Antonio Adrián Amezcua Andrade

Expediente 960/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
960/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
12/11/2019

Partes del expediente

  • Antonio Adrián Amezcua Andrade

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Por recibido el oficio número 1245 signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite el testimonio autorizado de la ejecutoria emitida el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, dentro del conflicto de competencia administrativo número 22/2019, suscitado entre el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan y esta potestad federal; acúsese recibo, mediante la cual se resuelve: ".PRIMERO. Se declara que el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, es la autoridad legalmente competente para conocer del juicio de amparo promovido por Antonio Adrián Amezcua Andrade. SEGUNDO. Envíese el juicio de amparo 960/2019, al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, a fin de que se avoque a su conocimiento. TERCERO. Con testimonio de esta ejecutoria, hágase del conocimiento de la presente determinación al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, para los efectos legales a que haya lugar." Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Por otra parte y tomando en consideración que la presente causa se encuentra totalmente concluida, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención, en virtud de que la suscrita estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese a los autos para que obre corresponda, el oficio número 4766, signado por la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con el que acusa recibo de los autos originales del expediente 960/2019 e informa que se admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre este Juzgado y el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, el cual quedó registrado con el número 22/2019; lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese el 17728/2019, signado por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, por medio del cual devuelve el original del juicio de amparo número 960/2019-V, del índice de este órgano jurisdiccional, en atención a que no aceptó la competencia declinada en su favor por este juzgado, por las razones que indica. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgador insiste en declinar la competencia, sosteniendo desde luego los argumentos y consideraciones que motivaron la resolución que se dictó al respecto, dado que del análisis de la demanda de amparo se observa que la parte quejosa hizo consistir los actos reclamados, básicamente, en: ".a) La baja definitiva del servicio público de Policía Auxiliar del suscrito, adscrito a la Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo, determinación en la que no se me respetaron las formalidades esenciales del procedimiento, traducidos en los derechos humanos y las garantías otorgadas para su tutela, a saber, de audiencia de legalidad y defensa, violando con ellos el artículo 14, 16, 17 y 123 apartado B fracción XIII constitucionales; 140, 141, 151, 152, 168, 172, 173 y 174 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Michoacán de Ocampo. .b) Con motivo de la baja definitiva, la privación del derecho a recibir la atención médica que el suscrito y mi familia requerimos a fin de poder seguir gozando del derecho humano a la salud, determinación está a través de la cual no se me respetaron los derechos humanos relacionados con el artículo 1°, 4° y 123 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionados estos con los artículos 138 y 139 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado Michoacán de Ocampo. .1. Se reclama de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Michoacán, lo es la orden que por conducto de su secretario le hubo dado al C. Heriberto Briseño Sánchez -en cuanto comandante de la Policía Auxiliar de la Región de Zamora, Michoacán- para darme de baja definitivamente de mi cargo de Policía Auxiliar . .2. Se reclama del Director de la Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo, lo que es la orden que le hubo dado al C. Heriberto Briseño Sánchez -en cuanto a comandante de la Policía Auxiliar de la Región Zamora, Michoacán- para darme de baja definitivamente de mi cargo de Policía Auxiliar, para decirme que ya no me presente a mis labores, y en consecuencia a lo anterior, la privación del derecho a recibir la atención médica que el suscrito y mi familia requerimos a fin de poder seguir gozando del derecho humano a la salud. .3. Se reclama del Coordinador Operativo de la Policía Auxiliar del Estado de Michoacán, lo es la orden que le hubo dado al C. Heriberto Briseño Sánchez, -en cuanto a comandante de la Policía Auxiliar de la Región Zamora, Michoacán- para darme de baja definitivamente, así como para entregarle el arma de cargo al aludido C. Heriberto Briseño Sánchez y para decirme que ya no me presentara a mis labores. .4. Del C. Heriberto Briseño Sánchez, el acto u omisión que se le reclama, del Coordinador Operativo de la Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo, lo es la orden que le hubo dado al C. Heriberto Briseño Sánchez, -Comandante de la Policía Auxiliar de la Región Zamora, Michoacán- para darme de baja definitivamente de mi cargo de Policía Auxiliar del Estado. .5. Del C. Heriberto Briseño Sánchez -Comandante de la Policía Auxiliar de la Región Zamora, Michoacán-, en cuanto Comandante de la Policía Auxiliar de la Región Zamora, Michoacán, el acto u omisión que se le reclama, lo es la comunicación verbal a través de la cual me dijo que por órdenes del Secretario de Seguridad Pública, del Director y del Coordinador Operativo de la Policía Auxiliar del Estado, el suscrito estaba dado de baja definitivamente de mi cargo de Policía Auxiliar, y enseguida me