Antonio Alberto Carrillo Ayuso

Expediente 349/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 30 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
349/2020
Año
2020
Actuaciones
30
Última actuación
18/07/2023

Partes del expediente

  • Jorge Luis Carrillo Ayuso
  • Antonio Alberto Carrillo Ayuso y Otros.
  • Antonio Alberto Carrillo Ayuso
  • Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Yucatán y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio remitido por la vía electrónica, mediante el uso de la FIREL del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad. Con el que comunica que se admitió a trámite el recurso de revisión, interpuesto contra la sentencia dictada el dieciséis de junio de dos mil veintitrés, en estos autos, y se registró con el número de toca ******************** Circunstancias de las cuales este Juzgado Federal queda enterado para todos los efectos legales correspondientes. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguense a estos autos dos escritos presentados vía electrónica por ********************, representante común de los quejosos, mediante los cuales interpone RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia dictada en el presente asunto el dieciséis de junio de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a las autoridades responsables y agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con una copia simple de dicho escrito de expresión de agravios. Una vez hecho lo anterior, envíese vía interconexión el escrito de expresión de agravios del aludido recurso, al Tribunal Colegiado del Decimocuarto Circuito, en Materia Administrativa, en turno, con residencia en esta ciudad, para que resuelva lo que estime procedente. Desde este momento, se otorga a dicha Superioridad el acceso electrónico para la consulta del presente expediente. Por tanto, se ordena a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), haga las gestiones correspondientes en dicho sistema. Por último, no ha lugar a formar el cuadernillo físico relativo a dicho recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 349/2020-VI-B, promovido por A***, *** e ***, en contra de los actos que reclaman del Gobernador del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiuno de febrero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, remitido el veintiséis siguiente a este Juzgado Federal por razón de turno, comparecieron los referidos quejosos a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos atribuidos al Congreso; Gobernador; Secretario General de Gobierno; Director del Diario Oficial; Secretario de Administración y Finanzas; Director de Finanzas y Tesorería Municipal; y, Director de Catastro, todos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de veintisiete de febrero de dos mil veinte (foja 96), se registró la demanda de amparo con el número 349/2020-VI-B, y por los motivos ahí expuestos, se desechó parcialmente la misma por lo que hace a las autoridades responsables Secretario General de Gobierno y Director del Diario Oficial, ambos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. Por otra parte, se admitió a trámite respecto a las restantes autoridades responsables; se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se pidió su informe justificado a las autoridades responsables; y, finalmente, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Medida preventiva frente al Coronavirus Covid 19. En fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el acuerdo 4/2020, en el que adoptó diversas medidas frente a la pandemia ocasionada por el Coronavirus Covid-19, entre ellas, la suspensión de funciones de los órganos jurisdiccionales, lo que también implicó que no corrieran plazos procesales; motivo por el cual no pudo verificarse la audiencia constitucional en la fecha que se estableció para ello. Medida que fue prorrogada por diversos Acuerdos Generales, siendo el último en este sentido el 18/2020, que reformó el similar 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, en relación con el periodo de vigencia, extendiendo la suspensión hasta el treinta y uno de julio de dos mil veinte. Posteriormente, por auto de cuatro de agosto de dos mil veinte (foja 114), de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, se determinó el levantamiento de la suspensión y la reanudación de los plazos y términos procesales, anteriormente decretada. CUARTO. Por otro lado, mediante auto de dieciocho de agosto de dos mil veinte (foja 183), se admitió a trámite la ampliación de demanda presentada por la parte quejosa respecto a un nuevo acto reclamado, y se tuvo a su vez como nueva autoridad responsable a la Jefatura de Procesos del Catastro del Municipio de Mérida, con sede en esta ciudad. Asimismo, en dicho proveído, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables y se ordenó hacer el mismo del conocimiento de las partes. QUINTO. Posteriormente, en auto de nueve de octubre de dos mil veinte (foja 324), se admitió a trámite la ampliación de demanda promovida por la parte impetrante del amparo, en cuanto a los conceptos de violación relativos a los actos reclamados a la Directora del Catastro del Municipio de Mérida, con sede en esta ciudad, así como de la Jefa de Procesos de su adscripción. En consecuencia, en el propio auto, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables acabadas de señalar. SEXTO. Nueva medida preventiva frente al Coronavirus Covid-19. En fecha veinte de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, partiendo de las mejores prácticas sanitarias frente a la pandemia ocasionada por el Coronavirus Covid-19, emitió la Circular CAP/3/2020, en la que adoptó diversas medidas preventivas, entre ellas, la suspensión de la totalidad de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, hasta el once de enero de dos mil veintiuno, determinando el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19; lo que también implicó que no corrieran plazos procesales; motivo por el cual no pudo verificarse la audiencia constitucional en la fecha que se estableció para ello. SÉPTIMO. Reanudación del procedimiento. Por auto de doce de enero de dos mil veintiuno (foja 421), de conformidad con lo establecido en el punto 17 de la citada Circular, en relación con la diversa número SECNO/1/2021, de fecha ocho de enero del referido año, dictada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, punto II, y los artículos 2°, fracción I, y 20 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, se determinó el levantamiento de la suspensión y la reanudación de los plazos y términos procesales, anteriormente decretada. Por tal motivo, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. OCTAVO. Mediante auto de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno (foja 455), se desechó la ampliación de demanda propuesta por la parte quejosa en contra de los actos que atribuyó a la Directora de Catastro del Municipio de Mérida, Yucatán, y Jefatura de Procesos de su adscripción; así como del Director de Finanzas y Tesorería Municipal, todos con sede en esta ciudad. Inconforme con la anterior determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja en su contra, mismo que se tuvo por recibido en auto de dos de marzo de dos mil veintiuno (foja 470), en el que se ordenó hacer del conocimiento de las partes la interposición del aludido medio de impugnación, para que en el plazo de tres días señalaran las constancias que en copia certificada habrían de remitirse a la Superioridad, a fin de sustanciar el mismo. Asimismo, se ordenó suspender en lo principal el procedimiento del juicio de amparo en el que se actúa, por lo que se dejó sin efectos la fecha y hora fijadas para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. NOVENO. En proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 502-505), se tuvo por recibida la ejecutoria de dos del referido mes y año, dictada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, en la cual se declaró fundado el recurso de queja interpuesto por la parte impetrante del amparo en contra del referido auto de diecisiete de febrero del año en cita. En ese sentido, atendiendo a la suspensión decretada, se ordenó reanudar el procedimiento en el presente juicio constitucional. Por otro lado, en estricto acatamiento a lo ordenado por la Superioridad, se admitió a trámite la ampliación de demanda de que se trata; se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Tribunal; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. DÉCIMO. El diez de noviembre de dos mil veintiuno, se declaró abierta la audiencia constitucional, y entre otras cosas, se dio cuenta al Juez con la circunstancia de que por auto de uno de octubre de dos mil veinte, este Juzgado Federal se reservó de acordar respecto del incidente de falsedad de documentos planteado por la parte quejosa; por lo que con fundamento en el artículo 122 de la Ley de Amparo, se suspendió dicha audiencia (fojas 560-561). Posteriormente, previo diferimiento, el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, se continuó la referida audiencia de ley; seguida en todas sus etapas, se tuvo por concluida la misma; y, se ordenó dictar resolución, para lo cual se levantó el acta correspondiente (fojas 575-576). DÉCIMO PRIMERO. Mediante resolución de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional negó a los promoventes el amparo y protección de la Justicia Federal. DÉCIMO SEGUNDO. Inconforme con la anterior determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión en su contra, del que correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, el que por ejecutoria de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, revocó la sentencia recurrida y ordenó la reposición del procedimiento con el único efecto de que este órgano jurisdiccional: ".deje sin efectos la audiencia constitucional, dicte acuerdo en el que señale nuevo día y hora para su celebración, en la cual deberá proveer respecto al incidente de objeción de documentos planteado por la parte quejosa y acordar sobre la admisión o desechamiento de las pruebas que ofreció el incidentista en su escrito de objeción, tal como dispuso en el acuerdo de uno de octubre del mismo año; hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, proceda al dictado de la sentencia conforme a derecho corresponda.". DÉCIMO TERCERO. En virtud de lo anterior, en estricto acatamiento a lo ordenado por la Superioridad, mediante proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, se dejó sin efectos la audiencia constitucional y se señaló nueva fecha y hora para la celebración de la misma; la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que los actos reclamados, lo hizo consistir la quejosa ANTONIO ALBERTO CARRILLO AYUSO, JORGE LUIS CARRILLO e IRENE AURORA AYUSO PINO, en: Del Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Yucatán: La discusión, expedición, aprobación, firma y promulgación de la reforma a la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, contenida en el Decreto 153/2019 por el que se modifica la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, Yucatán, Publicado en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, el treinta de diciembre de dos mil diecinueve, específicamente, el artículo 46, fracciones I y II. Del Secretario de Administración de Finanzas; Director de Finanzas y Tesorería Municipal; y, Director de Catastro, todos del Estado de Yucatán: Los efectos y consecuencias originados por la aplicación y ejecución del Decreto que en esta vía se impugna. De la Directora de Catastro del Municipio de Mérida, Yucatán, y Jefatura de Procesos de su adscripción: La emisión de las cédulas catastrales conforme a las cuales se realizó el cálculo y cobro del impuesto predial para los periodos dos mil veinte y dos mil veintiuno, respecto al predio marcado con el número ciento noventa y tres (193), de la Calle Dos (2) del Fraccionamiento Vista Alegre Norte, así como del diverso predio marcado con el número ciento noventa y dos (192), de la Calle Uno (1) de la colonia Juan B. Sosa, ambos de esta ciudad. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Congreso; Gobernador; Secretario de Administración y Finanzas; Director de Finanzas y Tesorería Municipal; Director de Catastro del Municipio de Mérida; y, Jefatura de Procesos del Catastro del Municipio de Mérida; todos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados. En tal virtud deberán tenerse por existentes al tenor de lo señalado en la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además de que el acto reclamado se hace consistir en leyes, en tal virtud, su notoria existencia no está sujeta a prueba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles. Resulta aplicable en lo conducente, el criterio que sostenido en la jurisprudencia 2ª/J.65/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, agosto de dos mil, página 260, que establece: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." También resulta aplicable la tesis visible en la página 205, del tomo XV-I, febrero de 1995, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal, la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas." CUARTO. En primer término, se procede a realizar el pronunciamiento relativo a la objeción de falsedad planteada por la parte quejosa, en escrito recibido en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el treinta de septiembre de dos mil veinte (fojas 309-311), respecto de las certificaciones de las cédulas catastrales ofrecidas por las autoridades responsables Directora de Catastro del Municipio de Mérida, Yucatán, y la Jefatura de Procesos de su adscripción, al rendir sus respectivos informes justificados respecto de la primer ampliación de demanda promovida por la parte impetrante del amparo, así como la que acompañó la primera de las nombradas al informe que rindió relativo al escrito inicial de demanda. Al respecto, en el citado ocurso, la parte promovente del amparo, ofreció como pruebas de su parte la documental pública consistente en las copias certificadas de los respectivos informes justificados rendidos por las autoridades responsables del Catastro Municipal de Mérida, Yucatán; así como la presuncional en su doble aspecto legal y humano. Sin embargo, debe decirse que dichos medios de convicción no resultan suficientes para sustanciar la incidencia planteada, dado que la prueba idónea para emprender tal análisis, lo es la pericial; ello, atendiendo a las siguientes consideraciones. La prueba pericial tiene por objeto ilustrar al juzgador sobre cuestiones que por su naturaleza requieran de conocimientos especializados que sean del dominio cultural de tales expertos, cuya opinión resulte necesaria en la resolución de una controversia jurídica; misma que deberá llevar a cabo una investigación respecto de alguna materia o asunto que forme parte de un juicio a efecto de que el tribunal que tenga conocimiento del mismo se encuentre en posibilidad de resolver sobre los propósitos perseguidos por las partes en conflicto, cuando carezca de elementos propios para hacer una justa evaluación de los hechos. El perito, a través de su conocimiento especializado en una ciencia, técnica o arte, ilustra al Juez sobre la percepción de hechos o complementa el conocimiento de los hechos que el operador jurídico ignora y para integrar su capacidad; asimismo, para la deducción cuando la aplicación de las reglas de la experiencia exigen cierta aptitud o preparación técnica que el juzgador no tiene, por lo menos para que se haga con seguridad y sin esfuerzo anormal. En tal virtud, la peritación cumple con una doble función que es, por una parte, verificar hechos que requieren conocimientos técnicos, artísticos o científicos que escapan a la cultura común del Juez y de la gente, sus causas y sus efectos; y, por otra, suministrar reglas técnicas o científicas de la experiencia especializada de los peritos para formar la convicción del Juez sobre tales hechos, y para ilustrarlo con el fin de que los entienda mejor y pueda apreciarlos correctamente. Atendiendo a lo anterior, resulta incuestionable que la falsedad o autenticidad de firmas, o el momento en que las mismas fueron estampadas, es una cuestión que no debe resolverse por el simple cotejo que personalmente pueda hacer la autoridad judicial, sino que requiere de elementos científicos o técnicos que no pueden ser reemplazados con una confrontación a simple vista. En ese sentido, se reitera, la parte quejosa fue omisa en ofrecer el medio de convicción idóneo a fin de sustanciar la incidencia planteada. De donde deviene inconcuso que incumplió con la obligación de aportar las pruebas adecuadas a fin de acreditar la objeción de que se trata. Por lo que, al encontrarse este órgano jurisdiccional impedido para perfeccionar el planteamiento del incidentista, lo que procede es declarar sin materia el incidente de falsedad planteado por la parte quejosa. Apoya la anterior consideración, la tesis del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la página dos mil novecientos ochenta y cinco, Libro 84, Marzo de 2021, Tomo IV, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro 2022817, de rubro y texto: "OBJECIÓN DE FALSEDAD DE FIRMAS. LA PRUEBA IDÓNEA PARA RESOLVER ESA CUESTIÓN ES LA PERICIAL EN GRAFOSCOPÍA Y CALIGRAFÍA, POR LO QUE LA AUTORIDAD JUDICIAL NO PUEDE BASAR SU DECISIÓN EN EL SIMPLE COTEJO QUE REALICE (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). Conforme a lo previsto en los artículos 345 y 386 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, la falsedad o autenticidad de firmas es una cuestión que no debe resolverse por el simple cotejo que personalmente pueda hacer la autoridad judicial, sino mediante la prueba pericial desahogada con ese propósito, pues ese cotejo requiere de elementos científicos o técnicos que no pueden ser reemplazados con una confrontación a simple vista por el juzgador, en virtud de que aun cuando, en apariencia, fuera notoria la discrepancia entre las firmas que se cuestionan y aquellas que se designan como indubitadas, existe la posibilidad de que todas correspondan a la misma persona; esto es, que hayan sido estampadas, aunque con disimulo, del puño y letra de un solo individuo. De modo que cuando se impugna la falsedad de una firma, por mandato expreso de la ley procesal aplicable, se requieren de elementos científicos o técnicos propios de una prueba pericial en grafoscopía y caligrafía. Asimismo, por el principio que contiene, la tesis del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, visible en la página mil trescientos setenta y uno, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, número de registro 2002805, que señala: "INCIDENTE DE OBJECIÓN DE DOCUMENTOS EN EL AMPARO INDIRECTO. TRÁMITE DEL RELATIVO A LA FALSEDAD DE FIRMA. De la interpretación de los artículos 151, 153 y 155 de la Ley de Amparo, es patente que en el juicio de amparo indirecto los documentos son pruebas que pueden ser exhibidas antes de la audiencia constitucional o en la propia audiencia. Por tanto, la objeción de falsedad de un documento, incluida la demanda de amparo, puede realizarse en cualquier momento a partir de que es exhibido y hasta la celebración de la audiencia constitucional (en su etapa de pruebas), sin que resulte de aplicación supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles para determinar la oportunidad de la objeción, el trámite del incidente y de la preparación y desahogo (colegiación) de la prueba pericial. Ahora, cuando en un juicio de amparo indirecto se objete de falsedad la firma que aparezca en un documento y se proponga la prueba pericial para acreditarla, el Juez de Distrito debe proceder de la siguiente forma: 1. Suspenderá la audiencia constitucional; 2. Señalará fecha para su continuación dentro de los diez días siguientes; 3. Tendrá por anunciada la prueba pericial propuesta y ordenará su preparación; 4. Nombrará perito oficial, que puede pertenecer a alguna institución oficial o académica, o ser alguno de los que aparezca en las listas que al efecto publica el Consejo de la Judicatura Federal, de tal forma que garantice su independencia de las partes, y proveerá lo necesario para que rinda su dictamen, lo anterior, sin menoscabo del derecho de las partes para proponer a su propio perito; 5. Apercibirá a las demás partes que de ofrecer otras pruebas que requieran preparación (testimonial e inspección) las anuncien con cinco días de anticipación a la continuación de la audiencia (audiencia de pruebas y contrapruebas), sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, conforme al segundo párrafo del artículo 151 de la Ley de Amparo; 6. En la continuación de la audiencia constitucional (audiencia de pruebas y contrapruebas) recibirá las pruebas de las partes y las que, en su caso, hubiere ordenado de oficio; 7. Desahogadas las pruebas relativas al incidente de objeción de falsedad de documentos, cerrará la fase de pruebas de la audiencia constitucional y continuará con la etapa de alegatos; 8. Resolverá el incidente de objeción de falsedad de documentos en el mismo fallo que corresponda al juicio principal". Finalmente, por ilustrativas, las tesis sustentadas respectivamente, por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito y Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Octava y Décima Época, números de registros 212249 y 2022936, que establecen: "FIRMA. LA PRUEBA IDONEA PARA DETERMINAR SI ES O NO ORIGINAL LA. ES LA PERICIAL GRAFOSCOPICA. La prueba idónea para determinar si una firma es o no original, es la pericial grafoscópica, por la razón de que no basta su simple comparación con otra por parte del juzgador, sino que es necesario llevar al cabo la verificación de su falsedad o su autenticidad al través de la prueba de referencia". "INCIDENTE DE OBJECIÓN DE FALSEDAD DE FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SI EL PERITO OFICIAL DETERMINA QUE NO ES POSIBLE REALIZAR EL DICTAMEN EN MATERIA DE GRAFOSCOPIA RESPECTIVO CON LOS DOCUMENTOS EXISTENTES EN AUTOS, POR NO SER IDÓNEOS PARA ELLO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN LO PROMOVIÓ. Hechos: El autorizado de la tercero interesada promovió incidente de objeción de falsedad de firma de la demanda de amparo indirecto; el Juez de Distrito lo declaró procedente pero infundado, debido a que el perito oficial manifestó que le era imposible realizar el dictamen en materia de grafoscopia correspondiente con los documentos existentes en autos, por no ser contemporáneos al impugnado, ya que la carga de la prueba correspondía a la parte que objetó la firma; inconformes con dicha resolución, el quejoso y la tercero interesada -por conducto de su autorizado- interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito establece que si en el incidente de objeción de falsedad de firma de la demanda de amparo indirecto, el perito oficial determina que no es posible realizar el dictamen en materia de grafoscopia respectivo con los documentos existentes en autos, por no ser idóneos para ello, la carga de la prueba corresponde a quien lo promovió. Justificación: Lo anterior, en virtud de que en un juicio las partes están obligadas a aportar las pruebas que acrediten los hechos que controviertan, siempre bajo su propio interés, sobre todo si, como en el caso, quien planteó la objeción estuvo en condiciones de aportar los medios de convicción que estimara conducentes en el periodo que se aperturó para tal efecto, pues no basta que objete, sino que con las pruebas correspondientes deberá probar su objeción; por lo contrario, quien sólo quiere que las cosas se mantengan en el estado que existen en el momento en que se inicia el juicio, no tiene la carga de la prueba, pues desde el punto de vista racional y de la lógica, es evidente que quien pretende innovar y cambiar una situación actual, debe soportar la carga de la prueba, máxime que el Juez de amparo no puede perfeccionar el planteamiento del incidentista". QUINTO. Análisis de causas de improcedencia. Previo al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causales de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de la materia en vigor. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de Nuestro Máximo Tribunal, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, las autoridades responsables Directora y Jefa de Procesos, ambas de la Dirección de Catastro del Municipio de Mérida, Yucatán, residentes en esta ciudad, refieren que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, debido a que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad. Resulta infundada dicha causal de improcedencia hecha valer, habida cuenta que en la propia legislación de la materia, en concreto en el numeral 61, fracción XIV, párrafo tercero, se contempla una excepción al principio de definitividad en tratándose de amparo contra leyes, al otorgarle al promovente del amparo la posibilidad de promover el juicio en contra del primer acto de aplicación de la norma impugnada de forma inmediata, o bien, agotar el recurso o medio de defensa que pueda modificar, revocar o anular el acto de aplicación de la norma. De ahí que si la parte promovente no agotó el medio de impugnación previsto en la ley contra el primer acto de aplicación de las normas impugnadas, no pueda considerarse que inobservó el principio aludido, precisamente por el carácter potestativo de esa impugnación contemplado en la Ley de Amparo. Por otro lado, el Director Jurídico del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, aduce que se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 108, fracción VI, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa únicamente realizó afirmaciones generales e imprecisas como conceptos de violación. En ese sentido, es menester mencionar que de los preceptos señalados se advierte que uno de los requisitos esenciales que debe contener la demanda de amparo, es el de expresar los conceptos de violación; así también, se establece que la improcedencia del juicio puede derivar de alguna disposición constitucional o de la propia Ley de Amparo. Ahora, con el propósito de determinar lo que se entiende por concepto de violación y por no contraponerse a las disposiciones de la ley de la materia, se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia P./J. 68/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página: 38, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR." En la jurisprudencia que se cita, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que deben tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que con tal contenido aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo ni guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, mencionando la lesión o agravio que el quejoso considera le causa el acto y los motivos que lo originaron. Los conceptos de violación, deben considerarse como la expresión razonada que se ha de establecer entre los actos desplegados por las autoridades responsables y los derechos públicos subjetivos que se estimen violados, expresando, en el caso, la causa de pedir, misma que se configura con la manifestación de la ley o acto que se impugnan, los preceptos constitucionales que se consideran vulnerados y los motivos o razones que acreditan la afectación a los derechos fundamentales. En síntesis, es evidente que los conceptos de violación en el juicio de amparo se caracterizan por la concurrencia de tres elementos que la parte quejosa debe observar indefectiblemente al momento de formular su demanda de amparo, a saber: a) La ley o acto que impugna en el proceso de control constitucional que excita ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. b) La lesión o afectación jurídica concreta y particular que estima le produce los actos reclamados en la esfera de sus derechos públicos subjetivos que la ley fundamental le reconoce; y, c) Las razones o motivos particulares mediante los cuales considera que efectivamente los actos que impugna devienen en una violación a sus derechos fundamentales. Bajo estas premisas, de la demanda de amparo se aprecia claramente que la parte quejosa reclama el Decreto 153/2019 por el que se modifica la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Estado el treinta de diciembre de dos mil diecinueve, específicamente en lo relativo al aumento de los valores catastrales contenidos en el artículo 46, fracciones I y II, bajo la consideración de que dicho precepto transgrede el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31 de la Constitución Política Mexicana, al no establecer el objeto y la base para el incremento en cita, por lo que dice resulta desproporcionado. De ahí que resulte infundada la causal propuesta, pues contrario a lo que aseveró la autoridad responsable la parte quejosa sí expresó conceptos de violación que puedan ser analizados en el presente juicio de amparo. Finalmente, la referida responsable señala que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del numeral 61 de la Ley de Amparo, pues refiere que la parte quejosa carece de interés jurídico para promover el presente juicio constitucional. Para analizar la citada causa de improcedencia, es menester señalar que tratándose de leyes, el interés jurídico o legítimo para efectos del juicio de amparo, no puede acreditarse únicamente con la expedición y presumible aplicación respectiva de tales leyes, sino que debe acreditarse plenamente que la disposición legal reclamada (sea autoaplicativa o heteroaplicativa), ha causado un agravio en la esfera de derechos de la parte quejosa, por virtud de encontrarse en los supuestos hipotéticos de la norma de observancia general o por virtud de un acto de aplicación que lo actualice. En este contexto, para determinar cuándo una norma general causa una afectación con su sola entrada en vigor y cuándo se requiere de un acto de aplicación, existe la distinción entre normas heteroaplicativas y autoaplicativas en función de las posibilidades de afectación de una norma general, por lo que debe aplicarse el criterio de clasificación de ambos tipos de normas, que con base en la actual regulación del juicio constitucional aún subsiste, relacionado con el concepto de "individualización incondicionada", que define la norma autoaplicativa como la que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto, pues si su contenido está condicionado, se trata de una norma heteroaplicativa. De este modo, el Juez de amparo debe aplicar el criterio clasificador de las normas para determinar la procedencia del juicio constitucional, siempre y cuando haya precisado previamente si resulta aplicable la noción de interés legítimo o jurídico. Es aplicable al caso, la tesis número 1a. CCLXXXI/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, página 148, Registro 2006963, de rubro "INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO. CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS LEYES HETEROAPLICATIVAS Y AUTOAPLICATIVAS EN UNO U OTRO CASO". Ahora bien, los artículos 17, 18 y 61, fracción XII, todos de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). En el primer caso, es suficiente con que el gobernado se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica sin ningún acto ulterior de autoridad; es decir, que desde su entrada en vigor obligan al particular, sin que sea necesario un acto posterior de autoridad, para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto de que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, una ley es autoaplicativa cuando lleva en sí misma un principio de ejecución inmediata que no requiere un acto intermedio o posterior de autoridad para que se origine la afectación al gobernado, pues los preceptos adquieren, por su sola entrada en vigor, el carácter de inmediatamente obligatorios; en otras palabras, el principio de ejecución se realiza por la existencia misma de la ley sin necesidad de actos posteriores de aplicación concreta; es decir, que por su sola expedición, y por los actos relativos a su promulgación e inicio de vigencia, quedan señaladas las personas o entidades que, en acatamiento de la ley, están obligadas a hacer o no hacer alguna actividad en determinada forma. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que hay que observar los términos del mandato legal, pues para que tenga tal carácter, basta con que desde su entrada en vigor se ordene a los gobernados un dar, un hacer o un no hacer, de manera tal que contenga un principio de ejecución, ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación, o extinción de un derecho, o en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad. En el segundo supuesto, es decir, en el caso de las disposiciones generales de naturaleza heteroaplicativa, se requiere la realización de un acto concreto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; esto es, los supuestos de la norma no cobran eficacia con su sola entrada en vigor, sino que requiere de un acto posterior y, entonces, el plazo con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo será de quince días a partir del acto de aplicación, atendiendo a los supuestos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo. En este orden, se concluye que para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos de los propios particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario a la parte quejosa con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. De manera enunciativa y de ejemplo se destaca cuando en el juicio de amparo contra leyes el quejoso demuestre a través del recibo de pago de salarios o de la constancia fiscal relativa que el empleador le retuvo el impuesto sobre la renta, quien actúa en cumplimiento a la norma tributaria reclamada, teniendo facultades para recaudar la contribución, lo que no significa que haya ejecutado la ley tributaria en forma coactiva como lo haría la autoridad fiscal, sino que funge como un tercero auxiliar de la autoridad hacendaria. