Antonio Ángeles Estrada

Expediente 1223/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1223/2016
Año
2016
Actuaciones
13
Última actuación
15/03/2017

Partes del expediente

  • Antonio Ángeles Estrada

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy, las partes no interpusieron inconformidad dentro del término legal, contra el auto que tuvo por cumplida la sentencia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 357 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de depuración el presente expediente ya que se concedió el amparo, y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta y toda vez que se hace constar que ninguna de las partes efectúo manifestación alguna en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio. Por sentencia terminada de engrosar el seis de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 120 a 125), se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la responsable realizara lo siguiente. a) Con fundamento en el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo, requerir nuevamente a la parte actora para que manifieste lo que a su legal interés convenga. b) En términos del numeral 782 de la Ley Federal del Trabajo, deberá girar oficios de investigación a diversas instituciones administrativas, fiscales, aduaneras, policiacas, electorales, seguridad social, etcétera, a fin de lograr obtener un domicilio útil para emplazar a las partes demandadas en el juicio laboral. En el entendido que la búsqueda respectiva debe verificarse en el lugar en donde sea más factible obtener los datos correspondientes. c) Finalmente, una vez obtenidos los datos referentes a los medios de investigación y/o desahogada la vista de la parte quejosa, la Junta responsable deberá acordar lo que en derecho corresponda; lo anterior, siempre y cuando haya impulso procesal por parte del quejoso para que los demandados sean llamados a juicio. La sentencia causó ejecutoria el nueve de febrero de dos mil diecisiete; sin necesidad de requerir cumplimiento a la autoridad responsable porque con anterioridad se recibieron las constancias relativas. Es así, mediante oficio con folio 1166, de 18 de enero de 2017, la autoridad responsable informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, remitiendo copias certificadas de diversas constancias relativas al expediente laboral de origen, en específico, aquellas concernientes a los emplazamientos a juicio de las personas morales y físicas, demandadas en el expediente laboral J2/379/2015. Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia, la concesión del amparo tenía como objeto remover un obstáculo para la continuación del proceso laboral (violación al artículo 17 constitucional), que se traducía en la ausencia de emplazamiento de las demandas. En ese sentido, si bien la responsable, no siguió a la letra, los lineamientos establecidos en la ejecutoria, lo cierto es que con la práctica de las diligencias de emplazamiento de las demandas, se logró el objeto que se buscaba, esto es, remover ese obstáculo, y estar en aptitud de continuar con la secuela procesal. Por tanto, a través de las constancias que obran en autos, documentales públicas a las que se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se advierte que la autoridad responsable, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo en términos del artículo 196 de la ley de la materia.

  3. Principal

    Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Por otra parte, agréguese el oficio de la autoridad que lo suscribe, por medio del cual remite constancias tendentes a cumplir la sentencia. En ese sentido, dese vista a las partes, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga; con el apercibimiento que, de no hacerlo, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad.

