Antonio Aguilar Martinez

Expediente 310/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
310/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
18/11/2020

Partes del expediente

  • Antonio Aguilar Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    Se advierte que no se interpuso recurso de queja contra el auto en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO. Con fundamento en el artículo 214 de la ley en la materia, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo que carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo disponen los numerales 21, 22 y 23 del acuerdo normativo. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso, la parte quejosa haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé el numeral 21, párrafo segundo, del precitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que por sus características amerite ser devuelto.

  2. Principal

    Notificación por lista de acuerdos a parte quejosa.- . Se desprende que no le fue posible notificar a la parte quejosa ************el contenido del acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veinte, por las razones que expuso en la misma. En consecuencia, se comisiona al Actuario que corresponda para que proceda a practicar la notificación encomendada por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio para tal efecto. Se notifica el acuerdo de 28 de octubre del 2020, por medio de lista que dice: ...La demanda de amparo promovida por Luis *****, quien se ostenta como apoderado general para pleitos y cobranzas de ******, contra actos de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Trigésimo Segundo Distrito, con sede en esta ciudad. RADICACIÓN. Con fundamento en los artículos 3 y 112 de la Ley de Amparo, fórmense los expedientes impreso y electrónico bajo el número 310/2020, y realícense los registros correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora, de la intelección integral de la demanda de amparo, se extrae que la parte quejosa señala como acto reclamado: a) El acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veinte, dictado por la autoridad responsable en los autos del expediente agrario 851/2018, por el que se determinó no requerir al demandado en lo principal para que otorgue fianza con motivo de la medida cautelar que le fue concedida el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve y se le indicó que debería estarse a lo acordado en dicha determinación. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora, al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley que rige el juicio constitucional las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucional que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que la Juez de Distrito, debe desechar una demanda constitucional cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1318 del Tomo XIV, correspondiente al mes de agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." DESECHAMIENTO. En el caso concreto, este Juzgado federal determina que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en la fracción XIII del artículo 61, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, mismos que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento (.) Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". De lo anterior, se coligue que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente, además que en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la ley; por otra parte, el artículo 217 del ordenamiento legal en cita, indica que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Plenos de Circuito, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. Ahora, en cuanto a la actualización de la causa que se invoca, debe precisarse que el Pleno del máximo tribunal del país, ha emitido la jurisprudencia, visible en la página 12, quinta época, tomo VI, del apéndice de 1995, cuyo rubro es: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA." En principio, resulta conveniente dejar claro que, por actos derivados de otros consentidos deben entenderse aquellos que se ejecutan dentro del mismo procedimiento y que son consecuencia natural y legal del acto antecedente. Los supuestos que deben actualizarse para que opere esta causal de improcedencia son dos, a saber: a) la existencia de un acto anterior consentido y, b) la existencia de un acto posterior que sea consecuencia directa y necesaria de aquél, según se advierte de la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Primera Parte, Volumen II, precedentes que no han integrado jurisprudencia, página 370, de rubro: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA." En relación con el primer supuesto que debe actualizarse para que opere dicha causal de improcedencia en análisis, es decir, la existencia de un acto anterior consentido, debe señalarse que tal consentimiento puede ser expreso o tácito, en los términos señalados por el artículo 61, fracción XIII de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, es dable precisar que de los antecedentes vertidos bajo protesta de decir verdad por el propio promovente del amparo se advierte que en acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve el Tribunal responsable concedió una medida cautelar respecto de la posesión sobre la totalidad de la parcela. Asimismo, que mediante escrito de ocho de los corrientes solicitó que se le fijara fianza por los daños y perjuicios que se le están ocasionando; asimismo del escrito de demanda la parte quejosa hace referencia que los artículos 166 de la Ley Agraria, 387 y 388 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley agraria, toda medida cautelar debe garantizarse mediante la fianza respectiva, lo que no ocurrió en el expediente natural. Manifestaciones que constituyen una confesión expresa, proveniente de hechos propios, y con eficacia probatoria en términos de los numerales 95, 96 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora, como