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 55/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo VI, Julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 198200, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA." Una vez precisado lo anterior, es necesario destacar que la parte quejosa reclama el Decreto 153/2019 por el que se modifica la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Estado el treinta de diciembre de dos mil diecinueve, específicamente, los aumentos a los valores catastrales contenidos en el artículo 46, fracciones I y II. Ahora, con el propósito de acreditar su interés, la parte quejosa acompañó a su escrito de demanda, los recibos electrónicos con números de folio I0005463494 y I0005463503, ambos de treinta de enero de dos mil veinte, expedidos a su favor por la Dirección de Finanzas y Tesorería del Municipio de Mérida, Yucatán, por concepto de pago del impuesto predial del predio número ciento noventa y tres (193), de la Calle Dos (2), del Fraccionamiento Vista Alegre Norte, y del diverso marcado con el número ciento noventa y dos (192), de la Calle Uno (1), de la colonia Juan B. Sosa, de esta ciudad, por el periodo dos mil veinte. Asimismo, con su escrito de ampliación de demanda, exhibió los diversos recibos electrónicos con números de folio I0005607098 y I0005607099, ambos de treinta de enero de dos mil veintiuno, relativos al pago del impuesto predial de los predios acabados de señalar, por el periodo dos mil veintiuno. Medios de convicción que valorados de conformidad con los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, resultan aptos para tener por acreditado el hecho de que la parte quejosa realizó el pago del derecho que impugna, lo que implica que se autoaplicó la norma que tilda de inconstitucional. De ahí que sea infundada la causa de improcedencia en estudio; pues contrario a lo que señala la autoridad responsable, deviene inconcuso que dicho acto reclamado afecta los intereses de la quejosa. SEXTO. Inexistencia de causas de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, por lo que procede el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción, además de que ello no le causa perjuicio a la peticionaria de amparo, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Análisis de la Litis Constitucional en relación al precepto legal tildado de inconstitucional. En primer término se analizará el acto reclamado consistente en la inconstitucionalidad del Decreto 153/2019 por el que se modifica la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, Yucatán, Publicado en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, el treinta de diciembre de dos mil diecinueve, específicamente, el artículo 46, fracciones I y II. Como primer concepto de violación, aduce la parte quejosa que el Decreto reclamado -específicamente los artículos transitorios- no fue debidamente sometido al debate legislativo, por lo que su aplicación trasgrede el derecho fundamental de seguridad jurídica, pues se está aplicando una ley que no fue debatida y aprobada en el Congreso del Estado. Continúa manifestando que en el referido proceso legislativo, se omitieron dos aspectos fundamentales, esto es, la lectura del punto J) "Dictamen de la Comisión Permanente de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, Yucatán", así como el envío de dicho punto para su discusión y votación en una sesión posterior. Lo que aduce, sin que se justificara la dispensa de trámite, así como las consecuencias negativas que habría significado que no se aprobara en ese instante la norma, menos aún se justificó la condición de urgencia que evidenciara la necesidad de que se omitieran dichos trámites parlamentarios. De ahí que refiere, el aumento al impuesto predial que por esta vía reclama, no cumple con los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad, al no existir certeza respecto a cuál será la base del mismo o conforme a qué estará determinada, pues ello no formó parte del proceso legislativo, el cual reitera, se encuentra viciado. Resultan inoperantes los motivos de inconformidad acabados de reseñar, en virtud de que las circunstancias a las que hace referencia la parte quejosa, esto es, que en la sesión celebrada a fin de aprobar el Decreto que por esta vía reclama, se omitiera la discusión del dictamen por el que se modificaron diversas disposiciones de la Ley de Hacienda, en forma alguna puede traducirse en su inconstitucionalidad. Ello, pues los documentos que se hayan tenido en cuenta dentro de un proceso legislativo, no pueden generar su violación, ya que son independientes de lo razonado por el legislador en el proceso respectivo y, además, porque lo expuesto por él en la exposición de motivos, no es indispensable para justificar la creación de una norma. De ahí que, contrario a lo señalado por la parte quejosa, la omisión que señala no puede automáticamente traducirse en la falta de certeza jurídica de la que se duele, puesto que la motivación de una norma tributaria está inmersa en el propio fin que persigue la contribución, que es el de destinarla a cubrir el gasto público en beneficio de la colectividad. Sirve de apoyo lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos noventa y siete, Tomo XXXI, Enero de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 165466, de rubro y texto: "PREDIAL. EL HECHO DE QUE EN LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS RESPECTIVA NO SE HAYAN PRECISADO LAS RAZONES POR LAS QUE SE INCREMENTARON LOS VALORES UNITARIOS DEL SUELO PARA EFECTOS DEL IMPUESTO RELATIVO, SIN ATENDER A UN REFERENTE ECONÓMICO DETERMINADO, NO VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2008). Si bien en la exposición de motivos del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad el 27 de diciembre de 2007, no se precisó la razón por la cual los valores unitarios del suelo se incrementaron, sin atender a un referente económico determinado (índice inflacionario, salario mínimo, tasas bancarias, entre otros), no obstante haberse señalado que las cuotas, tarifas y, en general, todas las cantidades que prevé el Código Financiero del Distrito Federal se incrementaban de acuerdo con la inflación anual que fue del 3.9917%, tal circunstancia no implica que se viole la garantía de legalidad contenida en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por falta de motivación, pues las exposiciones de motivos no condicionan la potestad tributaria del legislador y, por ende, éste puede apartarse de la propuesta presentada en la iniciativa respectiva, sin necesidad de exponer las razones que tuvo para ello, puesto que la motivación de una norma tributaria está inmersa en el propio fin que persigue la contribución que es el de destinarla a cubrir el gasto público en beneficio de la colectividad. En todo caso, del proceso legislativo respectivo deriva que al eliminarse el sistema de rentas para el cálculo de la base gravable del impuesto predial -que permitía igualar el valor catastral de los inmuebles a su valor de mercado-, se estimó necesario reponer la desactualización de los valores unitarios del suelo respecto de su valor comercial, considerando para ello la información que tiene el Gobierno del Distrito Federal en relación con la oferta inmobiliaria y la infraestructura pública, en tanto el valor catastral de los inmuebles deberá determinarse por avalúo directo o aplicando los valores unitarios. Así como la diversa tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página seiscientos cincuenta, Libro 74, Enero de 2020, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro 2021468, que establece: "EXPOSICIÓN DE MOTIVOS EN EL PROCESO LEGISLATIVO. LOS DOCUMENTOS QUE SE HAYAN TENIDO EN CUENTA POR EL LEGISLADOR EN SU ELABORACIÓN, ÚNICAMENTE TIENEN UN EFECTO ORIENTADOR Y, POR ENDE, NO CONSTITUYEN UNA CONDICIÓN DE SU CONSTITUCIONALIDAD. Los documentos que se hayan tenido en cuenta dentro de un proceso legislativo (como el impacto recaudatorio y la memoria de cálculo), no pueden generar su violación, ya que son independientes de lo razonado por el legislador en el proceso respectivo y, además, porque lo expuesto por él en la exposición de motivos, si bien es una herramienta para el juzgador, no es indispensable para justificar la creación de una norma. De ahí que, no obstante que se llegaran a incorporar esos documentos en dicha exposición, su efecto únicamente sería orientador, y no como una condición de su constitucionalidad, ya que, en todo caso, el análisis constitucional de la norma que realice el juzgador se basa en sus méritos, frente al texto de la Constitución Federal, con motivo de los cuestionamientos que de esa índole haga valer el quejoso". Por otro lado, aunado a las consideraciones anteriores, es menester señalar que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que el acto reclamado en estudio, fue consentido por la parte quejosa al no haberlo combatido dentro de los plazos que establecen los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo. Ahora bien, atendiendo al contenido de los numerales en comento, se advierte que son leyes o actos consentidos tácitamente, aquellos en contra de los cuales no se promueva el amparo dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente en que se actualice cualquiera de los supuestos siguientes: 1. Al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2. Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, 3. Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Tratándose de un amparo contra leyes, las normas pueden ser combatidas con el carácter de autoaplicativas o bien, como heteroaplicativas. Las normas autoaplicativas, son aquellas que afectan la esfera de derechos del gobernado, con su sola entrada en vigor, ya que en ellas se contemplan supuestos cuya actualización, dependen de una actuación del justiciable, es decir, la obligación contenida en la norma cobra aplicación porque la persona realiza un actuar que le da vida jurídica, sin necesidad que exista un acto por parte de un agente externo al propio quejoso. De ahí que se diga que es una norma de individualización incondicionada, porque la existencia de la obligación no está supeditada a la emisión de un acto de autoridad en contra del quejoso. Mientras que las normas heteroaplicativas, a diferencia de las anteriores, cobran vida jurídica cuando existe un acto que impacta la esfera de derechos del quejoso, es decir, su actualización depende de que exista un acto emitido por una autoridad dirigido al justiciable. Por ello, se dice que son de individualización condicionada, pues la afectación que pueda sufrir el quejoso, está sujeta a la existencia de un acto de autoridad, que le dé vida jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 55/97, con registro 198200, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Julio de 1997, en Materia Constitucional, Común, Página 5, que señala: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. En el caso de ordenamientos heteroaplicativos o de individualización condicionada, el amparo debe promoverse con motivo del primer acto de aplicación, acorde con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la ley de la materia; la aplicación de la norma da pauta para que el particular controvierta su constitucionalidad, puesto que la disposición en comento permite concluir que tal "acto" de ejecución o individualización de la ley se refiere sólo al primero y no a los subsecuentes actos de aplicación. En este sentido, la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, resulta ser el extremo explícito sobre el particular, por cuanto a que se hace mención expresa al "primer acto de aplicación" y establece asimismo que para impugnar una ley mediante el juicio de amparo, el interesado tiene la opción de ejercitar la acción de amparo en su contra, a través