Antonino Almazán Arteaga

Expediente 399/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 18 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
399/2018
Año
2018
Actuaciones
18
Última actuación
11/09/2018

Partes del expediente

  • Antonino Almazán Arteaga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, once de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio, firmada el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos del incidente de suspensión, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado ejecutoria la sentencia señalada en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obre en autos el acuse de recibo relativo al oficio por medio del cual se notificó la resolución de que se trata a las autoridades responsables foráneas, ya que la misma sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar los actos dictados por las autoridades señaladas como responsables. En relación a las autoridades señaladas como responsables, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que éstas sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que es un fallo en el que se sobreseyó en el presente juicio, y que por tanto, no afecta el interés que en un momento determinado pudiera tener la autoridad en que su actos subsistan. Es aplicable al caso, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó tanto la suspensión provisional como definitiva, lo anterior acorde con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    V I S T O S para resolver el presente juicio de amparo número 399/2018-III-B, promovido por ANTONINO ALMAZÁN ARTEAGA, en contra de los actos que reclama del Delegado del Registro Agrario Nacional, Delegación Estatal en Yucatán y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O:************Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 79, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido ANTONINO ALMAZA ARTEAGA, en contra de los actos atribuidos al Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad, así como al Director en Jefe y el Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, ambos con sede en la Ciudad de México, por los motivos expresados en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. NOTIFÍQUESE y regístrese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, uno de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese para los efectos legales correspondientes, el memorial de cuenta signado por el quejoso Antonino Almazán Arteaga, con el que pretende ampliar su demanda de amparo señalando como nueva autoridad al Registrador Integral adscrito a la Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, a la que atribuye el acto que hace consistir en la resolución de veintitrés de enero de dos mil diecisiete, relativa a la calificación registral en sentido negativo que recayó a las solicitudes de expedición de títulos de propiedad de las parcelas 1425, 1426 y 1446 ubicadas en el Ejido Chablekal, Municipio de Mérida. Del análisis de la ampliación de la demanda, permite al suscrito advertir la actualización de una causa indudable de improcedencia, de conformidad con lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, y por ende, se debe desechar la ampliación de la demanda. En efecto, a consideración del suscrito Secretario encargado del despacho, en el caso se actualiza la causal de improcedencia descrita en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso no observó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, pues debió agotar el juicio agrario de nulidad, regulado en los artículos 163 de la Ley Agraria, en relación con el diverso 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. La causa de improcedencia de mérito prevé la inejercibilidad del juicio constitucional contra resoluciones dictadas por autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Lo anterior, debido a que debe cumplirse con lo requerido por los principios rectores del juicio de amparo, siendo uno de éstos el de definitividad que consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional. Dicho principio se encuentra contemplado en la fracción IV del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone la procedencia del juicio de amparo contra actos emitidos por autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo cuya ejecución sea de imposible reparación, una vez agotados los recursos que en su caso procedan; ello, con la finalidad de que hasta en tanto sean adversos los resultados que se obtengan en los recursos ordinarios, no será posible acudir a la Justicia Federal que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa. Ahora bien, los artículos 163 de la Ley Agraria y el diverso 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, disponen: "Artículo 163. Son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en esta ley". "Artículo 18. Los tribunales unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo. Los tribunales unitarios serán competentes para conocer: (.) IV. De juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación". Por su parte, los artículos 22, fracciones I, III, inciso e), 32, fracciones IX y XII, 33, 73 y 74 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, prevén que los Delegados y Registradores, como autoridades pertenecientes al Registro Agrario Nacional, están facultados para ejercer la función registral de los actos y documentos objeto de registro, calificar e inscribir la transmisión de derechos agrarios, cancelar y emitir nuevos certificados de derechos agrarios, en los siguientes términos: "Artículo 22. Las Delegaciones tendrán las siguientes atribuciones: I. Ejercer a través de los registradores la función registral, mediante la calificación, inscripción y la certificación de los asientos de los actos y documentos objeto de registro; [.] III. Calificar e inscribir: [.] e) Los acuerdos contenidos en las actas relativas a la elección o remoción de los órganos ejidales y comunales, así como el otorgamiento de poderes y mandatos". "Artículo 32. Son actos jurídicos que se pueden inscribir los que constituyan, transfieran, modifiquen o extingan derechos y obligaciones respecto de: [.] IX. Los órganos de representación de los Núcleos Agrarios; [.] XII. Los demás actos jurídicos que tengan por objeto crear, modificar, transmitir o extinguir derechos y obligaciones relacionados con las fracciones anteriores". "Artículo 33. El Registrador es el servidor público a quien compete examinar y calificar los actos y documentos que deban inscribirse, así como realizar y autorizar anotaciones, asientos y