Antonio Andrade Hernández y Otros.
Expediente 1064/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1064/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Antonio Andrade Hernández y Otros.
Actuaciones
- Principal
La Secretaria. CUENTA. En la ciudad de León, Guanajuato, el treinta de diciembre de dos mil veintiuno, la secretaria da cuenta con la certificación que antecede y el estado de autos. Conste.LEÓN, GUANAJUATO, TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la cuenta que antecede se provee: I. Auto causa estado. De la certificación que antecede se advierte que el quejoso no impugnó en el plazo concedido el acuerdo en el que se desechó la demanda; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. II. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Con base en lo dispuesto en el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, dado que se desechó la demanda de amparo, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. NOTIFÍQUESE.
- Principal
... Agréguese a los autos el oficio signado por la autoridad responsable, mediante el cual informa las gestiones realizadas con motivo del cumplimiento sustituto del fallo protector, esto es, informa que se señalaron las ocho horas con treinta minutos del veintiuno de enero de dos mil veintidós, para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo en contra de la parte actora en el procedimiento de origen. En consecuencia, mediante oficio que derive del presente proveído, requiérasele nuevamente para que dentro del plazo de tres días contado a partir de que se lleve a cabo dicha diligencia, informe el resultado de la misma. Apercibida que de no cumplir con lo solicitado, con fundamento en lo establecido por los artículos 237, fracción I, 238, y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa por el equivalente de CINCUENTA Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el ocho de enero de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación.
- Principal
En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa, el proveído de TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, que en resumen dice Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1064/2021. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales que no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención al análisis integral del escrito inicial se precisa que el acto reclamado en esta instancia constitucional es: La determinación de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el juicio laboral radicado bajo el expediente ****, del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de León, Guanajuato, donde se desechó el incidente de falta de personalidad promovido por el apoderado de la parte quejosa. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales 1, 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V del numeral 107 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por ***, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje de León, Guanajuato. Como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Se considera actualizada la causa de improcedencia que prevén los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De la intelección de tales preceptos se advierte que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente cuando se promueve contra actos que, dictados en juicio, no producen efectos de imposible reparación. Los actos de imposible reparación ya los define la norma como aquéllos que afectan materialmente los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en que el Estado Mexicano es parte. En ese contexto, un acto intraprocesal tiene una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos, es decir, cuando causan un perjuicio material a los derechos fundamentales del quejoso de forma tal que el daño no puede enmendarse aunque se obtenga una decisión favorable como lo son, por ejemplo, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos, arrestos, etcétera, sujeto también a las reglas previstas para la definitividad de los actos. En ese sentido, de acuerdo al principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación; entendiéndose por tales aquéllas cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado tutelados por la Constitución Federal, por medio de los derechos humanos, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien los sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de las posibles violaciones se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Bajo esa connotación, se puede advertir que, los actos procesales no tienen efectos sobre las cosas o las personas en sus derechos sustantivos, pues solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento. Ahora, en el caso particular, el promovente solicita el amparo y la protección de la Justicia de la Unión contra la determinación de dieciocho de noviembre de este año dictada dentro del juicio laboral **. En esta determinación se desechó el incidente de falta de personalidad del apoderado de la parte quejosa. Tal acto únicamente tiene efecto intraprocesal, pues solo trae como consecuencia que el juicio de origen se siga en todas sus etapas hasta el dictado del laudo, por lo que las pretensiones de la parte quejosa pueden quedar satisfechas si obtiene resolución favorable en el juicio natural; por lo mismo, no vulnera derechos sustantivos, ya que éstos podrán, en su caso reclamarlos en conjunto con la solución en forma de laudo, si es que le resulta desfavorable a sus intereses, lo anterior, tomando en consideración que los mismos están contemplados como posibles violaciones al procedimiento previstas por el artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo, dado que