Antonio Alejandro Salazar Ross
Expediente 85/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 85/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- Antonio Alejandro Salazar Ross
- Antonio Alejandro Salazar Ross y Otros.
Actuaciones
- Principal
Ahora bien, dado el sentido que regirá esta determinación, es necesario establecer primeramente que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito1, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Luego, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito2, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de 2 Tesis jurisprudencial I.60.C.J/19, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de 1999, tomo X, Novena Época, Materia Común, página 730. desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad.". Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, estima que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo por lo que respecta al acto reclamado, ya que se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; [.]". La disposición legal transcrita contempla la hipótesis de litispendencia, que se traduce en la tramitación simultánea de dos o más juicios, los cuales contienen los mismos elementos esenciales de la acción constitucional. Para que opere la causal de improcedencia mencionada, la Ley de Amparo exige que se colmen los requisitos siguientes: a) Que la ley o acto que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo; b) Que ese juicio esté en trámite o pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y, c) Que ambos juicios sean promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Al respecto, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y de la jurisprudencia 2a./J.103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3, resulta conveniente traer a la vista, como hecho notorio, el juicio de amparo 84/2021 de la estadística de este órgano jurisdiccional, del que se obtiene lo siguiente: Mediante escrito electrónico recibido el veintiuno de enero de dos mil veintiuno,+++++++++++++++++++, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal a favor de +++++++++++++++, en contra de las autoridades y los actos que a continuación se especifican: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORAS LOS JUECES PRIMERO, SEGUNDO TERCERO Y CUARTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL, CON DOMICILIO AMPLIAMENTE CONOCIDO EN ESTA CIUDAD. LOS JUECES PRIMERO, SEGUNDO, Y TERCERO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO, CON DOMICILIO AMPLIAMENTE CONOCIDO EN ESTA CIUDAD. JUECES: PRIMERO, SEGUNDO, Y TERCERO DEL RAMO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE CON SEDE EN CIUDAD DEL CARMEN CON DOMICILIO AMPLIAMENTE CONOCIDO EN ESTA CIUDAD. AUTORIDADES EJECUTORAS. 1. - EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL CIUDAD DEL CARMEN CAMPECHE. CON DOMICILIO AMPLIAMENTE CONOCIDO EN ESTA CIUDAD. 2.- EL FISCAL GENERAL EN CIUDAD DEL CARMEN CAMPECHE. CON DOMICILIO AMPLIAMENTE CONOCIDO EN ESTA CIUDAD. 3.-El DIRECTOR DEL INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DE CIUDAD DEL CARMEN CAMPECHE, CON DOMICILIO AMPLIAMENTE CONOCIDO EN ESTA CIUDAD. IV.ACTO RECLAMADO: DE LOS JUECES Y DEL FISCAL GENERAL Y DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA RECLAMO LA INCONVENCIONAL E ILEGAL E INCONSTITUCIONAL, INCOMUNICACIÓN Y DETENCIÓN Y/O ARRESTO ADMINISTRATIVO DE +++++++. RESPECTO DEL DEFENSOR PÚBLICO RECLAMO LA INCONSTITUCIONAL E INCONVENCIONAL INCOMUNICACIÓN Y FALTA DE INFORMACIÓN E INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUES ES SU DEBER DAR INFORMACIÓN A LOS FAMILIARES DE PERSONAS DETENIDAS Y NO LO HACE." De lo anterior se aprecia que, en el juicio de amparo indirecto 84/2021 del índice de este juzgado, ++++++++++++++++, reclamaron la incomunicación, detención, arresto administrativo de ++++++++++++++++, así como la falta de información. A su vez, el presente juicio de amparo fue promovido por +++++++++++++, por la incomunicación, detención, arresto administrativo de los directo quejosos, y la falta de información, atribuida a los Jueces Primero, Segundo, Tercero y Cuarto del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Campeche, y otras autoridades. En ese orden, se pone de manifiesto que en el presente asunto se actualiza plenamente la causal de improcedencia que se analiza, por los motivos siguientes: 1. La demanda que se estudia es promovida por ++++++++++++++++; 2. En la misma se señala como autoridades responsables a las siguientes: ORDENADORAS LOS JUECES PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL, CON DOMICILIO AMPLIAMENTE CONOCIDO EN ESTA CIUDAD. LOS JUECES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO, CON DOMICILIO AMPLIAMENTE CONOCIDO EN ESTA CIUDAD. JUECES: PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO DEL RAMO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE CON SEDE EN CIUDAD DEL CARMEN CON DOMICILIO AMPLIAMENTE CONOCIDO EN ESTA CIUDAD. AUTORIDADES EJECUTORAS. 1. - EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL CIUDAD DEL CARMEN CAMPECHE. CON DOMICILIO AMPLIAMENTE CONOCIDO EN ESTA CIUDAD. 2. - EL FISCAL GENERAL EN CIUDAD DEL CARMEN CAMPECHE. CON DOMICILIO AMPLIAMENTE CONOCIDO EN ESTA CIUDAD. 3.-El DIRECTOR DEL INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DE CIUDAD DEL CARMEN CAMPECHE, CON DOMICILIO AMPLIAMENTE CONOCIDO EN ESTA CIUDAD. 