Antonio Alvarez Juarez

Expediente 738/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
738/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
25/07/2019

Partes del expediente

  • Antonio Alvarez Juarez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, veinticinco de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, por el que acusa recibo diverso por el que se remitió del expediente 738/2019 del índice de este juzgado, asimismo informa que acepta la competencia planteada; de lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en razón que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese este cuaderno de antecedentes como asunto total y definitivamente concluido, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales únicamente las promociones y actuaciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 1o.A.E.6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo 2014, Tomo III, página 1994, cuyo rubro y texto son: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales." Por otra parte, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en los puntos Segundo, fracción XX y Vigésimo, fracción I, del mencionado Acuerdo General Conjunto, pues se trata de un cuaderno de antecedentes formado con motivo de que este juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo de que se trata, por tanto, procédase a su destrucción una vez que haya transcurrido el plazo de seis meses a que se refiere el primer párrafo del punto Vigésimo del Acuerdo General invocado. Finalmente, atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente de que se trate. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, siete de junio de dos mil diecinueve. Desahogo de prevención Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por ***********, quejoso en el presente juicio de amparo, mediante el cual desahoga la prevención formulada por este órgano jurisdiccional mediante proveído de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve; por tanto, se provee: Autoridades responsables y actos reclamados Previamente a proveer sobre la demanda, debe destacarse que es criterio reiterado del Alto Tribunal que la demanda de amparo es un todo, por lo que su estudio integral no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan, y en su caso, el escrito aclaratorio. En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal; por lo que dicha tarea incluye el análisis del ocurso inicial, de sus anexos y en su caso, del escrito aclaratorio. Establecido lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se tienen como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: Autoridad responsable Acto reclamado 1. Titular del Área de Responsabilidades en la Delegación de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, en Pemex Transformación Industrial, Empresa Productiva Subsidiaria de Petróleos Mexicanos a) La orden de suspensión temporal en mi empleo, cargo y/o comisión por un periodo de tres meses. 2. Director General de Pemex Transformación Industrial, Empresa Productiva del Estado, Subsidiaria de Petróleos Mexicanos. a) La orden de suspensión temporal en mi empleo, cargo y/o comisión por un periodo de tres meses. 3. Director General de Petróleos Mexicanos. a) La orden de suspensión temporal en mi empleo, cargo y/o comisión por un periodo de tres meses. 4. Titular del Registro de Servidores Públicos Sancionados de la Secretaría de la Función Pública. a) La inscripción de la sanción consistente en la orden de suspensión temporal en mi empleo, cargo y/o comisión por un periodo de tres meses. 5. Titular de la Subdirección de Relaciones Laborales Y Servicios al Personal de Petróleos Mexicanos. a) La ejecución de la orden de suspensión temporal en mi empleo, cargo y/o comisión por un periodo de tres meses. 6. Gerente de la Refinería "Ing. Antonio Dovalí Jaime", con residencia en Salina Cruz, Oaxaca. a) La ejecución de la orden de suspensión temporal en mi empleo, cargo y/o comisión por un periodo de tres meses. 7. Gerente de la Refinería "Ing. Antonio M. Amor", con residencia en Salamanca, Guanajuato. a) La ejecución de la orden de suspensión temporal en mi empleo, cargo y/o comisión por un periodo de tres meses. 8. Encargado del Despacho de la Jefatura del Departamento de Personal de la Refinería "Ing. Antonio Dovalí Jaime", con residencia en Salina Cruz, Oaxaca. a) La ejecución de la orden de suspensión temporal en mi empleo, cargo y/o comisión por un periodo de tres meses. 