las violaciones procesales podrán reclamarse en la vía constitucional al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, se pretendía evitar que diversas actuaciones de un mismo procedimiento dieran origen a múltiples juicios de amparo, provocando el retraso en la resolución del asunto respectivo. Por ello, se considera que además del hecho de que podrían repararse en sentencia tales violaciones, en el caso en la sentencia respectiva, era conveniente concentrar en una sola demanda la impugnación de aquellas actuaciones que trascendieran al fallo y que el propio legislador contempló en el artículo antes invocado. Es decir, el acto que se impugna constituye un acto procesal pues se trata de cuestiones relativas a la personalidad, inherente a quién representó a la parte demandada en el juicio de origen; por tanto, dada su propia naturaleza intraprocesal e intermedia, no genera contra la esfera jurídica de derechos del peticionario una ejecución que sea de imposible reparación. Ahora, en sesión de fecha veintidós de mayo de dos mil catorce, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia determinó al resolver la contradicción de tesis 377/2013 que el amparo indirecto no procede contra resoluciones que desechan la excepción de falta de personalidad; determinación en la que derivó la tesis jurisprudencial P./J. 37/2014 (10) del tenor siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". De la lectura de la tesis trascrita se advierte que la tesis de rubro "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO" resulta inaplicable, toda vez que la misma se generó conforme a la Ley de Amparo anterior, la cual dejaba abierta la posibilidad de interpretación de la expresión "imposible reparación", contrario a lo establecido en la legislación vigente en la que se señala que por actos de imposible reparación debe entenderse que son aquéllos que afecten derechos sustantivos. De modo que dichos actos no constituyen un acto que su ejecución sea de reparación imposible, y por ende, no procede el amparo indirecto para reclamarlo; puesto que, sólo tiene efectos intraprocesales Lo anterior no deja en estado de indefensión al quejoso ya que en su momento podrá hacer valer las violaciones procesales que considere pertinentes, conjuntamente con la resolución definitiva en caso de serle desfavorable. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis III.1.C.24 K, visible en la página 1062 del tomo XI, correspondiente al mes de enero de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "VIOLACIONES PROCESALES. SISTEMAS DE IMPUGNACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, estatuye la procedencia del juicio en la vía biinstancial contra actos emitidos en juicio sólo cuando éstos tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, a lo cual debe atenderse primordialmente para establecer si contra un acto intraprocesal procede el juicio de amparo ante el Juez de Distrito, con independencia de si la propia violación procesal pudiera repararse en el amparo directo que luego se promoviera contra el fallo definitivo adverso, dado que puede acontecer que dicha violación no fuera de las enumeradas, o sus análogas, en el artículo 159 de aquella ley, o bien que no trascendiera al sentido del fallo, pero, además, que tampoco tuviera una ejecución sobre las personas o las cosas que fuera irreparable, calidad que no se obtiene automáticamente por aquella circunstancia, sino de la naturaleza y consecuencias de la propia violación, y es dicha calidad la que hace procedente el amparo indirecto. Es decir, que la exclusión de una de esas vías del amparo no lleva necesariamente a la procedencia de la otra, y viceversa, porque la procedencia del juicio de amparo en cualquiera de sus vías contra actos intraprocesales está condicionada a requisitos específicos que, de no surtirse, puede hacer incluso que la acción de amparo no proceda en ninguna de ellas". En relación con este tema, se emitió la jurisprudencia I.4o.C., visible en la página 827, Tomo: I, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que establece: "EJECUCION IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACION DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B, CONSTITUCIONAL). En la legislación constitucional y secundaria que rige actualmente la procedencia del juicio de amparo contra actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la correcta interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, conduce a determinar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etc., porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El diverso concepto de irreparabilidad que se ha llegado a sostener, que se hace consistir en la imposibilidad jurídica de que la violación procesal de que se trate pueda ser analizada nuevamente al dictar la sentencia definitiva, no se considera admisible, dado que contraría la sistemática legal del juicio de garantías, en cuanto que si se sigue al pie de la letra ese concepto, se llegaría a sostener que todos los actos de procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales impiden que las actuaciones que causen estado puedan revisarse nuevamente en una actuación posterior, y esta apertura a la procedencia general del amparo indirecto judicial, pugna con el sistema constitucional que tiende a delimitarlo para determinados momentos solamente; además de que la aceptación del criterio indicado, traería también como consecuencia que hasta las violaciones procesales que únicamente deben impugnarse en el amparo directo fueran reclamables en el indirecto a elección del agraviado, aunque no fueran susceptibles de afectar inmediatamente las garantías individuales, lo