ANTONIO ABARCA BAUTISTA y Otros.
Expediente 226/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 226/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala · Guerrero
Partes del expediente
- ISAEL ABARCA BAUTISTA y Otros.
- ANTONIO ABARCA BAUTISTA y Otros.
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que establece el numeral 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso que queja contra el auto de veintiséis de julio de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de la materia, en relación con el diverso precepto legal 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Archivo. En virtud de lo anterior y en atención a la certificación de cuenta, se estima que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitir este asunto al archivo de este Juzgado de Distrito. Lo anterior, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio del dos mil veintitrés, en términos del diverso artículo 20, fracción II, del referido acuerdo en relación con los puntos 8.1.2 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte este expediente es destruible, en el plazo de tres años, al ser un juicio en el que se tuvo por no presentada la demanda. En otro contexto, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo vigésimo primero del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este Juzgado Federal durante el plazo de tres años, por lo que después de ese lapso, se procederá a la destrucción del mismo, pues a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Por otro lado, se ordena al secretario con la que se actúa que supervise y encargue al oficial administrativo ponga en la caratula de este asunto el sello en el que conste la valoración documental correspondiente, y anote la fecha del archivo físico. Asimismo, dicho secretario deberá certificar que tanto el expediente físico como el electrónico coinciden en la totalidad de las constancias; con excepción de las notificaciones; por su parte, se ordena a los actuarios que, cualquiera de ellos o ambos, certifiquen que coinciden la totalidad de las constancias de notificación entre el expediente físico y el expediente electrónico. Lo anterior en términos del artículo 35 del acuerdo general citado. Lo que se ordena hacer constar en la carátula del expediente, para los efectos legales conducentes. Se precisa que el presente sumario constitucional se enviará materialmente al archivo una vez que obre la constancia de notificación derivada del presente proveído. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
[i] Pronunciamiento relativo al amparo promovido por ****, quien se ostentó apoderado de *** Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días a fin de que ***, en representación de ***, se pronunciara en los términos que a continuación se precisan** En ese orden de ideas, resulta inconcuso que dicha parte procesal fue omisa en desahogar la prevención efectuada en proveído de trece de julio de dos mil veintitrés, a pesar de encontrarse legalmente notificada de tal determinación desde el catorce del mismo mes y año; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado y con fundamento en el dispositivo 1142 , párrafo segundo, de la ley que rige el procedimiento de amparo, se tiene por no presentada la demanda instada por ***, quien se ostentó apoderado legal de *** de apellidos **. Es así, ya que si bien el promovente de la tutela constitucional exhibió el primer testimonio de la escritura 56,581 (cincuenta y seis mil quinientos ochenta y uno), de seis de septiembre de dos mil veintidós, pasada ante la fe del Notario Público Número 2 del Distrito Notarial de Hidalgo, con sede en esta ciudad, otorgado en su favor por ***, lo cierto es que consigna poder general limitado para pleitos y cobranzas, para actos de administración; esto es, conforme la cláusula tercera, el apoderado ejercitará el poder en todo lo que se refieren a las cláusulas anteriores (primera y segunda, respectivamente), única y exclusivamente para representarlo en todas y cada una de las etapas en el juicio especial de interdicción a favor de ***, el cual se encuentra radicado bajo el expediente número 272/2022-II, del Juzgado Segundo Familiar del Distrito de Hidalgo. Similar circunstancia se desprende del diverso instrumento 56,582 (cincuenta y seis mil quinientos ochenta y dos), en su primer testimonio, emitido en la Notaría Pública Número 2 del Distrito Notarial de Hidalgo, en esta