Antonino Almazan Arteaga
Expediente 985/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 985/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Antonino Almazan Arteaga
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, mediante el cual devuelve las copias certificadas del juicio de amparo en el que se actúa, y notifica el acuerdo de doce de diciembre de dos mil diecinueve, emitido en el recurso de queja 422/2019 de su índice, en el que se determinó devolver las referidas constancias, con motivo de que no obra la constancia de notificación practicada al quejoso del auto de veintiuno de noviembre de la presente anualidad (en el que se desechó la demanda de amparo), asimismo, que del análisis de las constancias que se le remitieron en copia certificada se advierte que la foja 69, se encuentra incompleta. Ahora, en atención a lo ordenado por la Superioridad, respecto a la notificación del proveído de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, se le hace de su conocimiento que la constancia de notificación de veintisiete de noviembre de este año que obra a foja 104 de los presentes autos, si bien refiere que es del acuerdo de veintidós de noviembre del año en cita, lo cierto es que, en realidad y conforme a la constancia levantada en esta fecha por la licenciada ***, actuaria judicial de esta adscripción, corresponde al proveído de veintiuno de noviembre de la presente anualidad, lo anterior así se corrobora con la copia certificada de la lista de estrados de veintidós de noviembre de la presente anualidad, así como de la impresión de la página oficial del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en específico en la opción de notificaciones judiciales del juicio de amparo indirecto 985/2019 de integración del expediente electrónico, en la dirección electrónica http://sise.cjf.gob.mx/sise/ExpedienteElectronico/PanelCentral.aspx: En ese contexto, se tiene que la notificación del acuerdo de veintiuno de noviembre de la presente anualidad, se realizó el veintisiete del mismo mes y año, tal como se desprende de la imagen que antecede. En consecuencia, remítase las copias certificadas del presente asunto (completas y legibles), al Tribunal de Alzada para que acuerde lo que en derecho corresponda con relación al recurso de queja interpuesto. Por otra parte, agréguese a los presentes autos el telegrama de cuenta remitido por el Director de Asuntos Jurídicos del Tribunal Superior Agrario, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual solicita copia certificada del auto donde se declare firme el proveído de veintiuno de noviembre del año en curso, por el cual se desechó la demanda interpuesta por ***, asimismo, para que se le remitan los autos del expediente de recurso de revisión *** de su índice, en atención a lo anterior, dígasele que no ha lugar a proveer favorablemente su solicitud, en virtud de que el quejoso interpuso recurso de queja contra el desechamiento decretado en autos, mismo que quedó registrado bajo el número 422/2019, del índice del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, por lo que una vez que se tenga la resolución dictada por el Tribunal de Alzada en comento, se acordara lo que en derecho corresponda.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta, suscrito por***, en su carácter de apoderado legal del quejoso***, por medio del cual interpone recurso de queja en contra del auto dictado el veintiuno de noviembre del presente año, en el que se desechó la demanda de amparo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100, de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en turno, con sede en Cancún, Quintana Roo, por conducto de la empresa de mensajería que presta sus servicios a este Juzgado de Distrito el original del escrito de agravios, así como una copia de este último, a fin de que de considerarlo necesario el Tribunal de Alzada corra traslado al agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción. Asimismo, ríndase el informe relativo a la materia de la queja, en la que se manifieste a la Superioridad que es cierto el acto impugnado, toda vez que este Juzgado Federal, el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve en autos del juicio de amparo en el que se actúa, dictó un acuerdo en el que desechó de plano la demanda de amparo promovida por ***, en su carácter de apoderado legal del quejoso****. También, deberá acompañarse al citado informe copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio, en el que obra el acuerdo impugnado, así como el tomo de pruebas relativo al mismo. Por lo antes expuesto, una vez que se notifique por lista el presente proveído, sin previo acuerdo, intégrense las constancias que este Juzgado estimó para la substanciación del recurso, a fin que sean remitidas a la Superioridad que conocerá del asunto.
- Principal
