Antonio Aguilera Delgado
Expediente 921/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 921/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- ANTONIO AGUILERA DELGADO y Otros.
- Antonio Aguilera Delgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido el auto de diecisiete de julio de dos mil veintitrés, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en tales condiciones, con apoyo en los artículos 80, 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones en los libros de control de este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del ordinal 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, toda vez que se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados. Por otra parte, el incidente de suspensión será conservable, una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso b), del precitado Acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión definitiva; por lo que, se ordena agregar copia certificada de este proveído al cuaderno incidental. Finalmente, agréguese a los autos únicamente para efectos de control procesal, el oficio de cuenta signado por la Consultora adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, con sede en Ciudad de México, a través del cual informa que asume la representación de la autoridad señalada como responsable, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; sin que se emita mayor pronunciamiento, en atención a lo acordado en líneas anteriores.
- Principal
Consultora Jurídica General de la Consejería Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso del Ejecutivo Federal, con sede en Ciudad de México, devuelve el oficio 11319/2023, remítase al efecto copia de la demanda del presente asunto, a fin de que se encuentre en condiciones de designar la representación de la autoridad señalada como responsable, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, se hace del conocimiento que el presente juicio de amparo deriva de la incompetencia declinada del diverso sumario constitucional 332/2023-II del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato.
- Principal
Visto el estado de autos y las constancias que integran el presente asunto, se estima que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con los actos reclamados en esta sede constitucional. Ahora, de las constancias que obran en autos, se advierte que la parte quejosa controvierte en esta sede constitucional, el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral; y su ejecución. Así, previo a justificar la actualización de la causal de improcedencia de la que se habla, se destaca que el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, establece que los hechos notorios pueden ser invocados de oficio por los órganos jurisdiccionales, a pesar de que no hayan sido invocados por las partes. En ese sentido, se invoca como hecho notorio en el presente juicio -con fundamento en dicho precepto-, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión pública de veintidós de junio de dos mil veintitrés, por mayoría de nueve votos, invalidó el decreto aquí reclamado, ya que consideró que en el proceso legislativo correspondiente existieron múltiples violaciones graves al procedimiento, tales como: 1) Las iniciativas del denominado "Plan B" fueron presentadas a discusión y aprobación sin que fueran publicadas previo al inicio de la sesión, para que todos los legisladores tuvieran oportunidad de conocerlas, tal como lo señala el Reglamento de la Cámara de Diputados. 2) Estas iniciativas comprenden seis leyes y más de quinientos artículos adicionados, reformados o modificados. 3) Las iniciativas fueron clasificadas como urgentes por la mayoría sin dar razón alguna, lo que significa que ni siquiera fueron dictaminadas en comisiones, por lo que se procedió a su discusión y aprobación inmediata, a pesar de su extensión y complejidad. Ello a pesar de las reiteradas peticiones de las minorías para permitir previamente conocer el contenido de los Decretos y así proceder a un debate serio. 4) Tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República discutieron y eliminaron indebidamente artículos del proyecto de decreto cuyo texto ya había sido aprobado por ambas Cámaras, pese a que una de las reglas constitucionales específicas del procedimiento legislativo prohíbe tajantemente a las Cámaras del Congreso de la Unión alterar en modo alguno los artículos o disposiciones de los proyectos de ley o decreto, que ya hubieran sido aprobados previamente por ambas. 5) Las Comisiones Unidas del Senado de la República omitieron sesionar y aprobar su dictamen de manera conjunta. Asimismo, tampoco cumplieron con las reglas de votación previamente establecidas. De igual forma, nuestro máximo tribunal -al emitir dicha resolución-, precisó que con motivo de la declaración de invalidez del referido decreto y a fin de preservar el principio de certeza que rige en materia electoral, las normas que se habían reformado a través del mismo recuperarán su vigencia con el texto que tenían hasta antes de la entrada en vigor de aquél, es decir, al dos de marzo de dos mil veintitrés. Razones por las cuales, la Suprema Corte resolvió las acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra del decreto de mérito, en los siguientes términos: "(.) PRIMERO. Son procedentes y fundadas las presentes acciones de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se declara la invalidez del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de marzo de dos mil veintitrés, de conformidad con los apartados VI y VII, de la presente resolución. (.)" Información que se corrobora con el comunicado de prensa 222/2023, publicado en la página de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintidós de junio de dos mil veintitrés, visible en el enlace electrónico: https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noti cia.asp?id=7408. En atención a dichas circunstancias fácticas y jurídicas, es claro que en el caso, ya cesaron los efectos del acto reclamado precisado y que la parte quejosa ha sido restituida en el goce del derecho que aduce afectado. Es así, pues con posterioridad a la presentación de la demanda, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó en su totalidad el decreto controvertido; con lo que se alcanzó el fin buscado por la parte peticionaria con la presentación de este juicio constitucional. Máxime que, el Pleno de del Alto Tribunal, al declarar la invalidez del decreto en cuestión, determinó que las normas que se habían reformado a través del mismo, recuperaron su vigencia con el texto que tenían hasta antes de su entrada en vigor. Así, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio, fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que la causal de improcedencia invocada se configura de manera manifiesta e indudable y con ningún elemento de prueba podría desvirtuarse, resultando innecesario esperar la fecha de audiencia para decretar el sobreseimiento en el presente juicio. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las diez horas con cincuenta minutos del treinta y uno de julio de dos mil veintitrés.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta que suscribe el actuario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, a través del cual informa que el tomo de pruebas que se le solicitó, corresponde a los anexos de la demanda inicialmente presentada por la totalidad de los quejosos; en el entendido que, al declinar su competencia a este órgano de amparo por solo cinco de ellos, se adjuntaron las constancias que se vinculan exclusivamente con éstos. Al respecto, este órgano de amparo toma nota de lo informado para los efectos legales conducentes.
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