ciudad, respecto del poder general limitado para pleitos y cobranzas, para actos de administración otorgado por ****, por cuanto hace a la limitación contenida en su cláusula tercera. Bajo tales consideraciones, a criterio de este órgano de control constitucional imposibilita efectuar mayor pronunciamiento que el contenido en párrafos precedentes, porque es inconcuso que los poderes generales limitados otorgados por ***, a favor de ****a, sólo lo facultan para que justifique su representación en el expediente del que deriva el acto reclamado. [ii] Pronunciamiento conducente a la prevención precisada en el número 2, concerniente a ***Vista la prevención de trece de julio de dos mil veintitrés, se requirió al promovente de la tutela constitucional para que dentro del plazo de cinco días manifestara si era su deseo instar el presente procedimiento de amparo en representación de ****; sin embargo, se reitera que ****, fue legalmente notificado el catorce de julio del año en curso, y sin embargo, no ejerció tal derecho dentro del plazo a que se contrae el numeral 114 de la Ley de Amparo; de ahí que se imponga hacer efectivo el apercibimiento con el que fue conminado y se tiene por no presentada la demanda por **** Abarca Bautista, por derecho propio; y además, en su carácter de apoderado de **** se precisó en el acuerdo de trece de julio del año en curso, *** acreditó su carácter de apoderado de ****, conforme los instrumentos notariales y por los motivos expuestos en dicho auto. De la jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, con residencia en esta ciudad: 1] El proveído de veinte de junio de dos mil veintitrés, que (a) declaró nulo todo lo actuado y (2) ordenó la reposición del expediente 272/2022-II, relativo al juicio especial de interdicción de ****. Desechamiento de la demanda Precisado lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, al sostener que previo a la promoción del juicio constitucional, la parte quejosa debió haber agotado el principio de definitividad. El precepto en cita estatuye que el trámite del juicio de amparo es improcedente cuando no se respete el principio de definitividad, respecto de actos derivados de autoridades jurisdiccionales. Dicho principio rector del amparo, en lo conducente, dispone que previo a la interposición de la demanda de amparo, el afectado por el acto de autoridad debe agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado siempre que tengan por objeto revocar, modificar o nulificar la resolución materia de la impugnación; con la salvedad de que no se esté dentro de los casos de excepción, pues en dicha eventualidad el quejoso, estará en aptitud de elegir entre hacer valer su acción constitucional o el recurso o medio de impugnación que conforme a la ley que rija o supla al acto reclamado, sea procedente. Es de notarse que la causal en estudio, dispone el acatamiento al citado principio, sin distinguir la naturaleza del ente de autoridad responsable del acto de autoridad reprochado, por lo que esta prohibición opera, tratándose de tribunales judiciales (los del Poder Judicial de la Federación actuando como autoridad de instancia, así como los del fuero local sea civiles, familiares, penales), administrativos (tribunales federales, de justicia administrativa y fiscal, agrario, entre otros) o laborales (ya sea federales o locales o burocráticos). Esta causa, a diferencia de las diversas similares que restringen el acceso al amparo en acatamiento del principio de definitividad, es específica en cuanto a que los actos impugnados emanen de una autoridad que actúe en funciones jurisdiccionales, sean judiciales, administrativos o del trabajo, mientras que los otros supuestos refieren que el acto controvertido lo produzcan autoridades administrativas, como es el caso la hipótesis contenida en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo. De tal forma, quien promueva un amparo, previo a instar a la justicia federal sobre la cuestión de constitucionalidad, ha de agotar todas las instancias procesales tendentes a revocar, modificar, anular o invalidar el acto que se combate, y una vez que en virtud de éstas, no se haya revertido los efectos del origen de inconformidad, procederá la demanda de amparo. Para los efectos de este principio, se entiende que un recurso o medio de defensa obliga a agotarse, únicamente cuando a través de dicho medio de impugnación el acto autoritario pueda