Chetumal, Quintana Roo, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por ***, en su carácter de apoderado legal de ****, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de catorce de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 67 a 71), manifiesta bajo protesta de decir verdad los antecedentes mediatos e inmediatos del acto reclamado. En ese tenor de ideas, téngase a la parte quejosa desahogando cabalmente la prevención inmersa en autos. Sentado lo anterior, se estima oportuno atender lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto legal previamente invocado, señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Por tanto, es necesario precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad.". Cabe destacar que el presente estudio se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Luego entonces, en el caso concreto, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, estima que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, ya que en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, que en su orden, señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." La citada fracción XXIII del artículo 61 de la ley de la materia establece que el juicio de amparo es improcedente, cuando así se prevea en alguna otra disposición de la propia ley; por su parte, el artículo 107, particularmente, en la fracción V, dispone que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por aquéllos, los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Es importante puntualizar que el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada establecía que cuando se reclamaran actos de tribunales judiciales emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sería procedente cuando tuviesen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Sin embargo, la legislación en comento no precisaba qué debía entenderse por "ejecución de imposible reparación", de ahí que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció dos criterios orientadores a partir de los cuales se calificaba la procedencia del juicio de amparo contra actos de esa naturaleza. De este modo, se precisó que un acto dentro del juicio tenía una ejecución irreparable: a) Cuando sus consecuencias afectaran de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y, b) Cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predominante o superior. Lo anterior, tal como se advierte de la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número P. LVII/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 9, Tomo XX, Octubre de 2004, registro 180415, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Sin embargo, a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, en su artículo 107, fracción V, se estableció lo que debe entenderse por un acto dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, como se lee de la siguiente inserción: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De esta manera, se pone de manifiesto que actualmente el legislador acotó los actos dentro de juicio, considerados como de ejecución irreparable, a aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; por lo que efectivamente ya no existe la posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior a la que aludía la tesis aislada P.LVII/2004 antes mencionada. Asimismo, en torno a la vigencia de la jurisprudencia sustentada sobre la interpretación de la Ley de Amparo abrogada, el artículo sexto transitorio del decreto de la nueva ley establece que: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley"; sin embargo, según se evidenció, el texto de la nueva ley no permite la aplicación de la jurisprudencia ya mencionada, en tanto que se opone al texto expreso de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable. Al efecto, la anterior integración del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia por contradicción número 24/92, publicada en la página 164 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de 1917-1995, interpretó y precisó el alcance de la disposición contenida en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo anterior, mismos que en la Ley de Amparo vigente se encuentra en el 107 fracción V, de la ley de la materia, y señaló que son actos de imposible reparación aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos tutelados por la Constitución a través de las garantías individuales. La tesis de jurisprudencia que se cita es del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En ese orden de ideas, se considera que para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", esto es, conforme al marco legal vigente, se atenderá a los efectos o consecuencias que éstos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales, pues los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Bajo ese contexto, a fin de determinar lo anterior y tener una mayor claridad en la exposición, resulta conveniente traer al contexto los antecedentes del acto reclamado, siendo estos los siguientes: El aquí quejoso promovió juicio agrario contra diversas autoridades pertenecientes al Registro Agrario Nacional en el Estado de Quintana Roo, el cual fue del conocimiento del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Cuatro, con sede en Chetumal, bajo el expediente 486/2017. Seguido el juicio, el magistrado del mencionado tribunal unitario dictó sentencia el once de mayo de dos mil dieciocho, en la que sustancialmente determinó que el actor acreditó los elementos de su acción de nulidad y condenó a la autoridad demandada para que en el plazo de diez días emitiera una nueva calificación registral siguiendo los lineamientos contenidos en la sentencia. Inconforme con dicha sentencia el Delegado del Registro Agrario Nacional interpuso recurso de revisión, el cual fue del conocimiento del Tribunal Superior Agrario, con sede en la Ciudad de México, bajo el expediente 570/2018-44. Por resolución