que evidentemente no es acorde con la sistemática del juicio constitucional; y por último, desviaría la tutela del amparo hacia elementos diferentes de los que constituyen su cometido, contrariando sus fines y su naturaleza, al ensanchar indebidamente su extensión. A guisa de ejemplos de los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, vale la pena citar el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordenará la intercepción de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conminará a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, etc., pues en los primeros tres casos se pueden afectar las propiedades y posesiones, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo, y en el séptimo la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podría reparar en una actuación posterior en el juicio, ya que, verbigracia, en el caso del embargo, el derecho al goce, uso y disfrute de los bienes secuestrados, de que se priva por el tiempo que se prolongue la medida, no se restituye mediante el dictado de una sentencia definitiva favorable, aunque se cancele el secuestro y se devuelvan los bienes; el goce y disponibilidad del numerario pagado por concepto de multa no se puede restituir en el procedimiento; la libertad personal tampoco; la correspondencia interceptada ya no podrá volver a su secreto, etc., y en todos estos supuestos, la posible violación de garantías individuales subsistiría irremediablemente en unos, y en otros se haría cesar hacia el futuro únicamente hasta que se emitiera la sentencia definitiva". Por tanto, al verificarse el motivo de improcedencia analizado, procede desechar la demanda. Sin que pase inadvertido que a la demanda de amparo no se haya exhibido documento del cual se desprenda que ****, pues a nada práctico conduciría formular una prevención para que el peticionario cumpla con ese requisito, ya que no cambiaría el sentido de esta determinación. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como sus autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona por así haberlo solicitado. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a las partes copia de las constancias del expediente que soliciten durante la tramitación del presente asunto, que será entregada a las personas autorizadas previa comparecencia y razón de entrega que se asiente en autos para debida constancia que se realice ante el secretario encargado del asunto; en el entendido de que dicha autorización comprende la expedición de un juego de copias certificadas, y para el caso de que el solicitante requiera más de un tanto, deberá, por escrito, acompañar las razones por las que así lo necesita. PROMOCIONES QUE NO INCIDEN EN LA PROSECUCIÓN EFECTIVA DEL JUICIO, DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva, en la medida de lo posible, la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaría judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar al expediente aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicidad de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde auto inicial). En similares términos se agregarán los oficios o escritos presentados por las partes que no incidan en la prosecución efectiva del juicio, tales como notificaciones a los peritos, gestiones para hacer efectivas multas, etcétera. Lo anterior en estricta observancia al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con la finalidad de que el expediente se encuentre disponible el mayor tiempo posible para consulta de las partes. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la citada ley de la materia, a efecto de salvaguardar la posibilidad de las partes de objetar los documentos exhibidos en el juicio, se les hace de su conocimiento que únicamente podrán ser devueltos cuando cause ejecutoria la sentencia o determinación que ponga fin al juicio; en el entendido que, en su lugar, se dejará copia a costa del solicitante, y será certificada o cotejada posteriormente por el secretario. CONSULTA DE EXPEDIENTES O COMPARECENCIAS. Asimismo, indíquese a las partes que la consulta del expediente deberá llevarse a cabo a través del micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas a que hace alusión el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021. EXHORTACIÓN A SEGUIR EL JUICIO EN LÍNEA. Por otro lado, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 28 del citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se solicita a las partes que, de ser posible, continúen la tramitación del caso desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el esquema de "juicio en línea", ello con la finalidad de disminuir la concentración de personas en el inmueble que ocupa este órgano jurisdiccional; para lo cual, habrán de tramitar su firma electrónica. O bien, podrán solicitar, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico. Asimismo, solicítese a las partes que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo. MEDIDAS PARA LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO. Los actuarios de la adscripción deberán practicar las notificaciones personales, en términos de lo previsto en el artículo 23, fracción I, del referido Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esto es, de conformidad con los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo. Por lo que hace a la notificación a las autoridades responsables, con fundamento en la fracción III del diverso numeral 28 de la Ley de Amparo, realícese mediante oficio a través de cualquier medio oficial (como puede ser el correo electrónico institucional). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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