cancelaciones [.]". "Artículo 73. El Registro efectuará las anotaciones correspondientes de los asientos registrales, cuando así se prevea en la Ley y sus Reglamentos o por resolución judicial". "Artículo 74. La extinción y cancelación de las inscripciones que obran en el Registro, se llevarán a cabo de conformidad con lo establecido en el capítulo relativo del Código Civil Federal de aplicación supletoria". En tales artículos está regulada la procedencia del juicio de nulidad, en lo relativo a las resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación, en la especie, las relativas a la elección de los órganos de representación del núcleo agrario; la competencia para conocer de ellos de los tribunales unitarios agrarios; y, la calificación, inscripción o certificación de los asientos de los actos y documentos objeto de registro. En otras palabras, el juicio agrario fue creado para substanciar y resolver los conflictos en materia de derechos agrarios, así como para buscar la nulidad de resoluciones que crean, modifican, transmitan o extingan un derecho, como lo sería la calificación de inscripción -tanto positiva como negativa-, pues lleva imbíbita la alteración de los integrantes del núcleo agrario; por lo que es claro que quien se vea afectado con tales actuaciones tiene a su alcance plantear la controversia ante el Tribunal Unitario Agrario, para que este determine lo conducente. De ahí que, si la calificación registral de inscripción y, en su caso, lo actuado en el mismo, es susceptible de ser nulificado a través del juicio agrario previsto en los artículos 163 a 169 de la Ley Agraria, es incontrovertible que no es un Juzgado de Distrito quien en este momento deba conocer de dicho acto de autoridad, sino un Tribunal Unitario Agrario, como a continuación se evidenciará. Efectivamente, aun cuando el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios carece de una fracción específica que otorgue competencia a los tribunales unitarios para conocer de un juicio de nulidad de una resolución dictada por el Registro Agrario Nacional, esta atribución se funda en la fracción IV de ese precepto, porque se trata de una resolución emitida por una autoridad agraria en la que se negó una calificación registral, de veintitrés de enero de dos mil diecisiete contra la cual procedía el juicio de nulidad ante el Tribunal Unitario Agrario, al tratarse de una resolución que como ya se dijo, la calificación de inscripción -tanto positiva como negativa- lleva imbíbita la alteración de los integrantes del núcleo agrario. Apoya lo expuesto, por identidad de razón, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Mayo de 2008, Materia: Administrativa, Tesis: 2a./J. 88/2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto y rubro dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE NULIDAD PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA CALIFICACIÓN REGISTRAL NEGATIVA PARA INSCRIBIR UN ACTA DE ASAMBLEA DE EJIDATARIOS EN EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL. CORRESPONDE AL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. Conforme a los artículos 148 de la Ley Agraria, 1o., 14, 25, 55, 56 y 57 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, este es un órgano desconcentrado de la Secretaría de la Reforma Agraria con autonomía técnica y funciones de control de tenencia de la tierra y seguridad documental, en el cual se inscriben los actos jurídicos y documentos agrarios susceptibles de registro, para lo cual, observando el principio de legalidad y en el ámbito de sus atribuciones, los registradores aplican la normativa agraria, pues emiten una resolución debidamente fundada y motivada, en la que califican la inscripción solicitada, mediante el examen de los documentos y actos jurídicos que consten en ellos, para determinar si reúnen los requisitos de forma y fondo legales para su inscripción. Por otra parte, cuando el acto de cuya inscripción se trata no reúne los requisitos de forma y fondo exigidos, su calificación será negativa y, en su contra, acorde con el artículo 63 del Reglamento mencionado, procede el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para que en la misma sede de las autoridades agrarias se verifique su legalidad, conforme al derecho agrario aplicable. En ese sentido, cuando la resolución pronunciada en el citado recurso afecta el derecho del ejido para solicitar la inscripción registral de los acuerdos de su asamblea de ejidatarios, su impugnación tendrá la finalidad de sustanciar, dirimir y resolver una controversia suscitada con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley Agraria y en el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional relativas a la inscripción de actos jurídicos y, por ende, dará origen a la tramitación de un juicio agrario, cuyo conocimiento corresponderá a un Tribunal Unitario Agrario, con fundamento en el artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, conforme al cual debe conocer de los juicios de nulidad promovidos contra resoluciones dictadas por autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación. Con lo anterior, se cumplen los fines del Constituyente y el principio de supremacía establecidos en los artículos 27, fracción XIX y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al elevar a rango constitucional la impartición y administración de justicia a la clase campesina y establecer la competencia originaria de los Tribunales Agrarios, para garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y la pequeña propiedad, así como para resolver, en general, los asuntos de naturaleza agraria, en los cuales se impliquen derechos de los sujetos o entidades pertenecientes a esa clase, como son los ejidos". Cabe acotar que el vocablo "resolución" a que alude la fracción IV del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, no debe entenderse solamente como una resolución en sentido formal que se dicte en materia agraria, es decir, que derive como consecuencia de un determinado procedimiento con todas sus características, sino que también debe abarcar cualquier acto o decisión que emita una autoridad agraria, que sin constituir propiamente una resolución en sentido formal, de hecho constituye una resolución en sentido material porque determina situaciones jurídicas concretas. Lo anterior es comprensible, si se tiene en cuenta que en ocasiones las autoridades emiten actos o acuerdos que sin constituir precisamente una resolución en sentido formal, a través de esos actos o acuerdos alteran, modifican o extinguen un derecho