ya quedó reseñado, la parte quejosa se duele del acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veinte, dictado por la autoridad responsable en los autos del expediente agrario 851/2018, por el que se determinó no requerir al demanda en lo principal para que otorgue fianza con motivo de la medida cautelar que le fue concedida el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve y se le indicó que debería estarse a lo acordado en dicha determinación. De lo anterior se concluye que el acto que aquí se combate es un hecho que deriva como consecuencia directa e inmediata de otro que se cataloga como consentido; ello, toda vez que la actitud del promovente durante la secuela procesal del procedimiento de origen, constituye una manifestación de voluntad que entraña su consentimiento, en cuanto a que no interpuso algún mecanismo de defensa como el que ahora pretende, en contra de la resolución que en su momento decretó la autorización del tercero interesado en relación a la medida cautelar solicitada y en los términos indicados en dicha determinación. En efecto, tal y como se desprende de la lectura integra de la demanda de que se trata, desde el día veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, al autorizarse la medida cautelar solicitada por el aquí tercero interesado el impetrante del amparo omitió impugnar dicha determinación; por ende, ésta se reputa como consentida; de ahí la improcedencia del juicio de amparo que se intenta. Por lo que el acto reclamado resulta ser consecuencia de un diverso consentido, por tanto, a consideración de esta juzgadora resulta improcedente el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Cuarto Circuito, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, marzo de 2000, página 961, de rubro: ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. LA SIMPLE EXPRESIÓN DE INCONFORMIDAD NO DESVIRTÚA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA RELATIVA." De igual forma, es aplicable la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, novena época, visible en la página 582, tomo III, mayo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZÓN DE SU IMPROCEDENCIA." Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda origen de este asunto. DOMICILIO. En términos del artículo 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria y 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jesús Sánchez Carballo, Hiram Baruch Osorio Mendoza, Nohemí Alejandra Samperio Antonio y Gladys Hernández Hernández, por contar con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio, acatando en todo momento los protocolos y recomendaciones emitidas por la Secretaria General de Salud a efecto de evitar el contagio y propagación del virus denominado COVID-19 entre los justiciables y el personal que lleva a cabo las diligencias correspondientes. En otro aspecto, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse, consultar expedientes, desahogar comparecencias o requerimientos, será el comprendido de las nueve a las trece horas, que es el horario de atención al público, previa generación de la cita correspondiente a través de la Agenda "OJ", disponible en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales" del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para la obtención de las constancias que obren en este sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que, por su naturaleza, sean de carácter confidencial o reservada, debiéndose asentar la razón de recibo respectivo; en el entendido de que el uso de las mismas es responsabilidad de la parte que las obtenga. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    ...La demanda de amparo promovida por Luis *****, quien se ostenta como apoderado general para pleitos y cobranzas de Antonio ******, contra actos de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Trigésimo Segundo Distrito, con sede en esta ciudad. RADICACIÓN. Con fundamento en los artículos 3 y 112 de la Ley de Amparo, fórmense los expedientes impreso y electrónico bajo el número 310/2020, y realícense los registros correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora, de la intelección integral de la demanda de amparo, se extrae que la parte quejosa señala como acto reclamado: a) El acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veinte, dictado por la autoridad responsable en los autos del expediente agrario 851/2018, por el que se determinó no requerir al demandado en lo principal para que otorgue fianza con motivo de la medida cautelar que le fue concedida el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve y se le indicó que debería estarse a lo acordado en dicha determinación. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora, al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley que rige el juicio constitucional las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucional que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que la Juez de Distrito, debe desechar una demanda constitucional cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1318 del Tomo XIV, correspondiente al mes de agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." DESECHAMIENTO. En el caso concreto, este Juzgado federal determina que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en la fracción XIII del artículo 61, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, mismos que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento (.) Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". De lo anterior, se coligue que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente, además que en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la ley; por otra parte, el artículo 217 del ordenamiento legal en cita, indica que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Plenos de Circuito, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. Ahora, en cuanto a la actualización de la causa que se invoca, debe precisarse que el Pleno del máximo tribunal del país, ha emitido la jurisprudencia, visible en la página 12, quinta época, tomo VI, del apéndice de 1995, cuyo rubro es: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA." En principio, resulta conveniente dejar claro que, por actos derivados de otros consentidos deben entenderse aquellos que se ejecutan dentro del mismo procedimiento y que son consecuencia natural y legal del acto antecedente. Los supuestos que deben actualizarse para que opere esta causal de improcedencia son dos, a saber: a) la existencia de un acto anterior consentido y, b) la existencia de un acto posterior que sea consecuencia directa y necesaria de aquél, según se advierte de la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Primera Parte, Volumen II, precedentes que no han integrado jurisprudencia, página 370, de rubro: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA." En relación con el primer supuesto que debe actualizarse para que opere dicha causal de improcedencia en análisis, es decir, la existencia de un acto anterior consentido, debe señalarse que tal consentimiento puede ser expreso o tácito, en los términos señalados por el artículo 61, fracción XIII de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, es dable precisar que de los antecedentes vertidos bajo protesta de decir verdad por el propio promovente del amparo se advierte que en acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve el Tribunal responsable concedió una medida cautelar respecto de la posesión sobre la totalidad de la parcela. Asimismo, que mediante escrito de ocho de los corrientes solicitó que se le fijara fianza por los daños y perjuicios que se le están ocasionando; asimismo del escrito de demanda la parte quejosa hace referencia que los artículos 166 de la Ley Agraria, 387 y 388 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley agraria, toda medida cautelar debe garantizarse mediante la fianza respectiva, lo que no ocurrió en el expediente natural. Manifestaciones que constituyen una confesión expresa, proveniente de hechos propios, y con eficacia probatoria en términos de los numerales 95, 96 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora, como ya quedó reseñado, la parte quejosa se duele del acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veinte, dictado por la autoridad responsable en los autos del expediente agrario 851/2018, por el que se determinó no requerir al demanda en lo principal para que otorgue fianza con motivo de la medida cautelar que le fue concedida el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve y se le indicó que debería estarse a lo acordado en dicha determinación. De lo anterior se concluye que el acto que aquí se combate es un hecho que deriva como consecuencia directa e inmediata de otro que se cataloga como consentido; ello, toda vez que la actitud del promovente durante la secuela procesal del procedimiento de origen, constituye una manifestación de voluntad que entraña su consentimiento, en cuanto a que no interpuso algún mecanismo de defensa como el que ahora pretende, en contra de la resolución que en su momento decretó la autorización del tercero interesado en relación a la medida cautelar solicitada y en los términos indicados en dicha determinación. En efecto, tal y como se desprende de la lectura integra de la demanda de que se trata, desde el día veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, al autorizarse la medida cautelar solicitada por el aquí tercero interesado el impetrante del amparo omitió impugnar dicha determinación; por ende, ésta se reputa como consentida; de ahí la improcedencia del juicio de amparo que se intenta. Por lo que el acto reclamado resulta ser consecuencia de un diverso consentido, por tanto, a consideración de esta juzgadora resulta improcedente el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Cuarto Circuito, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, marzo de 2000, página 961, de rubro: ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. LA SIMPLE EXPRESIÓN DE INCONFORMIDAD NO DESVIRTÚA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA RELATIVA." De igual forma, es aplicable la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, novena época, visible en la página 582, tomo III, mayo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZÓN DE SU IMPROCEDENCIA." Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda origen de este asunto. DOMICILIO. En términos del artículo 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria y 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jesús Sánchez Carballo, Hiram Baruch Osorio Mendoza, Nohemí Alejandra Samperio Antonio y Gladys Hernández Hernández, por contar con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio, acatando en todo momento los protocolos y recomendaciones emitidas por la Secretaria General de Salud a efecto de evitar el contagio y propagación del virus denominado COVID-19 entre los justiciables y el personal que lleva a cabo las diligencias correspondientes. En otro aspecto, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse, consultar expedientes, desahogar comparecencias o requerimientos, será el comprendido de las nueve a las trece horas, que es el horario de atención al público, previa generación de la cita correspondiente a través de la Agenda "OJ", disponible en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales" del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para la obtención de las constancias que obren en este sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que, por su naturaleza, sean de carácter confidencial o reservada, debiéndose asentar la razón de recibo respectivo; en el entendido de que el uso de las mismas es responsabilidad de la parte que las obtenga. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente.

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