pidió entregarle el arma de cargo al aludido Heriberto Briseño Sánchez." Por tanto, si de la demanda de amparo se observa que los actos reclamados llevan inmersa una ejecución material, que tuvo materialización en Jiquilpan, Michoacán, lugar donde ejerce jurisdicción territorial el Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno, es claro que la competencia para conocer del juicio de garantías se surte a favor de la Juez de Distrito en alusión, si se toma en consideración que del acto reclamado así como de los antecedentes de la demanda de amparo se aprecia que el quejoso reclama, en esencia: La baja definitiva como elemento policial; y, La privación a recibir atención médica, prestación de servicios que según manifestación realizada bajo protesta de decir verdad, por el propio quejoso ANTONIO ADRIÁN AMÉZCUA ANDRADE, desempeñaba en la localidad de Jiquilpan, Michoacán, lo que se corrobora además con el oficio de comisión DGPA/23492019, signado por el Director General de la Policía Auxiliar del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, del que se advierte que desde el uno de julio de dos mil diecinueve, se comisionó al referido peticionario de amparo a proporcionar el servicio de seguridad, protección y vigilancia especializada, en las instalaciones del FRACCIONAMIENTO CAMINO REAL (GRUPO MOR) de la Plaza de Jiquilpan, Michoacán, tuvieron ejecución material en Jiquilpan, Michoacán en consecuencia, si el acto reclamado se ejecutó en la jurisdicción territorial del Juez declinado, la competencia para conocer del presente juicio de amparo se surte en su favor. Luego, es incuestionable que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del presente asunto, pues atendiendo a las reglas previstas por el artículo 37 de la Ley de Amparo en vigor, los actos reclamados llevan inmersa una ejecución material, la cual tuvo materialización en la Ciudad de Jiquilpan, Michoacán, lugar donde ejerce jurisdicción el juez declinado. Sin que en el caso, como lo refiere el similar se actualice el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de amparo, que establece: "Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda.", atendiendo a que los actos reclamados comenzaron a ejecutarse materialmente en Emiliano Zapata, perteneciente al municipio de Uruapan; y en Morelia, Michoacán, en donde se informó al quejoso sobre su baja, puesto que ello no es útil, para fijar la competencia a este Juzgado, si se pondera que solamente es un medio a partir del cual se generó la ejecución, puesto que tal materialización tiene eficacia necesariamente en el lugar donde se materializa o ejecuta dicho mandamiento, es decir, en el lugar en donde desempeñaba su cargo el servidor público, por que la determinación de baja, no puede considerare como acto de ejecución, de ahí que no pueda servir de base para fijar la competencia. En consecuencia, con fundamento en los artículos 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 48 de la Ley de Amparo, remítanse las presentes actuaciones al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito en turno, con sede en esta ciudad, para lo que a bien tenga resolver sobre el conflicto competencial planteado; asimismo, por la vía telegráfica, sin perjuicio de hacerlo por la postal, comuníquese esta determinación al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, para los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    ***MORELIA, MICHOACÁN, A DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.*** ****Agréguese el escrito signado por **** y **** en cuanto autorizados del quejoso, mediante el cual cumplen con el requerimiento formulado en proveído de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve; Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo y sus anexos, así como del escrito aclaratorio, se advierte que este juzgado carece de competencia legal por razón de territorio, para conocer de la misma por las consideraciones que a continuación se especifican. El artículo 37 de la Ley de Amparo, estable lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De la transcripción literal que precede, se desprende que el dispositivo legal en comento establece tres reglas fundamentales para fijar la competencia: a) Que será competente el Juez de Distrito del lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, el quejoso hace consistir los actos reclamados en: ".a) La baja definitiva del servicio público de Policía Auxiliar del suscrito, adscrito a la Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo, determinación en la que no se me respetaron las formalidades esenciales del procedimiento, traducidos en los derechos humanos y las garantías otorgadas para su tutela, a saber, de audiencia de legalidad y defensa, violando con ellos el artículo 14, 16, 17 y 123 apartado B fracción XIII constitucionales; 140, 141, 151, 152, 168, 172, 173 y 174 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Michoacán de Ocampo. .b) Con motivo de la baja definitiva, la privación del derecho a recibir la atención médica que el suscrito y mi familia requerimos a fin de poder seguir gozando del derecho humano a la salud, determinación está a través de la cual no se me respetaron los derechos humanos relacionados con el artículo 1°, 4° y 123 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionados estos con los artículos 138 y 139 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado Michoacán de Ocampo. .1. Se reclama de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Michoacán, lo es la orden que por conducto de su secretario le hubo dado al ***** -en cuanto comandante de la Policía Auxiliar de la Región de Zamora, Michoacán- para darme de baja definitivamente de mi cargo de Policía Auxiliar . .2. Se reclama del Director de la Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo, lo que es