso de reconsideración (foja 346 anexo). 10. Mediante resolución de ocho de julio de dos mil diecinueve, el Juez responsable resolvió el recurso de reconsideración planteado en el sentido de confirmar el auto recurrido. Tal resolución constituye el acto reclamado (foja 410 anexo). En esencia los quejosos manifiestan que es ilegal la resolución reclamada al determinar que no acreditaron sus derechos hereditarios por no demostrar su vinculo con el de cujus, pues no acreditaron ser sus padres, empero, de las actas de nacimiento de ellos y de la defunción de su hijo se advierte que efectivamente son padres de su finado hijo José Aquino Flores, autor de la sucesión. Para mayor claridad conviene citar en lo que interesa el contenido de la resolución reclamada: ". En consecuencia, no tienen razón los disconformes al argumentar que no reponer el procedimiento para que deduzcan sus derechos hereditarios en la junta de herederos como lo dispone el artículo 675 del Código Procesal Civil del Estado, hará nugatoria la protección constitucional concedida en el Amparo en Revisión Civil 307/2017, puesto que la sentencia del amparo ya fue declarada cumplida. Como tampoco es cierto que no exista congruencia entre esta resolución y el auto impugnado, dado que el amparo fue concedido a fin que se les integrara al presente citado amparo, en cuya ejecutoria se aclaró que el otorgamiento del amparo no significaba el reconocimiento de derechos hereditarios no de cualquier índole porque ello seria materia del presente juicio sucesorio, que es precisamente a lo que se avocó el auto impugnado. Por otro lado, es parcialmente fundado que el impugnado infringió los principios de fundamentación y motivación, por lo siguiente: De conformidad con los numerales 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero, que ha de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso; y por lo segundo, que debe señalarse con gran claridad, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que hayan servido de base para su emisión. Lo infundado del agravio estriba en que del auto impugnado se aprecia que la determinación de este juzgador de no reconocer derechos hereditarios a los ahora recurrentes, se fundó en el artículo 675, del Código Procesal Civil del Estado, es decir, se señaló con precisión el precepto legal aplicable al caso, satisfaciéndose así el requisito de fundamentación. Sin embargo, esa determinación carece de motivación, habida cuenta que no se señalaron las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que sirvieron de base para su emisión. Pero, ello en nada cambia el sentido del impugnado dado que en efecto, Antonio Aquino Ángel y Reyna Flores Antaño no acreditaron los derechos hereditarios que dedujeron en el presente sucesorio, habida cuenta que estos comparecieron a juicio en su calidad de padres de José Aquino Flores, autor de la presente sucesión, calidad que pretendieron acreditar con el acta de defunción de éste y con las actas de nacimiento de los comparecientes, documentales que de conformidad con el artículo 298, fracción IV, del Código Procesal Civil del Estado tienen el carácter de documentos públicos que merecen pleno valor probatorio, con apoyo en el numeral 350 del mismo código, empero, únicamente produce el efecto de acreditar el deceso de José Aquino Flores, y el nacimiento y filiación de Antonio Aquino Angel y Reyna Flores Antaño, respecto de quienes aparecen como sus padres, no así para acreditar que éstos últimos son padres del autor de la herencia, dado que de conformidad con el artículo 308, del Código Civil del Estado, las actas del estado civil sólo hace fe respecto del acto que debe ser consignado en ellos. Por tanto, y toda vez que Antonio Aquino Angel y Reyna Flores Antaño, no acreditaron el vinculo filial que les une con el autos de esta sucesión, lógico y jurídico fue que no se les hayan reconocido los derechos hereditarios que dedujeron. Sin que tal determinación les cause perjuicio puesto que se les dejó a salvo su derecho para que lo hagan valer en el juicio ordinario respectivo." De la lectura de la resolución reclamada se advierte que el Juez responsable determinó confirmar el auto recurrido y no reconocerle sus derechos hereditarios a los quejosos por estimar que no acreditaron ser padres del autor de la sucesión, a saber, José Aquino Flores, con el argumento de que las actas de nacimiento de ellos y el acta de defunción del referido finado son insuficientes para acreditar que eran padres del autor de la sucesión. Ahora, si bien es cierto que los quejosos no anexaron en el juicio sucesorio de origen, el acta de nacimiento del de cujus, mediante la cual, en términos de los artículos 296, 323 y 324, del Código Civil del Estado de Guerrero, se contiene entre otros datos el nombre de los padres, también lo es que el acta de defunción presentada por los quejosos para acreditar la filiación con el de cujus, si es idónea para demostrar que son padres del finado, en virtud de que en términos del artículo 354, fracción IV, del citado ordenamiento legal, el acta de defunción contendrá los nombres de los padres del difunto, si se supieren, situación que si consta en el acta de defunción exhibida en autos. En ese orden de ideas, se estima incorrecto a juicio del suscrito, lo sostenido por el Juez responsable, pues los quejosos sí acreditaron en el juicio sucesorio intestamentario de origen ser padres del finado José Aquino Flores; lo anterior, con el acta de defunción exhibida por ellos, en la que consta que los padres del finado son Antonio Aquino Ángel y Reyna Flores Antaño, por lo que al quedar asentado dichos datos en el acta citada, se estima suficiente para acreditar que los quejosos son padres del finado y, por tanto, acreditan sus derechos hereditarios, por lo que resulta inconcuso que el Juez responsable realizó una indebida valoración del documento público consistente en el acta de defunción 0013, de diecisiete de mayo de dos mil catorce, pues si bien se hace constar el nombre del finado, la causa de fallecimiento y del compareciente, también se hizo constar el nombre del padre, madre y esposa del finado, luego, no era necesario que los promoventes presentaran el acta de nacimiento del de cujus para acreditar el