Antonino Almazan Arteaga
Expediente 520/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 7 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 520/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 10/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Antonino Almazan Arteaga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión contra del auto dictado el quince de octubre del año en curso, mediante el cual se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO CONSTITUCIONAL, promovido por Antonino Almazan Arteaga, por conducto de su apoderado legal, respecto de los actos que reclamó de la autoridad responsable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado analógica y supletoriamente por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del Capítulo Octavo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción después de los tres años siguientes a partir del presente acuerdo. Asimismo, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico o histórico y al no onsiderarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 15 del Capítulo Quinto, del citado acuerdo. Por otra parte, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Finalmente, devuélvasele a la autoridad responsable Magistrada del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 44, con sede en esta ciudad, el expediente original 43/2019, de su índice, que remitió al rendir su informe justificado, con el que se formó el cuaderno de pruebas de un tomo, solicitado el acuse de estilo correspondiente. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.
- Principal
III. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
III. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por Antonino Almazán Arteaga, en su carácter de ejidatario de Isla Holbox, municipio de Tulum (antes solidaridad), mediante el cual, manifiesta que es su deseo ampliar su demanda de amparo, respecto a un nuevo acto reclamado y conceptos de violación. Ahora, previo a determinar si procede o no dicha ampliación, se considera necesario destacar lo siguiente: El artículo 111 de la Ley de Amparo, prevé: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda. (.)" De la transcripción anterior, se desprende que para que proceda la ampliación de la demanda de amparo, deberán ocurrir los siguientes supuestos: 1) Que no hayan transcurrido los plazos para su presentación. 2) Que el quejoso, con independencia de lo prescrito en el inciso que antecede, tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de la ley de la materia. 3) Para el caso del arábigo anterior, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentada una nueva demanda. Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tesis de jurisprudencia 15/2003 visible en el tomo XVIII, del Semanario Judicial de la Federación, estableció que la regla general para que la ampliación de demanda proceda, se deben configuran algunos de los supuestos siguientes: a) Cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso; b) Cuando se fundamente o motive el acto reclamado en el informe justificado; y, c) Cuando el quejoso tenga conocimiento, por cualquier medio, de actos de autoridad vinculados con los reclamados, y puede recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos establecidos en la ley de la materia. En ese sentido, con fundamento en los artículos 1°, 2°, 6°, 17, 37 y 108, de la Ley de Amparo, se admite la ampliación de demanda respecto de la autoridad, acto y los conceptos de violación que hace valer. Asimismo, señala como nuevo acto reclamado el acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, dictado en autos del juicio agrario 43/2019, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Cuatro, con sede en esta ciudad. Dése la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita en materia de amparo, en términos de los numerales 107, fracción XV, constitucional y 5, fracción IV, de la ley de la materia. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable [señalada en la ampliación de demanda antes descrita], que deberá rendir dentro del plazo de quince días, exponiendo las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, acompañando en su caso, copia certificada, legibles, completas y ordenadas de las constancias y actuaciones que tomó en consideración para emitirlo, apercibida que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, moneda nacional), equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, se requiere a la autoridad señalada como responsable para que, al momento de rendir su informe justificado, manifieste si la quejosa con anterioridad a la presentación de la demanda de que se trata promovió algún medio ordinario de defensa o, bien, diverso juicio de amparo contra el acto que por esta vía constitucional reclama, en el entendido que de no hacerlo se le hará efectivo el apercibimiento citado en el párrafo que antecede. En términos de los artículos 26, fracción II, y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, dígase a la autoridad responsable que la notificación que se le haga surtirá todos sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable, a su representante o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina, y si se negare a recibir dicho oficio se tendrá por hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que ésta contenga. Lo anterior, en el entendido que el Actuario correspondiente deberá hacer cumplir lo previsto por la última parte de la fracción I del artículo 28 de la Ley de Amparo. De acuerdo a lo previsto en el numeral 64 de la ley de la materia, se hace saber a las partes que, en caso de que cesen los efectos del acto reclamado o tengan conocimiento de una causa notoria