Antonino Chino Mijangos
Expediente 928/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 928/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Antonino Chino Mijangos
- Antonino Chino Mijangos y Otros.
Actuaciones
- Principal
Mesa de Amparo V-B "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de noviembre de dos mil diecinueve. Visto; el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda de amparo, sin que lo hubiera hecho. En consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado. [...]. De igual forma, se indica que, conforme a la certificación que antecede, en este expediente no existen documentos considerados originales... Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de octubre de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda y los anexos señalados en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el consecutivo 928/2019. Desechamiento. Ahora bien, de conformidad con lo establecido por el numeral 113 de la Ley de Amparo este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de amparo, dado que advierte que el juicio constitucional que se promueve es improcedente por las razones que se expondrán a continuación. El precepto citado señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la disposición inserta se desprende que el Juez de Distrito debe examinar el escrito inicial y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo desechará de plano; lo que es así porque en atención al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el ordinal 17 de la Constitución Federal no es factible dar trámite a las demandas de amparo notoriamente improcedentes para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente improcedente. Así, la norma transcrita impone al Juez de Distrito la obligación de estudiar el libelo de amparo y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia desecharla de plano, para lo cual en principio deben tomarse en consideración únicamente los hechos y las circunstancias narrados en el propio ocurso y los anexos que se acompañen. Precisa destacar que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y la plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento relativo no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o porque estén acreditados con datos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran aportar o hacer valer en el procedimiento sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.. . El proceder anterior tiene como base lo previsto por el arábigo 17 constitucional que consagra el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción e impone como deber a los órganos jurisdiccionales de salvaguardar esa prerrogativa de manera pronta y expedita, dado que no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse la improcedencia de una cuestión de orden público debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar qué supuestos legales que regulan a esa institución jurídica se actualizan en el presente sumario. Ahora bien, el promovente del amparo . . . atribuye al Juez Séptimo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, el acto reclamado siguiente: El auto de once de septiembre de dos mil diecinueve, en la que la responsable señaló las diez horas del veintiuno de noviembre de este año para la celebración de la diligencia en primera almoneda respecto del bien embargado en el juicio ejecutivo mercantil 822/2005. En efecto, de un estudio integral de la demanda de amparo y de los antecedentes que relata bajo protesta de decir verdad, se advierte lo siguiente: Ante el Juzgado Séptimo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, se radica el juicio ejecutivo mercantil 822/2005 promovido por. . . y otros, quienes reclaman el pago de la cantidad de $37,000.00 (treinta y siete mil pesos 00/100 M.N.) en contra del aquí quejoso. En acuerdo de catorce de noviembre de dos mil cinco, se admitió la demanda y se ordenó requerir el pago a la parte demandada. Luego, en auto de uno de marzo siguiente, se realizó la diligencia de requerimiento de pago y/o embargo, notificación y emplazamiento, mediante cita de espera, de la cual, se embargó un bien inmueble ubicado en San Martin Mexicapam, Oaxaca. El treinta y uno de octubre de dos mil siete, la responsable citó a las partes para oír sentencia, dictándose la misma el nueve de noviembre de dos mil siete, condenando al aquí promovente de amparo el pago de la cantidad de $37,000.00 (treinta y siete mil pesos 00/100 M.N.). Seguida la secuela procesal, el diecisiete de marzo, veinte de septiembre, ambos de dos mil diez, se tuvieron a los peritos valuadores de la parte actora y demandada emitiendo su dictamen del bien inmueble embargado. Así como, el veinte de mayo de dos mil dieciséis, se tuvo emitiendo el dictamen correspondiente del perito tercero en discordia. Mediante acuerdo de once de septiembre del año en curso, la autoridad responsable, ordenó llevar a cabo la audiencia en primera almoneda respecto del bien inmueble embargado. (Determinación que constituye el acto reclamado.) De lo expuesto anteriormente, puede advertirse que la determinación que constituye el acto reclamado se emitió en la etapa de ejecución de sentencia; sin embargo, no se trata de una última resolución dictada en el procedimiento respectivo, por lo que continua con la secuela procesal del juicio, para que la autoridad responsable dé cabal cumplimiento a la sentencia. En el caso, de oficio, se advierte que contra el acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, segundo párrafo, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, el precepto legal aludido en primer término, en su fracción invocada, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" (Énfasis es propio). Conforme a lo transcrito, debe establecerse que el artículo 61, en su fracción XXIII, dispone que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo; en tanto que, el diverso 107, fracción IV, segundo párrafo, prevé que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido; empero, si se trata de procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Así las cosas, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya dilucidó cuándo es el momento procesal oportuno para acudir al amparo a reclamar las violaciones cometidas durante la etapa de remate en los procedimientos jurisdiccionales. Indicó que con el ánimo de una mayor especificidad y en aras de claridad y certeza, tratándose de actos de remate, el legislador fue incluso más concreto, precisando que la última resolución del procedimiento de remate, es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados, pues