Antonino Almazan Arteaga

Expediente 1477/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1477/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Antonino Almazan Arteaga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    En ********************, ********************, a las diez horas con diecisiete minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 1477/2023-VIII, promovido por ********************, estando presente la licenciada Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de ********************, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, la Jueza declara abierta la audiencia y se procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. El Secretario de Juzgado hace relación de la demanda, constancias de autos e informes justificados rendidos por la Encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional Delegación ********************, con sede en esta ciudad, y por el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, en representación del Director en Jefe de dicho registro, los cuales obran en autos. Seguidamente la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido en tiempo y forma los informes de ley de las autoridades responsables para ser tomados en consideración como corresponda. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las documentales exhibidas por la parte quejosa en su demanda, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humana; así como las remitidas por la Encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional Delegación ********************, y por el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, con su informe justificado. En mérito de lo anterior, la Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas relacionadas, por lo que se tienen por desahogadas en virtud de su naturaleza jurídica y se tomarán en cuenta al resolver, con lo cual, se cierra dicha etapa. Abierto el período de alegatos, se da cuenta con el escrito signado la parte quejosa y se hace constar que la Agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado, no presentó pedimento, por lo que, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por formulados los alegatos del quejoso, y por perdido el derecho de la representante social para presentar pedimento. A continuación, no habiendo diligencias pendientes por desahogar, la Jueza declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución. Visto, para resolver el presente juicio de amparo número 1477/2023-VIII promovido por ********************, por su propio derecho y otros, contra los actos que reclaman del Director en Jefe del Registro Agrario Nacional y de otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el once de septiembre de dos mil veintitrés en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Tercero de Distrito, ********************, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó del Director en Jefe del Registro Agrario Nacional y de otra autoridad. SEGUNDO. TRAMITE DEL JUICIO. En auto de doce de septiembre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo recibida; se ordenó dar a la representante social de la Federación adscrita a este Juzgado, la intervención legal que le compete; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, todo lo cual se hizo en sus términos; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previa regularización, tuvo verificativo este día, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número y jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el 8/2013 del propio Pleno del Consejo citado, por reclamarse en el presente asunto una omisión que no trae aparejada ejecución y el quejoso presentó su demanda en esta demarcación donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, es necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de determinar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal; acorde con la tesis de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Por tanto, de una revisión integral de la demanda de amparo, así como de las constancias que obran en autos, se desprende que los actos reclamados son los siguientes: a) Del Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, la omisión de autorizar y liberar la clave del sistema informático para la expedición del título de propiedad respecto de la solicitud ********************, de veintiséis de abril de dos mil veintidós, consistente en la adopción de dominio pleno de la parcela ********************, del ejido de ********************b) De la Encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional Delegación ********************, la omisión de inscripción, expedición y entrega del título de propiedad respectivo. TERCERO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De la lectura de los informes justificados que obran en autos, se advierte que la autoridad responsable Encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional Delegación ********************, con sede en esta ciudad, manifestó que no es cierto el acto reclamado, bajo el argumento de que la calificación registral y la liberación de la clave electrónica corresponde a la Dirección General de Registro y Control Documental, por lo que su actuación quedaba supeditada a las facultades de estas últimas, motivo por