Antonio Ahumada Verdugo
Expediente 781/2018 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 781/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 02/10/2019
Partes del expediente
- Antonio Ahumada Verdugo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Juicio de Amparo Directo
Para los efectos legales correspondientes, agréguese el oficio sin número que remite el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, con el cual acusa recibo del diverso 7854, a través del cual este tribunal colegiado le remitió tanto la copia certificada de la ejecutoria dictada en el presente asunto, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, como los autos que sirvieron como antecedente para dictar el fallo respectivo. En consecuencia, previa anotación en el libro de registro correspondiente, archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, expídase copia certificada del oficio de cuenta, para ser agregada al diverso amparo directo 870/2018, relacionado con este expediente, a fin de que se acuerde lo que corresponda.
- Juicio de Amparo Directo
SOBRESEE.
- Juicio de Amparo Directo
Del estado que guarda este expediente se advierte que el quejoso *******, no hizo manifestación alguna en relación a la vista que se les otorgó en acuerdo de diecinueve de agosto del presente año, dentro del plazo a que se refiere el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; en consecuencia, considérese el presente asunto como egreso de la secretaría de acuerdos y como ingreso a la ponencia "B" del magistrado Arturo Castañeda Bonfil, a fin de que formule el correspondiente proyecto de resolución.
- Juicio de Amparo Directo
Para los efectos legales correspondientes, agréguese el dictamen que formula el titular de la ponencia "B" de este órgano jurisdiccional, magistrado Arturo Castañeda Bonfil, de la ponencia "B" de este órgano jurisdiccional, en el que expuso lo siguiente: "Mediante escrito presentado el cuatro de octubre de dos mil dieciocho, en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, recibido el diecinueve de esos mes y año en la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, remitido el veintidós siguiente a este tribunal colegiado, *******, promovió demanda de amparo, reclamando el laudo de tres de julio de dos mil dieciocho, dictado en el expediente laboral ******* del índice de la responsable. Por auto de presidencia de veintitrés del citado octubre, la presidencia de este órgano jurisdiccional, admitió la demanda de derecho de que se trata y registró el asunto con el número 781/2018; enseguida, mediante proveído de dieciocho de enero del presente año, se turnó el expediente al licenciado Martín Antonio Lugo Romero, secretario de tribunal en funciones de magistrado de la ponencia "B", para la elaboración del proyecto de resolución respectivo; posteriormente, en acuerdo de dieciséis de abril de dos mil diecinueve, se returnó nuevamente al Magistrado Arturo Castañeda Bonfil, con la referida finalidad. Después, el nueve de agosto del año actual, con fundamento en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se fijó lista en los estrados, donde se señaló para audiencia de este asunto el quince siguiente, en la que se discutió la propuesta de sobreseimiento y se retiró para dar vista al operario quejoso. En efecto, en el proyecto respectivo, se propuso sobreseer en el juicio de amparo, al considerar la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "." "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." ".". De la porción normativa transcrita, se advierte que el amparo es improcedente cuando no sea promovido dentro de los términos que, para cada hipótesis, contempla el artículo 17 de la Ley de Amparo. Ahora bien, los artículos 17 y 18 del ordenamiento legal en comento establecen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:" "I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;" "II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años;" "III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados;" "IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De acuerdo con los numerales transcritos, para determinar si la promoción de una demanda de amparo se hizo o no en tiempo, debe atenderse, en primer lugar, al acto reclamado, para establecer en cuál de los supuestos a que alude el numeral transcrito encuadra y, luego, identificado el supuesto, establecer el término que la ley prevé para el caso en específico. En el caso, *******, señaló como acto reclamado el laudo de tres de julio de dos mil dieciocho dictado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, en el expediente laboral +****** de su índice. Precisado lo anterior, en el presente asunto se actualiza la regla genérica de quince días a que alude el transcrito artículo 17 de la ley de la materia, merced a que el acto reclamado no es de los previstos como excepción a esa regla genérica. Ahora bien, a foja setenta y siete vuelta del juicio laboral, obra la constancia de notificación que se efectuó al quejoso de manera personal, el doce de septiembre de dos mil dieciocho, lo que se corrobora con la certificación que, en términos del artículo 178, fracción I, de la Ley de Amparo, elaboró el secretario general de amparos del tribunal del trabajo responsable, al reverso de la última foja de la demanda de amparo. Por tanto, en términos de lo previsto en el artículo 747, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo la citada notificación surtió efectos el mismo día y el cómputo a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo inició el trece del citado septiembre para fenecer el tres de octubre de dos mil dieciocho, del que se descuentan