parentesco, como lo estimó el juez responsable, máxime que mediante ejecutoria de seis de marzo de dos mil dieciocho, emitida en el amparo en revisión civil 307/2017, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo, se le concedió el amparo a los quejosos al estimar que con las actas de nacimiento de ellos, el acta de defunción del autor de la sucesión y la de nacimiento de éste se demostraba la calidad de progenitores del finado, por lo que con la finalidad de deducir lo que a su interés convenga, debían ser llamados al juicio sucesorio de origen; máxime que de las documentales aportadas por la propia actora en el subyacente, anexadas a su demanda, a saber, acta de matrimonio de ella con el de cujus, así como de nacimiento de sus respectivos hijos, se observa figuran como padres del contrayente y abuelos de los hijos, los aquí quejosos. En ese sentido es evidente que, contra lo sostenido por el juez responsable, se estima que en el caso sí quedó demostrado por parte de los quejosos el vínculo filial que los une con el autor de la sucesión en el juicio natural. En consecuencia, al resultar fundado el concepto de violación de los quejosos lo procedente es concederles el amparo para el efecto de que el Juez responsable deje sin efectos la resolución reclamada de ocho de julio de dos mil diecinueve, y en su lugar emita otra en la que, atento a los lineamientos de esta ejecutoria, determine que los quejosos sí acreditaron ser padres del autor de la sucesión José Aquino Flores. Sin que lo anterior implique que se tenga que remover al albacea designado en el juicio sucesorio de origen, ya que en el presente juicio de amparo, la litis estriba en reconocer el carácter de progenitores del autos de la sucesión a los quejosos, sin realizar algún pronunciamiento sobre lo ya resuelto en el citado juicio de origen. SÉPTIMO. PUBLICACIÓN DE DATOS. En otro aspecto, como la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; por lo que, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8° de la citada Ley Federal, la misma estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere en el párrafo segundo del artículo 8 del reglamento en cita. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en lo establecido en los artículos 63, 64, 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo; S E R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ANTONIO AQUINO ÁNGEL Y REYNA FLORES ANTAÑO, en términos del considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ANTONIO AQUINO ÁNGEL Y REYNA FLORES ANTAÑO, respecto de los actos atribuidos a las autoridades y por los motivos señalados en el considerando sexto de este fallo, para los efectos precisados en su parte final. TERCERO. En cumplimiento a lo establecido en el considerando último de la presente resolución, una vez que cause ejecutoria la misma, de actualizarse la hipótesis prevista por el artículo 6 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, se proveerá lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8° de la citada ley. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Zirahuén Duarte Briz, Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, quien actúa en legal y debida forma con la licenciada Erika Alejandra Chavarría Suárez, Secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy seis de diciembre de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado permitieron el engrose del presente fallo. En términos de lo previsto en los artículos 1, 3, 4, 13, y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede, y el estado jurídico procesal que guardan los autos del presente juicio, se tiene que el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, fue celebrada la audiencia constitucional encontrándose pendiente el dictado de la sentencia respectiva. Ahora bien, mediante oficio STCCNO/595/2019, de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se hizo del conocimiento entre otras cosas, que el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, apoyará a este órgano jurisdiccional en el dictado de sentencias a partir de septiembre de dos mil diecinueve. En acatamiento a tal disposición y con apoyo en el Artículo Único, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los Órganos Jurisdiccionales Auxiliares, envíese el presente expediente con un tomo de pruebas a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, y esta a su vez al Juzgado Segundo de Distrito del referido Centro Auxiliar, a efecto de que proceda a emitir la sentencia respectiva, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 54/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se crea el Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, así como los órganos jurisdiccionales que lo integran y las circulares CAR 9/CCNO/2011, 11/CCNO/2011, 14/CCNO/2011, 15/CCNO/2011, 17/CCNO/2011, 05/CCNO/2012, 06/CCNO/2015 y 12/CCNO/2015, de catorce y quince de abril, nueve y diecisiete de mayo y dos de junio, todos del dos mil once; treinta de octubre de dos mil doce; y dieciséis de abril y veintitrés de septiembre, ambos de dos mil quince, respectivamente; así como la diversa CAR 113/2019-SPCNO, de veinte de agosto de dos mil diecinueve, signada por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Con copias de las constancias relativas, fórmese cuaderno de antecedentes; con apoyo en el Artículo Único, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los Órganos Jurisdiccionales Auxiliares, hágase del conocimiento de las partes este proveído, por medio de lista.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, toda vez que aún está transcurriendo el término de la vista que se dio a las partes en proveído de veintitrés de septiembre del año en curso, con el informe justificado rendido por la Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Los Bravo, con sede en esta ciudad. A fin de dar margen a que la partes tengan conocimiento del contenido del informe con justificación que rindió la autoridad responsable, con la anticipación de ocho días a que se refiere el numeral 117, párrafo segundo de la Ley de amparo, la celebración de la audiencia señalada para este día se difiere, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo.

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