Antonio Adame Zuñiga y Otros.
Expediente 1228/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1228/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Antonio Adame Zuñiga y Otros.
- Magistrados de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicial del Estado de Guerrero
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos que guarda el presente juicio de amparo, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de diez de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley en Aplicación, se declara que dicho auto ha causado ejecutoria. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el presente expediente transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se destruirá en su totalidad, porque se desechó la demanda de amparo y no obran documentos originales que devolver a las partes, de acuerdo con la certificación que antecede. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, ni jurídica e histórica.
- Principal
Visto el escrito presentado por Antonio Adame Zúñiga y Esperanza Baltazar Bello, por propio derecho, contra actos de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este órgano jurisdiccional, con el número 1228/2019 y fórmese el expediente respectivo. En términos del artículo 13 de la Ley de Amparo se tiene como representante común de los quejosos al primero de los nombrados Antonio Adame Zúñiga, sin perjuicio de que pueda ser substituido, con posterioridad. DESECHAMIENTO Ahora, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de amparo planteada, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Los promoventes, Antonio Adame Zúñiga y Esperanza Baltazar Bello, reclaman en esta vía constitucional: "IV.ACTO RECLAMADO. Lo constituye el contenido del auto de fecha 17 de julio del año 2019, dictado por la responsable en el toca familiar número 461/2019, el cual desecha de plano el recurso de apelación promovido por los suscritos a través de nuestro abogado patrono en contra del auto de fecha 20 de marzo del 2019 que regulariza el procedimiento en el expediente número 225/2018-III que se sigue ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en esta ciudad de Chilpancingo de los Bravo Guerrero, relativo al juicio de perdida de la patria potestad interpuesto por los aquí impetrantes de garantías y en contra de los CC. ALFONSO TRINIDAD CARRERA Y NORMA YANET ADAME BALTAZAR, lo cual nos causa molestias, violando en nuestro perjuicio nuestras garantías de legalidad y seguridad jurídicas contempladas en los artículos 14 y 16 Constitucionales. En el caso, el suscrito juzgador advierte que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Se exceptúa de lo anterior. a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares de restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El aludido precepto estatuye que el juicio de amparo es improcedente cuando no se respete el principio de definitividad, respecto de actos derivados de autoridades jurisdiccionales. Dicho principio, en lo conducente, dispone que previo a la interposición de la demanda de amparo, el afectado por el acto de autoridad debe agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado siempre que tengan por objeto revocar, modificar o nulificar la resolución impugnada; con la salvedad de que no se esté dentro de los casos de excepción, pues en dicha eventualidad, el quejoso estará en aptitud de elegir entre hacer valer su acción constitucional o el recurso o medio de impugnación que conforme a la ley que rija o supla al acto reclamado, sea procedente. Ello, incluso si su ejecución se estima de imposible reparación, pues así se advierte del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar de manera previa los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Son aplicables al caso las tesis aisladas de rubro y texto siguientes: "AMPARO IMPROCEDENTE. LO ES EL INTENTADO CONTRA EL AUTO QUE NIEGA LA ADMISIÓN DE LA APELACIÓN, DICTADO POR EL JUZGADOR DE PRIMERA INSTANCIA O EL PRESIDENTE DE LA SALA AD QUEM, POR SER RECURRIBLE MEDIANTE LOS RECURSOS DE QUEJA Y RECONSIDERACIÓN, RESPECTIVAMENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). De la interpretación armónica de los artículos 389 in fine y 399, fracción II, del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero Número 364, se colige que el auto por el cual el Juez de primera instancia tiene por no interpuesta la apelación, es recurrible en queja. En cambio, cuando el mismo proveído es dictado en segunda instancia por el presidente de la Sala respectiva, entonces, el medio de impugnación que corresponde interponer es el diverso recurso de reconsideración establecido en el artículo 383 del ordenamiento adjetivo de referencia. En consecuencia, de no agotarse previamente tales recursos, resulta improcedente el juicio de garantías que se promueva contra la resolución que niega la admisión de la apelación, en razón de que conforme al principio de definitividad, antes de promoverse el amparo deben agotarse los aludidos recursos o medios de defensa que la ley ordinaria previene, siendo por consiguiente correcto el desechamiento de la demanda de amparo que se promueva contra la citada resolución, al actualizarse la causal a que se refiere la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que implica un motivo manifiesto e indudable de improcedencia." Datos de identificación: Novena Época, Registro: 189815, Tesis: Aislada, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Mayo de 200, Materia(s): Civil, Tesis: XXI.2o.24 C, Página: 1077 del Segundo Tribunal Colegiado Del Vigésimo Primer Circuito. "RECURSO DE RECONSIDERACIÓN EN MATERIA CIVIL. PROCEDE CONTRA EL AUTO DE PRESIDENCIA QUE TIENE POR NO INTERPUESTO, EN SEGUNDA INSTANCIA, EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). La determinación del presidente del tribunal de alzada que tiene por no interpuesto el recurso de apelación promovido por alguna de las partes, por falta de copias para correr traslado, comparte la naturaleza jurídica de los autos, por tratarse de una resolución dictada en el trámite de segunda instancia, que afecta la oportunidad procesal para que el órgano jurisdiccional conozca de los agravios que fundan el recurso intentado; auto que, por una parte, no puede ser recurrido en apelación o queja, de acuerdo con lo dispuesto por el código adjetivo del Estado, en el capítulo relativo a los recursos y, por otra, la ley no lo señala como no impugnable. Por ende, en su contra procede el recurso de reconsideración establecido en el artículo 383 del código de procedimientos civiles para el Estado de Guerrero, cuya procedencia se encuentra prevista para los autos y decretos que sean impugnables y que la ley no señale expresamente como irrecurribles. Máxime si el auto que tiene por no interpuesto