o determinan la existencia de una obligación, como pudiera ser, por ejemplo, la emisión de un plano en materia agraria que modifique uno anterior, que sin ser propiamente una resolución, dado que la expresión de voluntad se hace de manera gráfica, esa decisión de hecho afecta situaciones jurídicas concretas y lo determinante es que en ese acto o resolución se plasme la voluntad de la autoridad agraria. Esto es, para que proceda el juicio de nulidad en términos de la fracción IV del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, es suficiente que el acto o resolución cuya nulidad se demandó haya sido emitido por una autoridad agraria y, necesariamente, que este acto altere, modifique o extinga un derecho, o bien, haya determinado la existencia de una obligación. En consecuencia, si el acto de la autoridad agraria define o da certeza a una situación legal o administrativa, y en ejercicio de su potestad, crea, reconoce, modifica o extingue algún derecho en materia agraria, y dicha autoridad puede imponerla y ejecutarla aun en contra de la voluntad de los gobernados, ese acto es una resolución, y como consecuencia de ésta, deben conocer y tienen competencia para su nulidad, los tribunales unitarios agrarios, de conformidad con el artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Octubre de 1999. Materia Administrativa. Tesis: 2a./J. 109/99. Página 462, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "REVISIÓN EN MATERIA AGRARIA. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 198, FRACCIÓN III, DE LA LEY AGRARIA Y 18, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA, PROCEDE EN CONTRA DE SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS QUE RESUELVAN SOBRE LA NULIDAD DE ACTOS Y RESOLUCIONES DE LAS AUTORIDADES AGRARIAS. Al establecer el artículo 198, fracción III, de la Ley Agraria, que el recurso de revisión procede en contra de la sentencia de los Tribunales Unitarios Agrarios, que resuelvan en primera instancia sobre la nulidad de "resoluciones" emitidas por las autoridades en materia agraria, el término conceptual "resoluciones" no debe entenderse en sentido formal, esto es, como aquellas que definen o concluyen un procedimiento administrativo, sino en el sentido amplio que se deduce del artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios que, al fijar la competencia de los Tribunales Unitarios de la materia, se la otorgan para conocer de juicios de nulidad contra resoluciones de autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación. Por tanto, cualquier tipo de resolución o acuerdo, o inclusive un acto que altere, modifique o extinga un derecho o determine la existencia de una obligación, es susceptible de ser impugnado en juicio de nulidad". Luego, cabe señalar además, que para la procedencia del juicio de amparo, no se está en el caso de que la Ley Agraria exija mayores requisitos para la suspensión del acto reclamado, dado que el artículo 166 de la citada ley, establece: "Artículo 166. Los tribunales agrarios proveerán las diligencias precautorias necesarias para proteger a los interesados. Asimismo, podrán acordar la suspensión del acto de autoridad en materia agraria que pudiere afectarlos en tanto se resuelve en definitiva. La suspensión se regulará aplicando en lo conducente lo dispuesto en el Libro Primero, Título Segundo, Capítulo III de la Ley de Amparo. En la aplicación de las disposiciones de ese ordenamiento para efectos de la suspensión del acto de autoridad en materia agraria, los tribunales agrarios considerarán las condiciones socioeconómicas de los interesados para el establecimiento de la garantía inherente a la reparación del daño e indemnización que pudiere causarse con la suspensión, si la sentencia no fuere favorable para el quejoso". De dicho precepto se desprende que la suspensión del acto reclamado remite a lo señalado en la Ley de Amparo, lo que posibilita la restitución del accionante en el goce de sus derechos por los tribunales agrarios, ya que están autorizados para acordar sobre la suspensión de los actos que puedan afectar a los interesados hasta en tanto se resuelva el negocio en definitiva. Por ello, el tribunal agrario que conozca del asunto puede decretar la suspensión de oficio, con lo cual el titular podrá ordenar la suspensión de plano, en el mismo auto en que admita la demanda, comunicándola sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento; podrá decretar que las cosas se mantengan en el estado que guardan, para lo cual tomará las medidas pertinentes para evitar la consumación de los actos de autoridad impugnados; o en su caso, podrá conceder la suspensión de oficio sin establecer garantía alguna para el promovente. Dicho argumento se robustece con la tesis de la Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Administrativa, tesis 2a. XXV/2009, Página 475, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "JUICIO AGRARIO. CARACTERÍSTICAS DE LA SUSPENSIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 166 DE LA LEY AGRARIA. Cuando en términos del mencionado precepto deba suspenderse la actuación de alguna autoridad aplicando la Ley de Amparo, se presentan las siguientes particularidades: a) No deben invocarse ordenamientos diversos a esa ley para los casos de su procedencia y las condiciones en que se otorgue; b) Puede decretarse la suspensión en el mismo acuerdo admisorio, o bien, formar un cuaderno incidental para decretar la suspensión provisional y, previos los informes recabados, la suspensión definitiva; c) El Magistrado Agrario debe actuar en función de la problemática que presenta cada caso concreto, a fin de lograr que el acto de autoridad impugnado se suspenda en sus consecuencias, sin causar afectaciones irreparables a quienes intervienen en la contienda; y, d) Al no existir recursos ordinarios o medios de defensa dentro de la Ley Agraria para controvertir estas determinaciones, pueden impugnarse en amparo indirecto, conforme a la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo. Por otro lado, el precepto primeramente citado, al remitir el legislador al Libro Primero, Título Segundo, Capítulo III, de la Ley de Amparo para decretar la suspensión del acto de autoridad, excluye la posibilidad de que se apliquen las disposiciones del Libro Segundo que dicha ley prevé para los juicios de garantías en materia agraria, entre los cuales se encuentran sus artículos 233 y 234; sin embargo, tal circunstancia no impide que al recibir la demanda del juicio agrario en el que se impugne un acto de autoridad que, si llegare a consumarse, haga físicamente imposible restituir al promovente en el goce de su derecho reclamado, el Tribunal Agrario pueda decretar la suspensión de oficio de ese acto, invocando para ello el artículo 123 de la Ley de Amparo, cuya aplicación está permitida, y con base en el cual podrá: 1. Decretar la suspensión de plano, en el mismo auto en que admita la demanda, comunicándola sin demora a la autoridad responsable para su inmediato cumplimiento; 2. Ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden, tomando las medidas pertinentes para evitar la consumación de los actos de autoridad impugnados; y, 3. Conceder la referida suspensión de oficio sin establecer garantía alguna para el promovente, dado que la Ley de Amparo sólo la prevé para la suspensión a petición de parte". Al respecto, no pasa inadvertido que el artículo 166 de la Ley Agraria remite para otorgar la suspensión a lo dispuesto en el Libro Primero, Título Segundo, Capítulo III, de la Ley de Amparo, y que por otra parte, la tesis 2a. XXV/2009 (transcrita) hace referencia a los artículos 233 y 234 de ese ordenamiento, los cuales ya no se encuentran vigentes debido a que el dos de abril de dos mil trece, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una nueva Ley Reglamentaria de los artículos 105 y 107 de la Constitución Federal, pero cabe señalar que no obstante dicha reforma a la citada Ley de Amparo, conforme con lo establecido en el artículo sexto transitorio de ese ordenamiento, la jurisprudencia integrada en concordancia con la ley anterior continúa en vigor en lo que no se oponga a la ley vigente, por tanto, el criterio contenido en la tesis en mención sigue siendo aplicable en el presente asunto. Conforme con los argumentos antes expuestos, es claro que la parte peticionaria de amparo, antes de instar la protección constitucional contra el nuevo acto, estaba obligada a acatar el principio de definitividad supracitado, esto es, debía agotar el recurso o medio de defensa ordinario que hubiera tenido como efecto el de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado, obteniendo así remedio a las eventuales violaciones cometidas en su perjuicio, concretamente, el juicio de nulidad ante el Tribunal Unitario Agrario, lo que pone de manifiesto que, en el caso concreto, se materializa el supuesto de improcedencia a que se refiere la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Además de que el juicio de nulidad que regulan los artículos 163 de la Ley Agraria, en relación con los diversos 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y 32 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, también se constituye como un recurso sencillo, rápido y efectivo, con lo que se cumple el principio de efectividad que exige el derecho fundamental de impartición de justicia previsto en el artículo 17 Constitucional, pues sólo se puede considerar que un recurso no es efectivo cuando se prevean trabas legales injustificadas o que de alguna manera se impida a los gobernados el acceso real a un órgano jurisdiccional que dirima sus controversias, lo que no sucede con el juicio de nulidad, dado que también es hecho que ese órgano jurisdiccional tiene la responsabilidad de impartir justicia en la forma establecida por la ley. Finalmente, cabe señalar, que no se está en posibilidad de aplicar el principio de suplencia de la queja, ya que atender a esa institución constitucional, no implica llegar al extremo de hacer procedente el juicio, cuando, como en el caso, quedó evidenciado que no se agotó el medio de defensa previsto en la ley, mediante el cual se pudo haber modificado o anulado el acto reclamado. Al respecto, ilustra en lo que es aplicable, la jurisprudencia: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA AGRARIA. NO DEBE LLEGAR AL EXTREMO DE ACEPTAR LA PROCEDENCIA DE UN RECURSO NO PREVISTO POR LA LEY. Si bien el artículo 76 Bis, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 227 del mismo ordenamiento legal, establecen entre otras hipótesis, que las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como de los agravios formulados en los recursos en materia agraria, cuando lo expresen las entidades o individuos que menciona el artículo 212, dicha suplencia no debe llegar al extremo de aceptar la procedencia de un recurso no previsto por la Ley". Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha la ampliación de la demanda de amparo. Finalmente, En mérito de lo anterior, se difiere anticipadamente la audiencia programada para las diez horas con diez minutos del seis de agosto del año en curso, señalándose como nueva fecha y hora para su celebración las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Ello es así, toda vez que el diferimiento anticipado de la audiencia constitucional no constituye una violación procesal en perjuicio de las partes, máxime que el propósito de tal aplazamiento se traduce en que aún se encuentran realizando los trámites pertinentes a fin de que obre correcta y completamente integrado el juicio y así poder resolver el fondo del asunto, lo que es acorde con el derecho fundamental de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional; de ahí que a nada práctico conduciría esperar a la fecha de celebración de la audiencia constitucional para determinar su diferimiento, si en el caso es evidente que la misma en el corto plazo que existe entre la presente y aquélla, sería imposible materialmente que se cumpliera la anteriormente ordenada. Sustenta lo anterior, por analogía jurídica, la tesis Décima Época, Registro 2002712, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, Materia(s): Común, Tesis: I.5o.C.1 K (10a.), Página: 1322, de rubro y texto siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SU DIFERIMIENTO ANTICIPADO OFICIOSAMENTE NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL EN PERJUICIO DE LAS PARTES. Si con motivo de diversas constancias enviadas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, el Juez de Distrito, oficiosamente y antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, dejó sin efectos dicho señalamiento y fijó nuevas fecha y hora para esos fines, tal proceder es legal si con ello se concede otra vez el término de ocho días previsto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de las constancias remitidas por la autoridad responsable y, por ello, cuentan con la oportunidad suficiente, en términos del artículo 151 del mismo ordenamiento, para ofrecer las pruebas que estimen pertinentes para desvirtuar el informe justificado y las constancias correspondientes. Por ello, el