Antonino Almazán Arteaga

Expediente 913/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
913/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
02/12/2019

Partes del expediente

  • Antonino Almazán Arteaga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el telegrama de cuenta, remitido por el Director de Asuntos Jurídicos del Tribunal Superior Agrario, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del oficio 29296/2019 por el cual se le notificó el desechamiento de la demanda de amparo. Asimismo, solicita que una vez que la superioridad resuelva el recurso de queja interpuesto en autos se le remita copia certificada de la resolución y los autos originales del recurso de revisión 450/2019-44 de su índice. Ahora, en atención a su solicitud, hágasele del conocimiento a la autoridad responsable que una vez que la superioridad resuelva lo que derecho corresponda se proveerá sobre la copia certificada de la resolución y la devolución de la documental que solicita.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, mediante el cual informa que el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, dicho Tribunal Colegiado admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por ****por conducto de su apoderado legal, contra el auto de treinta y uno de octubre del año en curso, el cual quedó registrado bajo el número 401/2019 del índice del tribunal de su adscripción, de lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por ****, en su carácter de apoderado legal de ****, por el cual interpone recurso de queja en contra del acuerdo dictado el treinta y uno de octubre del presente año, en el que se desechó la demanda de amparo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100, de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado en turno del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, por conducto de la empresa de mensajería que presta sus servicios a este Juzgado de Distrito: Original del escrito de agravios, así como una copia de este último, a fin de que de considerarlo necesario el Tribunal de Alzada corra traslado al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Tribunal. Asimismo, ríndase el informe relativo a la materia de la queja, en la que se manifieste a la Superioridad que es cierto el acto impugnado, toda vez que este Juzgado Federal, el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve en autos del juicio de amparo en el que se actúa, dictó un acuerdo en el que desechó de plano la demanda de amparo promovida por *****. También, deberá acompañarse al citado informe copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio, en el que obra el acuerdo impugnado. Por lo antes expuesto, una vez que se notifique por lista el presente proveído, sin previo acuerdo, intégrense las constancias que este Juzgado estimó para la substanciación del recurso, a fin que sean remitidas a la Superioridad que conocerá del asunto.