de su primer acto de aplicación. Lo expuesto, se corrobora con el criterio que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las diferentes tesis en torno a las leyes heteroaplicativas o de individualización condicionada, en las cuales se advierte que el aludido primer acto específico de aplicación de la ley, es requisito indispensable para que proceda la acción de amparo en su contra, que se reclama con motivo de su concreta aplicación en agravio del particular. Resulta ilustrativa la tesis CLXXV/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, diciembre de 2000, página 447, que establece: "LEYES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE IMPUGNARLAS EN AMPARO ES AQUEL QUE TRASCIENDE A LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO, CAUSÁNDOLE UN PERJUICIO, CON INDEPENDENCIA DE QUE SU FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN SEA O NO CORRECTA. Conforme a la interpretación jurisprudencial que ha efectuado la Suprema Corte de Justicia de la Nación de lo dispuesto en los artículos 4o., 73, fracciones V y VI, y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, el primer acto de aplicación que permite controvertir, a través del juicio de garantías, la constitucionalidad de una disposición de observancia general, es aquel que trasciende a la esfera jurídica del gobernado generándole un perjuicio que se traduce en una afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico. Ahora bien, en caso de que el citado acto de aplicación carezca de la fundamentación y motivación debidas, que provoquen la interrogante sobre si el peticionario de garantías realmente resintió la individualización de la norma controvertida, como puede ser el caso en que la situación de hecho del quejoso no se ubique en el supuesto de la norma o que la autoridad haya realizado una cita equivocada de la disposición aplicable, el juzgador de garantías deberá analizar el acto de aplicación y la trascendencia que éste tenga sobre la esfera jurídica del quejoso, para determinar si el origen del perjuicio causado se encuentra efectivamente en el dispositivo impugnado, lo que le permitirá concluir que éste sí afecta su interés jurídico y, por tanto, resulta procedente su impugnación. La anterior conclusión encuentra apoyo, inclusive, en la jurisprudencia 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro es: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", de la cual deriva que cuando se reclaman en amparo indirecto disposiciones de observancia general, con motivo de su primer acto de aplicación, una vez determinada la procedencia del juicio, debe estudiarse la constitucionalidad de la norma impugnada y, posteriormente, en su caso, la legalidad del acto concreto de individualización, sin que ésta constituya impedimento alguno para que se aborde el estudio de constitucionalidad de las normas impugnadas. Ahora bien, en la especie, resulta pertinente tomar en consideración las expresiones realizadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 111/2015, de las cuales se destacan las siguientes: El acto legislativo que reforma o modifica un texto legal, da derecho a impugnar, a través del juicio de amparo, el texto legal referido y, además, los preceptos que con el mismo acto se vean directamente afectados en cuanto a su sentido, alcance o aplicación, de tal modo que por su causa se varíe la situación que bajo ellos prevalecía, mas no aquellos que simplemente por pertenecer a una misma ley guardan una relación ordinaria con el que fue materia de la reforma y cuyas hipótesis de observancia o aplicación, por parte del receptor de la ley, no cambian. En ese sentido, no basta que se actualice la reforma o adición de un precepto de determinada ley, para que puedan combatirse en la vía constitucional, además de ese dispositivo, todos los demás de la ley relativa que guarden una relación ordinaria con el reformado en virtud de la integración que debe tener cualquier sistema legal, pues lo que autoriza su impugnación constitucional, paralela a la reforma legislativa, es la existencia del cambio directo o formal, que desde el punto de vista constitucional, lo convierte en un acto legislativo nuevo, sin perjuicio de que también puedan reclamarse aquellas disposiciones sobre las que repercuta directamente la reforma. Para sostener lo anterior, la Segunda Sala del Alto Tribunal citó la tesis de jurisprudencia P./J. 114/99, de Pleno cuyo rubro indica: "AMPARO CONTRA LEYES. LA REFORMA DE UN PRECEPTO NO PERMITE RECLAMAR TODA LA LEY, SINO SÓLO ESE PRECEPTO Y LOS ARTÍCULOS QUE RESULTEN DIRECTAMENTE AFECTADOS". Por lo que hace a los impuestos, es dable determinar que cuando una reforma afecta un elemento esencial, no por ese sólo hecho ésta afecta también al resto de los elementos con los que tenga una relación ordinaria; esto es, que tal modificación no altera el eficaz mecanismo o funcionamiento del tributo, ni su sentido o alcance. Concretamente, por lo que hace a la modificación de la tasa o tarifa, por regla general, no se afecta el objeto, los sujetos, la base y la época de pago del impuesto; ya que la relación que guarda la tasa o tarifa con el resto del impuesto es ordinaria, en tanto que su modificación no incide en el eficaz funcionamiento del propio sistema tributario, sino sólo en la parte cuantitativa del impuesto; esto es, sólo el monto con el que el causante del impuesto contribuye al gasto público. En tales condiciones, el simple aumento o disminución de dicha tasa o tarifa no afecta directamente a los demás elementos del tributo, pues no modifica en términos generales las condiciones de tributar, como el ser sujeto a la contribución, el objeto de la misma o la base gravable relativa; es decir, que las hipótesis de observancia o de aplicación por parte del receptor de la ley, no cambiaron. Así, para decidir sobre la procedencia del juicio de amparo contra los diversos elementos del tributo cuando el acto legislativo sólo consiste en la modificación de la tasa o tarifa, como éstos no resultan directamente afectados por la reforma, debe tomarse en consideración que si no se demandó oportunamente la inconstitucionalidad de los mencionados elementos, éstos deben tenerse tácitamente consentidos. Por otro lado, con relación a la impugnación de la nueva tasa o tarifa establecida, es evidente que con motivo de su entrada en vigor o de su primer acto de aplicación, los contribuyentes tienen la oportunidad de promover la acción de amparo en su contra, en donde hagan valer los vicios de inconstitucionalidad que estimen pertinentes respecto a la citada tasa. Del criterio invocado emanó a jurisprudencia 2a./J. 103/2015 (10a.), de rubro y texto: "TASA O TARIFA DE UN IMPUESTO. SU MODIFICACIÓN PUEDE IMPUGNARSE EN AMPARO, SIN QUE ELLO DÉ LUGAR A RECLAMAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL RESTO DE LOS ELEMENTOS DE AQUEL QUE HUBIERAN SIDO CONSENTIDOS. La modificación a la tasa o tarifa de un impuesto constituye un acto legislativo nuevo, sólo en cuanto a la transformación de la cuantía de dicho elemento esencial; y, en ese sentido, la hipótesis consistente en la decisión del legislador de modificar su importe puede impugnarse mediante el juicio de amparo, sin que ello otorgue a los gobernados la posibilidad de reclamar en la vía constitucional los dispositivos legales que prevén los demás elementos esenciales del impuesto de que se trata que hubieran sido consentidos; salvo que la modificación de dicha tasa o tarifa hubiere repercutido directamente sobre algún otro elemento esencial del propio impuesto. Cabe precisar que una reforma puede afectar a todo un cuerpo normativo o a varios de los preceptos que los integran o, inclusive, a una o varias porciones normativas de un mismo precepto legal, y sólo lo que es motivo de reforma o modificación constituye el acto legislativo nuevo que da derecho a promover el amparo contra la hipótesis o hipótesis normativas que hayan sido modificadas, no así respecto las previsiones legales inalteradas que no forman parte del acto legislativo nuevo, porque respecto de ellas el poder legislativo no manifiesta su voluntad soberana ni reflexiona sobre la permanencia de sus términos. Por ello, el acto legislativo que reforma o modifica un texto legal, da derecho a controvertir, a través del juicio de amparo, el texto legal referido y, además, las disposiciones que con el mismo acto se vean directamente afectados en cuanto a su sentido, alcance y aplicación, de tal modo que por su causa se varíe la situación que bajo ellas prevalecía, mas no aquellos que simplemente por pertenecer a una misma ley guardan una relación ordinaria con el que fue materia de la reforma y cuyas hipótesis de observancia o aplicación, por parte del receptor de la ley, no cambian. En este sentido, es menester hacer un análisis comparativo de los artículos relativos de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil veinte, con los relativos a dos mil diecinueve, que establecen: Ley de Hacienda del Municipio de Mérida 2020 Ley de Hacienda del Municipio de Mérida 2019 De las bases ARTÍCULO 44.- Las bases del impuesto predial son: I.- El valor catastral del inmueble. II.- La contraprestación que produzcan los inmuebles, incluyendo los del dominio público, cuando por cualquier título se utilicen para fines distintos a su objeto; los terrenos o construcciones ubicadas en los mismos y que por el uso o goce fuere susceptible de ser cobrada por el propietario, el fideicomisario, el fiduciario, el usufructuario, o el concesionario, independientemente de que se pacte en efectivo, especie o servicio. De las bases ARTÍCULO 44.- Las bases del impuesto predial son: I.- El valor catastral del inmueble. II.- La contraprestación que produzcan los inmuebles, incluyendo los del dominio público, cuando por cualquier título se utilicen para fines distintos a su objeto; los terrenos o construcciones ubicadas en los mismos y que por el uso o goce fuere susceptible de ser cobrada por el propietario, el fideicomisario, el fiduciario, el usufructuario, o el concesionario, independientemente de que se pacte en efectivo, especie o servicio. De la base Valor Catastral ARTÍCULO 45.- Cuando la base del impuesto predial, sea el valor catastral de un inmueble, dicha base estará determinada por el valor consignado en la cédula catastral vigente, que, de conformidad con el Reglamento del Catastro del Municipio de Mérida, expedirá la Dirección de Catastro del Municipio de Mérida. En todo lo no previsto en el Reglamento del Catastro del Municipio de Mérida, se aplicarán las disposiciones de la Ley del Catastro del Estado de Yucatán y de la Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (INSEJUPY) y su respectivo Reglamento. La Dirección de Catastro del Municipio de Mérida deberá generar una nueva cédula catastral cuando: I.- El Congreso del Estado de Yucatán apruebe las tablas de valores unitarios de terreno y construcción y éstas sean publicadas en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán; en cuyo caso, transcurridos los treinta días hábiles contados a partir del día siguiente hábil a la conforme al contribuyente con el valor catastral asignado al inmueble de su propiedad. II.- Se modifique el valor catastral de un inmueble propiedad del contribuyente, como resultado de los servicios catastrales que presta la Dirección de Catastro del Municipio de Mérida solicitados por el propio contribuyente; en cuyo caso, transcurridos los diez días hábiles siguientes a la recepción del servicio o a la entrega por parte de la Dirección de Catastro, se tendrá por conforme al contribuyente con el valor catastral asignado al inmueble de su propiedad. III.