Antonio Angeles Estrada
Expediente 1332/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1332/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Antonio Angeles Estrada
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo. Cabe precisar que el presente expediente carece de relevancia documental.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho. ANOTACIONES Vista la demanda promovida por..., regístrese bajo el número 1332/2018-II-B. DESECHAMIENTO Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente señala como acto reclamado: La negativa de dar respuesta a la solicitud formulada el día veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, ante la autoridad Subadministrador de Recursos y Servicios de México, con sede en Naucalpan de Juárez. La demanda de que se trata deberá ser desechada de plano por notoriamente improcedente, ya que este juzgado de Distrito, estima que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 8 de la Constitución Federal, los que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." De conformidad con el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene el derecho de petición, siempre que éste se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, a la cual deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, teniendo la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. En ese sentido si el gobernado estima que su derecho de petición ha sido infringido por la omisión de la autoridad a dar respuesta a su petición, causándole con ello un perjuicio o agravio, puede acudir al juicio de amparo, a efecto de que le sea restituido el goce del derecho fundamental violado. No obstante, para instar la acción constitucional, como presupuesto de procedencia el promovente debe acreditar que transcurrió al menos el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído. En otras palabras, para poder controvertir una omisión por parte de la autoridad responsable es menester que haya trascurrido el plazo que la ley dispone para dar contestación a las peticiones, y de no existir, se debe acudir al plazo establecido por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al definir qué debe entenderse por breve término, que es de cuatro meses a partir de la petición. De este modo, para determinar si una autoridad omite contestar una petición hecha por un gobernado en breve término, debe atenderse a la naturaleza de la petición que se le hace, lo cual supone que la autoridad esté en aptitud material y legal de poder emitir el acuerdo correspondiente. En principio, debe decirse que no se advierte que haya transcurrido en exceso el breve término para producir y hacer del conocimiento de la peticionaria de amparo, la respuesta a su solicitud al tomar en cuenta que la autoridad responsable debe analizar si es procedente acordar la solicitud de las copias solicitadas. En ese sentido, el artículo 8º del Pacto Federal al efecto establece: "Artículo 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.". Del citado dispositivo constitucional trascrito, se advierte que toda autoridad ante quien alguna persona formule por escrito cualquier tipo de solicitud o petición, siempre que ésta se haga de manera pacífica y respetuosa, tiene la obligación de dar respuesta congruente en breve término y, además, hacer del conocimiento del promovente el resultado de su petición; debiéndose entender por lo primero, que toda respuesta de autoridad que recaiga a una solicitud de los gobernados debe hacerse atendiendo a lo efectivamente planteado sin omisión de alguna cuestión, sin que existan consideraciones contrarias entre sí y respetando los principios de congruencia y, por lo segundo, que la respuesta debe emitirse en un lapso en que racionalmente pueda estudiarse y acordarse una petición, y ésta debe darse a conocer al solicitante. Por tanto, este Juzgador considera que la omisión aquí reclamada en esta vía constitucional no existe, pues como ya se indicó, en la especie aún no ha transcurrido el tiempo necesario para que la autoridad responsable analice la solicitud de la parte inconforme, dé contestación a la misma y notifique el acuerdo o acuerdos recaídos, en razón de que el lapso transcurrido entre la recepción del escrito a la autoridad responsable (veintiuno de agosto) y la promoción de la demanda de amparo (veintinueve de agosto) que se analiza han transcurrido seis días hábiles, de ahí que no puede considerarse suficiente para que materialmente ésta pueda dar contestación a dicha petición. Aunado a lo anterior, debe decirse que de momento no se cuenta con elementos suficientes para determinar quién es la persona o el órgano interno de dicha autoridad administrativa facultado para dar respuesta a su petición, así como los trámites que se tengan que efectuar, para proceder al estudio pormenorizado de los argumentos que detalló el solicitante en su escrito, lo que en su caso permitiría a este juzgador establecer si éstos se han excedido en tiempo para emitir una determinación al respecto, así como su notificación al quejoso; de ahí que se deba atender a la regla genérica de cuatro meses. Es aplicable al caso, tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible a foja 41, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen LXXXI, Tercera Parte, Sexta Época, de registro 266384, que a la letra dice: "PETICION, DERECHO DE. CUANDO NO SE CONSIDERA TRANSGREDIDO EL ARTICULO 8o. CONSTITUCIONAL...". Tiene aplicación a lo anterior, el criterio contenido en la tesis I.4o.A.68 K, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, Febrero de 1994, cuyo rubro y texto son como sigue: "PETICIÓN. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO..." De ahí que dicho acto no puede considerarse como violatorio de derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República o en los tratados internacionales en que México es parte. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 8° constitucional; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA la demanda en estudio por notoriamente improcedente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En relación a que se le practique las notificaciones vía electrónica, con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena realizar las notificaciones vía electrónica. En atención a su petición de consulta vía electrónica, se autoriza al usuario "AbogadoAntonioAngeles" para lo cual, se encuentra disponible el expediente electrónico, en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, lo anterior con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · 8,346 expedientes
- Antonia Jiménez García936/2019
- Antonieta Pérez García1682/2017
- Antonina Claudio Román1418/2017
- Antonio Abraham Ramírez Cuadros273/2021
- Antonio Adrián Guzmán Sánchez469/2022
- Antonio Almazán Zaragoza1671/2016
- Antonio Atilano Romero1289/2023
- Antonio Bachaalani Nacif y Otros.1552/2019
- Antonio Brand Cano65/2023
- Antonio Buendía Oivares1468/2022
- Antonio Buendia Olivares1201/2023
- Antonio Calendaría Reyes656/2021