la orden que le hubo dado al C. **** -en cuanto a comandante de la Policía Auxiliar de la Región Zamora, Michoacán- para darme de baja definitivamente de mi cargo de Policía Auxiliar, para decirme que ya no me presente a mis labores, y en consecuencia a lo anterior, la privación del derecho a recibir la atención médica que el suscrito y mi familia requerimos a fin de poder seguir gozando del derecho humano a la salud. .3. Se reclama del Coordinador Operativo de la Policía Auxiliar del Estado de Michoacán, lo es la orden que le hubo dado al C. ****, -en cuanto a comandante de la Policía Auxiliar de la Región Zamora, Michoacán- para darme de baja definitivamente, así como para entregarle el arma de cargo al aludido C. **** y para decirme que ya no me presentara a mis labores. .4. Del C. ****, el acto u omisión que se le reclama, del Coordinador Operativo de la Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo, lo es la orden que le hubo dado al C. *****, -Comandante de la Policía Auxiliar de la Región Zamora, Michoacán- para darme de baja definitivamente de mi cargo de Policía Auxiliar del Estado. .5. Del C. ***** -Comandante de la Policía Auxiliar de la Región Zamora, Michoacán-, en cuanto Comandante de la Policía Auxiliar de la Región Zamora, Michoacán, el acto u omisión que se le reclama, lo es la comunicación verbal a través de la cual me dijo que por órdenes del Secretario de Seguridad Pública, del Director y del Coordinador Operativo de la Policía Auxiliar del Estado, el suscrito estaba dado de baja definitivamente de mi cargo de Policía Auxiliar, y enseguida me pidió entregarle el arma de cargo al aludido ****." Así las cosas, se estima competente para conocer de la demanda en trato, al Juez de Distrito en el Estado Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno, pues el acto reclamado lleva inmersa una ejecución material, que tuvo materialización en Jiquilpan, Michoacán, lugar en donde tiene jurisdicción dicho Juez Federal, según lo previene el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, el cual en lo conducente expresamente dispone: [...] XI. DECIMOPRIMER CIRCUITO: [.] Los juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Aguililla, Apatzingán, Aquila, Arteaga, Briseñas, Buenavista, Coahuayana, Coalcomán de Vázquez Pallares, Cojumatlán de Régules, Cotija, Charapan, Chavinda, Cherán, Chilchota, Chinicuila, Ecuandureo, Gabriel Zamora, Ixtlán, Jacona, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Marcos Castellanos, Múgica, Nahuatzen, Nuevo Parangaricutiro, Pajacuarán, Paracho, Parácuaro, Peribán, Purépero, Sahuayo, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tanhuato, Taretan, Tepalcatepec, Tingambato, Tinguindín, Tocumbo, Tumbiscatío, Uruapan, Venustiano Carranza, Villamar, Vista Hermosa y Ziracuaretiro. Ello es así, si se toma en consideración que del acto reclamado así como de los antecedentes de la demanda de amparo se aprecia que el quejoso reclama, en esencia: La baja definitiva como elemento policial; y, La privación a recibir atención médica, prestación de servicios que según manifestación realizada bajo protesta de decir verdad, por el propio quejoso *****, desempeñaba en la localidad de Jiquilpan, Michoacán, lo que se corrobora además con el oficio de comisión DGPA/23492019, signado por el Director General de la Policía Auxiliar del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, del que se advierte que desde el uno de julio de dos mil diecinueve, se comisionó al referido peticionario de amparo a proporcionar el servicio de seguridad, protección y vigilancia especializada, en las instalaciones del FRACCIONAMIENTO CAMINO REAL (GRUPO MOR) de la Plaza de Jiquilpan, Michoacán. En ese tenor, el acto reclamado lleva implícita una ejecución, que se materializó en Jiquilpan, Michoacán, puesto si el aquí quejoso prestaba sus servicios como policía auxiliar en ese lugar, es inconcuso que, en ese mismo lugar causó baja, por tanto, es competente para conocer de dicha demanda el juez que ejerce jurisdicción en dicha localidad, con independencia de la residencia de las autoridades responsables. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 45 y 48 de la Ley de la materia, este juzgado declara que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de mérito y la plantea al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, turno, con sede en Uruapan, a quien se ordena remitir el original de la demanda de garantías con las copias simples de la misma por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los juzgados de Distrito en esa ciudad, con el objeto de que lo envíe a quien por razón de turno corresponda avocarse a su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Sin que en el caso no haya lugar a proveer lo conducente respecto de la suspensión provisional del acto reclamado, toda vez que no se halla dentro de los supuestos previstos en el artículo 48, párrafo primero de la Ley de Amparo, a fin de que este órgano jurisdiccional proveyera lo conducente y tampoco se ubica en alguno de los supuestos que establece el artículo 128, fracción I, y sin que sea el caso de abrirlo de oficio, en razón a que en la especie no se actualizan los supuestos a que se refiere el artículo 127 del citado ordenamiento. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Finalmente, como en el proveído cuatro de septiembre del año en curso, se asentó como domicilio de la parte quejosa el ubicado en calle Pino Suárez número 30, colonia Centro, con sede en esta ciudad, cuando lo correcto es el diverso correspondiente a la calle Pino Suárez número 305, colonia Centro, con sede en esta ciudad, por tanto las subsecuentes notificaciones que sean de carácter personal, practíquense en este último. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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