Antonio Altamirano Corona
Expediente 692/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 692/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 16/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Antonio Altamirano Corona
- Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Causa estado auto de sobreseimiento fuera de audiencia. De la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal la determinación de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, dictada en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente. (destrucción, principal). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Valoración del incidente de suspensión. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se concedió la suspensión provisional y se declaró sin materia la suspensión definitiva, se determina que los autos originales del incidente de suspensión son susceptibles de DEPURACIÓN. Destino del expediente y transferencia. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión, su incumplimiento y el proveído que acuerde sobre su archivo como asunto concluido. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante; en conjunto con el expediente principal, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Destino del duplicado. Ahora, por lo que ve al duplicado del presente cuadernillo, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo su destrucción, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado, ello, siempre y cuando exista el expediente original. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese a las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Miguel Ángel Ramírez Argüello, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de diciembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta se provee. Sin mayor acuerdo. Agréguese a los autos sin mayor acuerdo, el pedimento ministerial que remita la Agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado; toda vez que en proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, se sobreseyó fuera de audiencia el juicio en que se actúa. Notifíquese en el Portal de Internet de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE DICE: Morelia, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta se provee. Informe con justificación, domicilio y delegados. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe con justificación de la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad; dése vista a las partes con él para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Asimismo, téngase a la autoridad responsable designando como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere en dicho informe y como domicilio para recibir notificaciones el que menciona en el informe de ley. Prueba documental. Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental exhibida por la autoridad oficiante, sin perjuicio de relacionarla y recibirla en la audiencia constitucional. Cuestión previa. Ahora bien, es menester precisar que en el asunto que nos ocupa, la quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO: Se reclama la violación a la garantía constitucional relativa al derecho sustantivo del acceso efectivo a la justicia, establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8º de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, al exceder los plazos y términos que señala la ley dentro del juicio laboral 254/2020 que por despido injustificado se promovió por el suscrito quejoso, tramitado ante la autoridad señalada como responsable, al ser omiso en radicar la demanda y citar a las partes dentro de las veinticuatro horas siguientes a la audiencia de conciliación que señala el artículo 97 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán, dentro de los tres días contados a partir de la fecha de la citación." Además, de una lectura integra a su demanda se desprende que pretende se le conceda el amparo y protección de la justicia federal para que la responsable tramite y concluya en forma expedita el procedimiento especial de origen, conforme a los plazos y términos previstos en la ley, argumentos que sustenta en la jurisprudencia 44/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS". En efecto, de la jurisprudencia en cita la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Federal, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales -señaladas en la demanda de amparo-, sino también las subsecuentes. Sin embargo, de una nueva reflexión determinó abandonar dicho criterio, en razón de que -sostuvo- los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Argumentos de los cuales surgió la jurisprudencia 2ª.CV/2013(10ª), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo 1, de rubro y texto: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". Ahora bien, de las documentales que adjuntó a su informe justificado, se desprende que el Tribunal laboral responsable en cumplimiento a la suspensión provisional dictada en el incidente de suspensión derivado del presente sumario, dentro del expediente laboral 254/2020, emitió acuerdo de radicación con fecha veintidós de octubre del año en curso, en el que determinó prevenir a la parte actora (aquí quejoso) a efecto de que informe diversos puntos que le fueron requeridos para estar en condiciones de admitir su escrito de demanda. Así, una vez aclarados los puntos por la parte actora, mediante auto de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, admitió a trámite la demanda promovida por la ahora parte quejosa. En ese tenor, al haber subsanado la negativa u omisión reclamada en esta vía constitucional -la omisión de la autoridad responsable de radicar la demanda presentada por el aquí quejoso y de