ser revocado (cambiar en su totalidad el criterio de la resolución recurrida), modificado (hacer un cambio parcial de la resolución), anulado (dejar insubsistente el auto de autoridad); asimismo, se aclara que sólo se entenderá por cumplido este requisito de procedencia, cuando el recurso o instancia legal que se haga valer sea substanciado en todos sus términos, hasta su sentencia o resolución que lo dé por terminado. Por otro lado, tenemos que la presente causal contempla dos hipótesis de excepción al principio base de esta causal: La primera, consiste en la posibilidad de los terceros extraños a juicio de donde deriva el acto reclamado, puedan solicitar el amparo sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, misma que sólo opera cuando al quejoso le revista el carácter de tercero extraño a juicio o bien que se ostente tercero extraño por equiparación, que aplica por razones lógico jurídicas pues al no ser parte o siéndolo no fue notificado (cuando tal es el acto que acusa) no sería factible obligarlo a interponer recursos en un procedimiento de que no tiene conocimiento; lo que no acontece en la especie. La segunda, atañe a actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, situaciones en la que tampoco se ubica el caso a estudio, pues las constancias de autos, ponen de manifiesto que la conducta combatida tiene su génesis en un juicio de índole familiar, específicamente en el proveído de veinte de junio de dos mil veintitrés, que (a) declaró nulo todo lo actuado y (2) ordenó la reposición del expediente 272/2022-II, relativo al juicio especial de interdicción de ***. Precisado lo anterior, se estima que la parte solicitante de la tutela constitucional no cumplió con el principio de definitividad a que estaba obligada en términos de los argumentos expuestos, en razón a que el proveído de veinte de junio de dos mil veintitrés, que contiene la actuación reclamada, debió ser impugnado a través del recurso de reconsideración, de conformidad con lo que establece el artículo 381, del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, pues las únicas condiciones que dicho precepto impone para que el citado medio de defensa proceda, son las siguientes: 1] No se trate de una sentencia; 2] El auto o decreto no sea apelable y, 3] La ley no disponga expresamente que no es recurrible. De los artículos transcritos, se advierte que dentro del sistema procesal en materia de recursos previsto en el Código Procesal Civil para el Estado de Guerrero, se encuentra el recurso de reconsideración, el cual procede en contra de autos y decretos respecto de los cuales no proceda la apelación, que será tramitado por el juez que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, con excepción de aquellos donde la propia ley expresamente disponga que no son recurribles. Luego, se obtiene que los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser reconsiderados por el juzgador que los dicte, salvo que la ley expresamente disponga que no son recurribles. Así, el auto reclamado que ordenó la reposición del procedimiento en el juicio natural comparte la naturaleza jurídica de los autos, por tratarse de una determinación que no puede ser recurrida mediante los recursos de apelación y queja, a los que remite el artículo 3753 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero. En efecto, se tiene la certeza jurídica de que el acto reclamado no se trata de una sentencias; sentencias que se dicten con el carácter de provisionales en procedimientos precautorios; sentencias que se dicten en los juicios que versen sobre divorcio o nulidad de matrimonio, violencia familiar y demás cuestiones de familia o estado de las personas, salvo disposición en contrario; sentencias interlocutorias que paralicen o pongan término al juicio, haciendo imposible su continuación; autos que paralicen o pongan término al juicio, haciendo imposible su continuación; y tampoco se trata del auto aprobatorio del remate; en consecuencia, el auto de veinte de julio actual no puede ser considerado como de aquellas determinaciones que indican los diversos 3864 y 3935 , de la misma codificación, por no encontrarse expresamente contemplada para que pueda controvertirse mediante el recurso de apelación. Por su parte, el citado auto impugnado tampoco encuadra en aquellos supuestos respecto de los cuales proceda el recurso de queja, en términos de los dispositivos 3996 y 4007 de la