  4. Principal

    Chetumal, Quintana Roo, treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por ****, en su carácter de apoderado legal de ****, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve (fojas 59 a 63), manifiesta bajo protesta de decir verdad los antecedentes mediatos e inmediatos del acto reclamado, por tanto, se tiene a la parte quejosa desahogando cabalmente la prevención inmersa en autos. En ese tenor de ideas, téngase a la parte quejosa desahogando cabalmente la prevención inmersa en autos. Sentado lo anterior, se estima oportuno atender lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto legal previamente invocado, señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Por tanto, es necesario precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Luego entonces, en el caso concreto, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, estima que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, ya que en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, que en su orden, señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." La citada fracción XXIII del artículo 61 de la ley de la materia establece que el juicio de amparo es improcedente, cuando así se prevea en alguna otra disposición de la propia ley; por su parte, el artículo 107, particularmente, en la fracción V, dispone que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por aquéllos, los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Es importante puntualizar que el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada establecía que cuando se reclamaran actos de tribunales judiciales emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sería procedente cuando tuviesen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Sin embargo, la legislación en comento no precisaba qué debía entenderse por "ejecución de imposible reparación", de ahí que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció dos criterios orientadores a partir de los cuales se calificaba la procedencia del juicio de amparo contra actos de esa naturaleza. De este modo, se precisó que un acto dentro del juicio tenía una ejecución irreparable: a) Cuando sus consecuencias afectaran de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y, b) Cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predominante o superior. Sin embargo, a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, en su artículo 107, fracción V, se estableció lo que debe entenderse por un acto dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, como se lee de la siguiente inserción: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De esta manera, se pone de manifiesto que actualmente el legislador acotó los actos dentro de juicio, considerados como de ejecución irreparable, a aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; por lo que efectivamente ya no existe la posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior a la que aludía la tesis aislada P.LVII/2004 antes mencionada. Asimismo, en torno a la vigencia de la jurisprudencia sustentada sobre la interpretación de la Ley de Amparo abrogada, el artículo sexto transitorio del decreto de la nueva ley establece que: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley"; sin embargo, según se evidenció, el texto de la nueva ley no permite la aplicación de la jurisprudencia ya mencionada, en tanto que se opone al texto expreso de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable. Al efecto, la anterior integración del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia por contradicción número 24/92, publicada en la página 164 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de 1917-1995, interpretó y precisó el alcance de la disposición contenida en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo anterior, mismos que en la Ley de Amparo vigente se encuentra en el 107 fracción V, de la ley de la materia, y señaló que son actos de imposible reparación aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos tutelados por la Constitución a través de las garantías individuales. En ese orden de ideas, se considera que para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", esto es, conforme al marco legal vigente, se atenderá a los efectos o consecuencias que éstos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales, pues los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Bajo ese contexto, a fin de determinar lo anterior y tener una mayor claridad en la exposición, resulta conveniente traer al contexto los antecedentes del acto reclamado, siendo estos los siguientes: 1.El aquí quejoso promovió juicio agrario contra diversas autoridades pertenecientes al Registro Agrario Nacional en el Estado de Quintana Roo, el cual fue del conocimiento del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Cuatro, con sede en Chetumal, bajo el expediente ****. 2.Seguido el juicio, el magistrado del mencionado tribunal unitario dictó sentencia de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, en la que sustancialmente determinó que el actor acreditó los elementos de su acción de nulidad y condenó a la autoridad demandada para que en el plazo de diez días emitiera una nueva calificación registral siguiendo los lineamientos contenidos en la sentencia. 3.Inconforme con dicha sentencia el Subdelegado Técnico del Registro Agrario Nacional interpuso recurso de revisión, el cual fue del conocimiento del Tribunal Superior Agrario, con sede en la Ciudad de México, bajo el expediente ***. 4.Por resolución de trece de agosto de dos mil diecinueve, dicha sala revocó la sentencia de primera instancia y ordenó reponer el procedimiento. La anterior resolución constituye el acto reclamado en esta vía. Por tanto, en el caso particular se tiene que la parte quejosa reclama la sentencia pronunciada el trece de agosto de dos mil diecinueve, por el Tribunal Superior Agrario, con sede en la ciudad de México, en el recurso de revisión ***, en la cual se revocó la diversa dictada por el Tribunal Unitario Agrario, Distrito 44, con sede en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, en el juicio agrario ***, por la vía de nulidad de resolución dictada por la autoridad agraria , y ordenó reponer el procedimiento; en esa medida, lo indispensable en el particular es determinar si existe un perjuicio jurídico de imposible reparación, esto es, una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa, para lo cual deben tenerse en cuenta los efectos ordenados en la resolución respectiva. A lo anterior, por las razones que se contienen, resulta aplicable la jurisprudencia P./J 17/91 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 25, Tomo VII, Mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICIÓN, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo. Entonces, de acuerdo a la jurisprudencia transcrita, en cada caso debe analizarse si las consecuencias de la insubsistencia de la resolución agraria de primera instancia y de la reposición del procedimiento son o no de imposible reparación, para lo cual debe determinarse si existe ejecución irreparable ponderando si se está frente a la violación de derechos sustantivos o procesales; por lo tanto, para advertir tales aspectos, resulta indispensable efectuar un análisis de las constancias remitidas por la responsable y traer a colación los efectos de la insubsistencia de la resolución y la reposición del procedimiento ordenado, los cuales fueron, en síntesis, los siguientes: " ****." Como se advierte, las consecuencias de la insubsistencia de la resolución reclamada y de la reposición, fueron para efectos de que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito número Cuarenta y Cuatro, con sede en esta ciudad, realizara, en síntesis, lo que se expone a continuación: a)Requiera a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Quintana Roo, copia certificada de la totalidad de las constancias