9. Encargado del Despacho de la Jefatura del Departamento de Personal de la Refinería "Ing. Antonio M. Amor", con residencia en Salamanca, Guanajuato. a) La ejecución de la orden de suspensión temporal en mi empleo, cargo y/o comisión por un periodo de tres meses. Incompetencia por territorio En primer término, debe hacerse referencia al artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del precepto anterior se desprenden tres reglas de competencia de los jueces de distrito en función de la posible ejecución del acto reclamado, a saber: Si el acto reclamado conlleva ejecución, esto es, debe ejecutarse, se está ejecutando, o bien, se haya ejecutado, es juez competente el que ejerza jurisdicción dentro de los límites del lugar de dicha ejecución. Si el acto reclamado conlleva ejecución y ésta tiene lugar en diferentes distritos, o bien, comenzó a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, será juez competente aquél ante quien se presente la demanda de amparo; y, Si el acto reclamado no conlleva ejecución material, será juez competente aquél ante quien se presente la demanda. En ese sentido, debe señalarse que mediante Acuerdo CCNO/9/2019 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al turno de nuevos asuntos a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa y en Materia Civil, todos de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de febrero de dos mil diecinueve, se asignó a este juzgado auxiliar la competencia para conocer y resolver de los juicios de amparo cuyo conocimiento corresponde a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, conforme al número y cualidad de juicios especificados en el propio acuerdo. Sobre el particular, el considerando quinto y los artículos 1, 2 y 4 de dicho Acuerdo prevén: QUINTO. Los Juzgados Primero y Segundo de Distrito Auxiliares de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, tienen una doble función; como auxiliares apoyando en el dictado de sentencias a los Juzgados de Distrito de número; y como órganos jurisdiccionales ordinarios, tramitando y resolviendo asuntos de competencia específica que les ha sido asignada por el Consejo de la Judicatura Federal, motivo por el cual, cuentan con una plantilla de personal amplia. En ese sentido, los referidos órganos jurisdiccionales, apoyarán a los Juzgados de Distrito en Materia Civil y Administrativa, en la Ciudad de México, que cuentan con mayor número de asuntos en trámite, recibiendo un número determinado de nuevos asuntos que tramitarán y resolverán, además de dictar todas las providencias posteriores hasta su archivo definitivo; y ACUERDO Artículo 1. La Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil con residencia en la Ciudad de México, recibirá los asuntos de nuevo ingreso, y a partir del once de febrero de dos mil diecinueve, turnará por día los primeros ocho juicios de amparo al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, de manera indefinida y hasta que la Comisión de Creación de Nuevos Órganos determine lo contrario, con el objeto de que los tramite y resuelva. Artículo 2. La Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa con residencia en la Ciudad de México, recibirá los asuntos de nuevo ingreso, y a partir del once de febrero de dos mil diecinueve, turnará por día los primeros ocho juicios de amparo al Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, de manera indefinida y hasta que la Comisión de Creación de Nuevos Órganos determine lo contrario, con el objeto de que los tramite y resuelva. [.] Artículo 4. Los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, tramitarán y resolverán los asuntos de que se trata, además dictarán todas las providencias posteriores hasta el archivo definitivo. De la transcripción anterior, se desprende la encomienda a este órgano auxiliar de apoyar a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el trámite y resolución de los juicios de amparo de su competencia, hasta su archivo definitivo. Para ello, a efecto de delimitar los asuntos que, por razón de territorio, son competencia de tales órganos, resulta indispensable hacer referencia al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, modificado mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación el quince de diciembre de dos mil diecisiete. El mencionado Acuerdo, en la cuestión de interés, preceptúa: PRIMERO. El territorio de la República se divide en treinta y dos circuitos, cuya circunscripción territorial es la siguiente: I. PRIMER CIRCUITO: Ciudad de México. [.] CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: I. PRIMER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito con residencia en la Ciudad de México ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de aquélla, con excepción de los Juzgados de Distrito Especializados en Ejecución de Penas que ejercerán jurisdicción territorial, en toda la República Mexicana. De los artículos transcritos, se desprende que el territorio nacional se divide en treinta y dos circuitos, correspondiendo a la Ciudad de México el Primer Circuito. Asimismo, se advierte que los jueces de distrito con residencia en la Ciudad de México ejercerán jurisdicción dentro de los límites comprendidos en dicho territorio. En ese sentido, de la intelección de dichos preceptos, así como de las reglas de competencia establecidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se afirma que los jueces de distrito con residencia en la Ciudad de México son competentes, por razón