Antonino López Ríos

Expediente 282/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 79 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
282/2021
Año
2021
Actuaciones
79
Última actuación
31/10/2023

Partes del expediente

  • Antonino López Ríos
  • DAGOBERTO LOPEZ GALINDO y Otros.
  • Dagoberto Lopez Galindo
  • Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
  • ANTONINO LÓPEZ RÍOS y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 79.

  1. Incidental

    Ciudad de México; a treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por ....., autorizado por la parte quejosa, en el que realiza diversas manifestaciones, en las que, en concreto, aduce: a. Que el Director General, el Director de Administración y Finanzas y el Subdirector de Administración, todos del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), han incumplido el pago a los quejosos, en relación con las prestaciones por concepto de compensación por fidelidad y el bono de desempeño y/o incentivo de actuación, de acuerdo con los términos en que fue concedida la suspensión definitiva de los actos reclamados; b. Que las citadas autoridades incurren en falsedad de declaración, dado que en el oficio 52804/2023 indicaron que no han omitido el pago de esas prestaciones a los quejosos y, posteriormente, manifestaron que el incentivo por desempeño no ha sido pagado al ser una prestación extralegal, por lo que, incluso la omisión de dar vista al Ministerio Público de la adscripción sobre esa circunstancia, es causa de responsabilidad; y, c. Que se dé trámite al incidente de exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, ante el incumplimiento de esa medida cautelar en relación con el pago de las citadas prestaciones. Sobre esas manifestaciones, se provee: Respecto de las manifestaciones detalladas en los incisos a) y b), en la determinación judicial precedente se indicó claramente que, en los proveídos de dieciséis de febrero, veinticinco de mayo, quince de junio y veintisiete de julio, todos de dos mil veintitrés, se tuvieron por recibidos diversos comprobantes de pago de anualidades distintas, en relación con las prestaciones de incentivo por desempeño y compensación por fidelidad -exhibidos por las autoridades del Centro Nacional de Control de Energía-. Cabe destacar que, en efecto, las citadas autoridades responsables indicaron que esas prestaciones tienen la calidad de extracontractuales, razón por la cual, la omisión de su pago en ciertos periodos se debe a que los quejosos no fueron acreedores de ello por diversos motivos (baja, jubilación, etcétera); manifestaciones y pruebas con las que se ordenó dar vista a la parte quejosa para que manifestara lo que estimara conducente. En ese auto, la suscrita juzgadora determinó que las autoridades responsables no han incumplido con la suspensión definitiva, en los términos que alega la parte quejosa. Ante esa conclusión, se determinó que no había lugar a dar vista al Ministerio Público Federal. De ese modo, se reiteran esas consideraciones en respuesta a lo manifestado por el autorizado de la parte quejosa. Por lo que hace al incidente de exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva que promueve a nombre de los quejosos, con fundamento en el artículo 208, fracción I de la Ley de Amparo, se le requiere para que en el plazo de TRES DÍAS: 1) Exhiba cuatro copias del escrito en el que interpone el mencionado incidente para correr traslado a las autoridades responsables que se encuentran vinculadas con el cumplimiento de la suspensión definitiva, a saber el Director General del Centro Nacional de Control de Energía, Director de Administración y Finanzas del Centro Nacional de Control de Energía y al Subdirector de Administración del Centro Nacional de Control de Energía, así como una para notificar al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. 2) Deberá precisar con exactitud a cuáles de los quejosos no se les han pagados las prestaciones que refiere, así como los periodos concretos de incumplimiento, y el estatus actual de cada uno de los quejosos dentro del Centro Nacional de Control de Energía, es decir, si son trabajadores en activo o jubilados. Se apercibe a la parte promovente que de ser omiso en desahogar el requerimiento formulado, no se dará trámite al incidente de exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva que promueve a nombre de los quejosos. Finalmente, no ha lugar a dar vista al Ministerio Público de la Federación respecto de los hechos que el promovente considera constitutivos de delitos, al no ser la instancia correspondiente, al encontrarse el juicio principal en revisión ante el Tribunal de Alzada. En ese sentido, cabe destacar que si bien los juzgadores de amparo están obligados a dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de los delitos especiales tipificados en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato, no menos lo es que tal vista no debe hacerse al momento en que se presente la solicitud del inconforme, independientemente de la etapa en que se esté tramitando la acción constitucional, sino que ello debe ocurrir una vez que se haya resuelto el fondo del asunto, ya sea al dictarse la sentencia de amparo o resolverse el recurso de revisión. Pero, en el caso, este Juzgado de Distrito concluyó la revisión de este asunto al emitir una sentencia en el juicio principal, por lo que ahora dicha vista podrá hacerse, en su caso, al resolverse el recurso de revisión interpuesto en contra de esa determinación. Guía el sentido de esta determinación, la tesis de registro digital: 2022495, de la Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo III, página 2237, identificada con este rubro: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. RESPECTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE LOS DELITOS TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE HACERSE AL DICTARSE LA SENTENCIA O RESOLVERSE EL RECURSO DE REVISIÓN [INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 13/2017 (10a.)]. Si bien es cierto que de conformidad con la jurisprudencia citada, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en la página 5 del Libro 45, Tomo I, agosto de 2017, Décima Época, con número de registro digital: 2014917, los juzgadores de amparo están obligados a dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de los delitos especiales tipificados en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato, no menos lo es que tal vista no debe hacerse al momento en que se presente la solicitud del inconforme, independientemente de la etapa en que se esté tramitando la acción constitucional, sino que ello debe ocurrir una vez que se haya resuelto el fondo del asunto, ya sea al dictarse la sentencia de amparo o resolverse el recurso de revisión, en razón de que, al hacer una interpretación de la jurisprudencia referida, así como del artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales se colige que para considerar que el órgano de control constitucional de primera instancia o el tribunal revisor tiene conocimiento de los actos presuntamente delictivos señalados, debe esperarse al pronunciamiento de la resolución definitiva, pues de no de hacerlo así se emitiría un juicio de valor anticipado, es decir, se estaría prejuzgando." Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

