Antonio Alejandro del Toro Gonzalez

Expediente 468/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
468/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
12/06/2018

Partes del expediente

  • Antonio Alejandro del Toro Gonzalez

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a doce de junio de dos mil dieciocho. Como de la certificación de cuenta, se aprecia que el término de cinco días que establece el numeral 97 fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído que desechó la demanda de garantías HA FENECIDO, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia se declara que dicho acuerdo queda FIRME, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, como del estado de los autos se aprecia que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Notifíquese.Así lo acordó y firma el licenciado Zirahuén Duarte Briz, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido del licenciado J. Trinidad Sánchez Ménera, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, a cuatro de junio de dos mil dieciocho. Como lo pide la quejosa -en el escrito de cuenta, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, hágasele la devolución de los documentos a que alude, previo desglose y recibo que se deje en autos, y se tiene por autorizada para tal efecto a la persona que señala. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, a treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por -madre del quejoso -, contra actos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), dependiente de la Secretaría de Gobernación con sede en la Ciudad de México. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado con el número VI-468/2018-2. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: ".LA NEGATIVA DE LA SOLICITUD DE TRASLADO del ahora quejoso - A UNA PRISIÓN DE MÉXICO traslado de la FCI II ubicada en OAKDALE, LA en los Estados Unidos de América a la cárcel más cercana al domicilio de la familia del quejoso, ubicada en este país de México, siendo el país natural del sentenciado el ahora QUEJOSO -negativa emitida por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) de la Secretaría de Gobernación de México, notificada dicha Negativa por la C.- Jefe de la oficina de asuntos jurídicos de la embajada de Washington, D.C. mediante oficio EUA02190 de fecha 8 de Mayo del año en curso, que le fue notificada a mi hijo el ahora quejoso con fecha 16 de mayo del año en curso.". Acto, respecto del cual, el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Precisado lo anterior, cabe señalar que en contra de los actos que reclama la promovente, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 6º, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, a virtud que los actos reclamados no le causa un agravio personal y directo. En efecto, los artículos 6° y 61, fracción XXIII, de la ley de la Materia aplicable establecen: "Art. 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita.". Art. 61. El juicio de amparo, es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". Por su parte el diverso numeral 15 de la Ley de la Materia dispone: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." De la interpretación literal del primero de los artículos transcritos, se advierte que el juicio de amparo sólo puede promoverlo la persona directamente agraviada por la ley o acto que estime violatorio de garantías o derechos humanos; no obstante cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, cualquier persona en los casos en que la propia ley de amparo lo permita Asimismo del citado numeral 15 se puede advertir que existe la posibilidad de que el juicio de amparo sea promovido por una persona diversa a la que resiente directamente el acto reclamado, siempre y cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y cuando no se encuentra en estos supuestos sólo podrá instar la protección quien indirectamente pudiera resentir algún perjuicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XVII.2o.9 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Abril de 1996, página 412, que reza: "LEGITIMACIÓN ACTIVA, FALTA DE. EN EL AMPARO. Si la legitimación activa en el juicio de amparo proviene de lo establecido en el artículo 4o. de la ley que rige la materia, su falta se suscita cuando no existe identidad entre quien comparece al juicio de garantías como parte, con aquél a quien la ley le otorga ese derecho." Por otra parte, sobre el concepto de agravio personal y directo para la procedencia del juicio de amparo, debe señalarse que la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el acto reclamado debe causar perjuicio a la persona física o moral, lo que ocurre cuando ese acto lesiona su esfera jurídica, en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional; sin que pueda hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3490, del Tomo LXXXII, de la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PERJUICIO BASE DEL AMPARO. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio constitucional sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, de lo que se sigue que el perjuicio es un elemento esencial que rige la precedencia del juicio de garantías; y como éste tiene por objeto proteger al quejoso en el goce de sus garantías individuales, volviendo las cosas al estado que tenían, antes de que se cometiera la violación, es claro que el perjuicio debe consistir en un mal real y efectivo, y no en apreciaciones doctrinarias." De ahí que, el juicio de amparo sólo podrá promoverse cuando el acto reclamado cause un perjuicio real y definitivo a la persona física o moral, y de no ser así, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6°, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que - insta la protección constitucional a favor de su hijo -, en reclamo de la negativa de la solicitud de traslado de un centro de reclusión a uno más cercano al domicilio de la familia del quejoso; por tanto, con lo anterior no puede estimarse que se ubica en la hipótesis prevista en artículo 15 de la Ley de Amparo, en principio a que el impetrante de amparo fue quien realizó la solicitud de traslado en comento, el acto reclamado emana de un procedimiento administrativo y además no se advierte que el quejoso se encuentre incomunicado o se encuentre en el supuesto del numeral 22 Constitucional y tampoco se expone argumento alguno del cual se advierta que se encuentre imposibilitado para acudir de manera directa al juicio de amparo en defensa de sus derechos humanos. En tales consideraciones, si de conformidad con el artículo 6º de la Ley de Amparo, sólo los titulares de las garantías constitucionales o derechos humanos, que consideran se han violado en su perjuicio lo dispuesto por la Ley Suprema, pueden interponer una acción ante el órgano jurisdiccional