de territorio, para conocer y resolver los asuntos en los que la ejecución del acto reclamado tenga un punto de conexión dentro de la Ciudad de México, ya sea porque en dicho territorio deba ejecutarse, se esté ejecutando, se haya ejecutado o haya comenzado a ejecutarse. Asimismo, siguiendo el referido numeral 37 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado no conlleva ejecución material alguna, los jueces de distrito con residencia en la Ciudad de México serán competentes si ante ellos se presenta la demanda de amparo respectiva. Finalmente, ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, en un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del quejoso y, de esta forma, armonizar los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. Resulta aplicable la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En el caso concreto el quejoso reclama esencialmente la ejecución de la orden de suspensión temporal en su empleo, cargo y/o comisión por un periodo de tres meses, el cual es un acto cuya ejecución tendrá efectos en el lugar de trabajo al que se encuentra adscrito, esto es, en la Refinería "Ing. Antonio Dovalí Jaime", con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, es decir, fuera de los límites territoriales en los que este juzgado de distrito ejerce su jurisdicción, conforme al Acuerdo CCNO/9/2019 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Efectivamente, el acto reclamado deberá tener ejecución material en la Ciudad de Salina Cruz, Estado de Oaxaca, toda vez que a decir del quejoso es la circunscripción territorial en la que se encuentra su centro de trabajo, es decir, la Refinería "Ing. Antonio Dovalí Jaime", con residencia en Salina Cruz, Oaxaca. Lo anterior es así, dado que en el escrito que se provee, con el cual la parte quejosa desahogó la prevención formulada en auto de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, manifestó: "2).- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto mi actual Centro de Trabajo lo es la Refinería "Ing. Antonio Dovalí Jaime", ubicada en Salina Cruz, Oaxaca, concretamente en Carretera Transistmica Km 3.5, Colonia Aviación, Salina Cruz, Oaxaca, C.P. 70620.", manifestaciones que generan la convicción de que la orden de suspensión temporal en su empleo, cargo y/o comisión por un periodo de tres meses, se llevará a cabo en la circunscripción territorial en la cual se encuentra su centro de trabajo, con lo cual se concluye que la ejecución de acto reclamado se llevará a cabo fuera de la jurisdicción de este Juzgado Auxiliar. No pasa inadvertido para el juzgador el hecho de que el quejoso señala además como acto reclamado la inscripción de la sanción respectiva en el Registro de Servidores Públicos Sancionados; sin embargo, atendiendo al criterio del Alto Tribunal señalado en párrafos anteriores, y del estudio integral de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio, se pone de manifiesto que sus conceptos de violación se centran en "la separación inmediata por suspensión temporal en el sueldo y funciones en el empleo que vengo desempeñando", así como " los efectos negativos a mi esfera jurídica pues se me priva de la obtención de los recursos económicos necesarios para subsistencia propia y de mi familia". En ese orden de ideas, el acto destacado consiste en la ejecución de la orden de suspensión temporal de su empleo, cargo o comisión por un periodo de tres meses, desde la perspectiva en la separación de su empleo y de la privación de su sueldo, lo que lleva al convencimiento a este juzgador que la ejecución material será en el lugar de su trabajo, esto es, Salina Cruz, Oaxaca. En consecuencia, atendiendo a las reglas de competencia establecidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se considera que el conocimiento de este juicio corresponde a un juzgado de distrito con residencia en Salina Cruz, Oaxaca. No pasa desapercibido para este juzgador que mediante Acuerdo General 20/2009 del Consejo de la Judicatura Federal se creó el Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en el cual se dispuso que los órganos pertenecientes a dicho centro -como lo es este órgano auxiliar- tendrían jurisdicción en toda la república y competencia mixta. Sin embargo, esto no significa que este juzgado auxiliar no pueda declararse incompetente por razón de territorio, toda vez que en el propio Acuerdo se dispuso que la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal determinaría mediante acuerdo qué órganos jurisdiccionales serían apoyados por estos órganos auxiliares. En cumplimiento a ello, por Acuerdo CCNO/9/2019 la citada Comisión asignó a este juzgado federal la competencia para conocer y resolver los asuntos cuyo conocimiento corresponde a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; con lo que se estableció una regla especial al Acuerdo General 20/2009 y se delimitó la competencia al auxilio del trámite y resolución de los amparos en materia administrativa en la