de seis de agosto dos mil diecinueve, dicha sala revocó la sentencia de primera instancia y ordenó reponer el procedimiento. La anterior resolución constituye el acto reclamado en esta vía. Por tanto, en el caso particular se tiene que la parte quejosa reclama la sentencia pronunciada el seis de agosto dos mil diecinueve, por el Tribunal Superior Agrario, con sede en la ciudad de México, en el recurso de revisión 570/2018-44, en la cual se revocó la diversa dictada por el Tribunal Unitario Agrario, Distrito 44, con sede en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, en el juicio agrario 486/2017, por la vía de nulidad de resolución dictada por la autoridad agraria, y ordenó reponer el procedimiento; en esa medida, lo indispensable en el particular es determinar si existe un perjuicio jurídico de imposible reparación, esto es, una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa, para lo cual deben tenerse en cuenta los efectos ordenados en la resolución respectiva. A lo anterior, por las razones que se contienen, resulta aplicable la jurisprudencia P./J 17/91 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 25, Tomo VII, Mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICIÓN, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo. Entonces, de acuerdo a la jurisprudencia transcrita, en cada caso debe analizarse si las consecuencias de la insubsistencia de la resolución agraria de primera instancia y de la reposición del procedimiento son o no de imposible reparación, para lo cual debe determinarse si existe ejecución irreparable ponderando si se está frente a la violación de derechos sustantivos o procesales; por lo tanto, para advertir tales aspectos, resulta indispensable efectuar un análisis de las constancias remitidas por la responsable y traer a colación los efectos de la insubsistencia de la resolución y la reposición del procedimiento ordenado, los cuales fueron, en síntesis, los siguientes: "[.] 70. En mérito de lo anterior, al resultar fundados y suficientes los agravios hechos valer por el RAN y ante las violaciones procesales advertidas de oficio, lo procedente es revocar el sentido de lo resuelto por el A quo en el juicio natural y ordenar la reposición del procedimiento para los efectos siguientes: a) Reponer el procedimiento a partir de la audiencia de 19 de enero de 2018 para llamar a juicio a la SEMARNAT y a la PROFEPA, petición realizada por el RAN y que indebidamente fue negada por el A quo. b) En ejercido de la facultad que le confiere el artículo 186 de la Ley Agraria, el A quo deberá allegarse mayores elementos tales que le permitan determinar si en el caso concreto existe violación del derecho humano a un medio ambiente sano, esto es deberá requerir para mejor proveer, dictamen técnico forestal a la autoridad competente que es Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la SEMARNAT, mismo que deberá realizarse en el ejido "Tres Reyes", municipio de Felipe Carrillo Puerto, específicamente en el área que fue motivo de cambio de destino de tierras de uso común a parcelada aprobada por acta de asamblea de 12 de octubre de 2014, debiendo valorar si es preciso en su caso que en dicho dictamen se vea reflejado si en la zona correspondiente se encuentra comprendida selvas, manglares, tintales, marismas y petenes, o bien, ecosistemas acuáticos formados por lagunas, bahías, islas, dunas, cayos y arrecifes. c) Recabar un informe de autoridad a cargo del RAN con el objeto de verificar si el actor ha contravenido o no lo dispuesto en los artículos 27 fracciones VII párrafo quinto y XV de la Constitución y el diverso 47 de la Ley Agraria al concentrar más del 5% de las tierras ejidales, cómputo en el que debe sumarse los derechos que pudiera tener sobre otros ejidos y los de propiedad particular, al existir una prohibición constitucional para constituir latifundios. d) Valorar y concatenar todos los elementos de prueba. e) Una vez que obre en autos el dictamen técnico elaborado por la SEMARNAT y dependiendo del resultado, el A quo deberá valorar respecto del criterio de que es nulo todo aquél parcelamiento efectuado dentro de superficies que se ubiquen en la hipótesis contenida en el artículo 59 de la Ley Agraria. f) Llamar a la Asamblea del Ejido "Tres Reyes" a fin de respetar su garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, con respecto a la posible existencia de selva en la superficie parcelada en la asamblea de 12 de octubre de 2014. g) Realizado lo anterior, de conformidad a lo establecido en el artículo 189 de la Ley Agraria y, siguiendo los lineamientos de este fallo, deberá: (i) reconocer a la Delegación del RAN legitimación para reconvenir la nulidad del contrato de enajenación de 20 de mayo de 2016, por el solo hecho de ser parte acorde al artículo 182 de la Ley Agraria, (ii) no subrogarse atribuciones que competen a la autoridad demandada y (iii) emitir una sentencia a conciencia y verdad sabida en términos del artículo 189 de la Ley Agraria resolviendo todos los elementos que conforman la litis planteada en el juicio agrario, observando el principio de congruencia interna y externa que debe guardar toda sentencia. 