Antonio Ambrosio Coronado
Expediente 281/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 281/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 19/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Antonio Ambrosio Coronado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
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Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso, hubiese recurrido el auto de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Notifíquese
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Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Estado procesal Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que, el quejoso reclama: I.- De la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos: A).- El auto de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, emitido en el juicio laboral 01/497/16, en el cual señaló fecha y hora para el desahogo de la diligencia de reinstalación del quejoso; y, en donde se apercibió a la parte demandada que en caso de incumplimiento se tendría por no acatado el laudo y se procedería con la aplicación de las medidas de apremio que establece en la fracción I del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. B).- La omisión de diligenciar la reinstalación del quejoso en el juicio laboral de origen 01/497/16. Ahora bien, a juicio de este Juzgador, respecto del auto de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, emitido en el juicio laboral 01/497/16, en el cual señaló fecha y hora para diligenciar la reinstalación del quejoso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente". Del artículo transcrito, se desprende que son requisitos para que opere la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica, que se actualice lo siguiente: 1. Que se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial ya sea en materia civil, familiar, laboral, penal o administrativo, o en un procedimiento seguido en forma de juicio; 2. Que al promoverse el amparo, el quejoso se encuentre colocado en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al órgano jurídico; 3. Que después de admitida la demanda sobrevenga, en el procedimiento, otro acto, cualquiera que sea la autoridad que lo dicte; 4. Que el acto sobrevenido sea autónomo, es decir, que entre el acto reclamado y el nuevo acto no exista una relación de causalidad tal que la ilegalidad del primero traiga aparejada la irregularidad del segundo; y, 5. Que al producirse el nuevo acto se agoten los efectos del reclamado, creando frente al quejoso una nueva situación jurídica que no derive de este último. Lo que en la especie ha acontecido, puesto que, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los preceptos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte lo siguiente: I. Mediante auto de catorce de noviembre de dos mil diecinueve (acto reclamado), la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje señaló las once horas del diecinueve de marzo de dos mil veinte para que tuviera verificativo la diligencia de reinstalación del actor en la fuente de trabajo, es decir, en el Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos (foja 155); II. Con motivo de la crisis sanitaria pública y notoria derivada del virus SARS-CoV-2, no se llevó a cabo la diligencia de reinstalación en la fecha señalada para tal efecto, por lo que, mediante auto de veintitrés de junio de dos mil veinte, la autoridad responsable regularizó el procedimiento y señaló las once horas del veinticinco de agosto de dos mil veinte para el desahogo de la diligencia de reinstalación del actor -aquí quejoso- (foja 157). III. Al no haberse notificado oportunamente a las partes el acuerdo de veintitrés de junio de dos mil veinte, mediante auto de veintiséis de agosto de la citada anualidad, se señalaron las diez horas del tres de noviembre del mismo año, para el desahogo de la diligencia de reinstalación del actor (foja 158). IV. Al no haberse notificado oportunamente a las partes el acuerdo anterior, mediante auto de uno de diciembre de dos mil veinte, se señalaron las doce horas con treinta minutos del catorce de diciembre de la citada anualidad, para el desahogo de la diligencia de reinstalación del actor (foja 160). V. El catorce de diciembre de dos mil veinte, tuvo verificativo la diligencia de reinstalación (fojas 178 a 180). En consecuencia, si con posterioridad al actov reclamado, consistente en el auto de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, que señala fecha y hora para que tenga verificativo la diligencia de reinstalación del actor en la fuente de trabajo, se dictaron tres acuerdos más que señalaron diversas fechas posteriores para el mismo efecto, resulta claro que el primero quedó sustituido procesalmente por los subsecuentes. En consecuencia, este órgano judicial se encuentra impedido para analizar la regularidad constitucional del acto reclamado sin trastocar la nueva situación jurídica que prevalece en el juicio de origen, derivada de los acuerdos posteriores que ordenaron llevar a cabo la diligencia de reinstalación del actor. Además, también se advierte que ya se llevó a cabo la diligencia de reinstalación, con independencia de la contumacia en que incurrió el Ayuntamiento demandado, quien se negó a reinstalar al actor, lo que será materia de conocimiento de la autoridad responsable. En la inteligencia de que la demanda de amparo fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos el veinticuatro de febrero de dos mil veinte, como se advierte del sello fechador. Ahora bien, respecto del diverso acto reclamado consistente en la omisión de diligenciar la reinstalación del quejoso en el juicio laboral de origen 01/497/16, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de sobreseimiento prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Tratándose de omisiones, esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. Aunado a lo anterior, es preciso aclarar que, para actualizarse la causal de sobreseimiento en estudio, es requisito sine qua non que la autoridad responsable destruya total e incondicionalmente todos los efectos del acto reclamado, de modo que las cosas vuelvan al estado que guardaban con anterioridad a la pretendida violación, de tal manera que el acto ya no pueda agraviar al quejoso. La anterior consideración encuentra apoyo, en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 38, tomo IX, junio de 1999, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL....": Ahora bien, en el caso concreto, se advierte que el catorce de diciembre de dos mil veinte, se llevó al cabo la diligencia de reinstalación del actor (fojas 178 a 180). Razón por la cual, si la parte quejosa reclama la omisión por parte de la responsable de diligenciar la reinstalación del quejoso en el juicio laboral de origen 01/497/16, como se desprende de las constancias que obran en autos, es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior, con independencia de la contumacia en que incurrió el Ayuntamiento demandado, quien se negó a reinstalar al actor, ya que será la autoridad responsable quien, a petición del quejoso, resuelva lo conducente. En las condiciones anotadas y al actualizarse las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVII y XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio. Cobra aplicación por similitud de razones jurídicas la jurisprudencia 2ª. /J/. 10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE...": Cabe señalar, que el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, no deja en estado de indefensión al quejoso, en virtud de que las causales de improcedencia invocadas son notorias e indudables, ya que aun cuando alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuarlas. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta y dos minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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Cuernavaca, Morelos, a ocho de abril de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio signado por la Presidenta y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, mediante el cual da cumplimento al requerimiento formulado en proveído de veintinueve de marzo del año actual, remitiendo copia certificada de lo ahí solicitado; por tanto, dese vista a la parte quejosa para que se imponga de su contenido y manifieste lo que a su interés convenga, asimismo, se tiene por satisfecho y se deja sin efectos el apercibimiento decretado en dicho auto. Finalmente, con fundamento en los arábigos 119 y 123 del cuerpo normativo en mención, se tienen por admitidas las pruebas documentales que anexa, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, de los que se aprecia que, mediante auto de uno de diciembre de dos mil veinte, la autoridad responsable señaló las doce horas con treinta minutos del catorce de diciembre de la citada anualidad, para que tuviera verificativo la diligencia de reinstalación del actor (aquí quejoso) en la fuente de trabajo, sin que obren constancias del resultado de la misma. En consecuencia, toda vez que las constancias relativas a la diligencia de reinstalación resultan necesarias para resolver en el presente asunto, con fundamento en los artículos 75 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se requiere a la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que, dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, remita copia certificada de la diligencia de reinstalación de catorce de diciembre de dos mil veinte, o en su caso, informe sobre el resultado de la misma y remita las constancias correspondientes. Con el apercibimiento que, de no cumplir con lo anterior, se hará acreedora a una medida de apremio consistente en una multa por la cantidad equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización1 , lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los numerales 237, fracción I y 259 ambos de la Ley de Amparo. Finalmente, para dar margen a lo anterior, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para las diez horas con ocho minutos del treinta de marzo de dos mil veintiuno y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.
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