  2. Incidental

    Ciudad de México; catorce de agosto de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta signado por ******************** autorizado de la parte quejosa; por medio del cual manifiesta: 1) Que toda vez que es imposible memorizar o reproducir toda la información contenida en el disco compacto que contienen los recibos de pago de los quejosos, remitido por la autoridad responsable, solicita se requiera una copia de dicho disco para estar en posibilidad de analizar dicha información. 2) Que las prestaciones "compensación por fidelidad" e "incentivo por desempeño" que la autoridad señalo como extralegales, no lo son puesto que están contenidas en el Manual de Percepciones para el Personal Operativo del Centro Nacional de Control de Energía, por lo que solicita que la autoridad señale cual es el aplicable a los quejosos. 3) Que las autoridades responsables Director General, Director de Administración y Finanzas y Subdirector de Administración, todas del Centro Nacional de Control de Energía, han omitido el pago de las prestaciones de los quejosos consistentes en la compensación por fidelidad y el bono de desempeño o incentivo de actuación. 4) Que las citadas autoridades incurren en falsedad de declaración, al señalar que no se ha omitido el pago por concepto de compensación por fidelidad y demás prestaciones a los quejosos y posteriormente manifestar que el Incentivo por desempeño de labores no ha sido pagado por supuestamente ser una prestación extralegal, por lo que solicita se dé vista al Ministerio Público de la adscripción. 5) Promueve incidente de modificación a la suspensión definitiva, al considerar que el actuar de la autoridad es un hecho superviniente que podría modificar la suspensión definitiva otorgada mediante resolución ocho de septiembre de dos mil veintiuno. En relación a lo señalado en los incisos 2, 3 y 4, el promovente aduce que las autoridades no han exhibido prueba de que en el período que estuvo vigente la suspensión, se continuara pagando el incentivo por desempeño, por lo que al afirmar éstas que sí lo han hecho, incurren en falsedad de declaraciones. En atención a lo anterior y de una revisión de autos, se advierte que, en proveídos de dieciséis de febrero, veinticinco de mayo, quince de junio y veintisiete de julio, todos de dos mil veintitrés, se tuvo al Jefe de la Unidad de Asuntos Contenciosos de la Dirección Jurídica del Centro Nacional de Control de Energía, remitiendo diversos recibos de nómina de diferentes anualidades de los que se advierte el pago por conceptos de Incentivo por Desempeño y Compensación por Fidelidad, aclarando que ésta se trata de una prestación extralegal, por lo que, los recibos que no fueron remitidos, atiende a que los quejosos en esos períodos no fueron acreedores al pago de la misma; cuestiones con las que se le dio vista a la parte quejosa, advirtiéndose del escrito que se atiende, que no ha revisado los documentos aportados por la autoridad, puesto que está solicitando copia del disco compacto para poder analizar la información. Por lo que, se concluye que las autoridades responsables no han sido omisas en desahogar los requerimientos que este órgano ha formulado; pues el hecho de que la autoridad refiera que las citadas prestaciones no deriven de la normatividad reclamada, sino que tienen la calidad de extracontractuales, no refleja un incumplimiento de la responsable, ya que por una parte, la determinación de que sean extracontractuales o no, es una cuestión propia del fondo del asunto, no de la medida cautelar, en efecto en el juicio principal, se determinará si con motivo de alguna prestación, percepción extraordinaria u otro concepto derivado de las condiciones generales de trabajo o bien, de alguna disposición contractual o laboral, la dependencia pagaba a los quejosos las prestaciones consistentes en compensación por fidelidad e incentivo de desempeño. Por otra parte, si bien los quejosos reiteran que se ha violado la suspensión definitiva, en virtud de que la responsable no ha cubierto debidamente tales prestaciones; lo cierto es que hasta este momento no ha acreditado que las mismas deriven de las normas reclamadas en esta vía; dado que únicamente se limita a indicar que la autoridad ha incumplido con la suspensión, máxime que ésta ha destacado que algunos quejosos por su situación en el órgano desconcentrado (jubilación, separación voluntaria) no tienen derecho a percibir tales prestaciones. Bajo ese tenor, no ha lugar a dar vista al Agente del Ministerio Público Federal, de la adscripción. Ahora bien, respecto al incidente de modificación a la suspensión definitiva dictada el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, es conveniente tener en cuenta que el incidente de suspensión en el juicio de amparo es una medida cautelar que busca paralizar la ejecución de los actos reclamados, así como la de sus efectos y consecuencias, y obra únicamente hacia el futuro y excepcionalmente hacia el pasado, por lo que para su otorgamiento se requiere, generalmente, que a la fecha en que se deban resolver esos actos o sus efectos aún no se hayan realizado o que su ejecución no sea irreparable. Entonces, la suspensión garantiza la conservación de la materia del amparo y al resolverla no pueden abordarse cuestiones propias del fondo del asunto, ni sus efectos pueden coincidir con los de la sentencia, pues eso equivaldría a prejuzgar sobre la constitucionalidad del acto y anticipar los efectos protectores de un fallo que