competente, iniciándose una controversia respecto de los actos de esa autoridad, supuestamente violatorios de sus garantías individuales o derechos humanos y al no ubicarse en alguno de los supuestos establecidos en el numeral 15 de la Ley de Amparo en vigor, resulta evidente que -, carece de legitimación para promover el presente juicio de amparo, ya que quien resiente el agravio personal y directo del acto de autoridad es su hijo Antonio Alejandro del Toro González, por ende, es quien está legitimado para instar la protección constitucional. Tiene aplicación la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Octava Época, Tomo II, consultable en la página 2335, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO EN MATERIA PENAL POR FALTA DE LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA PARA PROMOVERLO. Uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, lo es el de la iniciativa o instancia de parte agraviada previsto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República, en relación con el 4o. de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de garantías únicamente puede promoverse por el gobernado a quien perjudique el acto que se le reclama, sin que pueda hacerlo persona distinta a él; sin embargo, en materia penal existen tres disyuntivas por virtud de las cuales se puede promover ese juicio, a nombre del quejoso: a) cuando el representante acredite debidamente esa calidad, en términos del artículo 12 de la ley de la materia; b) por los defensores, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento judicial (artículo 16 de la Ley de Amparo), y c) por cualquier persona, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, siempre y cuando "el agraviado se encuentre imposibilitado para promoverlo" según el artículo 17 de la ley reglamentaria. En estas condiciones, si en el caso concreto, el promovente hizo valer el juicio constitucional en favor de un hermano, sin que se encuentre en alguno de los supuestos referidos, puesto que reclama la orden de aprehensión emitida por autoridad judicial y no demostró ser el mandatario exhibiendo el documento respectivo, ni tampoco defensor del indiciado, ni se está en los supuestos del artículo 17 del ordenamiento invocado, debe considerarse que el solicitante carece de legitimación procesal activa para intentar la acción constitucional, por actualizarse la causa de improcedencia que prevé la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o., de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." También, por analogía la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Julio de 2011, Materia Común, consultable en la página que establece: "DEFENSOR DE UN SENTENCIADO. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER AMPARO INDIRECTO CON ESE CARÁCTER CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO EMITIDA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, SI NO ACREDITA SU REPRESENTACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE LA MATERIA. De conformidad con los artículos 4o. y 16 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías puede promoverse, entre otros, por el defensor del quejoso si se trata de actos que correspondan a una causa criminal, esto es, aquellos emanados de un procedimiento penal dictados por el Ministerio Público, el Juez o tribunal de la causa, autoridades ante quienes se le confirió tal carácter. Por otra parte, en la jurisprudencia P./J. 37/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, abril de 2010, página 7, de rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que dicho acto es eminentemente administrativo, entre otras razones, porque no proviene del proceso penal instruido al sentenciado ni del juzgador ante quien se siguió la causa penal correspondiente. Consecuentemente, el defensor de un sentenciado carece de legitimación para promover amparo indirecto con ese carácter contra la orden de traslado de un centro penitenciario a otro emitida por una autoridad administrativa, si no acredita su representación en términos del artículo 13 de la mencionada ley, puesto que tal acto está desvinculado de la causa criminal y es eminentemente administrativo." En efecto, el acto combatido no le causa ningún agravio al ocursante, toda vez que quien sufre en forma directa e inmediata dicha afectación lo es -; por lo tanto, al no afectar los intereses de la promovente en forma inmediata y directa, no le depara perjuicio alguno, y consecuentemente no le da base para la interposición de la vía que pretende, pues el amparo sólo puede ser promovido por el directamente afectado, quien no resulta ser la promovente, ya que los actos que reclama, no se traduce en alguna afectación a su esfera de derechos, esto es, no le depara perjuicio alguno. Es aplicable a la anterior consideración la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es consultable en la página 17 del Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, del rubro y tenor literal siguiente: "AGRAVIO INDIRECTO. No da ningún derecho al que lo sufre para recurrir al juicio de amparo". En esas condiciones, al haberse actualizado esos motivos manifiestos e indudables de improcedencia, procede desechar de plano la presente demanda con fundamento en el artículo 113 de la ley de Amparo, en virtud de haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 6 del mismo ordenamiento legal. De igual forma, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 5°, 6° y 7° y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, que entró en vigor el dos de abril del año dos mil cuatro, así como lo establecido en el número 8° de la Ley en cita, hágase saber a las partes el derecho que les asiste, hasta antes de dictarse auto que declare firme esta determinación, que tienen expedito su derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales e información respecto del expediente en que se actúa, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implica que en la difusión de este fallo, en la versión impresa o electrónica, se supriman dichos datos, salvo su nombre, en la medida que no impidan conocer el criterio sustentado por el órgano jurisdiccional respectivo. Finalmente, se tiene a la promovente por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones personales, en esta ciudad y por autorizados para tal efecto en términos del numeral 12 de la Ley de la Materia a -, virtud a que se encuentra registrada su cédula profesional en el Registro Único de Profesionales del Derecho de este Órgano Jurisdiccional, no así a -, dado que no cumple con los lineamientos que establece ese precepto. En términos del artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a fin de llevar a cabo la notificación encomendada. Notifíquese personalmente.

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