Ciudad de México. Por ello, este juzgador considera que se encuentra en aptitud legal de analizar la competencia del juzgado auxiliado y, en caso, declararse legalmente incompetente, toda vez que la encomienda establecida en el multicitado Acuerdo CCNO/9/2019 fue dotar a este juzgado de distrito de competencia ordinaria para conocer y resolver los juicios de amparo que deben ser del conocimiento de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Al respecto, no pasa desapercibido para este juzgador la existencia de la jurisprudencia 1a./J. 115/2010 de la Primera Sala, así como de la diversa 2a./J. 107/2017 (10ª) de la Segunda Sala, las cuales, respectivamente, establecen: "ÓRGANOS AUXILIARES. DEBEN ANALIZAR LA COMPETENCIA AL DICTAR SENTENCIA. El órgano auxiliar facultado mediante acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para fallar asuntos en apoyo a otros juzgados de amparo debe analizar la competencia, ya que puede hacer todo lo que el tribunal de origen haría si estuviera resolviendo, en virtud de que el estudio de las cuestiones relacionadas con la competencia constituye uno de los presupuestos para el dictado de las sentencias, y la facultad para ello no puede disociarse de la de emitir el fallo." Jurisprudencia 1a./J. 115/2010, registro 163072) "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO AUXILIARES. NO PUEDEN DECLARARSE INCOMPETENTES POR RAZÓN DE LA MATERIA [ABANDONO DE LA TESIS 2a. XI/2012 (10a.) (*)]. Los Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares cuentan con competencia mixta para resolver los asuntos que les sean remitidos en cualquier materia y así lograr el objetivo de su creación, consistente en beneficiar al justiciable mediante la impartición de justicia pronta y expedita, conforme al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, a la vez, abatir el rezago en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, cuando a un Tribunal Colegiado de Circuito Auxiliar se le remite un caso para resolverlo, es evidente que es competente para hacerlo, con independencia de si estima que el órgano jurisdiccional del que proviene es competente por materia o no, pues a diferencia de éste, el auxiliar no tiene limitada su competencia por materia, por lo que no puede declararse incompetente por esa razón." Jurisprudencia 2a./J. 107/2017 (10ª) (registro 2014865) Del análisis comparativo, se desprende una discrepancia entre las tesis sostenidas por la Primera y Segunda Salas del Alto Tribunal, toda vez que mientras aquélla impone obligación a los juzgadores auxiliares de analizar la competencia del juez auxiliado, dado que constituye un presupuesto procesal que no puede disociarse de las actuaciones que lleva a cabo en auxilio; la Segunda Sala, por su parte, sostiene que los órganos jurisdiccionales auxiliares no pueden declararse incompetentes por materia, en virtud de que no tienen limitada su competencia. De este modo, si bien conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia es obligatoria, entre otros órganos, para los jueces de amparo, lo cierto es que este juzgador advierte discrepancia entre tales criterios, los cuales son de la misma jerarquía e igualmente obligatorios. Lo anterior, aunado a que la disidencia de mérito ya fue denunciada a través la contradicción de tesis 230/2017 y se encuentra pendiente de resolución por el Tribunal Pleno. Por tanto, a la fecha no existe un criterio obligatorio que sea uniforme al respecto. Así las cosas, ante la discrepancia de jurisprudencias igualmente obligatorias, este juez de distrito se inclina por observar el criterio de la Primera Sala establecido en la jurisprudencia 1a./J. 115/2010, consistente en que los órganos auxiliares deben analizar la competencia del juez auxiliado y, de ser el caso, declararse legalmente incompetentes. Remisión al juzgado competente Por las razones expuestas, el suscrito considera que es incompetente, por razón de territorio, para conocer y resolver este juicio de amparo. Por tanto, se ordena remitir el expediente en que se actúa y copias de traslado del escrito inicial de demanda y escrito aclaratorio al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, en turno, para su conocimiento, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, a quien se estima competente para conocerla, por los motivos antes expuestos, solicitándole que tenga a bien remitir el acuse de recibo de estilo. De igual manera, a fin de acordar lo subsecuente, con copia de la demanda, anexos y copia autorizada de este proveído, se ordena formar el cuaderno de antecedentes respectivo Suspensión Toda vez que en este asunto no se reclama ningún acto de los establecidos en el artículo 15, en relación con el diverso 48, ambos de la Ley de Amparo, no ha lugar a pronunciarse sobre la suspensión de los actos reclamados. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejoso Por lista Ministerio Público Federal Por lista Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, en turno. Por oficio