el cual aduce que no podía realizar la emisión de los títulos de propiedad respectivos; pero que ha cumplido con integrar y remitir a la citada dirección la solicitud ********************. Por su parte, el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, en representación del Director en Jefe de dicho registro, al rendir el informe justificado señaló que es cierto el acto reclamado, porque el trámite está siguiendo su procedimiento conforme al Reglamento Interior, además, que dicho Registro se desempeña bajo el principio de prelación. En tal virtud, dichas manifestaciones evidencian la existencia de las omisiones reclamadas, pues lo cierto es que a la fecha de la presentación de la demanda y hasta el día de hoy, no se ha realizado la liberación de la clave de acceso al Sistema Informático, a fin de que la Delegación Estatal esté en posibilidad de generar los títulos de propiedad de la parcela respectiva, ni ésta los ha expedido; en consecuencia, en el caso deben estimarse ciertos los actos reclamados, por las razones expuestas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, de la Octava Época, con número de registro 211004, visible a página 391, con el rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo deben ser analizadas en forma previa, por tratarse de una cuestión de orden público en el juicio constitucional, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 814, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, este órgano de control constitucional no advierte que se haya actualizado alguna de las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, así como tampoco se advierte que las partes hayan hecho valer alguna de la referidas causales. Por lo que al no existir causa alguna que haga improcedente el presente juicio de amparo, se procederá realizar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa. QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. Resultan esencialmente fundados los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa en su demanda de amparo, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables. En efecto, la parte quejosa alega que, la responsable, sin razón fundada y motivada, ha violado sus derechos fundamentales, específicamente los reconocidos en los artículos 8 y 17 Constitucionales, al haber transcurrido en exceso el término legal, para que se realice la liberación de la clave del sistema informativo, así como la expedición y entrega del correspondiente título de origen parcelario, en términos de la Ley Agraria y Reglamento del Registro Interior del Registro Agrario Nacional, aun cuando cuenta con calificación positiva de veintisiete de abril de dos mil veintidós. Ahora bien, del examen de las constancias ofrecidas por la quejosa y las remitidas por las responsables como justificación a su informe, las cuales tienen valor probatorio en términos de los artículos 129, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo, destaca lo siguiente: El veintiséis de abril de dos mil veintidós, el quejoso presentó ante la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional en ********************, petición de expedición del título de propiedad de origen parcelario, respecto de la parcela colectiva ******************** Z1 P-1, del ejido de ********************, ********************, ********************, al que recayó el número de solicitud ********************. Posteriormente, cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada el veintisiete de abril de dos mil veintitrés en el juicio de amparo ********************, del índice de este Juzgado, por resolución de doce de julio de dos mil veintitrés, el Registrador Integral del Registro Agrario Nacional con sede en la Ciudad de México, otorgó la calificación positiva a dicho trámite. Siendo que hasta la presente fecha no se ha expedido, ni entregado el título, pues la autoridad responsable Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, en representación del Director en Jefe de dicho registro, y la Encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional Delegación ********************, señalaron que, no se ha liberado la clave respectiva para expedir el título correspondiente. Pues el primero a través del Director General de Asuntos Jurídicos expresó que dicho Registro se desempeña bajo el principio de prelación registral, por lo que el trámite se encuentra en proceso de actividades administrativas conforme a su reglamento. Por su parte, la Encargada estatal expresó que la ejecución del trámite es competencia de la Dirección General de Registro y Control Documental, por lo que por oficio ********************, de veintisiete de abril de dos mil veintidós, remitió la solicitud ********************, a la citada autoridad a fin de que realice la respectiva calificación registral y en su caso la inscripción correspondiente; siendo que a la fecha en que rindió su informe justificado, no contaba con el aludido expediente. En esas condiciones, es pertinente señalar que, de los hechos expuestos en la demanda de garantías y anexos que se acompañan, se evidencia la vulneración del derecho de petición que toda persona tiene reconocido en el artículo 8 de la Carta Magna, que establece lo siguiente: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." La