  4. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1223/2016; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado (vía electrónica), el dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, turnado al día siguiente a este Juzgado; Edgar Nava López, por conducto de su representante legal, solicitó el amparo y protección de la justicia federal. SEGUNDO. Previo desahogo de prevención, por auto de veinte de agosto de dos mil dieciséis, este Juzgado admitió y registró la demanda bajo el número 1235/2016; solicitó informe con justificación; dio intervención al Ministerio Público de la Federación adscrito. Por proveído de veinte de septiembre de la presente anualidad se tuvo por ampliada la demanda de garantías respecto de la autoridad Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio conforme a lo dispuesto por los artículos 103 fracción I, 107 fracción VIl, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107, fracción VII, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que en el presente se reclama un acto omisivo. SEGUNDO. Definición de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe tenerse como autoridades responsables a los integrantes de la Junta y Actuario, ambas de la Junta Especial número dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, así como a la Junta especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán-Texcoco, todas del estado de México, a quienes les reclama: La omisión de realizar las gestiones correspondientes para lograr el emplazamiento de los demandados en el expediente J.2/379/2015. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Dichas autoridades, al rendir su informe con justificación admitieron la existencia del acto reclamado (fojas50 a 55). Por otra parte, la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán-Texcoco, negó la omisión a ella reclamada. No obstante, de la lectura de las copias certificadas del exhorto E.D.J.1/379/2015, las cuales adjuntó a su informe, documentales a la que en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se les confiere pleno valor probatorio, y de las cuales se advierte la subsistencia de la omisión reclamada por la parte quejosa. CUARTO. Causas de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, lo aleguen o no las partes. No obstante lo anterior, las partes no hicieron valer causal de improcedencia alguna, ni este órgano advierte de oficio su existencia, por lo que procede el estudio de fondo del asunto. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Para mejor comprensión del asunto, se precisan los antecedentes que dieron origen al acto reclamado, que en su parte conducente son: Mediante proveído de veintidós de junio de dos mil quince, se ordenó instruir el juicio laboral con número de expediente J2/379/2015 con motivo de la demanda promovida por Edgar Nava López por conducto de sus representantes legales, en contra de Sinergia DRH, Sociedad Anónima de Capital Variable, Jaguar Ingenieros Constructores, Sociedad Anónima de Capital Variable, Carlos Ortiz "N" y quien resulte responsable de la fuente de trabajo ubicada en avenida Circuito Ingenieros, número 27, Colonia Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez, Estado de México (foja 60). En el citado proveído se ordenó emplazar a los demandados por conducto de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, para lo cual se ordenó emitir el correspondiente exhorto (foja 60 vuelta), además se citó a las partes para que comparecieran a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones para las nueve horas con quince minutos del veintiséis de agosto de dos mil quince. Los días veintiséis de agosto y seis de noviembre de dos mil quince (fojas 63 y 65), así como veintinueve de enero, quince de abril y ocho de julio de dos mil dieciséis (fojas 67, 70 y 73), al no advertirse que se hubiere llevado a cabo el emplazamiento de los demandados, se fijaron nuevas fechas para que tuviera verificativo la audiencia en el juicio de origen. El trece de septiembre de dos mil dieciséis, el Actuario adscrito a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco (foja 111), asentó la imposibilidad para emplazar a los demandados. La omisión en que se ha incurrido en emplazar a la parte demandada constituye el acto reclamado. Así, la parte quejosa aduce sustancialmente que la responsable vulnera en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, así como el diverso 750 de la Ley Federal del Trabajo, dado que la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, ha sido omisa en substanciar el expediente J/2/379/2015, de su estadística, conforme al artículo 17 de la Ley Fundamental, lo que va en contravención con el principio de prontitud en la impartición de justicia. Lo anterior es esencialmente fundado para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión en base a las siguientes consideraciones: El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé el derecho a la pronta y expedita impartición de justicia. En cuanto al alcance del derecho contenido en el referido imperativo constitucional, que reconoce el derecho del gobernado a que se le administre justicia dentro de los plazos y términos dispuestos por la Ley Federal del Trabajo, debe tenerse en cuenta la tesis de jurisprudencia 113/2001, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, septiembre de dos mil uno, correspondiente a la Novena Época, registro IUS 188804, del rubro siguiente: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL." Del criterio reproducido derivan las siguientes premisas, en relación con la garantía tutelada por el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, destacadas en cuanto al tema en examen: 1) El precepto superior garantiza a favor de los gobernados el disfrute de diversos derechos relacionados con la administración de justicia. 2) Entre ellos, se encuentra el relativo a tener un acceso efectivo a la administración de justicia que desarrollan los tribunales, sin que baste el que se permita a los gobernados instar ante un órgano jurisdiccional, sino que el acceso debe ser efectivo en la medida en que el justiciable, de cumplir con los requisitos justificados constitucionalmente, pueda obtener una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva su pretensión. 3) La impartición de la administración de justicia solicitada por los gobernados y, por ende, el efectivo acceso a ella, se debe sujetar a los plazos y términos que fijen las leyes. 4) Esos plazos y términos, es decir, la regulación de los respectivos procedimientos jurisdiccionales, deben garantizar a los gobernados un efectivo acceso a la justicia, por lo que los requisitos o presupuestos que condicionen la obtención de una resolución sobre el fondo de lo pedido deben encontrarse justificados constitucionalmente, lo que sucede, entre otros casos, cuando tienden a generar seguridad jurídica a los gobernados que acudan como partes a la contienda, o cuando permiten la emisión de resoluciones prontas y expeditas, siempre y cuando no lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende, pues los requisitos o presupuestos procesales son prerrogativas en el ejercicio eficaz del derecho fundamental de defensa. Una vez precisado el alcance del derecho fundamental garantizado por el artículo 17 constitucional, cabe señalar que la correspondiente obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de impartir justicia dentro de los plazos y términos fijados por el legislador, necesariamente debe realizarse dentro de la deseable necesidad de que los procedimientos judiciales, dependiendo de su naturaleza y la carga de trabajo de los diferentes órganos jurisdiccionales, se efectúe dentro del tiempo fijado por la ley, suficiente para que las partes y las autoridades encargadas de impartir justicia realicen las diversas etapas procesales en el plazo establecido, sin que los plazos y términos