Antonia Vejar Hernández

Expediente 965/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero. 11 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
965/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
31/05/2023

Partes del expediente

  • Antonia Vejar Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    ... requiérase a la autoridad responsable, para que en el término de tres días siguientes a la notificación del presente proveído, informe el estado procesal que guarda el expediente laboral número 00917/2018, a efecto de tener conocimiento de si ya fue dictado el auto admisorio de pruebas, remitiendo copia certificada de las constancias con las que avale su dicho. Apercibida...

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio número 2206 y su anexo, signado por la Presidenta de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en representación de dicho órgano laboral, mediante el cual entre otras constancias remite copia certificada de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de uno de marzo del presente año, de la que se advierte que una vez desahogada la misma se reservó el derecho para emitir con posterioridad el auto admisorio de pruebas, en el en el expediente laboral 00917/2018 de su índice; por lo tanto, estése a la espera de lo que con posterioridad informe la Junta responsable.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero, tres de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y advirtiéndose de la certificación que antecede que ni la parte quejosa, ni la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, así como tampoco las autoridades responsables, interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal que establece el dispositivo 86 de la Ley de Amparo, en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo por este Juzgado Federal; con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, se declara que la aludida sentencia concesoria ha causado ejecutoria, dese aviso a las autoridades responsables y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Ahora bien, del contenido de la sentencia dictada en el juicio en que se actúa, se desprende que los efectos de la protección constitucional son los siguientes: "Lo anterior da pauta a conceder el amparo y protección que de la Justicia Federal se demanda, para el efecto de que la autoridad responsable Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, dentro del término de tres días siguientes a la notificación del auto que declare ejecutoriada esta sentencia, en el supuesto de que no desahogue la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas programada para las diez horas con cuarenta y cinco minutos del uno de febrero del presente año, de inmediato programe una fecha cercana, dentro del plazo legal y provea lo que proceda de manera eficaz para que se desahogue, haciendo uso de los mecanismos que la ley pone a su alcance para lograr el cumplimiento de sus determinaciones, incluidos los medios de apremio y las correcciones disciplinarias. Lo anterior, con el apercibimiento para la autoridad responsable que de persistir en su conducta omisiva, o no cumplir en sus términos el mandato legal indicado, se dará vista al Ministerio Público, para que en el ejercicio de sus funciones inicie la indagación respectiva y recabe los elementos necesarios para la integración de la carpeta de investigación por hechos que pueden ser constitutivos de delito contra la administración de justicia cometido por el servidor público correspondiente, en términos del artículo 269 del Código Penal del Estado de Guerrero. En ese contexto, se levanta la reserva de tres de febrero del año en curso, y en atención al contenido del oficio número 731, signado por la Presidenta de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en representación de dicho órgano laboral, y anexo que acompaña, mediante el cual remite copia certificada de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de uno de febrero del presente año, de la que se advierte que por los motivos que expone, se fijaron las once horas con cuarenta y cinco minutos del uno de marzo de dos mil veintitrés, para la continuación de la misma. De igual forma, allega copia certificada de las pruebas ofrecidas por ambas partes, dictadas en el expediente laboral 00917/2018 de su índice. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad y Actuario de su adscripción, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de este auto, informen respecto al desahogo de la continuación de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas fijada para el uno de marzo del año en curso, en el expediente laboral 00917/2018. Apercibidas que de no acatar lo antes indicado; así como, no dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin causa justificada, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en el artículo 258 de la Ley de la materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós, por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, quien determinó que el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es equivalente a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), misma que entró en vigor a partir del uno de febrero de dos mil veintitrés; y se ordenará remitir el expediente al Tribunal Colegiado en Turno en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Chilpancingo, para los efectos del procedimiento establecido en el artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, de conformidad con el Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, el cual podrá culminar en la separación de su cargo. Asimismo, se hace de conocimiento a la autoridad señalada que de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo vigente, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las autoridades responsables, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, a menos que demuestren que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifique la causa del retraso. En el entendido de que si en el plazo concedido, la autoridad responsable demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, este órgano judicial de amparo, de conformidad con lo preceptuado en el numeral 193, tercer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, se podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados; pero de no cumplir el fallo en ese nuevo lapso se hará efectivo el apercibimiento señalado, esto es: 1) se impondrán las multas que procedan; y 2) se remitirán los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, lo cual será notificado a la autoridad responsable, cuyo titular seguirá teniendo responsabilidad aunque deje el cargo. De igual forma, es necesario precisar que de acuerdo al numeral 195 del ordenamiento citado, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable, pues en todo caso únicamente se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Esto, ya que sin perjuicio de la responsabilidad que en su caso se le determinara, podría incurrir asimismo en alguno de los delitos previstos en el capítulo III de la Ley de Amparo en vigor, específicamente en su artículo 267. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial P./J. 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página diecinueve, Tomo I, del mes de Noviembre de dos mil catorce, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, materia común, con registro 2007918, la cual es de observancia obligatoria para este juzgado de distrito, así como para las autoridades responsables, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo, cuyo rubro y texto son los siguientes: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Finalmente, agréguese a los autos el escrito de Maricela Valencia Vargas, autorizada de la parte quejosa; en atención a su contenido, dígase que se esté a lo acordado en líneas precedentes. Notifíquese.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio 731 signado por la Presidenta de la Primera H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad y anexos que acompaña; atento a su contenido, resérvese acordar lo conducente una vez que cause ejecutoria la sentencia pronunciada en el presente juicio. Notifíquese

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