existencia de este derecho es la consecuencia de una exigencia jurídica y social en un régimen de legalidad. Así es, sociológica e históricamente el derecho de petición se revela como la exclusión o negación de la llamada vindicta privada, en cuyo régimen a cada cual le era dable hacerse justicia por su propia mano. La potestad jurídica de petición, cuyo titular es toda persona moral o física se deriva como derecho subjetivo público individual de la garantía respectiva reconocida en el numeral aludido. En esa virtud, la persona tiene la facultad de acudir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud o instancia escrita de cualquier índole, la cual adopta, específicamente, el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso, etc., de suerte que el estado y las autoridades (funcionarios y empleados), en razón a la relación jurídica consignada en el numeral citado, tienen como obligación ya no un deber de carácter negativo o abstención como en la anteriores garantías, sino la ejecución o cumplimiento positivo de un hacer, consistente en dictar un acuerdo escrito a la solicitud que el gobernado eleve. Dicho acuerdo no es sino el parecer que emite el órgano estatal sobre la petición formulada, sin que ello implique que necesariamente deba resolver de conformidad con los términos de la solicitud, sino basta con que sea congruente con dicha instancia. Por lo tanto, una autoridad cumple con la obligación que le impone el mencionado precepto, al dictar un acuerdo expresando por escrito, respecto de la solicitud que se le haya elevado, independientemente del sentido y términos en que esté concebido, y además, que lo haga del conocimiento del solicitante; pero no solamente debe pronunciar dicho acuerdo y notificar su contenido, sino que la respuesta debe ser congruente con lo solicitado. Ciertamente, de la redacción del referido numeral 8 de la Constitución Federal, se desprende que para dar debido cumplimiento a lo preceptuado en el mismo debe reunirse los siguientes requisitos formales: a) A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido. b) Que la respuesta sea congruente con la petición planteada. c) Hacerlo conocer en breve término al peticionario. Por otra parte, respecto a la autorización de apertura de la clave del sistema informático, para que se realice la liberación de la clave del sistema informativo, así como la expedición y entrega del correspondiente título de origen parcelario, cuya omisión reclama la parte peticionaria de amparo, su tramitación se encuentra prevista en los artículos 14, fracción IV, 51, 52, 53 58, 60, 61 y 81 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. De dichos preceptos se advierte que el Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, tiene la facultad y por ende la obligación legal en caso de ser procedente el trámite respectivo, de autorizar la apertura de la clave del sistema informático, para realizar la expedición de los títulos correspondientes. Además, dichos preceptos disponen que a toda solicitud respecto de calificaciones registrales debe recaer una respuesta, en sentido positivo o negativo dentro de un plazo que no excederá de sesenta días naturales contados a partir de la fecha de presentación de la documentación de que se trate; además, la respuesta debe ser integral a la solicitud, siendo que dicha calificación debe ser notificada al interesado. Una vez recaída la calificación, se procederá a realizar el registro correspondiente y cuando sea positiva, a efectuar el asiento en la sección del Folio Agrario de que se trate. Luego, de ello, el Registro expedirá, los certificados parcelarios y de derechos sobre tierras de uso común, así como los títulos de propiedad de origen parcelario, de solar urbano, y el de colonias agrícolas o ganaderas que, conforme a las disposiciones aplicables, hayan adoptado el dominio pleno. En tal virtud, en el caso, al apreciar los hechos y el contexto legal anotado, este órgano de control constitucional reitera que resultan esencialmente fundados los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa en su escrito de demanda y suficientes para concederle el amparo y la protección de la Justicia Federal, en razón de que en resolución de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, dictada por el Registrador Integral del Registro Agrario Nacional, ya se calificó de manera positiva la solicitud número de trámite ********************, relativa a la expedición del título de propiedad de origen parcelario respecto de la parcela ******************** Z1 P-1, del ejido de ********************, ********************, ********************. Además, ha transcurrido en exceso el termino de sesenta días naturales para cumplir a cabalidad con el derecho de petición instado por el quejoso y concluir no sólo con la determinación de la calificativa registral solicitada, sino también con los actos sucesivos consecuentes y concatenados con esa calificación, esto es, realizar el registro correspondiente, en el asiento de la sección del Folio Agrario de que se trate y expedir el certificado parcelario y de derechos sobre tierras de uso común, así como el título de propiedad de origen parcelario, que haya adoptado el dominio pleno, para lo resulta necesario que