procesales lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende. Ahora, de los artículos 735 y 782 de la Ley Federal del Trabajo destaca que existe un plazo genérico de tres días para que las Juntas realicen toda práctica de actos procesales que no tengan fijado un término establecido en la propia legislación; además, las autoridades podrán valerse de cualquier medio con el objeto de que puedan formar su propia convicción sobre la materia del litigio, ya sea para resolver o integrar el procedimiento sometido a su consideración, lo que garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo en la administración de justicia, la cual debe impartirse de manera pronta y expedita. Además, ese articulado interpretado precisamente en la etapa procesal en que se encuentra el expediente de donde deriva el acto reclamado, permite a la Junta emplear los medios legales a su alcance para notificar y emplazar a juicio a la parte demandada, a fin de no controvertir las normas legales relativas a las facultades para que mejor proveer le son otorgados y desde luego, para el conocimiento de la verdad. Ahora, de las constancias de autos se advierte que no ha sido posible emplazar a los demandados Sinergia DRH, Sociedad Anónima de Capital Variable, Jaguar Ingenieros Constructores, Sociedad Anónima de Capital Variable, Carlos Ortiz "N" y quien resulte responsable de la fuente de trabajo ubicada en avenida Circuito Ingenieros, número 27, Colonia Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez, Estado de México, en autos del expediente laboral J2/379/2015, del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en razón de lo siguiente: Por proveído de veintidós de junio de dos mil quince, en los autos del juicio de origen, se ordenó emplazar a la parte demandada, lo anterior mediante exhorto que se librara a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco. El trece de septiembre de dos mil dieciséis, el Actuario adscrito a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje Valle Cuautitlán Izcalli, asentó su imposibilidad para emplazar a los demandados. Respecto de las cuales, la Junta responsable, aún no se ha pronunciado en requerir al quejoso para que manifieste lo que su legal interés convenga, o bien, coadyuve en proporcionar un nuevo domicilio para lograr su llamamiento a juicio, aunado al hecho de que, entre la orden de emplazamiento y la razón de referencia median aproximadamente quince meses. También, del estado procesal del expediente de origen, no se advierte que la autoridad responsable haya hecho valer la facultad para mejor proveer prevista en el artículo 782 de la Ley Federal del Trabajo, en el sentido de ordenar la investigación que permita conocer el domicilio de los demandados, pues nada le impide solicitar los informes pertinentes a las autoridades administrativas a fin de que le proporcionen algún domicilio en donde puedan ser localizados los demandados, lo que deviene violatorio en perjuicio del quejoso de la garantía de pronta y expedita impartición de justicia, consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal. Tocante a este punto, conviene citar por identidad de razón jurídica la tesis XVIII.4o.1 L (9a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, visible en la página 4287, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5, Décima Época, registro IUS 160460, que reza de la siguiente manera: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DE LA JUNTA EN EL QUE DETERMINA QUE NO HA LUGAR A GIRAR LOS OFICIOS SOLICITADOS A FIN DE INVESTIGAR EL DOMICILIO DEL DEMANDADO PARA EJECUTAR EL LAUDO, AL SER UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN QUE AFECTA LOS DERECHOS SUSTANTIVOS DEL QUEJOSO (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 108/2010). La jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 108/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 6, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", establece que puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, para admitir la procedencia del amparo indirecto cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten directamente derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. En ese tenor, el acuerdo de la Junta en que determina que no ha lugar a girar los oficios solicitados a fin de investigar el domicilio de la demandada y así ejecutar el laudo dictado en un juicio laboral, constituye un acto de imposible reparación que produce inmediatamente una afectación a un derecho subjetivo tutelado por las garantías individuales, ya que al negarse la Junta a realizar las diligencias encaminadas a hacer efectivas las prestaciones a las que fue condenada la patronal en un juicio laboral, impide un efectivo acceso a la justicia, conforme al segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues dentro de esa garantía se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos; por tanto, en contra de dicho acto procede amparo indirecto de conformidad con la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, interpretada conforme a la fracción IV del mismo numeral." En este tenor, es evidente que la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, no se constriñó a los lineamientos que le imponen la norma Constitucional y secundaria, lo que de manera palpable va en contravención del derecho fundamental consagrado en el artículo 17 de la Ley Fundamental, de ahí que debe impulsarse por este medio el cumplimiento de las normas procesales que rigen la materia, a efecto de obtener una administración de justicia pronta; por tanto, resulta procedente conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que: Con fundamento en el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo, dé vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, manifieste lo que su legal interés convenga respecto a la razón actuarial en la que se asentó la imposibilidad para emplazar a los demandados, o bien, que dicha parte procesal proporcione un diverso domicilio en donde puedan ser llamados a juicio. Ante la eventualidad de no haber encontrado resultados positivos, ya sea porque la parte quejosa no desahogó la vista, o habiéndola desahogado exista imposibilidad jurídica para llamar a juicio a los demandados; la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, deberá proceder conforme a los siguientes lineamientos: Con fundamento en el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo, requerir nuevamente a la parte actora para que manifieste lo que su legal interés convenga; y, En términos del numeral 782 de la Ley Federal del Trabajo, deberá girar oficios de investigación a diversas instituciones administrativas, fiscales, aduaneras, policiacas, electorales, seguridad social, etcétera, a fin de lograr obtener un domicilio útil para emplazar a las partes demandadas en el juicio laboral. En el entendido que la búsqueda respectiva debe verificarse en el lugar en donde sea más factible obtener los datos correspondientes. Finamente, una vez obtenidos los datos referentes a los medios de investigación y/o desahogada la vista de la parte quejosa, la Junta responsable deberá acordar lo que en derecho corresponda; lo anterior, siempre y cuando haya impulso procesal por parte del quejoso para que los demandados sean llamados a juicio. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción V, 65, 73, 75 y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Edgar Nava López, por los motivos, fundamentos y efectos expuestos en el último considerativo. Notifíquese como legalmente corresponda. Así lo resolvió y firma el licenciado Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, hasta hoy seis de diciembre de dos mil dieciséis, por así haberlo permitido las labores del juzgado, asistido de Jaime Arzate Romero, Secretario que autoriza y da fe. EL JUEZ EL SECRETARIO

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