quizá ni siquiera sea resuelto en ese sentido. Por tanto, el objeto de la suspensión es evitar que se consume de manera irreparable la violación de garantías y derechos alegada y la realización de daños y perjuicios de difícil reparación. En el presente caso, el efecto para el que fue concedida la suspensión definitiva es: "No se apliquen las disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, inminentes actos de aplicación, así como el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, hasta en tanto se resuelva el juicio en lo principal, lo cual conlleva que no se inicie procedimiento penal o administrativo alguno con motivo del pago que reciban y que derive de la aplicación de los artículos que serán materia de análisis constitucional en el cuaderno principal del que deriva la incidencia en que se actúa." Como se advierte, la suspensión se concedió, en esencia, para el efecto de que no se aplicara en la esfera jurídica del quejoso la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos - publicada el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno - y el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal - publicado el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno; lo que se traduce en que las autoridades responsables deberían seguir otorgando al quejoso el conjunto de conceptos que integraban sus remuneraciones, en los términos y plazos establecidos antes de la entrada en vigor de ésta, sin que se fincara responsabilidad penal o administrativa por el pago que recibiera sobre esos conceptos, lo que implicaba que no podía ser detenido con motivo de hechos derivados de la percepción de sus remuneraciones, ni iniciarse en su contra alguna carpeta de investigación por tal razón. Es decir, las responsables no podían eliminar, menoscabar, reducir o alterar en perjuicio de la parte quejosa las remuneraciones que percibía conforme al ejercicio fiscal dos mil veintiuno, en los términos y plazos establecidos antes de la entrada en vigor de la ley reclamada, esto es, cualquier norma en la que permee la ley impugnada (mientras estuvo vigente) y menoscabe las remuneraciones de los quejosos, no le es dable a la autoridad su aplicación. Ahora bien, no obstante a que la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos - publicada el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, sigue vigente, no se puede dejar de lado que el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal - publicado el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, que fue reclamado, fue superado por el diverso publicado que el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, sin que de autos se advierta algún escrito de ampliación en donde se impugne manuales para los ejercicios fiscales posteriores. Bajo esa tesitura, debe tenerse en consideración que no es posible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho violado, pues dicha circunstancia será materia de cumplimiento en el juicio principal, en caso de concederse el amparo y protección de la justicia federal. Ahora bien, del escrito de cuenta, se advierte que el ocursante insiste en señalar como hecho superveniente el actuar de la autoridad responsable, pues es la que causa la afectación de las prestaciones de los quejosos, de donde claramente se advierte que no se trata de un hecho superviniente, ya que la actuación de la autoridad respecto a la suspensión otorgada, no tiene que ver con los requisitos de procedencia por los que en su momento se otorgó la medida cautelar solicitada. En todo caso, las actuaciones u omisiones de la autoridad responsable son consecuencia de la suspensión definitiva otorgada, pero definitivamente no constituyen requisitos de procedencia de la citada suspensión, elemento indispensable para considerarlo como un hecho superviniente. Además de lo señalado con anterioridad, se tienen en cuenta las manifestaciones realizadas por el Jefe de Unidad de Asuntos Contenciosos de la Dirección Jurídica del Centro Nacional de Control de Energía, respecto a dichas prestaciones, en relación a que no se ha omitido el pago por concepto de compensación por fidelidad e incentivo por desempeño, en términos en que fuera concedida la suspensión definitiva en el presente juicio de amparo, así como que informó que el Incentivo por Desempeño de Labores se trata de una prestación extralegal, por lo que pueden o no ser acreedores al pago del mismo; y se le ha tendido remitiendo los recibos de pago en los que se advierten las prestaciones señaladas; asimismo ha justificado el porqué de los recibos faltantes por presentar. Aunado a lo anterior, el signatario no ha presentado pruebas idóneas y suficientes para apoyar la postura de la modificación a la suspensión solicitada. Por lo antes expuesto, se dejan sin efectos los requerimientos realizados a las autoridades responsables para dar cumplimiento a la suspensión definitiva. Finalmente, respecto a su solicitud de que se requiera a la autoridad para que exhiba un ejemplar del disco compacto que contiene los recibos de pago presentado mediante el oficio 12683, dígase que se encuentra a su disposición en las instalaciones de este Juzgado Federal, y que puede acudir con un disco compacto o una memoria USB para poder realizar una copia de la información contenida en el mismo; por lo que la persona que acuda, deberá exhibir su identificación oficial vigente y copia simple de la misma, para debida constancia legal. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Incidental