previamente, se autorice la apertura de la clave del sistema informático, para realizar la inscripción de adopción de dominio pleno, y la expedición del título correspondiente, sin que las responsables lo hayan hecho. Lo anterior, pues ningún sentido práctico tendría que, se haga la calificación positiva, si no se emite el título parcelario respectivo, pues al ser este lo pretendido y la consecuencia legal de la calificación positiva, solo puede considerarse satisfecho el derecho de petición si se llevan a cabo todos esos actos descritos, cuando así lo pida el solicitante. Luego, en el caso, ya se vio que, de las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que la autoridad responsable Director en Jefe del Registro Agrario Nacional con sede en la Ciudad de México, no ha hecho la liberación de clave del sistema informático para la expedición del título de propiedad de la citada parcela a favor del quejoso y evidentemente no se ha llevado a cabo su expedición y entrega, respectivamente, referente a la adopción del dominio pleno de la parcela ******************** Z1 P-1, del ejido de ********************, ********************, ********************, no obstante que, la petición deriva de la solicitud correspondiente con número ********************, la cual fue hecha el veintiséis de abril de dos mil veintidós, ante la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional en ********************, y luego aunque desde que se emitió la resolución de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, ya se hizo la calificación positiva, el trámite de adopción del dominio pleno de la parcela señalada, no concluye con ello, ni está completo, pues hasta en tanto no se expida el título respectivo debidamente inscrito, no se satisface el procedimiento administrativo legalmente previsto para tal efecto. En esos términos, es evidente que las autoridades responsables no han satisfecho el derecho de petición de la parte quejosa, pues mientras no expidan el título respectivo debidamente inscrito de la parcela descrita, cuyo trámite de adopción del dominio pleno, ya obtuvo calificación positiva, no habrá destruido los efectos de la omisión reclamada Por tanto, resulta evidente que la omisión que reclama el peticionario de amparo, deviene en una conducta violatoria del artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conculcando de esta manera el derecho fundamental de la parte quejosa de recibir una respuesta a la petición formulada por escrito, en forma pacífica y congruente, y que ésta se haga de su conocimiento en breve término, vulnerando con ello el derecho subjetivo público de la parte interesada. Ello, pues en el caso, tomando en cuenta lo previsto en los artículos 14, fracción IV, 51, 52, 53 58, 60, 61 y 81 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, es evidente que no se ha materializado la expedición y entrega del título de propiedad, ni previo a ello, se ha hecho la liberación de clave del sistema informático que resulta necesaria para la expedición del título de propiedad de la parcela ******************** Z1 P-1, del ejido de ********************, ********************, ********************, lo que, debía producirse en un plazo que no excediera de sesenta días naturales, contados a partir de la fecha de presentación de la documentación de que se trate. En este caso, debe considerarse que desde que fue emitida la calificación positiva, en resolución de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, ningún impedimento habría para dar continuidad al procedimiento, liberar las claves y concluirlo. Luego, si se toma en cuenta que la petición y documentación de mérito, fueron presentadas ante la responsable, con residencia en esta ciudad de ********************, ********************, el veintiséis de abril de dos mil veintidós y la calificación positiva se emitió el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, entonces a la fecha de la presente audiencia constitucional (veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés), han pasado más de dieciocho meses y siete meses desde que se emitió la calificación negativa, sin que se concluya el procedimiento instado por los quejosos, por tanto, resulta evidente que ha transcurrido en exceso el plazo de los sesenta días naturales que establece el citado precepto 52 del reglamento en comento, para dar respuesta y concluir el tramite relativo a la adopción del dominio pleno de la parcela ******************** Z1 P-1, del ejido de ********************, ********************, ********************, cuyo origen es la solicitud tiene el número ********************, y, por tanto, al no haberse expedido y entregado el título respectivo, es dable concluir que las autoridades responsables no han cumplido con la garantía que reconoce a favor de la parte quejosa el numeral 8 de la Carta Magna. Ello, cuenta habida que dicho precepto garantiza, como derecho fundamental de las personas, que a toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacer conocer ese acuerdo en breve término a la parte peticionaria. Asimismo, es importante destacar que ese derecho constitucional debe tener algún sentido y no ser impreciso, por lo que cuando la petición elevada a la autoridad contiene la solicitud de una conducta de