- Se modifique el valor catastral de un inmueble por detección de construcción no manifestada ante la Dirección de Catastro del Municipio de Mérida. Cuando la Dirección de Catastro del Municipio de Mérida expidiere una cédula con diferente valor al contenido en la que existía registrada en el padrón municipal, el nuevo valor servirá como base para calcular el impuesto predial a partir del mes siguiente al que se emita la citada cédula. Si a la fecha de la emisión de la nueva cédula, el contribuyente ya hubiere pagado el impuesto correspondiente conforme al valor anterior, el nuevo valor consignado en la cédula servirá de base para calcular el impuesto correspondiente al mes en el que se aplique el nuevo valor, y en su caso, el de los siguientes meses por los cuales ya hubiere pagado el impuesto, determinándole la diferencia a pagar en caso de que resulte mayor y bonificándole la misma de los siguientes pagos, en caso de que resulte menor. De la base Valor Catastral ARTÍCULO 45.- Cuando la base del impuesto predial, sea el valor catastral de un inmueble, dicha base estará determinada por el valor consignado en la cédula catastral vigente, que, de conformidad con el Reglamento del Catastro del Municipio de Mérida, expedirá la Dirección de Catastro del Municipio de Mérida. En todo lo no previsto en el Reglamento del Catastro del Municipio de Mérida, se aplicarán las disposiciones de la Ley del Catastro del Estado de Yucatán y de la Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (INSEJUPY) y su respectivo Reglamento. La Dirección de Catastro del Municipio de Mérida deberá generar una nueva cédula catastral cuando: I.- El Congreso del Estado de Yucatán apruebe las tablas de valores unitarios de terreno y construcción y éstas sean publicadas en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán; en cuyo caso, transcurridos los treinta días hábiles contados a partir del día siguiente hábil a la conforme al contribuyente con el valor catastral asignado al inmueble de su propiedad. II.- Se modifique el valor catastral de un inmueble propiedad del contribuyente, como resultado de los servicios catastrales que presta la Dirección de Catastro del Municipio de Mérida solicitados por el propio contribuyente; en cuyo caso, transcurridos los diez días hábiles siguientes a la recepción del servicio o a la entrega por parte de la Dirección de Catastro, se tendrá por conforme al contribuyente con el valor catastral asignado al inmueble de su propiedad. III.- Se modifique el valor catastral de un inmueble por detección de construcción no manifestada ante la Dirección de Catastro del Municipio de Mérida. Cuando la Dirección de Catastro del Municipio de Mérida expidiere una cédula con diferente valor al contenido en la que existía registrada en el padrón municipal, el nuevo valor servirá como base para calcular el impuesto predial a partir del mes siguiente al que se emita la citada cédula. Si a la fecha de la emisión de la nueva cédula, el contribuyente ya hubiere pagado el impuesto correspondiente conforme al valor anterior, el nuevo valor consignado en la cédula servirá de base para calcular el impuesto correspondiente al mes en el que se aplique el nuevo valor, y en su caso, el de los siguientes meses por los cuales ya hubiere pagado el impuesto, determinándole la diferencia a pagar en caso de que resulte mayor y bonificándole la misma de los siguientes pagos, en caso de que resulte menor. ARTÍCULO 46.- Para la determinación de los valores catastrales correspondientes se tomarán en cuenta: I.-Los valores unitarios para el terreno correspondiente a las secciones catastrales del Municipio de Mérida, de la uno a la cincuenta que aparecen en las tablas siguientes que delimitan esas secciones: [Se insertan tablas] ARTÍCULO 46.- Para la determinación de los valores catastrales correspondientes se tomarán en cuenta: I.-Los valores unitarios para el terreno correspondiente a las secciones catastrales del Municipio de Mérida, de la uno a la cincuenta que aparecen en las tablas siguientes que delimitan esas secciones: [Se insertan tablas] De la tarifa ARTÍCULO 47.- Cuando la base del impuesto predial sea el valor catastral del inmueble, el impuesto se determinará aplicando al valor catastral la siguiente, [Se inserta tabla] Se calculará de la siguiente manera: la diferencia entre el valor catastral y el límite inferior se multiplicará por la tasa aplicable y el producto obtenido se sumará a la cuota fija. Cuando el resultado de la aplicación de la tarifa sea menor a 1.0 veces la unidad de medida y actualización, se considerará este valor como mínimo. El resultado de la aplicación de la tarifa o el importe de 1.0 veces la unidad de medida y actualización, lo que sea mayor, se dividirá entre doce, determinándose de tal forma el impuesto correspondiente al período de un mes. Los predios ubicados en las secciones catastrales de la uno a la treinta, así como los ubicados en colonias o fraccionamientos situados en otras secciones, y que se encuentren con maleza, o sin cerca de al menos 1.50 metros de altura, causarán el impuesto conforme a la tarifa establecida en este artículo considerando los importes correspondientes a la cuota fija y los porcentajes aplicables al excedente sobre el límite inferior, incrementados hasta en un doscientos por ciento. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que pudiera hacerse acreedor el propietario del predio conforme a las leyes o reglamentos aplicables. De la tarifa ARTÍCULO 47.- Cuando la base del impuesto predial sea el valor catastral del inmueble, el impuesto se determinará aplicando al valor catastral la siguiente, [Se inserta tabla] Se calculará de la siguiente manera: la diferencia entre el valor catastral y el límite inferior se multiplicará por la tasa aplicable y el producto obtenido se sumará a la cuota fija. Cuando el resultado de la aplicación de la tarifa sea menor a 1.0 veces la unidad de medida y actualización, se considerará este valor como mínimo. El resultado de la aplicación de la tarifa o el importe de 1.0 veces la unidad de medida y actualización, lo que sea mayor, se dividirá entre doce, determinándose de tal forma el impuesto correspondiente al período de un mes. Los predios ubicados en las secciones catastrales de la uno a la treinta, así como los ubicados en colonias o fraccionamientos situados en otras secciones, y que se encuentren con maleza, o sin cerca de al menos 1.50 metros de altura, causarán el impuesto conforme a la tarifa establecida en este artículo considerando los importes correspondientes a la cuota fija y los porcentajes aplicables al excedente sobre el límite inferior, incrementados hasta en un doscientos por ciento. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que pudiera hacerse acreedor el propietario del predio conforme a las leyes o reglamentos aplicables. Del análisis comparativo de las citadas porciones normativas, se advierte que la mecánica de aplicación de las cuotas fijas a los valores catastrales sobre las tarifas previstas en la tabla del artículo 47, no sufrió reformas; ni aún en la mecánica para determinar la base gravable del impuesto, cuando esté sustentada en el valor catastral del inmueble, pues lo que aconteció fue la actualización de la tabla de valores unitarios de los terrenos en las secciones catastrales del Municipio. En efecto, la modificación de los valores unitarios referidos no afectó el objeto, los sujetos, la tarifa o la época de pago, ya que la relación que guardan esos valores con el resto del impuesto es ordinaria, en tanto que su modificación no incide en el eficaz funcionamiento del propio sistema tributario, sino sólo en la parte cuantitativa del impuesto. Así, las únicas diferencias que se observan entre el sistema normativo vigente y el relativo al ejercicio fiscal dos mil diecinueve, es la actualización de los valores unitarios de terrenos de acuerdo a su sección catastral en el municipio; pero no se modificó la mecánica ni los valores de los límites inferior y superior de esos valores catastrales, ni se amplió o modificó el universo de contribuyentes. En relación a este tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la Jurisprudencia 2a./J. 41/2005, consultable en la página 738, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Novena Época, Registro: 178669, que establece: "PREDIAL. LA REFORMA A LA TARIFA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 152, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2004, NO DA LUGAR A RECLAMAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 149, FRACCIÓN II, DE ESE ORDENAMIENTO, SI PREVIAMENTE SE CONSINTIÓ SU APLICACIÓN. La reforma a la fracción I del artículo 152 del Código Financiero del Distrito Federal, vigente a partir del 1o. de enero de 2004, no actualiza el derecho de la quejosa a reclamar la inconstitucionalidad del artículo 149, fracción II, del mencionado código relativo al factor 10.0, cuya aplicación se había consentido con anterioridad, en atención a que la modificación de la tarifa por efectos de la inflación, no altera la mecánica para determinar la base del impuesto predial, no trasciende en su sentido o alcance, ni la deja de considerar como elemento esencial. La ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 199/2004-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Séptimo, ambos en Materia Administrativa del primer circuito, y que diera lugar a la anterior jurisprudencia, en su parte argumentativa toral, señaló: "[.] Con base en lo anterior esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que la reforma a la fracción I del artículo 152 del Código Financiero del Distrito Federal, vigente a partir del 1o. de enero de 2004, no da derecho a la quejosa a demandar la constitucionalidad del artículo 149, fracción II, de dicho ordenamiento, cuando previamente se hubiera consentido este último numeral, toda vez que la sola actualización de los diferentes valores contenidos en la tarifa por efectos de la inflación no altera la mecánica para integrar la base del impuesto predial, ni afecta su sentido o alcance, como tampoco deja de considerar a la base como elemento esencial del impuesto. En efecto, la conclusión anterior se sustenta en que si bien es cierto que la tarifa y la base del impuesto predial son elementos esenciales del impuesto predial, también lo es que la reforma a la fracción I del artículo 152 del Código Financiero del Distrito Federal no afecta de manera esencial a la mecánica para integrar la base del impuesto, ya que el hecho de que con dicha modificación se hayan actualizado los diferentes valores contenidos en dicha tarifa, esto no alcanza a incidir de manera esencial en la base de dicho impuesto, de ahí que no se justifique la procedencia del juicio de amparo con respecto a la fracción II del artículo 149 del ordenamiento en cita. En efecto, por el tipo de relación que las partes guardan entre sí y con la unidad normativa, ésta puede ser de carácter ordinaria o esencial. Se dice que se está ante una relación ordinaria cuando la modificación a alguna de sus partes no incide en su eficaz funcionamiento; en cambio, si tal modificación altera el funcionamiento, sentido y alcance de alguna o algunas de sus partes, se estará