diferimiento anticipado de la audiencia constitucional no constituye una violación procesal en perjuicio de las partes, máxime que el propósito de tal aplazamiento se traduce en que éstas cuenten con todo el término y la oportunidad de rendir sus pruebas, de manera que sería inútil esperar los días faltantes para la celebración de la primera audiencia, si el juzgador de Distrito ya observó que a la llegada de ese día deberá marcar nueva hora y día para la respectiva celebración. De esa manera, con tal proceder el Juez Federal impide una probable reposición del procedimiento y genera un mayor beneficio al reiniciar el tiempo en que las partes pueden conocer los términos del informe justificado, preparar y ofrecer las pruebas que estimen pertinentes; lo cual es acorde con el derecho fundamental de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, y con los fines del artículo 157 de la Ley de Amparo, el cual prevé que los Jueces de Distrito cuidarán que los juicios respectivos no queden paralizados." Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, uno de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese para los efectos legales correspondientes, el memorial de cuenta signado por el quejoso Antonino Almazán Arteaga, con el que pretende ampliar su demanda de amparo señalando como nueva autoridad al Registrador Integral adscrito a la Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, a la que atribuye el acto que hace consistir en la resolución de veintitrés de enero de dos mil diecisiete, relativa a la calificación registral en sentido negativo que recayó a las solicitudes de expedición de títulos de propiedad de las parcelas 1425, 1426 y 1446 ubicadas en el Ejido Chablekal, Municipio de Mérida. Del análisis de la ampliación de la demanda, permite al suscrito advertir la actualización de una causa indudable de improcedencia, de conformidad con lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, y por ende, se debe desechar la ampliación de la demanda. En efecto, a consideración del suscrito Secretario encargado del despacho, en el caso se actualiza la causal de improcedencia descrita en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso no observó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, pues debió agotar el juicio agrario de nulidad, regulado en los artículos 163 de la Ley Agraria, en relación con el diverso 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. La causa de improcedencia de mérito prevé la inejercibilidad del juicio constitucional contra resoluciones dictadas por autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Lo anterior, debido a que debe cumplirse con lo requerido por los principios rectores del juicio de amparo, siendo uno de éstos el de definitividad que consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional. Dicho principio se encuentra contemplado en la fracción IV del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone la procedencia del juicio de amparo contra actos emitidos por autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo cuya ejecución sea de imposible reparación, una vez agotados los recursos que en su caso procedan; ello, con la finalidad de que hasta en tanto sean adversos los resultados que se obtengan en los recursos ordinarios, no será posible acudir a la Justicia Federal que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa. Ahora bien, los artículos 163 de la Ley Agraria y el diverso 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, disponen: "Artículo 163. Son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en esta ley". "Artículo 18. Los tribunales unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo. Los tribunales unitarios serán competentes para conocer: (.) IV. De juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación". Por su parte, los artículos 22, fracciones I, III, inciso e), 32, fracciones IX y XII, 33, 73 y 74 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, prevén que los Delegados y Registradores, como autoridades pertenecientes al Registro Agrario Nacional, están facultados para ejercer la función registral de los actos y documentos objeto de registro, calificar e inscribir la transmisión de derechos agrarios, cancelar y emitir nuevos certificados de derechos agrarios, en los siguientes términos: "Artículo 22. Las Delegaciones tendrán las siguientes atribuciones: I. Ejercer a través de los registradores la función registral, mediante la calificación, inscripción y la certificación de los asientos de los actos y documentos objeto de registro; [.] III. Calificar e inscribir: [.] e) Los acuerdos contenidos en las actas relativas a la elección o remoción de los órganos ejidales y comunales, así como el otorgamiento de poderes y mandatos". "Artículo 32. Son actos jurídicos que se pueden inscribir los que constituyan, transfieran, modifiquen o extingan derechos y obligaciones respecto de: [.] IX. Los órganos de representación de los Núcleos Agrarios; [.] XII. Los demás actos jurídicos que tengan por objeto crear, modificar, transmitir o extinguir derechos y obligaciones relacionados con las fracciones anteriores". "Artículo 33. El Registrador es el servidor público a quien compete examinar y calificar los actos y documentos que deban inscribirse, así como realizar y autorizar anotaciones, asientos y cancelaciones [.]". "Artículo 73. El Registro efectuará las anotaciones correspondientes de los asientos registrales, cuando así se prevea en la Ley y sus Reglamentos o por resolución judicial". "Artículo 74. La extinción y cancelación de las inscripciones que obran en el Registro, se llevarán a cabo de conformidad con lo establecido en el capítulo relativo del Código Civil Federal de aplicación supletoria". En tales artículos está regulada la procedencia del juicio de nulidad, en lo relativo a las resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación, en la especie, las relativas a la elección de los órganos de representación del núcleo agrario; la competencia para conocer de ellos de los tribunales unitarios agrarios; y, la calificación, inscripción o certificación de los asientos de los actos y documentos objeto de registro. En otras palabras, el juicio agrario fue creado para substanciar y resolver los conflictos en materia de derechos agrarios, así como para buscar la nulidad de resoluciones que crean, modifican, transmitan o extingan un derecho, como lo sería la calificación de inscripción -tanto positiva como negativa-, pues lleva imbíbita la alteración de los integrantes del núcleo agrario; por