de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este Órgano Jurisdiccional Federal, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten; apercibida que, de no hacerlo, se le impondrá multa por $2,688.60 (dos mil seiscientos ochenta y ocho pesos 60/100 moneda nacional), de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, ello de conformidad con lo dispuesto en el numeral 251 de la ley de la materia. Ahora bien, se advierte que mediante auto admisorio de diecinueve de julio del año actual, se reservó proveer respecto al emplazamiento del tercero interesado, hasta en tanto obrará el informe justificado de la autoridad responsable, de los cuales se pudiera advertir a quién le reviste tal carácter, lo que en el caso ya aconteció. En consecuencia, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 26, fracción II, inciso b), del ordenamiento legal invocado, mediante oficio que al efecto se gire, procédase a emplazar a este juicio de amparo al tercero interesado Registro Agrario Nacional, Delegación Quintana Roo, con sede en esta ciudad, toda vez que podría tener interés jurídico en que subsistan los actos reclamados, en el domicilio señalado en esta ciudad, debiendo adjuntar copia de la demanda de amparo, para que se imponga de su contenido y manifieste lo que a su interés convenga. Asimismo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista al tercero interesado, con el contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable, mismo que obra en autos, a efecto de que manifieste lo que a su derecho corresponda, para lo cual, en caso de requerir la verificación del expediente, puede hacerlo a través de medios electrónicos, en los términos que establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, o físicamente en el lugar que ocupa este órgano jurisdiccional, para lo cual deberá gestionar la cita respectiva disponible en la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales/citas, en el entendido de que su presencia ese día en el recinto, se circunscribirá al trámite inherente a dicha diligencia. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida las pruebas documentales que ofreció la parte quejosa a su escrito que se provee, así como la presuncional en su doble aspecto legal y humano, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, y serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente al momento de celebrarse la audiencia constitucional del juicio. Por lo antes expuesto, se difiere anticipadamente la audiencia programada para las diez horas con veinte minutos del veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, señalándose como nueva fecha y hora para su celebración, las diez horas con treinta y cinco minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Ello es así, toda vez que el diferimiento anticipado de la audiencia constitucional no constituye una violación procesal en perjuicio de las partes, máxime que el propósito de tal aplazamiento se traduce en que aún se encuentran realizando los trámites pertinentes a fin de que obre correcta y completamente integrado el juicio y así poder resolver el fondo del asunto, lo que es acorde con el derecho fundamental de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional; de ahí que a nada práctico conduciría esperar a la fecha de celebración de la audiencia constitucional para determinar su diferimiento, si en el caso es evidente que la misma en el corto plazo que existe entre la presente y aquélla, sería imposible materialmente que se cumpliera lo anteriormente ordenado. Sustenta lo anterior, por analogía jurídica, la tesis Décima Época, Registro 2002712, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, Materia(s): Común, Tesis: I.5o.C.1 K (10a.), Página: 1322, de rubro y texto siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SU DIFERIMIENTO ANTICIPADO OFICIOSAMENTE NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL EN PERJUICIO DE LAS PARTES. Si con motivo de diversas constancias enviadas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, el Juez de Distrito, oficiosamente y antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, dejó sin efectos dicho señalamiento y fijó nuevas fecha y hora para esos fines, tal proceder es legal si con ello se concede otra vez el término de ocho días previsto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de las constancias remitidas por la autoridad responsable y, por ello, cuentan con la oportunidad suficiente, en términos del artículo 151 del mismo ordenamiento, para ofrecer las pruebas que estimen pertinentes para desvirtuar el informe justificado y las constancias correspondientes. Por ello, el diferimiento anticipado de la audiencia constitucional no constituye una violación procesal en perjuicio de las partes, máxime que el propósito de tal aplazamiento se traduce en que éstas cuenten con todo el término y la oportunidad de rendir sus pruebas, de manera que sería inútil esperar los días faltantes para la celebración de la primera audiencia, si el juzgador de Distrito ya observó que a la llegada de ese día deberá marcar nueva hora y día para la respectiva celebración. De esa manera, con tal proceder el Juez Federal impide una probable reposición del procedimiento y genera un mayor beneficio al reiniciar el tiempo en que las partes pueden conocer los términos del informe justificado, preparar y ofrecer las pruebas que estimen pertinentes; lo cual es acorde con el derecho fundamental de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, y con los fines del artículo 157 de la Ley de Amparo, el cual prevé que los Jueces de Distrito cuidarán que los juicios respectivos no queden paralizados."
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