dar o de hacer a la que la peticionaria estima tener derecho, y si esa petición se funda y motiva, la respuesta de la autoridad no debe ser evasiva, o sibilina, limitarse a dar largas al asunto, ni a embrollarlo, como en el caso, que la propias autoridades sólo alegan que se realiza el procedimiento administrativo conforme al reglamento y que atiende a todas las delegaciones del Registro Agrario del País, sin justificar los actos que se están realizando y la demora en el mismo; lo que evidencia que se trata de alegaciones dilatorias sin justificación. Y por lo que respecta a la Delegada en el Estado de ********************, aunque dice que no se le ha devuelto el expediente derivado de la solicitud presentada por los quejosos, lo cierto es tampoco realizó diversas gestiones para concluir el trámite, por lo que una vez liberada la clave, tampoco tendrá impedimento para expedir los títulos respectivos. En efecto, no puede admitirse ese tipo de argumentos de las autoridades responsables, vagos, dilatorios y sin sustento alguno, porque el Director General de Asuntos Jurídicos expresó que dicho Registro se encuentra en proceso de liberación, sin mencionar cuáles son en su caso las acciones que la citada autoridad responsable está realizando y que le impiden liberar la clave respectiva, cuando en términos del artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional le corresponde precisamente al Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, la facultad y por ende la obligación legal al resultar procedente el trámite respectivo, de autorizar la apertura de la clave del sistema informático, para realizar la inscripción del acuerdo de asamblea de adopción de dominio pleno, y la expedición del título correspondiente. Además, no es dable admitir esos argumentos como justificantes de la omisión reclamada, pues de hacerlo implicaría la inaceptable postura de hacer nugatoria el derecho a una respuesta integral, reconocido en el artículo 8 de la Constitución Federal, sobre todo cuando en el caso, han transcurrido más de dieciocho meses desde que se presentó la solicitud y más de seis meses, desde que se emitió la calificación positiva, sin que se concluya el trámite correspondiente, siendo que, el numeral 51 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, es claro al establecer que en los procedimientos se garantizará entre otros el principio de celeridad; de ahí que las autoridades responsables se encuentren obligadas a concluir de inmediato con la tramitación de la solicitud de adopción de dominio pleno de la parcela respectiva, así como liberar la clave conducente para la expedición del título de propiedad respectivo. Además, las autoridades están obligadas a atender el derecho de petición de forma clara y directa sobre la pretensión deducida, ya que los numerales 52 y 53 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, disponen que a toda solicitud debe recaer una respuesta, en sentido positivo o negativo, lo que debe hacer dentro de un plazo que no excederá de sesenta días naturales, además la respuesta debe ser integral a la solicitud, lo que implica concluir el trámite en su totalidad y acorde a lo pedido y circunstancias del caso y por su parte el artículo 60 dispone que las calificaciones registrales y en términos de los artículos 61 y 81, cuando la calificación resulte positiva procede realizar el registro correspondiente, efectuar el asiento en la sección del Folio Agrario de que se trate, expedir, el certificado parcelario y de derechos sobre tierras de uso común, así como el título de propiedad de origen parcelario, que haya adoptado el dominio pleno, esto último que en el caso específico no ha acontecido. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo CXIX, visible a página 1711, que dice textualmente: "PETICIÓN, DERECHO DE. No basta para satisfacer el derecho de petición garantizado por el artículo 8o. de la Constitución, que la autoridad responsable exprese en su informe justificado que comunicó al promovente el resultado de su instancia, mencionando fecha y número del oficio en que dice haberlo hecho, sino justifica la propia responsable esta afirmación en manera alguna ni acredita en autos que efectivamente dio la debida respuesta a la solicitud de que se trata y puso en conocimiento del quejoso el resultado de su gestión." Así como las tesis de la Sexta y Quinta Época, de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en las páginas 87 del Tomo Tercera Parte, II y 165 del Tomo CXIV, respectivamente, del Semanario Judicial de la Federación, de los rubros y textos siguientes: "PETICIÓN, DERECHO DE. A toda petición que se haga, deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario; pero se debe entender, como lo indica la lógica más elemental, que el acuerdo recaído debe ser congruente con la petición formulada." "PETICIÓN, DERECHO DE. El artículo 8o. constitucional no excluye del cumplimiento de los requisitos reglamentarios a las personas que han formulado una solicitud, toda vez que la obligación que dicho precepto legal impone a las autoridades, consiste únicamente en dar una contestación congruente con lo solicitado, mas no en resolver favorablemente a los intereses del solicitante el asunto propuesto a su consideración." También