lo que es claro que quien se vea afectado con tales actuaciones tiene a su alcance plantear la controversia ante el Tribunal Unitario Agrario, para que este determine lo conducente. De ahí que, si la calificación registral de inscripción y, en su caso, lo actuado en el mismo, es susceptible de ser nulificado a través del juicio agrario previsto en los artículos 163 a 169 de la Ley Agraria, es incontrovertible que no es un Juzgado de Distrito quien en este momento deba conocer de dicho acto de autoridad, sino un Tribunal Unitario Agrario, como a continuación se evidenciará. Efectivamente, aun cuando el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios carece de una fracción específica que otorgue competencia a los tribunales unitarios para conocer de un juicio de nulidad de una resolución dictada por el Registro Agrario Nacional, esta atribución se funda en la fracción IV de ese precepto, porque se trata de una resolución emitida por una autoridad agraria en la que se negó una calificación registral, de veintitrés de enero de dos mil diecisiete contra la cual procedía el juicio de nulidad ante el Tribunal Unitario Agrario, al tratarse de una resolución que como ya se dijo, la calificación de inscripción -tanto positiva como negativa- lleva imbíbita la alteración de los integrantes del núcleo agrario. Apoya lo expuesto, por identidad de razón, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Mayo de 2008, Materia: Administrativa, Tesis: 2a./J. 88/2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto y rubro dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE NULIDAD PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA CALIFICACIÓN REGISTRAL NEGATIVA PARA INSCRIBIR UN ACTA DE ASAMBLEA DE EJIDATARIOS EN EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL. CORRESPONDE AL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. Conforme a los artículos 148 de la Ley Agraria, 1o., 14, 25, 55, 56 y 57 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, este es un órgano desconcentrado de la Secretaría de la Reforma Agraria con autonomía técnica y funciones de control de tenencia de la tierra y seguridad documental, en el cual se inscriben los actos jurídicos y documentos agrarios susceptibles de registro, para lo cual, observando el principio de legalidad y en el ámbito de sus atribuciones, los registradores aplican la normativa agraria, pues emiten una resolución debidamente fundada y motivada, en la que califican la inscripción solicitada, mediante el examen de los documentos y actos jurídicos que consten en ellos, para determinar si reúnen los requisitos de forma y fondo legales para su inscripción. Por otra parte, cuando el acto de cuya inscripción se trata no reúne los requisitos de forma y fondo exigidos, su calificación será negativa y, en su contra, acorde con el artículo 63 del Reglamento mencionado, procede el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para que en la misma sede de las autoridades agrarias se verifique su legalidad, conforme al derecho agrario aplicable. En ese sentido, cuando la resolución pronunciada en el citado recurso afecta el derecho del ejido para solicitar la inscripción registral de los acuerdos de su asamblea de ejidatarios, su impugnación tendrá la finalidad de sustanciar, dirimir y resolver una controversia suscitada con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley Agraria y en el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional relativas a la inscripción de actos jurídicos y, por ende, dará origen a la tramitación de un juicio agrario, cuyo conocimiento corresponderá a un Tribunal Unitario Agrario, con fundamento en el artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, conforme al cual debe conocer de los juicios de nulidad promovidos contra resoluciones dictadas por autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación. Con lo anterior, se cumplen los fines del Constituyente y el principio de supremacía establecidos en los artículos 27, fracción XIX y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al elevar a rango constitucional la impartición y administración de justicia a la clase campesina y establecer la competencia originaria de los Tribunales Agrarios, para garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y la pequeña propiedad, así como para resolver, en general, los asuntos de naturaleza agraria, en los cuales se impliquen derechos de los sujetos o entidades pertenecientes a esa clase, como son los ejidos". Cabe acotar que el vocablo "resolución" a que alude la fracción IV del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, no debe entenderse solamente como una resolución en sentido formal que se dicte en materia agraria, es decir, que derive como consecuencia de un determinado procedimiento con todas sus características, sino que también debe abarcar cualquier acto o decisión que emita una autoridad agraria, que sin constituir propiamente una resolución en sentido formal, de hecho constituye una resolución en sentido material porque determina situaciones jurídicas concretas. Lo anterior es comprensible, si se tiene en cuenta que en ocasiones las autoridades emiten actos o acuerdos que sin constituir precisamente una resolución en sentido formal, a través de esos actos o acuerdos alteran, modifican o extinguen un derecho o determinan la existencia de una obligación, como pudiera ser, por ejemplo, la emisión de un plano en materia agraria que modifique uno anterior, que sin ser propiamente una resolución, dado que la expresión de voluntad se hace de manera gráfica, esa decisión de hecho afecta situaciones jurídicas concretas y lo determinante es que en ese acto o resolución se plasme la voluntad de la autoridad agraria. Esto es, para que proceda el juicio de nulidad en términos de la fracción IV del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, es suficiente que el acto o resolución cuya nulidad se demandó haya sido emitido por una autoridad agraria y, necesariamente, que este acto altere, modifique o extinga un derecho, o bien, haya determinado la existencia de una obligación. En consecuencia, si el acto de la autoridad agraria define o da certeza a una situación legal o administrativa, y en ejercicio de su potestad, crea, reconoce, modifica o extingue algún derecho en materia agraria, y dicha autoridad puede imponerla y ejecutarla aun en contra de la voluntad de los gobernados, ese acto es una resolución, y como consecuencia de ésta, deben conocer y tienen competencia para su nulidad, los tribunales unitarios agrarios, de conformidad con el artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Octubre de 1999. Materia Administrativa. Tesis: 2a./J. 109/99. Página 462, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "REVISIÓN EN MATERIA AGRARIA. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 198, FRACCIÓN III, DE LA LEY AGRARIA Y 18, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA, PROCEDE EN CONTRA DE SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS QUE RESUELVAN SOBRE LA NULIDAD DE ACTOS Y RESOLUCIONES DE LAS AUTORIDADES AGRARIAS. Al establecer el artículo 198, fracción III, de la Ley Agraria, que el recurso de revisión procede en contra de la sentencia de los Tribunales Unitarios Agrarios, que resuelvan en primera instancia sobre la nulidad de "resoluciones" emitidas por las autoridades en materia agraria, el término conceptual "resoluciones" no debe entenderse en sentido formal, esto es, como aquellas que definen o concluyen un procedimiento administrativo, sino en el sentido amplio que se deduce del artículo 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios que, al fijar la competencia de los Tribunales Unitarios de la materia, se la otorgan para conocer de juicios de nulidad contra resoluciones de autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación. Por tanto, cualquier tipo de resolución o acuerdo, o inclusive un acto que altere, modifique o extinga un derecho o determine la existencia de una obligación, es susceptible de ser impugnado en juicio de nulidad". Luego, cabe señalar además, que para la procedencia del juicio de amparo, no se está en el caso de que la Ley Agraria exija mayores requisitos para la suspensión del acto reclamado, dado que el artículo 166 de la citada ley, establece: "Artículo 166. Los tribunales agrarios proveerán las diligencias precautorias necesarias para proteger a los interesados. Asimismo, podrán acordar la suspensión del acto de autoridad en materia agraria que pudiere afectarlos en tanto se resuelve en definitiva. La suspensión se regulará aplicando en lo conducente lo dispuesto en el Libro Primero, Título Segundo, Capítulo III de la Ley de Amparo. En la aplicación de las disposiciones de ese ordenamiento para efectos de la suspensión del acto de autoridad en materia agraria, los tribunales agrarios considerarán las condiciones socioeconómicas de los interesados para el establecimiento de la garantía inherente a la reparación del daño e indemnización que pudiere causarse con la suspensión, si la sentencia no fuere favorable para el quejoso". De dicho precepto se desprende que la suspensión del acto reclamado remite a lo señalado en la Ley de Amparo, lo que posibilita la restitución del accionante en el goce de sus derechos por los tribunales agrarios, ya que están autorizados para acordar sobre la suspensión de los actos que puedan afectar a los interesados hasta en tanto se resuelva el negocio en definitiva. Por ello, el tribunal agrario que conozca del asunto puede decretar la suspensión de oficio, con lo cual el titular podrá ordenar la suspensión de plano, en el mismo auto en que admita la demanda, comunicándola sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento; podrá decretar que las cosas se mantengan en el estado que guardan, para lo cual tomará las medidas pertinentes para evitar la consumación de los actos de autoridad impugnados; o en su caso, podrá conceder la suspensión de oficio sin establecer garantía alguna para el promovente. Dicho argumento se robustece con la tesis de la Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Administrativa, tesis 2a. XXV/2009, Página 475, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "JUICIO AGRARIO. CARACTERÍSTICAS DE LA SUSPENSIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 166 DE LA LEY AGRARIA. Cuando en términos del mencionado precepto deba suspenderse la actuación de alguna autoridad aplicando la Ley de Amparo, se presentan las siguientes particularidades: a) No deben invocarse ordenamientos diversos a esa ley para los casos de su procedencia y las condiciones en que se otorgue; b) Puede decretarse la suspensión en el mismo acuerdo admisorio, o bien, formar un cuaderno incidental para decretar la suspensión provisional y, previos los informes recabados, la suspensión definitiva; c) El Magistrado Agrario debe actuar en función de la problemática que presenta cada caso concreto, a fin de lograr que el acto de autoridad impugnado se suspenda en sus consecuencias, sin causar afectaciones irreparables a quienes intervienen en la contienda; y, d) Al no existir recursos ordinarios o medios de defensa dentro de la Ley Agraria para controvertir estas determinaciones, pueden impugnarse en amparo indirecto, conforme a la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo. Por otro lado, el precepto primeramente citado, al remitir el legislador al Libro Primero, Título Segundo, Capítulo III, de la Ley de Amparo para decretar la suspensión del acto de autoridad, excluye la posibilidad de que se apliquen las disposiciones del Libro Segundo que dicha ley prevé para los juicios de garantías en materia agraria, entre los cuales se encuentran sus artículos 233 y 234; sin embargo, tal circunstancia no impide que al recibir la demanda del juicio agrario en el que se impugne un acto de autoridad que, si llegare a consumarse, haga físicamente imposible restituir al promovente en el goce de su derecho reclamado, el Tribunal Agrario pueda decretar la suspensión de oficio de ese acto, invocando para ello el artículo 123 de la Ley de Amparo, cuya aplicación está permitida, y con base en el cual podrá: 1. Decretar la suspensión de plano, en el mismo auto en que admita la demanda, comunicándola sin demora a la autoridad responsable para su inmediato cumplimiento; 2. Ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden, tomando las medidas pertinentes para evitar la consumación de los actos de autoridad impugnados; y, 3. Conceder la referida suspensión de oficio sin establecer garantía alguna para el promovente, dado que la Ley de Amparo sólo la prevé para la suspensión a petición de parte". Al respecto, no pasa inadvertido que el artículo 166 de la Ley Agraria remite para otorgar la suspensión a lo dispuesto en el Libro Primero, Título Segundo, Capítulo III, de la Ley de Amparo, y que por otra parte, la tesis 2a. XXV/2009 (transcrita) hace referencia a los artículos 233 y 234 de ese ordenamiento, los cuales ya no se encuentran vigentes debido a que el dos de abril de dos mil trece, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una nueva Ley Reglamentaria de los artículos 105 y 107 de la Constitución Federal, pero cabe señalar que no obstante dicha reforma a la citada Ley de Amparo, conforme con lo establecido en el artículo sexto transitorio de ese ordenamiento, la jurisprudencia integrada en concordancia con la ley anterior continúa en vigor en lo que no se oponga a la ley vigente, por tanto, el criterio contenido en la tesis en mención sigue siendo aplicable en el presente asunto. Conforme con los argumentos antes expuestos, es claro que la parte peticionaria de amparo, antes de instar la protección constitucional contra el nuevo acto, estaba obligada a acatar el principio de definitividad supracitado, esto es, debía agotar el recurso o medio de defensa ordinario que hubiera tenido como efecto el de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado, obteniendo así remedio a las eventuales violaciones cometidas en su perjuicio, concretamente, el juicio de nulidad ante el Tribunal Unitario Agrario, lo que pone de manifiesto que, en el caso concreto, se materializa el supuesto de improcedencia a que se refiere la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Además de que el juicio de nulidad que regulan los artículos 163 de la Ley Agraria, en relación con los diversos 18, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y 32 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, también se constituye como un recurso sencillo, rápido y efectivo, con lo que se cumple el principio de efectividad que exige el derecho fundamental de impartición de justicia previsto en el artículo 17 Constitucional, pues sólo se puede considerar que un recurso no es efectivo cuando se prevean trabas legales injustificadas o que de alguna manera se impida a los gobernados el acceso real a un órgano jurisdiccional que dirima sus controversias, lo que no sucede con el juicio de nulidad, dado que también es hecho que ese órgano jurisdiccional tiene la responsabilidad de impartir justicia en la forma establecida por la ley. Finalmente, cabe señalar, que no se está en posibilidad de aplicar el principio de suplencia de la queja, ya que atender a esa institución constitucional, no implica llegar al extremo de hacer procedente el juicio, cuando, como en el caso, quedó evidenciado que no se agotó el medio de defensa previsto en la ley, mediante el cual se pudo haber modificado o anulado el acto reclamado. Al respecto, ilustra en lo que es aplicable, la jurisprudencia: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA AGRARIA. NO DEBE LLEGAR AL EXTREMO DE ACEPTAR LA PROCEDENCIA DE UN RECURSO NO PREVISTO POR LA LEY. Si bien el artículo 76 Bis, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 227 del mismo ordenamiento legal, establecen entre otras hipótesis, que las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como de los agravios formulados en los recursos en materia agraria, cuando lo expresen las entidades o individuos que menciona el artículo 212, dicha suplencia no debe llegar al extremo de aceptar la procedencia de un recurso no previsto por la Ley". Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha la ampliación de la demanda de amparo. Finalmente, En mérito de lo anterior, se difiere anticipadamente la audiencia programada para las diez horas con diez minutos del seis de agosto del año en curso, señalándose como nueva fecha y hora para su celebración las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Ello es así, toda vez que el diferimiento anticipado de la audiencia constitucional no constituye una violación procesal en perjuicio de las partes, máxime que el propósito de tal aplazamiento se traduce en que aún se encuentran realizando los trámites pertinentes a fin de que obre correcta y completamente integrado el juicio y así poder resolver el fondo del asunto, lo que es acorde con el derecho fundamental de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional; de ahí que a nada práctico conduciría esperar a la fecha de celebración de la audiencia constitucional para determinar su diferimiento, si en el caso es evidente que la misma en el corto plazo que existe entre la presente y aquélla, sería imposible materialmente que se cumpliera la anteriormente ordenada. Sustenta lo anterior, por analogía jurídica, la tesis Décima Época, Registro 2002712, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, Materia(s): Común, Tesis: I.5o.C.1 K (10a.), Página: 1322, de rubro y texto siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SU DIFERIMIENTO ANTICIPADO OFICIOSAMENTE NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL EN PERJUICIO DE LAS PARTES. Si con motivo de diversas constancias enviadas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, el Juez de Distrito, oficiosamente y antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, dejó sin efectos dicho señalamiento y fijó nuevas fecha y hora para esos fines, tal proceder es legal si con ello se concede otra vez el término de ocho días previsto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de las constancias remitidas por la autoridad responsable y, por ello, cuentan con la oportunidad suficiente, en términos del artículo 151 del mismo ordenamiento, para ofrecer las pruebas que estimen pertinentes para desvirtuar el informe justificado y las constancias correspondientes. Por ello, el diferimiento anticipado de la audiencia constitucional no constituye una violación procesal en perjuicio de las partes, máxime que el propósito de tal aplazamiento se traduce en que éstas cuenten con todo el término y la oportunidad de rendir sus pruebas, de manera que sería inútil esperar los días faltantes para la celebración de la primera audiencia, si el juzgador de Distrito ya observó que a la llegada de ese día deberá marcar nueva hora y día para la respectiva celebración. De esa manera, con tal proceder el Juez Federal impide una probable reposición del procedimiento y genera un mayor beneficio al reiniciar el tiempo en que las partes pueden conocer los términos del informe justificado, preparar y ofrecer las pruebas que estimen pertinentes; lo cual es acorde con el derecho fundamental de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, y con los fines del artículo 157 de la Ley de Amparo, el cual prevé que los Jueces de Distrito cuidarán que los juicios respectivos no queden paralizados." Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa y cúmplase. SE NOTIFICA AL QUEJOSO DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.

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