71. En ese tenor, toda vez que desde la presentación de demanda ante el Tribunal de origen, hasta la resolución del presente recurso de revisión ha transcurrido 1 año con 8 meses, sin que a la fecha el mismo haya sido resuelto por no contarse con los medios de prueba necesarios para ello y atendiendo a las violaciones procesales en la integración de la prueba pericial, tomando en consideración que en los párrafos segundo y tercero del artículo 17 constitucional, se establece el deber de impartir justicia pronta y expedita privilegiando la solución de la controversia sobre formalismos procedimentales y que de igual manera el diverso artículo 27 fracción XIX, establece que la justicia agraria debe ser honesta y expedita, se requiere al A quo, a efecto que dentro del improrrogable término de hasta 6 meses en apego dichos principios así como a los de debido proceso, oralidad, inmediación, celeridad, concentración, amigable composición y publicidad, provea lo conducente a fin de que se recaben las pruebas necesarias, se perfeccione el desahogo de la pericial y se ponga en estado de resolución el referido juicio agrario y emita la sentencia que conforme a derecho corresponda dentro del término señalado, de conformidad con el artículo 189 de la Ley Agraria, para lo cual de igual forma debe tomar en consideración que el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece el deber de los Estados parte, de dirimir las controversias que son planteadas ante los órganos jurisdiccionales de cualquier carácter, dentro de un plazo razonable, toda vez que de continuar alargándose el procedimiento, per se puede constituirse como una denegación al derecho fundamental de acceso a la justicia en perjuicio de las partes que integran la relación jurídico procesal en el juicio natural. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia III.3o.T. J/3 (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito69." Como se advierte, las consecuencias de la insubsistencia de la resolución reclamada y de la reposición, fueron para efectos de que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito número Cuarenta y Cuatro, con sede en esta ciudad, realizara, en síntesis, lo que se expone a continuación: Reponga el procedimiento a partir de la audiencia de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, a fin de llamar a juicio a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Se allegue de mayores elementos que le permitan determinar si en el caso existe violación al derecho humano a un medio ambiente sano, debiendo requerir un dictamen técnico forestal a la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, respecto del predio "Tres Reyes", municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Recabe un informe de autoridad a cargo del Registro Agrario Nacional con el objeto de verificar si el actor ha controvertido o no lo dispuesto en los artículos 27, fracciones VII, párrafo quinto y XV, de la Constitución, y el diverso 47 de la Ley Agraria, al concentrar más del cinco por ciento de las tierras ejidales. Valore y concatene todos los elementos de prueba. Dependiendo del resultado del dictamen técnico elaborado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, valore respecto del criterio de que es nulo todo aquél parcelamiento efectuado en superficies que se ubiquen en la hipótesis del artículo 59 de la Ley Agraria. Llame a juicio a la asamblea del ejido "Tres Reyes". Realizado lo anterior, deberá: 1. reconocer a la Delegación del Registro Agrario Nacional legitimación para reconvenir la nulidad del contrato de enajenación de veinte de mayo de dos mil dieciséis; 2. no subrogarse atribuciones que competen a la autoridad demandada, y 3. emitir una sentencia a conciencia y verdad sabida en términos del artículo 189 de la Ley Agraria resolviendo todos los elementos que conforman la litis planteada en el juicio agrario, observando el principio de congruencia interna y externa que debe guardar toda sentencia. Dentro del improrrogable término de seis meses provea lo conducente a fin de que se recaben las pruebas necesarias, se perfeccione el desahogo de la pericial y se ponga en estado de resolución el referido juicio agrario y emita la sentencia que conforme a derecho corresponda dentro del término señalado, de conformidad con el artículo 189 de la Ley Agraria, para lo cual de igual forma debe tomar en consideración que el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece el deber de los Estados parte. Por lo que, una vez expuesto lo anterior, se tiene que la resolución de segunda instancia dejó insubsistente la sentencia dictada en el juicio natural, para efecto de que: 1) Se reponga el juicio agrario; 2) Se llame a juicio a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la asamblea del ejido "Tres Reyes"; 3) Se allegue de diversos medios de prueba; 4) Recabe un informe de autoridad a cargo del Registro Agrario Nacional con el objeto de verificar si el actor concentra más del cinco por ciento de las tierras ejidales; 5) Se reconozca a la Delegación del Registro Agrario Nacional legitimación para reconvenir la nulidad del contrato de enajenación de veinte de mayo de dos mil dieciséis; 6) No subrogarse atribuciones que competen a la autoridad demandada; 7) Emita una sentencia a conciencia y verdad sabida; 8) Dentro del improrrogable término de seis meses provea lo conducente a fin de que se recaben las pruebas necesarias, se perfeccione el desahogo de la pericial y se ponga en estado de resolución el referido juicio agrario y emita la sentencia que conforme a derecho