los días quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de septiembre del año próximo pasado, por corresponder a sábados y domingos, inhábiles de conformidad con la aludida certificación. En ese contexto, si la demanda de derechos fundamentales se presentó ante la autoridad laboral el cuatro de octubre de dos mil dieciocho, como se desprende del sello de recibido (foja tres del expediente en el que se actúa), es evidente que se exhibió de manera extemporánea. No obsta a lo anterior, el hecho de que el quejoso manifieste en su ocurso constitucional que tuvo conocimiento del laudo reclamado el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, pues conforme a las constancias del juicio laboral, se evidencia que la notificación del laudo se realizó como, incluso, certificó el secretario de acuerdos de la junta responsable, el doce de septiembre del año próximo pasado, sin que al respecto dicha notificación se haya determinado nula o inválida legalmente por medio de defensa procedente, por lo cual debe surtir los efectos legales correspondientes. Por tanto, la notificación del laudo combatido surte sus efectos legales y es apta para que este tribunal de amparo realice el cómputo para la presentación de la demanda de amparo a que se refieren los artículos 17 y 18 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Bajo la citada línea argumentativa, se estima que en el presente asunto se actualizaría la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, lo cual, con fundamento en el numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, generaría el sobreseimiento en este juicio. Sin que este Tribunal Colegiado tenga facultades legales para analizar la validez de la aludida notificación del acto reclamado, practicada al quejoso, por el actuario de la junta del conocimiento con fecha doce de septiembre de dos mil dieciocho, toda vez que este órgano jurisdiccional no cuenta con facultades, en esta oportunidad, para analizar dicha comunicación procesal, de conformidad con la jurisprudencia de la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA DE TRABAJO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL ESTUDIAR LA OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DEL LAUDO RECLAMADO. La notificación es un acto procesal a cargo del órgano jurisdiccional ordinario que se encuentra revestido de formalidades legales, por lo que su documentación constituye un instrumento público que tiene una presunción de validez, al ejecutarlo un funcionario público en ejercicio de sus facultades y, por ende, una vez realizado, genera los efectos y consecuencias jurídicas que implica, por lo menos hasta que se demuestre la falta de cumplimiento de esas formalidades en su diligenciación y, en ese sentido, su ineficacia para demostrar la comunicación de un acto o resolución, desde luego, a través del medio de impugnación que permita analizar ese tipo de vicios. Así, la parte que no esté conforme con la notificación efectuada por el órgano jurisdiccional respecto del laudo que pretende combatir, tiene la carga procesal de impugnar dicho acto a través del incidente de nulidad de notificaciones (regulado por la legislación laboral), pues de lo contrario, esa actuación debe entenderse consentida, además de subsistente y con plenos efectos legales. Luego, el juicio de amparo directo no es el medio pertinente para determinar la legalidad o ilegalidad de la notificación practicada por el órgano jurisdiccional emisor del laudo reclamado, ni siquiera al realizar el estudio de la oportunidad de la presentación de la demanda, por lo que cuando exista constancia de que se efectuó la notificación respectiva a determinada parte en el juicio laboral, los Tribunales Colegiados de Circuito deben atender a ella y a la fecha de su diligenciación para analizar la procedencia del juicio de amparo directo, específicamente para realizar el cómputo a efecto de determinar si se promovió oportunamente, sin que puedan hacer un análisis de las formalidades que en la práctica de dicha notificación se siguieron ni desconocer su existencia, pues ello implicaría someter a escrutinio un acto que no integra litis que, como se ha apuntado, se ciñe al análisis del laudo dictado en el juicio laboral y, en su caso, de las violaciones en el procedimiento que le dieron origen." Cabe precisar que no es el caso de descontar del referido plazo el catorce de septiembre de dos mil dieciocho, en el que este órgano jurisdiccional suspendió sus labores de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, en virtud de que por disposición del artículo 176 de la Ley de Amparo, es ante la autoridad responsable del acto reclamado y no ante el Tribunal Colegiado de Circuito, que inicia el trámite del juicio de amparo directo, con la presentación de la demanda respectiva, y por ello para el cómputo del plazo relativo deben excluirse los días inhábiles de la responsable, sin que deban excluirse los días en los que este órgano jurisdiccional haya dejado de laborar, en términos de la jurisprudencia 2ª./J. 36/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes veintisiete de abril de dos mil dieciocho en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, obligatoria a partir del lunes treinta del citado mes y año, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. EN EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, NO DEBEN EXCLUIRSE LOS DÍAS EN LOS QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AL QUE CORRESPONDA CONOCER DE AQUÉLLA HAYA SUSPENDIDO SUS LABORES. Para determinar la oportunidad en la presentación de la demanda de amparo contra una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, dictada