legislación procesal civil estatal, porque no se trata de la resolución en que se niegue la admisión de una demanda o se desconozca de oficio la personalidad del actor antes del emplazamiento; contra la denegación de la apelación; tampoco se trata de actos por exceso o defecto en las ejecuciones; actos ilegales o irregularidades cometidos al ejecutar los autos del juzgador; u omisiones o negligencia en el desempeño de sus cargos. Bajo tales consideraciones, es inconcuso considerar que por exclusión en contra de la determinación controvertida procede el recurso de reconsideración establecido en el artículo 3818 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guerrero, cuya procedencia se encuentra prevista para los autos y decretos que sean impugnables y que la ley no los señale expresamente como irrecurribles. Por tanto, este órgano de control constitucional estima que el auto impugnado en esta vía biinstancial susceptible de ser controvertido a través del recurso de reconsideración a que se refieren los artículos 381 y 3829 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, pues tal medio de impugnación tiene por objeto que el juez responsable, a la luz de los agravios planteados, confirme, revoque o modifique total o parcialmente su determinación. Por lo expuesto es que no se colman los supuestos de excepción abordados en dicho criterio jurisprudencial; en consecuencia, por los argumentos expuestas y de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con los preceptos 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Dado el sentido de la presente determinación, se ordena a cualquiera de los actuarios que notifiquen a la parte quejosa conforme lo previsto en el artículo 2610, fracción I, inciso j), de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
SE TIENE POR RECIBIDA LA DEMANDA DE AMPARO FIRMADA POR ***, POR PROPIO DERECHO Y EN SU CALIDAD DE APODERADO LEGAL DE LAS SIGUIENTES PERSONAS:**** REGISTRO FÓRMESE EXPEDIENTE IMPRESO Y ELECTRÓNICO, REGÍSTRESE EN EL LIBRO DE GOBIERNO DE JUICIOS DE AMPARO BAJO EL NÚMERO 226/2023, ASÍ COMO EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (S.I.S.E.). PREVENCIÓN. BIEN, PARA ESTAR EN APTITUD DE PROVEER RESPECTO DE SU ADMISIÓN Y PROCEDENCIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 108, FRACCIÓN I, ASÍ COMO 114 FRACCIONES I, II Y III, DE LA LEY DE AMPARO, REQUIÉRASE AL PROMOVENTE PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE CINCO DÍAS Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, COMPLEMENTE LA DEMANDA COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA: PRIMERO. TODA VEZ QUE LA DEMANDA LA PROMUEVE ****, POR PROPIO DERECHO Y EN SU CALIDAD DE APODERADO LEGAL *** Y ***, AMBOS DE APELLIDOS ***, SIN EMBARGO AL TENER A LA VISTA LOS PODERES NOTARIALES CON LOS CUALES PRETENDE ACREDITAR SU PERSONALIDAD DE LOS MISMOS SE ADVIERTE EN LA CLÁUSULA "TERCERA" LO SIGUIENTE: "TERCERA.- LIMITACIÓN: EL APODERADO EJERCITARÁ EL PODER EN TODO LO QUE SE REFIEREN LAS CLAUSULAS ANTERIORES ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE; ARA REPRESENTARNOS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS ETAPAS EN EL JUICIO ESPECIAL DE INTERDICCIÓN A FAVOR DE LA SEÑORA ***, EL CUAL SE ENCUENTRA RADICADO BAJO EL EXPEDIENTE NÚMERO 272/2022-II, DEL JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL DISTRITO HIDALGO. ASÍ MISMO PARA REPRESENTARNOS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL JUICIO SUCESORIO AGRARIO DEL SEÑOR ***". ADEMÁS, QUE DEL CONTENIDO DE DICHOS PODERES NO SE APRECIA QUE SE LE HAYA OTORGADO AL PROMOVENTE FACULTADES PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, POR LO TANTO; REQUIÉRASE A DICHA PERSONA A FIN DE QUE EXHIBA EL DOCUMENTO RESPECTIVO CON EL QUE ACREDITE DICHA PERSONALIDAD DE ***Y ***, AMBOS DE APELLIDOS ***. SIRVE DE APOYO A LO ANTERIOR, LA JURISPRUDENCIA P./J. 43/96, EMITIDA POR EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, VISIBLE EN LA NOVENA ÉPOCA DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA, TOMO IV, JULIO DE 1996, PÁGINA 48, QUE DICE: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO: UNA NUEVA REFLEXIÓN ACERCA DE LOS DISPOSITIVOS DE LA LEY DE AMPARO EN TORNO AL TEMA DE LA PERSONALIDAD Y DE LOS CRITERIOS SURGIDOS A LO LARGO DE VARIAS DÉCADAS SUSTENTADOS, PRIMERO POR EL TRIBUNAL PLENO, Y LUEGO POR LAS SALAS DE ESTA SUPREMA CORTE, CONDUCEN A QUE ESTE ÓRGANO SUPREMO ABANDONE LAS TESIS