Antonio Alonso Ramírez Reyes y Otros.
Expediente 1271/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 16 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1271/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 29/01/2018
Partes del expediente
- Antonio Alonso Ramírez Reyes y Otros.
- Juez Décimo de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro
- Lorely Reyes Barrios y Otros.
- Antonio Alonso Ramírez Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Ahora bien, es preciso trae a glosa lo siguiente: Por sentencia de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a ********************, para el efecto de que el Juez de Decimo de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, realizara lo siguiente: "a) Deje insubsistente la resolución aquí reclamada dictada en los autos del juicio sumario sobre custodia de menores ********************de su índice. b) Dicte otra en su lugar en el mismo sentido o en uno diverso, en la que con libertad de jurisdicción, subsane los vicios aquí detectados, esto es, de forma fundada y motivada se pronuncie en cuanto a la medida de apremio a la que se hizo acreedora la quejosa consistente en la imposición de multa, así como si insiste en la reiteración de imponer el apercibimiento que fue materia de reclamo, deberá fundarlos y motivarlos en los términos que quedaron establecidos en esta sentencia, pero sin dejar de observar en todo momento el derecho que tiene el menor quejoso a convivir con su progenitor no custodio. Lo anterior, toda vez que sólo de esta forma se podrá restituir a la parte quejosa en el goce y disfrute del derecho constitucional vulnerado". Mediante proveído de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, se determinó que el fallo que antecede causó ejecutoria, por lo que en esa misma fecha se requirió su cumplimiento a dicha autoridad. En atención al requerimiento antes mencionado, dicha autoridad realizó lo siguiente: A través del proveído de fecha dieciocho de enero de dos mil dieciocho, se agregó al sumario el oficio signado por el Juez de Decimo de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, al que adjuntó copia certificada del auto de diecisiete de enero de dos mil dieciocho, dictado en el expediente ******************** de su índice, del que se advierte lo siguiente: "Se DEJA INSUBSISTENTE el auto reclamado, dictado el 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017, en los presentes autos y, en su lugar se procede a dictar otro. Por tanto, a fin de dar cumplimiento con lo establecido en los artículos 446 y 447 de la Ley Sustantiva Civil vigente en el Estado, tomando en consideración que, de las constancias procesales que integran el presente juicio, se advierte que mediante escritos recibidos en la secretaría de este juzgado los días 23 de noviembre de 2017, 11 de diciembre de 2017 y 09 de enero de 2018, las convivencias decretadas en forma definitiva entre el C.RODRIGO RAMIREZ RUIZ y su menor hijo de iniciales A.A.R.R., se han estado llevando a cabo en los días y horas establecidos para tal efecto, como lo han manifestado los C.C. LORELY REYES BARRIOS Y RODRIGO RAMÍREZ RUIZ, por lo tanto, se considera que es INNECESA LA IMPOSICION DE LA MEDIDA DE APREMIO a la que se hizo acreedora la quejosa así como el apercibimiento consistente en 12 HORAS DE ARRESTO, decretados en proveído de fecha 12 de septiembre de 2017, toda vez que el derecho de convivencia del menor de iniciales A.A.R.R., se encuentra garantizado, ya que como señaló, la situación jurídica a la fecha ha cambiado, teniendo como consecuencia que las convivencias que nos ocupan se estén llevando a cabo en la forma establecida para ello, cumpliendo con su función consistente en que los progenitores contribuyan en el desarrollo, educación, protección, desenvolvimiento y cuidado de sus menores hijos. En tal virtud, el Suscrito en uso de las facultades discrecionales que le confiere la ley, atendiendo al interés superior del menor hijo de las partes, de conformidad con el artículo 23, 631 y 632 del Código Civil, en relación con el artículo 208 del Código de Procedimientos Civiles vigente, EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2017, tomando en consideración que el derecho de convivencia de los menores, es un derecho fundamental, que se encuentra contemplado en el artículo 9.3 sobre la Convención de los Derechos del Niño. En consecuencia, siendo que en un inicio la quejosa ******************** incumplió con las determinaciones de esta autoridad al no permitir las convivencias entre su hijo y su progenitor, ordenando esta autoridad la aplicación de uno de los medios de apremios autorizados por la ley para hacer cumplir la determinación correspondiente, sin embargo, actualmente se encuentra garantizado el derecho de convivencia del menor hijo de las parte, al haber disposición de los C.C. LORELY REYES BARRIOS y RODRIGO RAMÍREZ RUIZ para llevar a cabo las mismas, tal y como se desprende de las constancias ya señaladas con anterioridad, es por lo que al no existir a la fecha incumplimiento alguno a las mandamientos de esta autoridad, NO HA LUGAR A IMPONER LA MEDIDA DE APREMIO consistente en una multa equivalente a 30 treinta valores diarios de la unidad de medida y actualización a la quejosa LORELY REYES BARRIOS así como que esta autoridad DEJA INSUBSISTENTE EL APERCIBIMIENTO