    Ciudad de México; veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta remitido por el Jefe de la Unidad de Asuntos Contenciosos de la Dirección Jurídica del Centro Nacional de Control de Energía, a través del cual, realiza diversas manifestación y desahoga el requerimiento formulado en autos y al efecto remite un disco compacto que contiene los recibos de pago de los quejosos de los que se advierte el pago por concepto de compensación de fidelidad e incentivo de desempeño. Así mismo, informa que los quejosos Cristina León Madrigal, Ricardo Quiñones Aguilera, Francisco Arias Castro, Héctor Hugo Carrillo García, Andrés Chávez Martínez, Salvador Figueroa Mora, Eduardo Jesús Peinado Rodríguez, Ricardo Galindo Chavarín, David Magdaleno Caldera Martínez, René Alejandro Romo de Santos, Adrián Ramírez Juárez, Jorge Arturo Ramírez Roa, Uriel Abraham Rangel Díaz, Alfredo Mascorro García, Ernesto Montes Macedo, Jorge Hernández Cortés, Humberto Arellano Dávila, Alberto Falcón Colín y Juan Alberto Ibarra Manríquez, no obtuvieron la prestación de compensación por fidelidad durante el periodo solicitado, por las razones que expresa . Bajo ese contexto, con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, con copia del oficio de mérito, dese vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de TRES DÍAS contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga. Apercibida que de no realizar manifestación alguna en el término antes precisado, este juzgado acordará lo conducente respecto del cumplimiento a la suspensión definitiva dictada en autos, con los datos aportados por la autoridad y con las constancias que obren en el expediente. Finalmente, toda vez que el disco compacto remitido por la autoridad oficiante contiene datos sensibles de los quejosos, se deja a su disposición en las instalaciones de este juzgado federal para que tenga a bien revisar su contenido. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