JURISPRUDENCIALES PUBLICADAS EN LA ÚLTIMA COMPILACIÓN, TOMO VI (MATERIA COMÚN), IDENTIFICADAS CON LOS NÚMEROS 369 Y 378, INTITULADAS: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" Y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", PARA ADOPTAR EL CRITERIO DE QUE AL JUEZ DE DISTRITO NO LE ES DABLE EXAMINAR DE OFICIO LA PERSONERÍA DEL PROMOVENTE EN CUALQUIER MOMENTO DEL JUICIO, SINO AL RECIBIR LA DEMANDA, PORQUE CONSTITUYE UN PRESUPUESTO PROCESAL DE ANÁLISIS OFICIOSO, DE CUYO RESULTADO SI ESTÁ PLENAMENTE SATISFECHO ESE REQUISITO, EL JUEZ LO DEBE HACER CONSTAR EN EL ACUERDO ADMISORIO; Y, DE NO ESTARLO, LO ESTIME COMO UNA IRREGULARIDAD DE LA DEMANDA QUE PROVOCA PREVENIR AL PROMOVENTE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE SATISFAGA ESE EXTREMO DENTRO DEL PLAZO LEGAL, BAJO EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO HACERLO, SE LE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA; PROCEDER QUE INDEPENDIENTEMENTE DE ESTAR APOYADO EN LA LEY DE AMPARO, OBEDECE A LOS IMPERATIVOS DEL PRECEPTO 17 CONSTITUCIONAL Y RESPONDE TAMBIÉN A LOS PRINCIPIOS DE CERTIDUMBRE JURÍDICA, BUENA FE Y ECONOMÍA PROCESAL, EN TANTO IMPIDE EL EMPLEO ESTÉRIL DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES EN EL TRÁMITE DEL JUICIO INICIADO POR QUIEN CARECE DE PERSONALIDAD Y EVITA LOS DAÑOS GRAVES OCASIONADOS, TANTO PARA EL SISTEMA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMO PARA LAS PARTES. LA INOBSERVANCIA DE ESTE CRITERIO, ORIGINA QUE EL TRIBUNAL REVISOR, SI ESTIMA QUE NO ESTÁ COMPROBADA LA PERSONALIDAD DEL PROMOVENTE, ORDENE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, SEGÚN LO PREVIENE EL ARTÍCULO 91, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO." SEGUNDO. POR OTRO LADO, EL PROMOVENTE DEBERÁ SEÑALAR SI INSTA LA DEMANDA DE AMPARO RESPECTO DE ***, YA QUE DE LA LITERALIDAD DE LA MISMA SE ADVIERTE QUE FORMULA CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN LOS QUE PLANTEA VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS DE DICHA PERSONA. Y, ES QUE LA FINALIDAD DE UNA PREVENCIÓN ES QUE SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS DE LEY, PORQUE ÚNICAMENTE CON BASE EN SU CONTENIDO ES FACTIBLE VERIFICAR LOS PRESUPUESTOS PROCESALES DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL Y APRECIAR QUE NO SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. EN ESTE SENTIDO, LAS EXIGENCIAS CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 108 DE LA LEGISLACIÓN DE LA MATERIA DEBEN SER COLMADAS POR EL QUE SE DICE AGRAVIADO, POR LO QUE ESTE JUZGADO NO PUEDE SOSLAYAR QUE NO SE SATISFAGAN LAS FORMALIDADES DEL NUMERAL EN COMENTO. ASIMISMO, SE APERCIBE QUE DE NO DAR CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN, SU DEMANDA SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 114, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, ÚNICAMENTE POR LO QUE RESPECTA A ***Y ***, AMBOS DE APELLIDOS ***. EXHIBICIÓN DE COPIAS TERCERO. POR OTRO LADO, SE PRECISA A LA PARTE QUEJOSA QUE DEBERÁ PRESENTAR SU ESCRITO ACLARATORIO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 110 DE LA LEY DE AMPARO, ESTO ES, CON LAS COPIAS CORRESPONDIENTES PARA CADA UNA DE LAS PARTES -AUTORIDADES RESPONSABLES, Y AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO-. CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 3, FRACCIÓN III, DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19, Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, HÁGASE DE SU CONOCIMIENTO QUE SI EL ESCRITO ACLARATORIO SE PRESENTARA VÍA ELECTRÓNICA, DICHA PARTE PROCESAL NO SE ENCUENTRA OBLIGADA A EXHIBIR LAS COPIAS A QUE SE REFIERE EL CITADO ORDENAMIENTO LEGAL. EXHIBICIÓN DE COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN CUARTO. POR OTRO LADO, SE PRECISA A LA PARTE QUEJOSA QUE DEBERÁ PRESENTAR SU ESCRITO ACLARATORIO CON UNA COPIA MÁS PARA LA TRAMITACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN RELATIVO, CON EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO HACERLO EN EL PLAZO INDICADO SE POSTERGARÁ SU TRAMITACIÓN. SE REITERA QUE CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 3, FRACCIÓN III, DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19, Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, HÁGASE DE SU CONOCIMIENTO QUE SI EL ESCRITO ACLARATORIO SE PRESENTARA VÍA ELECTRÓNICA, DICHA PARTE PROCESAL NO SE ENCUENTRA OBLIGADA A EXHIBIR LAS COPIAS A QUE SE REFIERE EL CITADO