consistente en arresto por 12 horas que le fuera impuesto a la citada quejosa, lo que se asienta para los efectos legales a los que haya lugar". Luego, confrontando los efectos de la concesión del amparo y con las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se hace evidente que se cumplieron con los postulados del fallo protector, pues con las documentales allegadas se evidencia que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la responsable, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, pues como quedó expuesto, se ha restituido a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado. Apoya lo anterior la jurisprudencia 201/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del tomo XXX de diciembre de dos mil nueve, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO." Por otra parte, atendiendo a que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente expediente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de depuración, en términos del punto segundo, fracción XV, y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto, conservando en su oportunidad, la demanda y sentencia. Hágase la anotación en la carátula. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno, algún documento que por sus características amerite ser devuelto, con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. PROVIDENCIAS SOBRE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. PROVIDENCIAS SOBRE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por otro lado al haberse concedido la suspensión definitiva en el incidente relativo al presente controvertido, se determina que queda sin efecto legal lo resuelto en él; asimismo, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo citado, el original del cuaderno correspondiente es susceptible de depuración en el lapso de cinco años a que se refiere ese apartado, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas al otorgamiento o violación, haciendo la anotación correspondiente en la carátula tanto del cuaderno principal como del incidente. Glósese al principal una vez que este último se envíe físicamente al archivo. En el entendido de que el duplicado de dicho incidente es susceptible de destrucción, conforme al contenido del punto vigésimo, fracción III, del propio Acuerdo General; dicho cuaderno deberá guardarse por separado hasta en tanto transcurra el término de seis meses que se indica en el aludido apartado. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, devuélvanse las constancias que remitió la autoridad responsable Juez Décimo de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, consistentes en el tomo de pruebas formado en fecha cuatro de octubre de dos mil diecisiete, previo glose que se haga de la carátula de dicho tomo de pruebas. Finalmente, requiérase a la parte quejosa a fin de que ocurra a este juzgado a recoger dentro del plazo de noventa días naturales el legajo de prueba que se formó con las constancias que exhibió conjuntamente con su escrito agregado en esta fecha, bajo apercibimiento que de no hacerlo, tendrá el mismo destino que el expediente principal. Notifíquese.
- Principal
Intégrese a los autos los oficios de cuenta signados por el Titular del Juzgado Décimo de lo Familiar del Estado de Querétaro y la Actuaria Adscrita al referido Juzgado, a través de los cuales, en atención al requerimiento formulado en auto de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, da cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En ese sentido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el contenido del oficio de mérito, a fin de que en el término de tres días contado a partir de la notificación que se le haga del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, bajo apercibimiento legal que de no hacerlo así, se procederá a resolver sobre dicho cumplimiento, con base en los elementos que obran en el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en el que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. REQUERIMIENTO. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades precisadas en la sentencia de amparo, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, en lo que a su esfera competencial corresponde, cumpla con lo ahí establecido, plazo que se fija atendiendo al cúmulo de expedientes y el procedimiento que deben instrumentar para acatar el fallo de amparo. APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades vinculadas en el ámbito de sus obligaciones legales a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que en caso de que no realizar lo propio, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostenta y emolumentos que por esa causa reciben; asimismo, se les hace saber que al margen de la multa que se les imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. SOBRE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUEDEN INCURRIR LAS AUTORIDADES QUE SE VEN VINCULADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Se hace prudente hacer del conocimiento de las autoridades requeridas que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurren en responsabilidad penal aquellos funcionarios que incumplan una sentencia de amparo o no la hagan cumplir, en cuyo caso se les impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal.
- Principal
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