  3. Principal

    Ciudad de México, treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve. Registro Vista la demanda de amparo promovida por ****************; por propio derecho; fórmense el expediente físico y electrónico de amparo, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo e instrúyase a la Secretaria de acuerdos que deberá dar fe en lo sucesivo de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Asimismo, anótese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con los siguientes datos: REGISTRO OCC EXPEDIENTE NNEUN PARTE QUEJOSA 013289/2019 738/2019 25036283 ******************** Autorizados en términos amplios, para oír y recibir notificaciones, así como para la utilización de medios electrónicos en la consulta del expediente De conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado en términos amplios de la parte quejosa al siguiente profesionista: Profesionista ***************** Dicha autorización se entiende para efectos de llevar a cabo todos los actos en juicio que correspondan a la parte quejosa, consistentes en interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas e, incluso, desistirse de ellas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, sin incluir aquéllos que impliquen disposición del derecho en litigio y los reservados a la persona del interesado, como lo es la facultad para desistirse del juicio de amparo y sus recursos. Por otro lado, se autorizan en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a las restantes personas que menciona, para el único efecto de oír y recibir notificaciones. De igual manera, conforme a la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes para que se impongan de las actuaciones de este expediente con la utilización de medios electrónicos. Consulta vía electrónica de las constancias que integran este sumario constitucional Asimismo; atento a la certificación de cuenta, se autoriza a ****************, con clave de usuario **************, la consulta vía electrónica de las constancias que integran este sumario constitucional, a través del portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal. En atención a ello, se instruye a la analista jurídica encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0), a fin de que realice los movimientos informáticos necesarios para tal efecto. Domicilio dentro de la jurisdicción En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, reconózcase como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su ocurso inicial, el cual es el inmueble ubicado en: Domicilio ****************** Lo anterior, sin perjuicio de que el quejoso o su legítimo representante, de manera directa y no a través de un autorizado, puedan solicitar que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, siempre que hubieran obtenido la Firma Electrónica, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cuestión previa El artículo 108 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación. Por otro lado, siguiendo lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura. Así, una vez analizado el escrito inicial de demanda en forma integral, al igual que los anexos que la acompañan, se acuerda lo siguiente: Prevención Con fundamento en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, se requiere al promovente para que dentro del plazo de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, realice lo siguiente: Deberá señalar con precisión la totalidad de los antecedentes de los actos reclamados, en los que deberá incluir todos aquellos hechos y circunstancias de tiempo, modo y lugar que en relación con cada una de las autoridades que señala como responsables hayan acontecido ante la emisión de los actos reclamados, esto es, el acto que atribuye a cada una de las autoridades que señala como responsables. Deberá señalar con precisión y bajo protesta de decir verdad, en donde se encuentra su centro de trabajo, es decir, el lugar en donde labora y se encuentra adscrito. Lo anterior, toda vez que del análisis integral de la demanda de amparo se observa que el quejoso refiere de manera genérica, a las autoridades que considera como ejecutoras; sin embargo, omite precisar respecto de cada una de ellas los hechos acontecidos que llevaron a la emisión y ejecución de los actos que les atribuye, lo que equivale a que no estén señalados en su totalidad los antecedentes de los actos reclamados, creando incertidumbre al suscrito en cuanto a cómo acontecieron los hechos que dieron origen a los actos impugnados y en qué medida participan las autoridades responsables en la ejecución de los mismos. Apercibimiento Con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se apercibe al promovente que de no desahogar la prevención formulada dentro del plazo señalado, acompañando copias de los escritos aclaratorios necesarios para correr traslado a las partes, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Al respecto, es preciso aclarar que en caso de que el