es inconcuso que una vez emitida esa determinación, no hay posibilidad de dictar otra posterior que retrotraiga o modifique sus efectos, luego entonces, el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto permanecerá como definitivo, lo que a la par asegura que el procedimiento de ejecución de sentencia del juicio de instancia que en el caso se materializa en el remate del bien inmueble, se haya agotado en su totalidad. Lo anterior, refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto, pues de forma clara pretende dos objetivos, a saber: El primero consiste en asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, emitida en el procedimiento de remate, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo, con lo que se limita su procedencia a la última resolución emitida en la etapa de ejecución y se garantiza la efectividad de dicho medio de control de regularidad constitucional bi-instancial, evitando que el mismo quede sin materia; y de forma más destacada; y, Como un segundo objetivo, el consistente en asegurar que la promoción del juicio de control constitucional efectivamente es en contra de la última resolución del remate, a fin de evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales, esto es, evitar que se interpongan innumerables juicios de amparo que suspendan la continuidad del procedimiento de ejecución, facilitando su culminación. A juicio de la Primera Sala, indicó que de la interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que tratándose de la escrituración en el procedimiento de remate, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, la última resolución es la que ordena requerir al ejecutado el otorgamiento voluntario de la escritura por la venta judicial, por las razones siguientes: La determinación judicial de que se trata es la que efectivamente ordena la escrituración y es inimpugnable, en el sentido de que no habrá acto procesal posterior alguno, de naturaleza ordinaria, que modifique, revoque o haga cesar sus efectos; El requerimiento formulado por el juzgador constituye una advertencia de que, en el supuesto de que el ejecutado no acuda de manera voluntaria, el juzgador llevará a cabo el otorgamiento de la escritura ante su contumacia; lo que da noticia de que dicha determinación no está sujeta a la voluntad del ejecutado, antes bien, se trata de un acto que eventualmente puede llevar a cabo el Juez ante una situación extraordinaria, como es el incumplimiento de una de las partes; Con el dictado de esa determinación, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate; Afirmar que, tratándose de la escrituración en el procedimiento de remate, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, la última resolución es la que hace efectivo el apercibimiento y ordena que el otorgamiento de la escritura se lleve a cabo por el propio juzgador, llevaría al absurdo de obligar a la parte requerida a incumplir con lo ordenado para estar en posibilidad de acudir al juicio de amparo indirecto; y, No es el caso de sostener que el juicio de amparo proceda, indistintamente, pues esa conclusión se opone al objetivo perseguido por el legislador, del que se ha dado noticia reiteradamente en esta ejecutoria, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo. Además, enfatizó que la definitividad en las resoluciones judiciales deriva de su inimpugnabilidad y no de la actuación material que, frente a esas determinaciones, pueden adoptar las partes, pues asumir esa postura llevaría consigo el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables, respecto de lo cual no debe perderse de vista que, sin afectar el derecho a la tutela judicial efectiva, conforme a los artículos 17 constitucional y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el órgano jurisdiccional en cualquiera de sus instancias debe estar en la lógica que los actos procesales realizados en la etapa de ejecución de sentencia, tienen como base la existencia de una sentencia judicial que tiene el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse, de modo que, mientras no se emita la resolución definitiva correspondiente a la propia ejecución, está proscrito obstaculizar la ejecución, máxime que es un criterio jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial. Dichas consideraciones dieron origen a la Jurisprudencia 1a./J. 57/2019, visible en la publicación semanal el veinte de septiembre de dos mil diecinueve, registro 2020631, Décima Época, Materia Común - Civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto establecen: "ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. . . Así entonces, resulta evidente la causal prevista en la fracción XXIII, del numeral 61, relacionada con el artículo 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de la Materia, pues como se explicó, si la parte promovente en sede constitucional y demanda en el juicio de origen, se encuentra en la etapa de remate, el amparo indirecto únicamente procede contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendiéndose como la que ordena requerir al ejecutado el otorgamiento voluntario de la escritura por la venta judicial. Abundando en lo anterior, debe decirse que el acto reclamado, no encuadra en los casos de excepción del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que para que la acción constitucional biinstancial sea procedente, se requiere que los mismos no se dicten en ejecución de la sentencia, los cuales revisten el carácter de autónomos y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio de origen, como son el arresto como medida de apremio o la adjudicación de los bienes que fije en cantidad líquida la condena, pues la resolución controvertida está vinculada con seguir la secuela procesal de la ejecución de sentencia en un juicio ejecutivo mercantil; por lo que dicho extremo de excepción, no se satisface en este asunto. Sobre el tópico, cobra aplicación la Jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 163152, cuyos rubro y texto establecen: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.. . Por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, a contrario sensu, del ordenamiento legal invocado, procede desechar la demanda de plano promovida por . .. por las razones expuestas con anterioridad. Domicilio y autorizados del quejoso... Uso de medios electrónicos... Expediente electrónico. . . Protección de datos. . . Notifíquese personalmente. SE NOTIFICO EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO
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