resulta aplicable al caso, la tesis del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página 426, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IV, Noviembre de 1996, Novena Época, que dice: "DERECHO DE PETICIÓN. DEBE ACREDITARSE FEHACIENTEMENTE QUE LA RESPONSABLE NOTIFICÓ EL ACUERDO AL QUEJOSO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL. El artículo 8o. constitucional contiene dos requisitos formales que toda autoridad debe observar con el objeto de cumplir íntegramente con el imperativo constitucional en comento, que son: a) dictar el acuerdo correspondiente y b) que se comunique en breve término ese proveído al interesado conforme a las disposiciones legales que rigen el acto; por tanto, aun cuando llegare a estimarse que la autoridad recurrente cumplió con el primero de los requisitos formales, al turnar el escrito de petición suscrito por el agraviado a la autoridad correspondiente, por tratarse de un asunto de su exclusiva competencia, si no acredita en forma fehaciente que se dio a conocer en breve término el contenido del proveído en cuestión al quejoso, por medio de notificación personal o a través del acuse de recibo del Servicio Postal Mexicano que contenga la firma autógrafa del peticionario de garantías, es evidente que no se dio cabal cumplimiento al segundo requisito formal contenido en la garantía tutelada por el artículo 8o. de la Carta Magna." En mérito de lo antes expuesto, y en virtud de que es evidente que las responsables han transgredido en perjuicio de la quejosa, el derecho de petición reconocido en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es dable otorgarle el amparo y la protección de la Justicia Federal que insta, para los efectos siguientes. SEXTO. Efectos de la protección constitucional. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, todos con sede en la Ciudad de México, y del Delegada del Registro Agrario Nacional en el Estado de ********************, con sede en esta ciudad de ********************, en el ámbito de sus atribuciones, deberán realizar lo siguiente: - Autorizar la liberación de clave del sistema informático para la expedición del título de propiedad de la parcela ******************** Z1 P-1, del ejido de ********************, ********************, ********************, sobre la adopción del dominio pleno a favor de la parte quejosa, así como expedir y entregar el título de propiedad respectivo, cuya solicitud de origen tiene el número ********************. Por lo expuesto y fundado; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, contra el acto que reclamaron del Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, y la Encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional Delegación ********************, con sede en esta ciudad, precisados en el considerando segundo; por las razones expuestas en el considerando quinto y para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de ********************, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el oficio signado por el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual rinde su respectivo informe justificado, sin que sea el caso realizar mayor pronunciamiento toda vez que en proveído de treinta de octubre del año en curso, se acordó lo conducente. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.fpr

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el oficio por el Director de lo Contencioso en suplencia del Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual, en atención al requerimiento de doce de septiembre del presente año, por las razones que expone, solicita la ampliación del termino otorgado a fin de remitir la información requerida, sin que sea el caso realizar mayor pronunciamiento toda vez que en proveído de dieciséis de octubre del año en curso, se acordó lo conducente. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.fpr

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Se tiene por hecha la certificación de cuenta de la que se advierte que del diecinueve al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés, se declararon como días inhábiles con base en las circulares 28/3023 y 29/2023 firmadas por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en los avisos de suspensión de labores, emitidos por los Coordinadores de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, con motivo del paro y las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, agréguese a estos autos el telegrama remitido por el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual rinde su respectivo informe justificado; y, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio con su contenido y relaciónense al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Toda vez que el diecinueve de octubre de este año, estaba señalado para que tuviera verificativo la audiencia constitucional correspondiente, sin que se haya hecho pronunciamiento alguno debido a la declaratoria de días inhábiles por los motivos mencionados; en tal virtud, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento a fin de señalar como fecha para que la celebración de la audiencia constitucional las DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

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