promovente desahogue la prevención en los primeros días del plazo concedido, pero sin cumplir con la totalidad de los requerimientos impuestos, este juzgador procederá a emitir un acuerdo en el que señale las omisiones que subsisten -el que deberá notificarse personalmente-, a efecto de dar oportunidad al quejoso de subsanar dichas omisiones antes del vencimiento del plazo concedido originalmente. Esto es, el término de cinco días se suspenderá con la presentación del escrito con el que se pretenda desahogar la prevención y se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación del proveído en el que se señalen las omisiones que subsisten. Notificación al Ministerio Público Conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención que corresponde al Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado. Habilitación de días y horas inhábiles Se habilitan días y horas inhábiles para que se practique cualquiera de las notificaciones que se ordenen en este expediente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Transparencia Se hace del conocimiento de la parte quejosa que tiene expedita la posibilidad para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a la publicación de sus datos personales, siempre que en esta última hipótesis lo informe de manera expresa, de conformidad con los artículos 31, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Jurisprudencia La jurisprudencia y las tesis aisladas que se empleen durante la tramitación del presente juicio de amparo, que hayan sido emitidas durante la Novena Época, son válidamente aplicables en términos del Transitorio Sexto de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10ª), la cual establece: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto." Jurisprudencia 2a./J. 10/2016, Registro 2010982. Domicilio del juzgado Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional auxiliar, así como la Oficina de Correspondencia Común a la que pertenece, se encuentran dentro del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro, ubicado en Eduardo Molina número 2, acceso 9, nivel plaza, colonia Del Parque, Ciudad de México, Alcaldía Venustiano Carranza, código postal 15960. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejoso Personalmente Ministerio Público Federal Por lista

  4. Principal

    EN SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA QUE SE PUBLICA EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, EL AUTO DE TREINTA Y UNO DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, QUE A LA LETRA DICE:"Ciudad de México, treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve. Registro Vista la demanda de amparo promovida por ****************; por propio derecho; fórmense el expediente físico y electrónico de amparo, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo e instrúyase a la Secretaria de acuerdos que deberá dar fe en lo sucesivo de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Asimismo, anótese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con los siguientes datos: REGISTRO OCC EXPEDIENTE NNEUN PARTE QUEJOSA 013289/2019 738/2019 25036283 ******************** Autorizados en términos amplios, para oír y recibir notificaciones, así como para la utilización de medios electrónicos en la consulta del expediente De conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado en términos amplios de la parte quejosa al siguiente profesionista: Profesionista ***************** Dicha autorización se entiende para efectos de llevar a cabo todos los actos en juicio que correspondan a la parte quejosa, consistentes en interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas e, incluso, desistirse de ellas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, sin incluir aquéllos que impliquen disposición del derecho en litigio y los reservados a la persona del interesado, como lo es la facultad para desistirse del juicio de amparo y sus recursos. Por otro lado, se autorizan en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a las restantes personas que menciona, para el único efecto de oír y recibir notificaciones. De igual manera, conforme a la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes para que se impongan de las actuaciones de este expediente con la utilización de medios electrónicos. Consulta vía electrónica de las constancias que integran este sumario constitucional Asimismo; atento a la certificación de cuenta, se autoriza a ****************, con clave de usuario **************, la consulta vía electrónica de las constancias que integran este sumario constitucional, a través del portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal. En atención a ello, se instruye a la analista jurídica encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0), a fin de que realice los movimientos informáticos necesarios para tal efecto. Domicilio dentro de la jurisdicción En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, reconózcase