3. Las promoventes precisan los actos reclamados de la manera siguiente: DE LOS JUECES Y DEL FISCAL GENERAL Y DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA RECLAMO LA INCONVENCIONAL E ILEGAL E INCONSTITUCIONAL, INCOMUNICACIÓN Y DETENCIÓN Y/O ARRESTO ADMINISTRATIVO DE ++++++++++++. RESPECTO DEL DEFENSOR PÚBLICO RECLAMO LA INCONSTITUCIONAL E INCONVENCIONAL INCOMUNICACIÓN Y FALTA DE INFORMACIÓN E INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUES ES SU DEBER DAR INFORMACION A LOS FAMILIARES DE PERSONAS DETENIDAS Y NO LO HACE." En ese contexto, tomando en consideración que los elementos de la acción constitucional en el presente asunto son los mismos que se hallan en el diverso juicio de amparo 84/2021; y que a la fecha el referido juicio constitucional se encuentra en trámite y pendiente de resolución; es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, al surtirse cada uno de los requisitos que exige dicha causal de improcedencia. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis VII.P.83 K, emitida por el entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página doscientos sesenta, Tomo XV, enero de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que prevé: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." De igual manera, resulta aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento cuarenta y dos, Tomo 205-216 Primera Parte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, materia común, que dice: "LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTÍAS. Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia." Consecuentemente, todo lo expuesto permite sostener que las promoventes instaron la acción constitucional desde la presentación del escrito de demanda que motivó el juicio de amparo 84/2021 de la estadística de este Juzgado de Distrito, el cual actualmente se encuentra en trámite, es decir, pendiente de resolución. En esas condiciones, se acredita, en forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se analiza. En términos de los artículos 8, 13 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental y 5, 6, 7, 8 y 9, Título Segundo del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada ley federal, es pública la información que tiene bajo su resguardo este juzgado y las partes únicamente pueden oponerse a la publicación de sus datos personales, salvo su nombre en los términos y casos a que se refieren los preceptos antes invocados. Háganse las notaciones en el Libro de Gobierno, así como las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, veintiuno de enero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, con apoyo en las disposiciones contenidas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que recobró vigencia respecto de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales distintos a los pertenecientes a los del Primero, Segundo, Decimoctavo, Decimosexto y Decimoquinto, Circuitos, a partir del doce de enero de dos mil veintiuno, según lo dispone la circular SECNO/1/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el ocho de enero anterior, este juzgado determina el levantamiento de la suspensión decretada, lo que implica la continuación del trámite del presente asunto -desde el punto en que quedó pausado, pero no su reinicio-, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, pero con los debidos ajustes derivados del citado Acuerdo. En este contexto, agréguese a los presentes autos el oficio suscrito por la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en esta ciudad, con el que en atención al requerimiento de once de diciembre de dos mil veinte, refiere que remite copias certificadas de las constancias de notificación practicadas a las partes respecto de la interlocutoria dictada el once de noviembre de dos mil diecinueve, en el expediente laboral /2012; sin embargo, se aprecia que en las citadas notificaciones se hace referencia a una diversa resolución de fecha once de noviembre de dos mil veinte. Por tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del momento al en que quede debidamente notificada de este acuerdo, remita copia certificada de la constancia de notificación a las partes de la interlocutoria de once de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el juicio laboral xxx/2012. Lo anterior, para estar en aptitud de determinar fehacientemente la operancia o no de alguna causal de improcedencia en el presente asunto. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto." De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." Se apercibe a la aludida autoridad responsable, que de no dar cumplimiento a lo aquí solicitado, se hará acreedora de una multa de cien unidades de medida y actualización, esto es, $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos moneda nacional) tomando en consideración que el valor de la medida de actualización emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el año dos mil veintiuno, es de $89.62 (ochenta y nueve pesos con 62/100 M.N.),de conformidad con el artículo 26, penúltimo párrafo del apartado B, del DECRETO por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, según lo previsto en el artículo 260 de la ley de la materia. Notifíquese.
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