Antonio Alfonzo Tecocoatzi Sánchez
Expediente 160/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 9 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 160/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 18/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Antonio Alfonzo Tecocoatzi Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días concedido a las partes en proveído de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, correspondiente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio, sin que se inconformaran contra el citado auto; en consecuencia, ha causado estado el proveído de referencia y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de cinco años a que se refiere el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo vigésimo primero, fracción IV , del citado Acuerdo; en virtud que SE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto, las cuales deberán ser concentradas en el Centro de Documentación y Análisis. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último , del citado Acuerdo General, el presente expediente, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero .
- Principal
Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. En la sentencia dictada el seis de abril de dos mil dieciocho, en el presente juicio de amparo indirecto número 160/2018-I, promovido por Antonio Alfonzo Tecocoatzi Sánchez, se concedió el amparo y protección de la justicia federal en los siguientes términos (fojas 106 a 108): "DECISIÓN. 28. En tales condiciones, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía violada, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional solicitada para el efecto de que la autoridad responsable, en estricto acatamiento al artículo 17 constitucional y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, tome las medidas necesarias en el juicio natural para que en el plazo máximo de diez días hábiles, a partir de que sea requerida para que cumpla la presente sentencia concesoria, turne los autos al auxiliar de la junta y formule el proyecto de laudo y una vez aprobado, sin adiciones ni modificaciones, lo eleve a la categoría de laudo. 29. El plazo que se concede a la autoridad responsable para formular el laudo obedece a que el artículo 192, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo permite considerar un tiempo prudente para que se ejecuten las obligaciones impuestas en la sentencia de amparo, pues señala que siempre que "la naturaleza del acto lo permita" se lleven a cabo dentro de la temporalidad de veinticuatro horas, lo que significa, en sentido contrario, que si la naturaleza del asunto requiere un mayor esfuerzo, podrá concederse discrecionalmente un plazo superior a las veinticuatro horas; de ahí que se justifique que en el presente caso, ante la naturaleza del acto, la autoridad responsable cuente con diez días hábiles para cumplir a partir de que cause ejecutoria este fallo constitucional. 30. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 41, del tomo II, Apéndice (actualización 2001), del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "JUECES DE DISTRITO. ESTÁN FACULTADOS PARA APRECIAR SI HA TRANSCURRIDO UN PLAZO RAZONABLE PARA QUE EL MINISTERIO PÚBLICO EMITA ALGÚN PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DEL EJERCICIO O NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y PARA, EN SU CASO, IMPONERLE UNO PARA QUE DICTE LA RESOLUCIÓN QUE CORRESPONDA COMO RESULTADO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. La circunstancia de que el juicio de amparo indirecto sea procedente en contra de la abstención del Ministerio Público de pronunciarse sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción penal, autoriza al juzgador de amparo a apreciar en cada caso concreto si ha transcurrido un plazo razonable para que la representación social dicte la resolución que conforme a derecho corresponda, con base en las manifestaciones del quejoso y las de la propia autoridad responsable en su informe con justificación, sin que ello implique otorgar al juzgador constitucional la facultad de estudiar el fondo de la denuncia o querella planteada por el gobernado, sino únicamente la de imponer, en su caso, a dicha representación un plazo prudente para que dicte su resolución." 31. Por último, cabe precisar que en el caso concreto los alcances de la protección constitucional deben limitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del proceso laboral. 32. Tiene aplicación al caso, la tesis aislada 2ª. CV/2013 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, publicada el trece de diciembre de dos mil trece, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Transcurrido el término legal pertinente, y sin que las partes hubieran interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia dictada por este juzgado, la misma causó ejecutoria por auto de veinticinco de abril de dos mil dieciocho (fojas 118 a 121), por lo que se requirió a la autoridad responsable, diera cumplimiento a la ejecutoria de mérito. Mediante oficio MA.229/2018 de once de mayo del año en curso, la autoridad responsable, Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, remitió copia certificada del laudo de treinta de abril de dos mil dieciocho, dictado en el expediente laboral 336/2016 de su índice, en la cual manifestó dar cumplimiento a la sentencia pronunciada en este juicio. Por lo que se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercera interesada por el plazo de tres días, con el cumplimiento remitido por la responsable, para que de esta forma estuvieran en aptitud de manifestar lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento, con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna, este juzgado proveería lo que en derecho correspondiera. Con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable, se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no. Con base en lo anterior, y en atención a que la autoridad responsable remitió copia certificada el laudo de treinta de abril de dos mil dieciocho, dictado en el expediente laboral 366/2016 de su índice; documental a la que este juzgador concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. De la misma se aprecia que, en cumplimiento al fallo protector, la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, el treinta de abril de dos mil dieciocho, dictó el laudo que resolvió el expediente laboral 366/2016 de su índice, por lo que es evidente que la autoridad responsable acreditó haber cumplido con los efectos de la sentencia de amparo, por lo que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara QUE EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo . Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo vigente, hágase del conocimiento de las partes quejosa y tercero interesada la anterior determinación para que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación interpongan recurso de inconformidad.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje; en atención a su contenido, se le tiene informando el cumplimiento dado al fallo protector y por recibida la copia certificada del laudo de treinta de abril de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente laboral 366/2016 de su índice. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, publicada en el diario oficial de la federación el dos de abril de dos mil trece, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada por el término de tres días computados legalmente para que manifiesten lo que a su interés convenga respecto del informe rendido por la autoridad responsable precisada, debiendo correrles traslado con el oficio y anexo por el que ésta manifiesta dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; con el apercibimiento que de no hacerlo este Juzgado proveerá lo que en derecho corresponda tocante al cumplimiento del fallo protector.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada el seis de abril de dos mil dieciocho, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, por tanto con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, hágase del conocimiento de las partes que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Ahora bien, en el fallo protector se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la Junta responsable, realice lo siguiente: ... En relación con lo anterior, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del improrrogable término de diez días (hábiles) informe el nombre y apellido del titular que estará encargado de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ello con la finalidad de individualizar el requerimiento de cumplimiento, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así en el término concedido, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se aplicará en su contra una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización . Sin que sea el caso ordenar notificar o requerir la figura del superior jerárquico de la Junta responsable para que le ordene cumplir con el fallo protector, pues la autoridad responsable es un órgano jurisdiccional y, por ende, no se encuentra sometido a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del gobierno puede inferir en sus decisiones ni sugerirle cómo han de resolver ni cómo han de cumplir, por lo que, tal autoridad no tiene superior inmediato a quien requerirle que lo conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo. En la inteligencia de que deberá remitir copia certificada de las constancias con las que acredite haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; apercibida que de no hacerlo -sin causa justificada- dentro del plazo concedido, se le impondrá desde luego una multa, y además, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, para la continuación del trámite de la inejecución, el que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otro lado, desglósese el expediente laboral 366/2016, para ser remitido a la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, previa certificación que del desglose se haga.
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