ORDENAMIENTO LEGAL. DOMICILIO COMO LO SOLICITA LA PARTE QUEJOSA SE TIENE COMO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EL UBICADO EN CALLE ***, COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD. AUTORIZADOS SE AUTORIZA EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE LA MATERIA A ***Y **** TODA VEZ QUE TIENEN REGISTRADA SU CÉDULA PROFESIONAL EN EL SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO QUE LOS ACREDITA PARA EJERCER LA PROFESIÓN DE LICENCIADO EN DERECHO O ABOGADO. NO ASÍ POR LO QUE RESPECTA A *** Y ***, TODA VEZ QUE NO CUENTAN CON EL RESPECTIVO REGISTRO EN EL SISTEMA DE QUE SE TRATA; ENTONCES, SE LES TIENE COMO AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. AVISO DE TRANSPARENCIA ASIMISMO, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 3°, 8°, 9°, 67, FRACCIÓN II, 68, 98, 104, 108, 110, FRACCIONES X Y XI, 113, 117 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO NUMERAL 73, FRACCIÓN II DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; HÁGASE DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES QUE CUANDO SE PRESENTE UNA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN A LAS CONSTANCIAS QUE INTEGRAN ESTE EXPEDIENTE, SE DETERMINARÁ SOBRE SU PROCEDENCIA Y DE SER ASÍ, SE ELABORARÁ LA VERSIÓN PÚBLICA RESPECTIVA EN LA QUE SE TESTARÁN LAS PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS; ASIMISMO, INFÓRMESELES QUE ESTÁN EN APTITUD DE CONSENTIR LA PUBLICACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES, CON INDEPENDENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE ESTE JUZGADO FEDERAL DE PROTEGER DICHOS DATOS. TRAMITACIÓN E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y FÍSICO EN TÉRMINOS DE LOS PUNTOS TERCERO, ARTÍCULOS 251, 263; CUARTO, ARTÍCULOS 3 Y 23 DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, SE ESTABLECE QUE LA DIGITALIZACIÓN LEGIBLE DE LAS PROMOCIONES FÍSICAS O IMPRESAS RECIBIDAS EN LA OFICIALÍA DE PARTES SERÁ A CARGO DEL OFICIAL JUDICIAL C ENCARGADO DE LA OFICIALÍA DE PARTES; ADEMÁS, ÉSTAS SERÁN FIRMADAS ELECTRÓNICAMENTE E INCORPORADAS AL SISE POR LA PERSONA SECRETARIA ENCARGADA DEL ASUNTO O DE QUIEN, EN SU MOMENTO, LA CUBRA POR GOCE DE PERIODO VACACIONAL, LICENCIA O PERMISO. EN EL ENTENDIDO QUE NO DEBERÁN INTEGRARSE AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO LAS COPIAS DE TRASLADO, HOJAS EN BLANCO, FOLDERS, MICAS O CUALQUIER TIPO DE MATERIAL SIN LEYENDA RELEVANTE ALGUNA, CUYA PRESENTACIÓN SE APRECIE ENCAMINADA A LA PROTECCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SE INGRESAN, NI LAS COPIAS PRESENTADAS COMO "ANEXOS" Y QUE CORRESPONDAN A ACTUACIONES DEL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL. MIENTRAS QUE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA VÍA ELECTRÓNICA O GENERADA ELECTRÓNICAMENTE CONSTARÁ ÚNICAMENTE EN EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO, SIN QUE DEBA IMPRIMIRSE NI AGREGARSE AL EXPEDIENTE IMPRESO. ASIMISMO, QUE LAS CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN, INCLUSO LAS DE CORREOS O PAQUETERÍA DERIVADAS DE ESTE ASUNTO, QUE SE GENEREN FÍSICAMENTE DEBERÁN AGREGARSE DIGITALIZADAS Y DE MANERA LEGIBLE AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y FIRMADAS ELECTRÓNICAMENTE POR PARTE DE LOS ACTUARIOS A MÁS TARDAR AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE SU PRÁCTICA O RECEPCIÓN, PARA GARANTIZAR QUE ELLO SE HAGA DE MANERA OPORTUNA; CON LA FINALIDAD DE QUE CONSERVEN EL VALOR PROBATORIO QUE LES CORRESPONDA CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE, YA QUE SE PRESUMIRÁ QUE EL DOCUMENTO DIGITALIZADO RESPECTIVO ES COPIA ÍNTEGRA E INALTERADA DEL DOCUMENTO FÍSICO. DE IGUAL FORMA, SE ESTABLECE QUE LOS FUNCIONARIOS DE FIRMAR O INCORPORAR AL SISE LOS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DEBERÁN CERCIORARSE QUE LAS CONSTANCIAS RECIBIDAS FÍSICAMENTE COINCIDEN CON LAS INCORPORADAS AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DEL MISMO. TODA VEZ QUE SE TRATA DE UNA PREVENCIÓN; Y AÚN NO SE INTEGRA A LA LITIS CONSTITUCIONAL A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO NI A LA PARTE TERCERA INTERESADA DESIGNADA EN EL LIBELO CONSTITUCIONAL; EN CONSECUENCIA, SE ORDENA A CUALQUIERA DE LOS ACTUARIOS NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA CONFORME LO PREVÉ EL NUMERAL 26, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.
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