citar a las partes dentro del término legal a la audiencia de conciliación, en el juicio laboral 254/2020; bajo esa premisa, se tiene que a la presentación de la demanda constitucional la etapa en la que se encuentra el procedimiento de origen es en la radicación o no de la demanda laboral, de ahí que se atenderá a esa circunstancia para resolver el presente asunto. Sobreseimiento. En esas condiciones, en el caso que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Para una mejor comprensión del asunto, conviene hacer las siguientes precisiones: La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo, y por lo tanto desaparecido los efectos de dicho acto de autoridad, esto es, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de garantías individuales, nunca se hubiese realizado. Así, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, consiguiéndose la finalidad del artículo 77 fracción II de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. Ahora bien, se procede a explicar de qué forma se actualiza en el caso la causal de improcedencia en comento, debiendo tomarse en consideración que en el caso la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable la omisión de impartir justicia de manera pronta y expedita, en específico, la radicación de la demanda ordinaria laboral promovida por Antonio Altarmirano Corona. Mas cierto es que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el veintidós de octubre de dos mil veinte, radicó el escrito inicial de demanda, dando origen al expediente laboral 254/2020, previniendo a la parte actora, aquí quejoso, a efecto de que aclarara diversos puntos. Prevención que fue desahogada por el actor y el diecisiete de noviembre pasado, tuvo por admitida la demanda laboral y ordenó al actuario adscrito al tribunal laboral responsable para que emplace a juicio a la parte demandada. Entonces, como ya se mencionó, el acto de autoridad que le causaba agravio a la parte quejosa, lo era precisamente la omisión de admitir la demanda, dentro del expediente ordinario laboral 254/2020; y, como se advierte de las copias certificadas que acompaña al oficio de cuenta, radicó la demanda y previo desahogo de prevención, la admitió a trámite y ordenó el emplazamiento de la parte demandada, mediante proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Pues no debe pasar inadvertido, que la demanda de amparo fue presentada el diecinueve de octubre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, y como ya se dijo con antelación, el veintidós de octubre siguiente, la autoridad responsable emitió el acuerdo de radicación de demanda, para posteriormente por auto de diecisiete de noviembre del año en curso admitirla a trámite, lo que hace indudable que cesaron los efectos del acto reclamado. En esas condiciones, se reitera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, y por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. No es óbice a lo anterior, que la audiencia constitucional en el presente juicio se encuentra señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE; pues en el caso, la causa de improcedencia que se analizó es manifiesta e indudable, de manera que no puede desvirtuarse a través de ningún medio de convicción, lo que permite decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; por consiguiente, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 10/2003, por contradicción de tesis número 26/2002- PL, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, Publicada en la Página 386, del Tomo XVII- Marzo 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UN CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones que manera pronta, completa e imparcial". Hágase saber tal circunstancia a las partes, para los efectos legales a que haya lugar, asimismo, realícense las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente a la quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta se provee. Informe con justificación, domicilio y delegados. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe con justificación de la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad; dése vista a las partes con él para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Asimismo, téngase a la autoridad responsable designando como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere en dicho informe y como domicilio para recibir notificaciones el que menciona en el informe de ley. Prueba documental. Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental exhibida por la autoridad oficiante, sin perjuicio de relacionarla y recibirla en la audiencia constitucional. Cuestión previa. Ahora bien, es menester precisar que en el asunto que nos ocupa, la quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO: Se reclama la violación a la garantía constitucional relativa al derecho sustantivo del acceso efectivo a la justicia, establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8º de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, al exceder los plazos y términos que señala la ley dentro del juicio laboral 254/2020 que por despido injustificado se promovió por el suscrito quejoso, tramitado ante la autoridad señalada como responsable, al ser omiso en radicar la demanda y citar a las partes dentro de las veinticuatro horas siguientes a la audiencia de conciliación que señala el artículo 97 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán, dentro de los tres días contados a partir de la fecha de la citación." Además, de una lectura integra a su demanda se desprende que pretende se le conceda el amparo y protección de la justicia federal para que la responsable tramite y concluya en forma expedita