Antonio Alifonso Huacus

Expediente 369/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
369/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
16/06/2021

Partes del expediente

  • Antonio Alifonso Huacus

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio descrito en la cuenta secretarial, a través del cual, se informa que el Juzgado Décimo Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, acepto la competencia declinada y se avoca al conocimiento de la demanda, registrándola con el número 455/2021, en tal virtud, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.Finalmente, toda vez que el presente asunto se encuentra contemplado en la hipótesis prevista en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso i), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, del veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo del presente expediente y se declara que es susceptible de destrucción, toda vez que carece de valor institucional, histórico o de relevancia alguna y no aporta mayores elementos al acervo archivístico.Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la demanda de garantías promovida por ***, contra actos de la Fiscalía de Investigación Coordinación Territorial 1, 2, 3, 4 y 5 Iztapalapa, Jefatura General de la Policía de Investigación y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Ciudad de México, por violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas en los artículos 14 y 16 constitucionales, fórmese expediente impreso y electrónico y regístrese en el libro de gobierno con el número 369/2021. En principio, debe decirse que la demanda, debe ser analizada en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Así, de la demanda se advierte que el quejoso reclama la orden de presentación y/o detención y/o retención y/o aprehensión girada en su contra. Actos reclamados que no justifican la competencia legal de este juzgado para conocer del presente asunto, pues su conocimiento corresponde al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Bien, es menester precisar que la competencia se entiende como el ámbito en el cual los tribunales pueden desarrollar válidamente la función jurisdiccional que tienen encomendada, esto es, el límite legal impuesto al desempeño de esa función jurisdiccional, por lo que se erige como un presupuesto procesal que debe satisfacerse para que la sentencia que se dicte pueda tener eficacia jurídica, lo que la coloca como una cuestión de orden público, no sólo por el presupuesto procesal que constituye, sino además porque tiene sustento jurídico en las fracciones V y VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, la jurisdicción se define como el conjunto de poderes o funciones que ejerce cada uno de los órganos jurisdiccionales en que se distribuye el Poder Judicial de la Federación, que implica a la vez un cúmulo de deberes; así, la función de los jueces que tienen encomendada la administración de la justicia para conocer, resolver y, en su caso, dirimir las controversias que se les presenten mediante la aplicación del derecho, tiene límites señalados en sus atribuciones. Dicho en otras palabras, la jurisdicción se ejerce por cuestiones concretas de materia, cuantía, grado o territorio, según sea el caso, y en esto radica justamente su competencia; por ello, si bien los órganos jurisdiccionales por el hecho de serlo son titulares de la función jurisdiccional, no pueden realizar ésta en cualquier tipo de negocios, sino únicamente en aquéllos para los que están facultados en la ley, es decir, en los que sean competentes. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 24/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, visible a página 412, la cual es del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado." Bajo esa línea argumentativa, es pertinente traer a contexto el artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece: "Artículo 51. Los Jueces de distrito en materia de amparo penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (.)." Del precepto transcrito se advierte que los Jueces de Distrito en Materia de Amparo Penal conocerán de los juicios de amparo que se promuevan contra las resoluciones judiciales del orden penal o contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo correcciones disciplinarias o medios de apremio fuera de procedimiento penal y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación y destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso, el quejoso reclama de la Fiscalía de Investigación Coordinación Territorial 1, 2, 3, 4 y 5 Iztapalapa, Jefatura General de la Policía de Investigación y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Ciudad de México, la orden de presentación y/o detención y/o retención y/o aprehensión, cuyos actos se ubican en la hipótesis prevista en el artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y corresponde a un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, su conocimiento. En las relatadas consideraciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase de la demanda al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a través de su Oficina de Correspondencia Común, a fin de que provea lo que en derecho corresponda, a quien se solicita se sirva acusar de recibo de estilo y comunique si aceptó la competencia. Se precisa que la demanda carece e evidencia criptográfica, para los efectos conducentes. Sin que haya lugar a pronunciarse sobre la suspensión del acto reclamado, toda vez que no se desprende que se hayan ejecutado los actos reclamados, por lo que no se actualiza el caso de urgencia a que se refiere el artículo 126 de la Ley de Amparo. Con copia certificada de la papeleta de turno, de la demanda y con el presente proveído, fórmese el cuaderno de antecedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se fijan y publican en el local de este juzgado y se autoriza para los mismos efectos a las personas que menciona. Del mismo modo, se faculta en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica; en el entendido de que al momento de promover en el presente asunto, deberán acreditar tener registrada su cédula profesional ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Tomando en consideración que en el Acuerdo General 76/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de cinco de noviembre de dos mil tres y publicado en el Diario Oficial de la Federación del catorce de noviembre del mismo año, se modificaron los artículos 19 y tercero transitorio del diverso acuerdo 30/2003 del mismo Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los órganos, criterios y procedimientos institucionales para la transparencia y acceso a la información para los órganos del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el modificado artículo 19 antes aludido, dígase a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; así como también el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual deberán manifestar dentro del término de tres días hábiles, con fundamento en el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de sus datos; cabe precisar que en términos del artículo 18 del acuerdo general precitado, los asuntos de naturaleza familiar, constituyen información reservada por el plazo de doce años contados a partir de su conclusión. Notifíquese y por medio de lista al quejoso.

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