del expediente a partir del cual se emitió la calificación positiva, del acta de asamblea de cinco de octubre de dos mil catorce, en el que se cambió el destino de tierras de uso común a parcelas incluyendo la parcela ***. b)Recabe los expedientes de dictaminación del cambio de destino de tierras del Ejido Isla Holbox, efectuada el cinco de octubre de dos mil catorce, las documentales y dictámenes técnicos emitidos por las autoridades competentes, que precisen si dentro de las tierras en cuestión existe o no selva; c)Ordene la visita de campo en la parcela de número *** en el Ejido "Isla Holbox", para efecto de determinar si en dicha superficie existe manglar (selva) acorde a la opinión técnica de gabinete contenida en el oficio SGPA/DGGF/712/2807/16. d)Llame a juicio a la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que manifieste lo conducente en el ámbito de sus atribuciones. e)Llame a juicio a la asamblea del Ejido Isla Holbox y a la Procuraduría Agraria, a fin de respetar su derecho de audiencia. f)Se allegue de todos los elementos de prueba que estimara necesarios para el conocimiento de la verdad, y consecuentemente, dicte una nueva sentencia en la que de manera fundada y motivada, resolviendo congruentemente la litis planteada. g)Requiera al Registro Agrario Nacional para que informe sobre la posible acumulación de solicitudes en las que el enajenante y el adquirente pretendan la inscripción de contratos de enajenación de derechos parcelarios dentro del Ejido Isla Holbox, en las que el adquirente resulte ser el mismo en el juicio de origen. h)El a quo deberá reponer el procedimiento y emitir la sentencia definitiva en un plazo que no exceda de seis meses. Por lo que, una vez expuesto lo anterior, se tiene que la resolución de segunda instancia dejó insubsistente la sentencia dictada en el juicio natural, para efecto de que 1) Se regularice el juicio agrario; 2) Se requieran las copias certificadas de la totalidad de las constancias del expediente a partir del cual se emitió la calificación positiva al acta de la Asamblea celebrada en el Ejido Isla Holbox, Municipio de Lázaro Cárdenas, Estado de Quintana Roo, el cinco de octubre de dos mil catorce; 3) Se realice una visita de campo en la parcela de la parte quejosa; 4) Se llame a juicio a la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; 5) Se llame a juicio a la Asamblea del Ejido Isla Holbox y a la Procuraduría Agraria, a fin de que se respete su derecho de audiencia; 6) El Tribunal primigenio se allegue de todos los elementos de prueba que estime necesarios para el conocimiento de la verdad, para consecuentemente, emitir una nueva sentencia; 7) Se requiera al Registro Agrario Nacional para que informe sobre la posible acumulación de solicitudes en las que el enajenante y el adquirente pretendan la inscripción de contratos de enajenación de derechos parcelarios dentro del ejido Isla Holbox; 8) reponga el procedimiento y emita la sentencia definitiva en un plazo que no exceda de seis meses. Luego entonces, se advierte que de los efectos expuestos con antelación, el acto reclamado no colma los atributos indispensables para tener acceso inmediato al juicio de amparo indirecto, pues como se advierte del mismo, este último no constituye una violación de carácter irreparable, ya que sólo tiene efectos dentro del procedimiento agrario seguido en forma de juicio. Es decir, no se puede considerar que por el hecho de que en la sentencia de segundo grado se ordenara la reposición del procedimiento del juicio natural, se afecten de manera directa derechos sustantivos de la promovente, en la medida que la citada reposición del procedimiento de manera alguna implica que la nueva sentencia que en su oportunidad se dicte en el juicio de origen vaya a ser contraria a los intereses de la ahora parte quejosa, ya que con los efectos plasmados en la reposición que determinó el Tribunal Superior responsable, se dejó plena jurisdicción al Tribunal primigenio para que una vez subsanada la irregularidad encontrada y seguido el juicio por sus trámites legales, emita una nueva sentencia en la que resuelva lo que en derecho proceda; de ahí que se considere que el fallo correspondiente pudiera ser incluso más favorable a los intereses de la impetrante del amparo; y de ser así, la infracción que reclama desaparecería sin transgredir su esfera jurídica; por otra parte, de resultar contraria a sus intereses, estaría en aptitud de plantear la cuestión que ahora controvierte como violación procesal, al promover el juicio de amparo directo en contra del nuevo fallo por dictarse. Sin que obste a lo anterior, que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas, implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello, por sí mismo, implique violación al principio de justicia pronta, pues aquélla no tendría como efecto dar por terminado el juicio, sino que éste deberá seguir su curso ante la autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparadas las violaciones procesales que ameritó la reposición del procedimiento, lo cual no implica la existencia propia de las molestias que se causan a las partes con motivo de la tramitación, de nueva cuenta, de una parte del procedimiento judicial, pues en el caso, el retraso en la solución del asunto no es un elemento que determine la irreparabilidad del acto reclamado. Consecuentemente, al configurarse la aludida causa de improcedencia, prevista en el en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu de la Ley de Amparo; resulta procedente desechar de plano la demanda de amparo promovida por ****, en su carácter de apoderado legal de ****. No pasa inadvertida, la jurisprudencia de rubro "RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" , de cuyo contenido se advierte que una sentencia que repone un procedimiento de primera instancia no solo tiene efectos meramente procesales o adjetivos, pues en algunos casos la reposición sí puede afectar derechos sustantivos que ameriten un análisis inmediato a través del juicio de amparo, lo que implicaría un examen ponderado sobre los efectos concretos y específicos que produce en éste, así como en las cosas y en las personas, por lo cual no sería dable el desechamiento inmediato de la demanda de amparo, pues necesariamente se requiere un análisis de las constancias de autos para determinar su improcedencia, el que, por técnica de amparo, es propio de la sentencia definitiva. Sin embargo, en el presente asunto no se colma ese supuesto, toda vez que la demanda fue presentada como amparo directo, por lo que en el caso se cuenta con todas las constancias que integran los procedimientos tanto de primera como de segunda instancia, motivo por el cual este Juzgador al hacer un análisis completo para determinar la improcedencia del presente asunto, se advirtió de manera clara y fehaciente la causal de improcedencia antes señalada. Similares consideraciones fueron sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver la queja 279/2019, en sesión celebrada el once de octubre de dos mil diecinueve, en la cual se precisó que el criterio contenido en la jurisprudencia a que se hace referencia, constituye una regla general, sin embargo, hay casos de excepción en los que el juez al decidir sobre la admisibilidad de la demanda, cuenta con elementos suficientes para determinar, si la resolución que revoca la de primera instancia y ordena reponer el procedimiento, es de imposible reparación; de ahí que, la razón que rige el sentido de aplicabilidad del criterio señalado deja de actualizarse y se torna inaplicable, lo cual ocurre en este asunto, como se precisó en el párrafo que antecede. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio, debiendo verificarlas dentro del plazo a que se contrae el diverso numeral 24 de la propia legislación. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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