corresponda. Luego entonces, se advierte que de los efectos expuestos con antelación, el acto reclamado no colma los atributos indispensables para tener acceso inmediato al juicio de amparo indirecto, pues como se advierte del mismo, este último no constituye una violación de carácter irreparable, ya que sólo tiene efectos dentro del procedimiento agrario seguido en forma de juicio. Es decir, no se puede considerar que por el hecho de que en la sentencia de segundo grado se ordenara la reposición del procedimiento del juicio natural, se afecten de manera directa derechos sustantivos de la promovente, en la medida que la citada reposición del procedimiento de manera alguna implica que la nueva sentencia que en su oportunidad se dicte en el juicio de origen vaya a ser contraria a los intereses de la ahora parte quejosa, ya que con los efectos plasmados en la reposición que determinó el Tribunal Superior responsable, se dejó plena jurisdicción al Tribunal primigenio para que una vez subsanada la irregularidad encontrada y seguido el juicio por sus trámites legales, emita una nueva sentencia en la que resuelva lo que en derecho proceda; de ahí que se considere que el fallo correspondiente pudiera ser incluso más favorable a los intereses de la impetrante del amparo; y de ser así, la infracción que reclama desaparecería sin transgredir su esfera jurídica; por otra parte, de resultar contraria a sus intereses, estaría en aptitud de plantear la cuestión que ahora controvierte como violación procesal, al promover el juicio de amparo directo en contra del nuevo fallo por dictarse. Sin que obste a lo anterior, que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas, implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello, por sí mismo, implique violación al principio de justicia pronta, pues aquélla no tendría como efecto dar por terminado el juicio, sino que éste deberá seguir su curso ante la autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparadas las violaciones procesales que ameritó la reposición del procedimiento, lo cual no implica la existencia propia de las molestias que se causan a las partes con motivo de la tramitación, de nueva cuenta, de una parte del procedimiento judicial, pues en el caso, el retraso en la solución del asunto no es un elemento que determine la irreparabilidad del acto reclamado. Se toma en consideración la tesis IV.2o.C.55 K, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia(s): Común, Página: 2677, Registro: 167805, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO ES EL SIMPLE RETARDO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 1/2003, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 99/2004, publicada en la página 5 del Tomo XX, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de octubre de 2004, cuyo rubro es: "COSA JUZGADA. LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA QUE DESESTIMA ESA EXCEPCIÓN SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, POR SER UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL).", determinó que para analizar si una violación acaecida en el curso del procedimiento es o no de imposible reparación, el juzgador debe proceder de la siguiente manera: a) Discernir si el acto reclamado afecta directa e inmediatamente derechos sustantivos que prevén las garantías individuales contenidas en la Constitución General de la República; b) Que en la hipótesis de que las consecuencias del acto no afectaran dichos derechos sustantivos, debe valorar si con ellas se afecta o no a las partes en grado predominante o superior, puesto que de arribarse a la convicción de que tampoco colma esta afectación exorbitante, sería improcedente el amparo indirecto, debiendo el gobernado esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo; c) Que por regla general, una violación formal o procesal produce una afectación exorbitante a las partes durante el juicio (que la identifica como de imposible reparación), cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que significan una situación especial dentro del procedimiento de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio del orden común, bien para asegurar su desarrollo con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien, porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso o innecesario del juicio; d) Precisar que la afectación que produzca el acto intraprocesal reclamado, a fin de que amerite su impugnación en amparo indirecto, debía ser en grado extraordinario o sobresaliente; e) Que la anterior precisión era necesaria, toda vez que las tesis que sobre el tema sustenta el más Alto Tribunal del país, se fundaban de manera explícita o implícita en el artículo 17 de la Constitución Federal; y, f) Pero que no obstante lo anterior, era igualmente cierto que no todas las violaciones procesales que puedan encontrar fundamento en el señalado artículo 17 constitucional, a través de las normas adjetivas secundarias o derivadas podían, jurídicamente, ser impugnadas en amparo indirecto, pues ello haría interminables los juicios ordinarios y tornaría inútil un aspecto básico del amparo directo. En el mismo sentido y siguiendo los lineamientos fijados en la solicitud de modificación de jurisprudencia 1/2003, la Segunda Sala del referido Tribunal Constitucional, al resolver la contradicción de tesis 38/2007-PL, que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 