ante una relación de carácter esencial, caso en que procederá analizar también la parte o partes de la estructura normativa afectada, con el objeto de estudiar su legalidad o constitucionalidad. Consecuentemente, si la sola actualización de los diferentes valores contenidos en la tarifa por efectos de la inflación no altera la mecánica para integrar la base del impuesto predial, ni afecta su sentido o alcance, y tampoco se deja de considerar a la base como elemento esencial del impuesto, es de concluir que la reforma de la fracción I del artículo 152 del Código Financiero del Distrito Federal, vigente en dos mil cuatro, no da derecho a la quejosa a demandar la constitucionalidad del artículo 149, fracción II, de dicho ordenamiento [.]" En la conclusión a la que arribó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quedó clarificado que la sola reforma a la tarifa del impuesto predial, no da lugar a controvertir la inconstitucionalidad de la disposición que la contiene, cuando previamente su aplicación ha sido consentida, en virtud de que la modificación de la tarifa -en ese caso específico por efectos de inflación-, no altera la mecánica para determinar la base del impuesto predial, por lo cual no trasciende en su sentido o alcance, ni la deja de considerar como elemento esencial. Lo anterior, lleva a determinar que la reforma a los artículos impugnados de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, solo implicó la actualización de los valores unitarios de los terrenos, con base en los cuales se determina el valor consignado en la cédula catastral; luego, la mecánica para determinar la base del impuesto predial no fue modificada con motivo de las reformas publicadas mediante el decreto 153 en el Diario Oficial del Gobierno del Estado. Ello, pues para calcular la base del impuesto predial, cuando sea el valor catastral del inmueble, debe determinarse por el valor consignado en la cédula catastral vigente que al efecto expida la Dirección de Catastro del Municipio de Mérida; la cual es la misma a la establecida en la Ley en ejercicios fiscales anteriores. Así, la novación del precepto legal reclamado sólo da derecho para cuestionar la parte modificada, esto es, el incremento en la tabla de esos valores unitarios. Establecido lo anterior, se llega a la conclusión de que la parte quejosa consintió la mecánica para determinar la base del tributo de que se trata, en virtud de que ha pagado el impuesto predial en ejercicios fiscales previos al cuestionado, lo que implica que sólo está legitimada a reclamar la regularidad constitucional de la actualización o reforma a la tabla de valores unitarios, pero no el sistema como tal. En tales condiciones, se concluye que la reforma a la tabla de valores unitarios de terrenos de las secciones catastrales del municipio, si bien implica una novación legislativa, sólo le da derecho a la parte quejosa a reclamar esa porción modificada, esto es, la actualización de esos valores unitarios, pero no le otorga la oportunidad de reclamar la mecánica para determinar la base del impuesto predial, u otro de sus elementos, puesto que previamente aplicó la mecánica del tributo, y por tanto, consintió la fórmula para establecer la base gravable. Esto es así, porque en el caso la parte quejosa reclama la aprobación y expedición del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, bajo los argumentos esenciales de que vulnera el principio de proporcionalidad y equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, Constitucional, pues las tarifas resultan desproporcionadas e inequitativas. Como se advierte, la parte quejosa pretende impugnar los artículos de que se trata en cuanto al sistema o mecánica para determinar la base del impuesto predial y no en relación directa con la actualización de las tablas de valores unitarios de terrenos del municipio; motivo por el cual, como ya se precisó, si la actualización de esos valores implica una novación legislativa, sólo puede reclamarse ese incremento y no la mecánica para la determinación de la base del impuesto predial, o los elementos establecidos para determinar los valores de los inmuebles, pues la parte promovente lo consintió desde ejercicios fiscales anteriores en que se autodeterminó el tributo, y por ello, ya no está en oportunidad de cuestionar su constitucionalidad. Si bien por cuestión de técnica, en el juicio de amparo debe sobreseerse en el juicio en los casos en que se hubiere consentido tácitamente el acto reclamado, en tratándose del amparo contra leyes con motivo del primer acto de aplicación, debido a que no puede desvincularse el análisis de la norma tildada de inconstitucional del acto de aplicación en términos de la jurisprudencia de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN", lo procedente es negar el amparo solicitado en contra de las normas reclamadas, al no poderse dividir la continencia de la causa. OCTAVO. Estudio de los conceptos de violación en relación al acto de aplicación. Son infundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, motivo por el cual deberá negarse el amparo y protección de la justicia federal instada. En el caso, toda vez que no se consideró inconstitucional el artículo reclamado por la parte quejosa, se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por vicios propios respecto al acto de aplicación. Es aplicable la jurisprudencia 2ª./J. 71/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Primeramente, cabe señalar que la parte quejosa en sus conceptos de violación aduce que las cédulas catastrales reclamadas transgreden sus derechos fundamentales consagrados en el artículo 16 Constitucional, toda vez que no se encuentran debidamente motivadas, pues las autoridades responsables omitieron explicar en forma detallada las operaciones que las llevaron a determinar el valor catastral atribuido a los predios que por esta vía defienden, con lo que transgrede sus derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, dejándola en un estado de incertidumbre jurídica. Es infundado el concepto de violación relatado con antelación y suficiente para conceder el amparo y protección de la justicia federal. En principio debe determinarse, aun brevemente, lo que debe entenderse por fundamentación y motivación. El artículo 16 Constitucional, en su parte conducente establece: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Este derecho fundamental se ha entendido como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con ese acto autoritario. Por motivación, se ha comprendido la obligación de expresar las razones por las cuales la autoridad considera que el hecho se encuentra probado y es precisamente el previsto en la disposición legal que invoca como fundamento de su acto. Desde otro punto de vista, la fundamentación y motivación de los actos de autoridad es una exigencia tendiente a tratar de establecer sobre bases objetivas la racionalidad y la legalidad de aquéllos, a efecto de procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y la arbitrariedad de las decisiones de la autoridad; lo que además permite a los gobernados estar en condiciones de impugnar tanto los fundamentos del acto como los razonamientos que lo rigen. Lo antes razonado encuentra apoyo en las tesis de jurisprudencia que enseguida se citan: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE. Para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los presupuestos de la norma que invoca." Del artículo constitucional antes transcrito, en su parte conducente, se desprenden como requisitos que todo acto de autoridad debe tener, los siguientes: 1. El hecho de que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones. 2. En caso de que tenga que ser así, debe existir un mandamiento escrito, expedido por la autoridad competente; y, 3. Que dicho mandamiento, funde y motive la causa legal de tal molestia en los bienes y posesiones de las personas. Por tanto, se concluye que cualquier acto de autoridad, debe contener esos tres requisitos para que no sea violatorio de derechos humanos, traduciéndose lo anterior, en el hecho de que en caso de que el acto de autoridad, carezca de cualquiera de los requisitos mencionados, el mismo, resultará violatorio de los derechos fundamentales de los gobernados. Ahora bien, en el respectivo ocurso constitucional, la parte quejosa manifestó que las cédulas catastrales reclamadas carecen por completo de fundamentación y motivación, pues las autoridades responsables únicamente se limitaron a señalar montos y artículos, omitiendo establecer, de forma clara, la forma en la que se determinó que el monto ahí asentado era el correcto. En ese sentido, refiere que al desconocer la forma en la que se realizó el cálculo de la cédula catastral, desconoce también el modo en el que se calculó el impuesto predial que constituye el acto de molestia del que se duele. Así las cosas, es menester señalar que de las cédulas catastrales reclamadas, correspondientes al periodo 2020, se advierte la leyenda: ".La presente cédula se encuentra fundada y motivada en los artículos 36, fracción I y 115, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo quinto transitorio del Decreto por el que se declara reformado adicionado el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 30 fracción VI de la Constitución Política del Estado de Yucatán; artículos 41, inciso c), fracción XI y 89, fracción X de la Ley del Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; artículos 3, fracción IV y 4 de la Ley del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán; artículos 44, 45 y 46 de la Ley de Hacienda y Municipio del Municipio de Mérida; artículos 1, fracciones I y II, y 2 fracciones I, II, V, VI del Reglamento de Actos y Procedimientos Administrativos del Municipio de Mérida; artículos 1, 2, 3 fracciones II y III, 4 fracciones I, VIII, XIII, XV, XVI, XVIII, XIX, XXV, XXXI, XLV, XLVIII, LVIII, LIX, LX, LXI, 5, 7, 8, 10 fracciones III, IV y V, 11 fracciones I, II y III; 12, 13 fracciones I, III, IV, X, XI, XII, XIV, XXII, XXIII, XXV, XXVI, XXXI, XXXIV, XXXV, XL, XLI y XLIV, XLVIII y LI, 14, 15 fracciones IX, X, 16 fracciones XI y XII, 18, 20 fracciones I incisos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y L, II inciso A, IX inciso E, 35, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 51 Bis del Reglamento de Catastro del Municipio de Mérida.--- La resolución consignada en la presente cédula catastral podrá ser reconsiderada a petición de parte interesada, siempre que haya elementos de procedencia y previo análisis realizado por la autoridad que la emitió.". Por su parte, en las diversas cédulas relativas al periodo 2021 se advierte: ".La presente cédula se encuentra fundada y motivada en los artículos 36, fracción I y 115, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo quinto transitorio del Decreto por el que se declara reformado adicionado el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 30 fracción VI de la Constitución Política del Estado de Yucatán; artículos 41, inciso c), fracción XI y 89, fracción X de la Ley del Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán; artículos 3, fracción IV y 4 de la Ley del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán; artículos 44, 45 y 46 de la Ley de Hacienda y Municipio del Municipio de Mérida; artículos 1, fracciones I y II, y 2 fracciones I, II, V, VI del Reglamento de Actos y Procedimientos Administrativos del Municipio de Mérida; artículos 1, 2, 3 fracciones II y III, 4 fracciones I, II, VIII, XIII, XV, XVII, XXI, XXXI, LI, LV, LXV, LXVI, LXVII y LXVIII, 5, 7, 8, 10 fracciones III, IV y V, 11 fracciones I, II y III; 12, 13 fracciones I, III, IV, XI, XII, XIII, XV, XXIII, XXIV, XXVI, XXXII, XXXV, XXXVI, XLII, XLV, y LII, 14, 15 fracciones VIII y IX, 16 fracciones XI y XII, 18, 20 fracciones I incisos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L y M, II inciso A, IX incisos G y H, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61 y 63 del Reglamento de Catastro del Municipio de Mérida.