por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, no deben excluirse del cómputo del plazo respectivo los días en los que el Tribunal Colegiado de Circuito al que corresponda conocer de dicha demanda haya suspendido sus labores, pues por disposición del artículo 176 de la Ley de Amparo, es ante la autoridad responsable del acto reclamado y no ante el Tribunal Colegiado de Circuito, que inicia el trámite del juicio de amparo directo, con la presentación de la demanda respectiva, y por ello para el cómputo del plazo relativo deben excluirse los días inhábiles de la responsable, sin que deban excluirse los días en los que el Tribunal Colegiado de Circuito haya dejado de laborar, pues esa circunstancia no incide para el cómputo del plazo, ni ocasiona inseguridad o falta de certeza al particular. Ahora, si bien el artículo 19 de la Ley de Amparo establece una excepción en favor del promovente, al disponer que se omitan en el cómputo del plazo mencionado los días en los que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, esta excepción debe entenderse en amparo directo relacionada con la autoridad responsable pues -se insiste- la presentación de la demanda de amparo en la vía directa se hace ante la autoridad que emitió el acto reclamado y es ahí en donde empieza a tramitarse, realizando la certificación correspondiente y los demás deberes que le impone la ley." Entonces, con fundamento en el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, a fin de estar en condiciones de resolver el presente juicio de derechos, corresponde se dé vista al quejoso, para que manifieste lo que a su derecho convenga, en relación a la posible actualización de la causal de improcedencia invocada." En virtud de las manifestaciones vertidas en el mismo, con fundamento en el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, dése vista al quejoso *******, por el término de tres días contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente acuerdo, a fin de que exponga lo que a su interés convenga en relación con la causal de improcedencia que puede materializarse en el presente asunto; con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna este tribunal resolverá lo que en derecho corresponda. En el caso, no ha lugar a efectuar la notificación personal del presente proveído al quejoso, en atención a lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que derivó de la Contradicción de tesis 325/2014, en la que estableció que es suficiente con la notificación por lista de la determinación que adopte el tribunal colegiado de Circuito, en el sentido de dar vista al quejoso con la posible causa de improcedencia, atendiendo al principio de la justicia pronta establecido en el párrafo segundo del artículo 176 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a lo previsto en los artículos 26, fracción I y 184 de la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud de que en el referido artículo 26, fracción I, no se prevé como supuesto expreso de notificación personal, la determinación que adopta un tribunal colegiado de Circuito en cuanto a dar vista al quejoso con una causa de improcedencia que pudiera advertirse de oficio, por lo que, si el quejoso puede dar seguimiento pleno al trámite del asunto de su interés, resulta innecesario que le sea notificada personalmente lo determinado en la sesión en la que el tribunal colegiado, al discutir un asunto estime de oficio la posible actualización de alguna causa de improcedencia que no fue alegada por las partes, ni analizada por el órgano inferior, siendo suficiente, en el marco del sistema proteccionista ampliado a la luz del derecho de audiencia, llevar a cabo la referida notificación por lista en los estrados del órgano correspondiente, en cuya síntesis se precise la finalidad de dicha notificación. Por tanto, debe considerarse la importancia de que la vista a la que se refiere el artículo 64 de la Ley de Amparo no provoque una dilación injustificada en el dictado de la sentencia respectiva, lo que podría acontecer con la notificación personal de la determinación que se ordene. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia P./J. 5/2015 (10ª.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8 del tomo I, abril de 2015, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN. El párrafo citado establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ahora, en aras de respetar el derecho de audiencia y encontrar equilibrio entre justicia pronta y seguridad jurídica, si el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito, al discutir el asunto en sesión, ya sea porque así se presentó o propuso en ese momento por alguno de los Magistrados, aprecia la posible actualización de alguna causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por el inferior, debe dejarlo en lista y ordenar que se dé vista a la parte recurrente con la decisión adoptada para que, previa notificación por lista, manifieste lo que a su derecho convenga, pues el objetivo de la disposición contenida en aquel párrafo es respetar el derecho de audiencia, al otorgarle la oportunidad de exponer en relación con esa causa de improcedencia. En consecuencia, la obligación prevista en el precepto indicado surge cuando, en sesión, el Pleno del órgano jurisdiccional comparte la posibilidad de que se actualice un motivo de improcedencia no alegado ni analizado con anterioridad". Además, para efectos estadísticos considérese el presente asunto como egreso de la ponencia "B" y como ingreso a la secretaría de acuerdos, hasta en tanto no se returne el expediente en cuestión.
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