el recurso no declara que la sentencia de primer grado causó estado." N Datos de identificación: Novena Época, Registro: 190736, Tipo de Tesis: Aislada, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Diciembre de 2000, Materia(s): Civil, Tesis: XXI.1o.106 C, Página: 1420 del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito. Entonces, para los efectos del principio de definitividad, se entiende que un recurso o medio de defensa obliga a agotarse, únicamente cuando a través de dicho medio de impugnación el acto autoritario pueda ser revocado (cambiar en su totalidad el criterio de la resolución recurrida), modificado (hacer un cambio parcial de la resolución) o anulado (dejar insubsistente el auto de autoridad); asimismo, se aclara que sólo se entenderá por cumplido este requisito de procedencia, cuando el recurso o instancia legal que se haga valer, sea substanciado en todos sus términos, hasta su sentencia o resolución que lo dé por terminado. Por su parte, los artículos 381, 382 y 383 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero Número 364, prevén lo siguiente: "Artículo 381.- Procedencia. Las sentencias no pueden ser reconsideradas por el juzgador que las dicte. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser reconsiderados por el juzgador que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, salvo que la Ley expresamente disponga que no son recurribles. Artículo 382.- Substanciación del recurso de reconsideración. Son aplicables las siguientes reglas para la tramitación del recurso de reconsideración: I. El recurso deberá hacerse valer dentro de los dos días siguientes al que se tenga por hecha la notificación de la resolución respectiva; II. La petición de reconsideración deberá hacerse mediante escrito o verbalmente en las audiencias y deberá contener la expresión de los agravios; III. No se concederá término de prueba para substanciar la reconsideración y sólo se tomarán en cuenta los documentos que se señalan al pedirla; y IV. La reconsideración no suspende el curso del juicio y se resolverá mandándola substanciar con vista de la contraparte por el término de tres días. La resolución que se dicte no es recurrible. Artículo 383.- Procedencia del recurso de reconsideración en segunda instancia. Procede la reconsideración de los decretos y autos que se dicten en el trámite de segunda instancia, siendo aplicables a su tramitación las mismas reglas que se establecen en el artículo anterior Del artículo 383 trascrito se aprecia que contra los decretos y autos que se dicten en el trámite de la segunda instancia procede el recurso de reconsideración, para lo cual son aplicables las mismas reglas que establece el artículo 382 de la citada ley. Entonces, antes de promover el juicio de amparo indirecto, los quejosos necesariamente deben agotar el recurso de reconsideración al tener como finalidad que el órgano jurisdiccional que lo emitió lo examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. En el caso, del escrito de demanda se advierte que los quejosos Antonio Adame Zúñiga y Esperanza Baltazar Bello reclaman el auto de de diecisiete de julio de dos mil diecinueve, emitido por la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero en el toca familiar número 461/2019, en el que desechó el recurso de apelación interpuesto por los aquí quejosos en contra del auto de fecha veinte de marzo de dos mil diecinueve, que regulariza el procedimiento en el expediente número 225/2018-III que se sigue ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en esta ciudad, relativo al juicio de perdida de la patria potestad interpuesto por los referidos quejosos, contra Alfonso Trinidad Carrera y Norma Yanet Adame Baltazar. En ese sentido, dado que el recurso de reconsideración es el medio de impugnación por el cual se pudo examinar y dictar la resolución correspondiente, resulta incuestionable que los quejosos, antes de acudir a esta instancia constitucional, debieron interponer el mencionado recurso, ya que constituye un medio de defensa ordinario que la legislación nacional prevé y que, en el caso en particular, tiene como finalidad que el Juez de la causa, examine de nueva cuenta el auto recurrido y dicte la resolución correspondiente, aun cuando el acto reclamado pueda considerarse de imposible reparación que no es el caso, ya que únicamente en el proveido de veinte de marzo de dos mil diecinueve, emitido en el juicio de perdida de la patria potestad, promovido por Antonio Adame Zúñiga y Esperanza Baltazar Bello 225/2018-III, se declaró nulo el emplazamiento de la parte demandada y se ordenó la reposición del procedimiento. Además, se advierte que los quejosos no se encuentran en ninguna de las hipótesis de excepción, a saber: 1. Atañe a actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal y; 3. Si el quejoso tiene el carácter de tercero extraño a juicio de donde deriva el acto reclamado. 4. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a una interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla (caso en el que el quejoso quedará en libertad de interponer el recurso o acudir el juicio de amparo). Ello, porque el acto reclamado proviene de un juicio del orden familiar en el que los quejoso resultan ser la parte actora en el juicio de pérdida de la patria potestad, por lo que, estaban obligados a promover el recurso de reconsideración establecido en el artículo 383 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero Número 364. No pasa inadvertido para este juzgador que en el caso se encuentran involucrados derechos de menores de edad, sin embargo, la regla de la definitividad, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. Tiene aplicación al caso concreto, la tesis jurisprudencial sustentada por la Primera Sala de la suprema Corte de Justicia de la nación de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo". Datos de identificación: Época: Décima Época, Registro: 2005039, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 113/2013 (10a.), Página: 350 En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO, por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo. DOMICILIO. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda. AUTORIZADOS. Se tiene como su autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Lomely Jaimes Torres y José Alberto Gallardo Pérez, toda vez que de la certificación de cuenta se desprende que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para para oír, recibir notificaciones e imponerse de los autos a Medardo Yecli Simón y Sheila Rivas Ángel, por no contar con dicho registro. HABILITACIÓN. Asimismo, con apoyo en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejado constancia en autos.
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