--- La resolución consignada en la presente cédula catastral podrá ser reconsiderada a petición de parte interesada, siempre que haya elementos de procedencia y previo análisis realizado por la autoridad que la emitió.". Al respecto, es incuestionable que en las cédulas que constituyen el acto reclamado en el presente juicio constitucional, en la parte que interesa, se enlistaron los numerales que contienen la fórmula con la que habrá de obtenerse el valor catastral del predio de que se trate. Esto es, el valor catastral que se determine para cada predio será el que se obtenga de la suma de los valores del terreno y de la construcción. El valor del terreno de un predio, se obtendrá de multiplicar los metros cuadrados de la superficie de terreno consignado en la cédula catastral por el valor unitario por metro cuadrado de terreno indicado en la Ley de Hacienda. El valor de construcción de un predio, se obtendrá de multiplicar los metros cuadrados de la superficie de construcción consignados en la cédula catastral, por el valor unitario por metro cuadrado de construcción indicado en la Ley de Hacienda. Lo anterior, se evidencia del contenido de la propia cédula catastral reclamada: De lo anterior, resulta evidente que en la misma, se determina en forma clara y específica que la primera de las cantidades representa el valor del terreno, y la segunda, el valor de la construcción; posteriormente, se relacionan los numerales correspondientes al fundamento legal que permite claramente determinar cómo es que la autoridad responsable obtuvo tales cantidades como valor del terreno y de la construcción. Lo que evidentemente la llevó a obtener el valor catastral del predio en mención. De ahí que el hecho de que no se plasmaran en la cédula reclamada las operaciones aritméticas realizadas por la autoridad responsable para alcanzar el monto ahí sentado, no puede considerarse falta de fundamentación y motivación, pues en primer término no existe precepto legal alguno que le imponga tal obligación, y por otro lado, como quedó establecido, lo que sí consta en la misma, son los preceptos de donde puede claramente advertirse el mecanismo que llevó a cabo, de acuerdo a los rubros considerados con los valores obtenidos con base en las operaciones contempladas en la ley, que le permitieron determinar el valor catastral. En un diverso concepto de violación, refiere la parte quejosa que la autoridad responsable omitió fundamentar adecuadamente su competencia, tanto territorial como material, pues por una parte, no manifestó expresamente el lugar en el que se emitió la cédula catastral reclamada, y siendo que existen 106 Municipios en el Estado de Yucatán, ello genera incertidumbre. Y por la otra, refiere que tampoco señaló la función que se encontraba ejerciendo al momento de expedirla, pues en forma genérica citó diecinueve fracciones del numeral 13 del Reglamento del Catastro Municipal. Resultan infundados los referidos motivos de inconformidad, pues en primer término, contrario a lo que señala la parte quejosa, de las cédulas reclamadas se advierte la leyenda: "AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA.--- DIRECCIÓN DEL CATASTRO DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA". En ese sentido, no es jurídicamente factible considerar que existe incertidumbre alguna respecto al lugar en el que se expidieron las mismas, pues en forma clara se estableció que se trata del Municipio de Mérida, Yucatán, lo que además se ve corroborado con los datos del predio materia de la cédula en cita, el cual, igualmente se encuentra ubicado en el Municipio de Mérida. Ahora bien, las fracciones del artículo 13 del Reglamento del Catastro Municipal a las que hace referencia la parte quejosa, establecen: Artículo 13.- El Director tendrá las siguientes atribuciones: I. Determinar las políticas, normas y lineamientos generales del Catastro, así como evaluar su cumplimiento; III. Definir y ejecutar las normas técnicas, administrativas y tecnológicas para la identificación, deslinde y registro, valuación, revaluación y actualización de los bienes inmuebles ubicados en el territorio del Municipio de Mérida; IV. Formular los proyectos de secciones catastrales; X. Elaborar y mantener actualizada la cartografía del Municipio de Mérida; XI. Asignar número catastral y nomenclatura a cada uno de los bienes inmuebles, así como asignar número a las calles; en ambos casos, cuando corresponda según dictamen realizado por la Dirección; XII. Inscribir los bienes inmuebles en el padrón catastral, siempre que se acredite su inscripción en el Registro Público y cumpla con lo establecido en el presente Reglamento; en caso de que la Dirección detecte que el inmueble objeto de la inscripción se traslapa con un predio ya inscrito, se podrá negar la inscripción de aquél en el padrón catastral; XIV. Solicitar a las dependencias y organismos federales, estatales y municipales, así como a los propietarios de bienes inmuebles y Fedatarios Públicos, los datos, documentos o informes que sean necesarios para integrar y actualizar el padrón catastral; XXII. Establecer los sistemas de registro al padrón catastral y de archivo de la documentación de los bienes inmuebles; XXIII. Registrar oportunamente, los cambios que se operan en los bienes inmuebles y que por cualquier concepto modifiquen los datos contenidos en los registros del padrón catastral, con el propósito de mantenerlos actualizados; XXV. Auxiliar a los organismos, oficinas e instituciones públicas, que requieren los datos contenidos en el Catastro, cumpliendo en todo caso lo dispuesto en las legislaciones sobre transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales; XXVI. Expedir cédula catastral y demás oficios, constancias, documentos, y/o copias simples o certificadas de éstos; relacionados con la información catastral y cambios en los bienes inmuebles; XXXI. Conservar los números catastrales existentes de los bienes inmuebles ubicados en el Municipio de Mérida, excepto cuando proceda un cambio de nomenclatura y aplicar la técnica vigente para otorgar los números catastrales de los predios que incrementen su padrón; XXXIV. Cancelar ante un cambio en la Unidad de Medida y Actualización, las solicitudes que no hayan sido pagadas; XXXV. Suscribir de manera autógrafa o mediante la e.firma los documentos oficiales expedidos por la Dirección; XL. Verificar los datos proporcionados por los propietarios respecto de sus predios; XLI. Expedir la cédula catastral correspondiente a cada predio de conformidad con lo que se establece en los artículos 20 fracciones I y II, 50, 51, 52 y 53 del presente Reglamento; XLIV. Determinar y actualizar los procedimientos operativos y sus requisitos, contenidos en el artículo 20 del presente Reglamento, publicar el catálogo de servicios a que se refiere el artículo 26 de este Reglamento cuando los procedimientos operativos sean actualizados, o en su caso, al término de cada administración, dentro de los últimos 20 días hábiles del mes que corresponda. XLVIII. Proponer las actualizaciones o modificaciones del presente Reglamento; LI. Intervenir en los procesos de licitación cuando la Dirección sea el área solicitante.". En ese sentido, en forma alguna puede considerarse que no se hubiere asentado en la cédula reclamada el fundamento legal que faculta al Director del Catastro del Municipio de Mérida a expedir tales documentos, pues si bien es cierto, se enlistaron diversas fracciones, las mismas no se oponen a la fracción que en este punto interesa. De ahí que se reitera, contrario a lo señalado por la parte impetrante del amparo, las cédulas catastrales reclamadas, en forma alguna carecen de la debida fundamentación y motivación. En esas condiciones, lo procedente es negar el amparo y protección constitucional a la parte quejosa ante lo infundado de los motivos de inconformidad analizados en contra del acto de aplicación consistente en la cédula catastral. DÉCIMO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. DÉCIMO PRIMERO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. DÉCIMO SEGUNDO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***, *** e ***, en relación al acto reclamado al Congreso; Gobernador; Secretario de Administración y Finanzas; y, Director de Finanzas y Tesorería Municipal, con sede en esta ciudad, consistente en la inconstitucionalidad del Decreto 153/2019 por el que se modifica la Ley de Hacienda del Municipio de Mérida, Yucatán, publicado en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, el treinta de diciembre de dos mil diecinueve, específicamente, el artículo 46, fracciones I y II, en términos del considerando séptimo de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***, *** e ***, en relación a los actos reclamados a la Directora del Catastro del Municipio de Mérida, con sede en esta ciudad, así como de la Jefa de Procesos de su adscripción, consistente en la emisión de las cédulas catastrales conforme a las cuales se realizó el cálculo y cobro del impuesto predial para los periodos dos mil veinte y dos mil veintiuno, respecto al predio marcado con el número *** (***), de la Calle ***(*) del Fraccionamiento ***, así como del diverso predio marcado con el número *** (***), de la Calle ****(*) de la colonia ***, ambos de esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando octavo de este fallo. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando décimo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando décimo primero de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: se tiene por recibido del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, el oficio 896, con el que devuelve estos autos y remite testimonio de la resolución dictada en el toca 85/2022, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por el quejoso JORGE LUIS CARRILLO AYUSO (representante común de la parte quejosa), contra la sentencia firmada el veintiocho de febrero de dos mil veintidós; ejecutoria en la que se resolvió: "PRIMERO. Se REVOCA la sentencia recurrida.--- SEGUNDO. SE ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO en el juicio de garantías a que este toca se refiere, para el efecto precisado en el último considerando de esta resolución." Acúsese recibo; hágase lo anterior del conocimiento a las partes y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, en estricto acatamiento a lo ordenado por la Superioridad, se deja sin efectos la audiencia constitucional firmada el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, para los efectos legales a que haya lugar, por los motivos expuestos con anterioridad. Con motivo de lo anterior, se señala como nueva fecha y hora las ONCE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL DIECISEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente y cúmplase.

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