  4. Incidental

    Ciudad de México; siete de julio de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta signado por ******************** autorizado de la parte quejosa; por medio del cual manifiesta: 1. Que las autoridades responsables Director General, Director de Administración y Finanzas y Subdirector de Administración, todas del Centro Nacional de Control de Energía, han omitido el pago de las prestaciones de los quejosos consistentes en la compensación por fidelidad y el bono de desempeño o incentivo de actuación. 2. Que las citadas autoridades incurren en falsedad de declaración, al señalar que no se ha omitido del pago por concepto de compensación por fidelidad y demás prestaciones a los quejosos y posteriormente manifestar que el Incentivo por desempeño de labores no ha sido pagado por supuestamente ser una prestación extralegal, por lo que solicita se dé vista al Ministerio Público de la adscripción. 3. Interpone incidente de modificación de la suspensión definitiva, al considerar que el actuar de la autoridad es un hecho superviniente que podría modificar la suspensión definitiva otorgada mediante resolución ocho de septiembre de dos mil veintiuno. En relación a los números 1 y 2, el quejoso aduce que las autoridades no han exhibido prueba de que en el período que estuvo vigente la suspensión, se continuara pagando el incentivo de actuación, por lo que al afirmar éstas que sí lo han hecho, incurren en falsedad de declaraciones. En atención a lo anterior y de una revisión de autos, se advierte que, en proveídos de dieciséis de febrero, veinticinco de mayo y quince de junio, todos de dos mil veintitrés, se tuvo al Jefe de la Unidad de Asuntos Contenciosos de la Dirección Jurídica del Centro Nacional de Control de Energía, remitiendo diversos recibos de nómina de diferentes anualidades de los que se advierte el pago por concepto de Incentivo por Desempeño, aclarando que éste se trata de una prestación extralegal, por lo que los recibos que no fueron remitidos, atiende a que los quejosos en esos períodos no fueron acreedores al pago de la misma; cuestiones con las que se le dio vista a la parte quejosa desde el quince de junio pasado, sin que hasta el momento los quejosos realicen manifestaciones al respecto. De lo que se advierte que las autoridades responsables no han sido omisas en realizar el pago de dicha prestación, pues no es suficiente que llanamente se arguya que las responsables no han cumplido sin dar razones de ello. Bajo ese tenor, no ha lugar a dar vista al Agente del Ministerio Público Federal. En otro contexto, no ha lugar a dar trámite al incidente de modificación de la suspensión definitiva dictada el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, esto en virtud del razonamiento siguiente: El artículo 154 de la Ley de Amparo establece que procede el incidente de modificación a la suspensión definitiva, cuando no haya causado ejecutoria la sentencia en el juicio de amparo y que ocurra un hecho superveniente que le sirva de fundamento. De acuerdo a las consideraciones de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 368/2012-SS, un hecho superveniente es aquel que altera la evaluación de los supuestos de hecho que se realizó para determinar si se cumplieron o no originalmente con los requisitos de procedencia de la suspensión, lo cual puede suceder en dos formas distintas: a) Por la ausencia de tales requisitos con posterioridad a la concesión de la medida suspensiva. b) Por la presencia de dichos requisitos después de que se hubiera negado la suspensión del acto reclamado. Ahora bien, el ocursante señala como hecho superveniente el actuar de la autoridad responsable, pues es la que causa la afectación de las prestaciones de los quejosos, de donde claramente se advierte que no se trata de un hecho superviniente, ya que la actuación de la autoridad respecto a la suspensión otorgada, no tiene que ver con los requisitos de procedencia por los que en su momento se otorgó la medida cautelar solicitada. En todo caso, las actuaciones u omisiones de la autoridad responsable son consecuencia de la suspensión definitiva otorgada, pero definitivamente no constituyen requisitos de procedencia de la citada suspensión, elemento indispensable para considerarlo como un hecho superviniente. Hacerlo de otra manera, es decir, fuera de los casos mencionados con antelación en los incisos a) y b), los jueces federales estarían revocando sus propias determinaciones. Además, los quejosos tuvieron a su alcance los recursos procedentes en contra de la resolución interlocutoria de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, en la que se les otorgó la medida cautelar. Es importante aclarar que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ha establecido que por regla general, debe de entenderse que un hecho superveniente es el acto material que acontece posteriormente a la resolución dictada en el incidente de suspensión y que cambie la situación jurídica; lo que en el caso no acontece. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 109/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, materia: Común, página: 354, de rubro siguiente: "MODIFICACIÓN O REVOCACIÓN DE LA SUSPENSIÓN. DEBE DARSE TRÁMITE AL INCIDENTE RELATIVO, SIEMPRE Y CUANDO NO SEA NOTORIA Y EVIDENTE LA INEXISTENCIA DEL HECHO SUPERVENIENTE QUE LO FUNDAMENTA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013"). El artículo 140 de la Ley de Amparo, vigente hasta la fecha recién señalada, establece la facultad del juez de distrito para revocar o modificar su decisión sobre la concesión o negativa de la suspensión en el juicio de amparo indirecto, cuando aún no exista sentencia ejecutoriada en el juicio de amparo y concurra un acontecimiento fáctico que impacte sobre la situación jurídica valorada por aquél al dictar la resolución sobre la suspensión. Sin embargo, de una interpretación textual y finalista del citado precepto legal se desprende que al ser una condición material para la modificación o revocación de la suspensión la existencia de un hecho superveniente, la determinación del juez al respecto deberá tomarse una vez que escuche a las partes del juicio de amparo y les haya permitido presentar pruebas y alegatos, tal como ocurre en el procedimiento ordinario de un incidente de suspensión de conformidad con el artículo 131 de la referida legislación. Por ende, el hecho superveniente no constituye un requisito de procedencia del incidente de modificación o revocación de la suspensión al que da lugar el artículo 140 de la Ley de Amparo abrogada; por el contrario, su calificativa como superveniente implica en sí misma un pronunciamiento sobre la viabilidad de tal situación fáctica para afectar el estatus jurídico que motivó la concesión o negativa de la suspensión. Por tales razones, se concluye que con la excepcionalidad de que sea notoria y evidente la inexistencia del hecho superveniente, el juzgador deberá tramitar el incidente relativo de acuerdo con las reglas previstas en los artículos 358 a 364 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la ley citada en términos de su artículo 2o., con el fin de permitir a las partes del juicio presentar pruebas y alegatos. Dicha notoria y evidente inexistencia no se origina por una simple deficiencia en la carga probatoria por el promovente, pues ello es materia de fondo del propio incidente; más bien, se dará cuando desde la solicitud interpuesta para modificar o revocar la suspensión, el juez advierta de forma clara e indubitable que no se satisfacen los requisitos primarios de un hecho superveniente; por ejemplo, podrá desecharse la solicitud del incidente cuando los acontecimientos o las pruebas aducidas como una causa superveniente ya fueron valoradas en la resolución de la suspensión, no guarden indiciariamente una relación con las partes o el acto reclamado, o ya hayan sido señalados por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación como causas no supervenientes, como la emisión y publicación de la jurisprudencia." Finalmente, tal como lo solicita, se requiere al Director General del Centro Nacional de Control de Energía, Director de Administración y Finanzas del Centro Nacional de Control de Energía, Subdirector de Administración del Centro Nacional de Control de Energía, para que en el término de DIEZ días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, presenten a este órgano jurisdiccional los recibos de pago en los que se advierta el pago referente a la compensación por fidelidad realizados desde que se decretó la suspensión hasta el día de hoy, a los quejosos********************y********************; o bien informen la imposibilidad que tengan para ello. Apercibidas que para el caso de no dar cumplimiento al anterior requerimiento dentro del término al efecto concedido, se les impondrá una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

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