como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su ocurso inicial, el cual es el inmueble ubicado en: Domicilio ****************** Lo anterior, sin perjuicio de que el quejoso o su legítimo representante, de manera directa y no a través de un autorizado, puedan solicitar que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, siempre que hubieran obtenido la Firma Electrónica, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cuestión previa El artículo 108 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación. Por otro lado, siguiendo lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura. Así, una vez analizado el escrito inicial de demanda en forma integral, al igual que los anexos que la acompañan, se acuerda lo siguiente: Prevención Con fundamento en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, se requiere al promovente para que dentro del plazo de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, realice lo siguiente: Deberá señalar con precisión la totalidad de los antecedentes de los actos reclamados, en los que deberá incluir todos aquellos hechos y circunstancias de tiempo, modo y lugar que en relación con cada una de las autoridades que señala como responsables hayan acontecido ante la emisión de los actos reclamados, esto es, el acto que atribuye a cada una de las autoridades que señala como responsables. Deberá señalar con precisión y bajo protesta de decir verdad, en donde se encuentra su centro de trabajo, es decir, el lugar en donde labora y se encuentra adscrito. Lo anterior, toda vez que del análisis integral de la demanda de amparo se observa que el quejoso refiere de manera genérica, a las autoridades que considera como ejecutoras; sin embargo, omite precisar respecto de cada una de ellas los hechos acontecidos que llevaron a la emisión y ejecución de los actos que les atribuye, lo que equivale a que no estén señalados en su totalidad los antecedentes de los actos reclamados, creando incertidumbre al suscrito en cuanto a cómo acontecieron los hechos que dieron origen a los actos impugnados y en qué medida participan las autoridades responsables en la ejecución de los mismos. Apercibimiento Con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se apercibe al promovente que de no desahogar la prevención formulada dentro del plazo señalado, acompañando copias de los escritos aclaratorios necesarios para correr traslado a las partes, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Al respecto, es preciso aclarar que en caso de que el promovente desahogue la prevención en los primeros días del plazo concedido, pero sin cumplir con la totalidad de los requerimientos impuestos, este juzgador procederá a emitir un acuerdo en el que señale las omisiones que subsisten -el que deberá notificarse personalmente-, a efecto de dar oportunidad al quejoso de subsanar dichas omisiones antes del vencimiento del plazo concedido originalmente. Esto es, el término de cinco días se suspenderá con la presentación del escrito con el que se pretenda desahogar la prevención y se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación del proveído en el que se señalen las omisiones que subsisten. Notificación al Ministerio Público Conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención que corresponde al Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado. Habilitación de días y horas inhábiles Se habilitan días y horas inhábiles para que se practique cualquiera de las notificaciones que se ordenen en este expediente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Transparencia Se hace del conocimiento de la parte quejosa que tiene expedita la posibilidad para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a la publicación de sus datos personales, siempre que en esta última hipótesis lo informe de manera expresa, de conformidad con los artículos 31, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Jurisprudencia La jurisprudencia y las tesis aisladas que se empleen durante la tramitación del presente juicio de amparo, que hayan sido emitidas durante la Novena Época, son válidamente aplicables en términos del Transitorio Sexto de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10ª), la cual establece: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto." Jurisprudencia 2a./J. 10/2016, Registro 2010982. Domicilio del juzgado Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional auxiliar, así como la Oficina de Correspondencia Común a la que pertenece, se encuentran dentro del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro, ubicado en Eduardo Molina número 2, acceso 9, nivel plaza, colonia Del Parque, Ciudad de México, Alcaldía Venustiano Carranza, código postal 15960. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejoso Personalmente Ministerio Público Federal Por lista", DICTADO EN EL JUCIO DE AMPARO 738/2019, A LA PARTE QUEJOSA EN EL JUICIO EN QUE SE ACTÚA. NOTIFÍQUESE.

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