23/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 593, de rubro: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO.", sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente: "... el retardo en la impartición de justicia ... por sí sola, no podría justificar la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que por ello se viole el principio de justicia pronta.". Establecido lo anterior, la resolución de segunda instancia que revoca el auto mediante el cual el Juez de primer grado cita a las partes para oír sentencia, no constituye un acto procesal de imposible reparación ya que, de la decisión tomada por el tribunal de alzada no depende la suerte de todo el juicio, ni tampoco puede hablarse del desarrollo ocioso de un proceso, cuando éste ya se agotó, aunado a que el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, en tanto que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal que menciona el quejoso." Consecuentemente, al configurarse la aludida causa de improcedencia, prevista en el en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu de la Ley de Amparo; resulta procedente desechar de plano la demanda de amparo promovida por ***, en su carácter de apoderado legal de ****. No pasa inadvertida, la jurisprudencia de rubro "RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA", de cuyo contenido se advierte que una sentencia que repone un procedimiento de primera instancia no solo tiene efectos meramente procesales o adjetivos, pues en algunos casos la reposición sí puede afectar derechos sustantivos que ameriten un análisis inmediato a través del juicio de amparo, lo que implicaría un examen ponderado sobre los efectos concretos y específicos que produce en éste, así como en las cosas y en las personas, por lo cual no sería dable el desechamiento inmediato de la demanda de amparo, pues necesariamente se requiere un análisis de las constancias de autos para determinar su improcedencia, el que, por técnica de amparo, es propio de la sentencia definitiva. Sin embargo, en el presente asunto no se colma ese supuesto, toda vez que la demanda fue presentada como amparo directo, por lo que en el caso se cuenta con todas las constancias que integran los procedimientos tanto de primera como de segunda instancia, motivo por el cual este Juzgador al hacer un análisis completo para determinar la improcedencia del presente asunto, se advirtió de manera clara y fehaciente la causal de improcedencia antes señalada. Similares consideraciones fueron sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, al resolver las quejas 279/2019, 272/2019 y 317/2019 en sesiones celebradas el once, catorce y treinta de octubre de dos mil diecinueve, respectivamente. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Chetumal, Quintana Roo, catorce de noviembre de dos mil diecinueve. Recepción de incompetencia. Agréguese a los autos el oficio de cuenta y sus anexos, signado por la Secretaria de Acuerdos adscrita al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, dirigido al Juzgado de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, a través de la Oficina de Correspondencia Común, mediante el cual remite lo siguiente: 1 Original del Amparo directo número 590/2019, del índice del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo. 2 Expediente original del recurso de revisión 570/2018-44, del índice del Tribunal Superior Agrario (1 legajo). Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora, del contenido del oficio de cuenta, se desprende que el Tribunal de Alzada se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por ****apoderado de *****ello con fundamento en el numerales 34 y 170, de la Ley Amparo, en relación con el 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aceptación de competencia. En términos del artículo invocado por la superioridad, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, se avoca al conocimiento del escrito inicial de demanda instada por ****apoderado de****, mediante el cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye a los Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Superior Agrario, con sede en la Ciudad de México, se manda formar expediente y registrarlo en el Libro de Gobierno bajo número 985/2019-IV. Imprecisión de la demanda en relación a los requisitos del artículo 108 de la Ley de Amparo. A efecto de acordar lo que proceda sobre la prevención, admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario precisar que en el escrito inicial la parte promovente señaló como actos reclamados los siguientes: De los Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Superior Agrario, con sede en la Ciudad de México: La sentencia de seis de agosto de dos mil diecinueve, dictada en el recurso de revisión 570/2018-44. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, no se advierte que la parte promovente realice manifestaciones en relación a los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes mediatos e inmediatos del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación. Esto es, la demanda de amparo que nos ocupa no contiene antecedentes del acto atribuido a la autoridad responsable. En ese sentido, es preciso señalar que para cumplir con los requisitos previstos en el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto a la expresión de los hechos y abstenciones que le consten y que constituyan antecedentes de los actos reclamados o fundamentos de los conceptos de violación, la parte quejosa debe realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo que hayan sucedido con antelación al acto que combate y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. Sustenta lo anterior, la tesis I.7º.A. 100 K, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 990, del Tomo XXIII, abril de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN." No obsta que la demanda que nos ocupa fuera recepcionada con los autos originales de los que emerge el acto que reclama la parte quejosa, al haberse presentado como amparo directo, pues el invocado numeral -artículo 108, fracción V- dispone los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda, ya que constituyen el único elemento con el que inicia el Órgano Jurisdiccional para tomar las determinaciones correspondientes. Tiene apoyo lo anterior la tesis jurisprudencia 64/2015 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al rubro y texto rezan: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquéllos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable." En ese contexto, resulta necesario imponer la siguiente: Prevención. A efecto de acordar lo que proceda sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 108, fracción V, así como 114, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, realice: ÚNICO. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los antecedentes mediatos e inmediatos de los actos reclamados, que derivan del recurso de revisión 570/2018-44 del índice del Tribunal Superior Agrario. Apercibimiento. Por lo anterior, se apercibe al promovente que de no dar cumplimiento en el plazo y condición indicada, se tendrá por no presentada la demanda que se atiende, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apertura de tomo de pruebas. Se ordena aperturar por separado el tomo I de pruebas, respetando el sello, folio y rúbrica del expediente relativo recurso de revisión 570/2018-44, agregando únicamente la carátula de este Juzgado de Distrito para su identificación. Domicilio procesal y autorizados. La parte quejosa solicita que se autorice la consulta electrónica del presente expediente, y que se practiquen las notificaciones de las determinaciones judiciales por la misma vía, proporcionando para tal efecto el nombre de usuario. Atento a lo anterior, y vista la certificación secretarial de cuenta, se accede a la solicitud realizada en el escrito inicial de demanda de amparo, consistente en la autorización de la consulta electrónica del expediente por parte nombre de usuario "****"; en consecuencia se ordena a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que proceda a realizar la autorización en dicho sistema; asimismo, como lo solicita, con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se ordena que las notificaciones personales sean vía electrónica. De igual forma, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *****, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en tanto que en términos restringidos de dicho numeral a *****, por no contar con registro en dicho sistema. Asimismo, se autoriza en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a ****, por así solicitarlo el promovente. Por otra parte, con fundamento en los artículos 1, 6, 21, 22, fracciones II, IV y V, 26, 27, 28, 29, 46, 47, 68, y transitorios primero, cuarto y séptimo, de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo, hace del conocimiento de las partes que: a)El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en esa ley; b)Resulta aplicable en lo que no se le oponga, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; c)El tratamiento de los datos personales es para fines propios del procedimiento y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) también tiene objetivos estadísticos; d)Este aviso se puede consultar físicamente en el expediente correspondiente, o en forma electrónica, de haberse solicitado y autorizado esa vía; e)Quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante, esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, la cual tiene su domicilio en Carretera Picacho-Ajusco número 170, Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, así como en la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, que se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo, y en su caso en la Delegación Administrativa del Consejo de la Judicatura Federal en esta ciudad, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo. f)Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, las partes conservan su derecho a manifestar si están de acuerdo con que, las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará el consentimiento tácito a que hacen referencia los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto sin menoscabo de que el presente asunto pueda ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 22 de la citada ley, que exime al responsable de recabar el consentimiento del titular; y, g)En la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Lo anterior, en el entendido de que tratándose de datos personales y archivo, en lo que no se oponga a las leyes citadas, se actuará conforme a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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