el procedimiento especial de origen, conforme a los plazos y términos previstos en la ley, argumentos que sustenta en la jurisprudencia 44/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS". En efecto, de la jurisprudencia en cita la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Federal, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales -señaladas en la demanda de amparo-, sino también las subsecuentes. Sin embargo, de una nueva reflexión determinó abandonar dicho criterio, en razón de que -sostuvo- los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Argumentos de los cuales surgió la jurisprudencia 2ª.CV/2013(10ª), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo 1, de rubro y texto: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". Ahora bien, de las documentales que adjuntó a su informe justificado, se desprende que el Tribunal laboral responsable en cumplimiento a la suspensión provisional dictada en el incidente de suspensión derivado del presente sumario, dentro del expediente laboral 254/2020, emitió acuerdo de radicación con fecha veintidós de octubre del año en curso, en el que determinó prevenir a la parte actora (aquí quejoso) a efecto de que informe diversos puntos que le fueron requeridos para estar en condiciones de admitir su escrito de demanda. Así, una vez aclarados los puntos por la parte actora, mediante auto de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, admitió a trámite la demanda promovida por la ahora parte quejosa. En ese tenor, al haber subsanado la negativa u omisión reclamada en esta vía constitucional -la omisión de la autoridad responsable de radicar la demanda presentada por el aquí quejoso y de citar a las partes dentro del término legal a la audiencia de conciliación, en el juicio laboral 254/2020; bajo esa premisa, se tiene que a la presentación de la demanda constitucional la etapa en la que se encuentra el procedimiento de origen es en la radicación o no de la demanda laboral, de ahí que se atenderá a esa circunstancia para resolver el presente asunto. Sobreseimiento. En esas condiciones, en el caso que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Para una mejor comprensión del asunto, conviene hacer las siguientes precisiones: La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo, y por lo tanto desaparecido los efectos de dicho acto de autoridad, esto es, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de garantías individuales, nunca se hubiese realizado. Así, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, consiguiéndose la finalidad del artículo 77 fracción II de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. Ahora bien, se procede a explicar de qué forma se actualiza en el caso la causal de improcedencia en comento, debiendo tomarse en consideración que en el caso la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable la omisión de impartir justicia de manera pronta y expedita, en específico, la radicación de la demanda ordinaria laboral promovida por Antonio Altarmirano Corona. Mas cierto es que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el veintidós de octubre de dos mil veinte, radicó el escrito inicial de demanda, dando origen al expediente laboral 254/2020, previniendo a la parte actora, aquí quejoso, a efecto de que aclarara diversos puntos. Prevención que fue desahogada por el actor y el diecisiete de noviembre pasado, tuvo por admitida la demanda laboral y ordenó al actuario adscrito al tribunal laboral responsable para que emplace a juicio a la parte demandada. Entonces, como ya se mencionó, el acto de autoridad que le causaba agravio a la parte quejosa, lo era precisamente la omisión de admitir la demanda, dentro del expediente ordinario laboral 254/2020; y, como se advierte de las copias certificadas que acompaña al oficio de cuenta, radicó la demanda y previo desahogo de prevención, la admitió a trámite y ordenó el emplazamiento de la parte demandada, mediante proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Pues no debe pasar inadvertido, que la demanda de amparo fue presentada el diecinueve de octubre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, y como ya se dijo con antelación, el veintidós de octubre siguiente, la autoridad responsable emitió el acuerdo de radicación de demanda, para posteriormente por auto de diecisiete de noviembre del año en curso admitirla a trámite, lo que hace indudable que cesaron los efectos del acto reclamado. En esas condiciones, se reitera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, y por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. No es óbice a lo anterior, que la audiencia constitucional en el presente juicio se encuentra señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE; pues en el caso, la causa de improcedencia que se analizó es manifiesta e indudable, de manera que no puede desvirtuarse a través de ningún medio de convicción, lo que permite decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; por consiguiente, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 10/2003, por contradicción de tesis número 26/2002- PL, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, Publicada en la Página 386, del Tomo XVII- Marzo 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UN CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones que manera pronta, completa e imparcial". Hágase saber tal circunstancia a las partes, para los efectos legales a que haya lugar, asimismo, realícense las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente a la quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.
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