Antonia Trejo Mendoza
Expediente 843/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 843/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Antonia Trejo Mendoza
Actuaciones
- Principal
Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, no fue impugnada en legal término la sentencia que decretó el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área del edificio habilitado para esos efectos, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.
- Principal
Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la siguiente autoridad rindiendo INFORME JUSTIFICADO, al cual acompaña diversas constancias como soporte al mismo: Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán. Informe del cual se advierte que el veintiocho de septiembre pasado, se emitió el laudo en el juicio ordinario laboral 3A-275/2016, respecto del cual remitió copia autorizada. Documentales, cuyo valor probatorio es pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, al establecerlo el artículo 2 de la Ley de Amparo. 2. Análisis de causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe ser analizado por el juzgado aún de oficio, como así lo señala el artículo 62 de la ley de amparo; y en el caso, este juzgador advierte que el juicio de amparo es improcedente porque se actualiza la hipótesis del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Precepto legal que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" Ahora, a efecto de justificar la actualización de la causal invocada, es pertinente fijar su alcance, para lo cual conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del quejoso y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto u omisión de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acude a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis que se reproducen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." En sentido negativo, esto es, cuando se reclaman omisiones, la cesación se presenta cuando la autoridad abandona la contumasia y actúa en el sentido que exige el orden jurídico. Ahora, como se obtiene del escrito que dio origen a este controvertido constitucional el quejoso reclama, en esencia, la omisión de dictar laudo en el juicio ordinario laboral 3A-275/2016, por parte de la autoridad responsable. Así, de las constancias remitidas por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad se aprecia que el veintiocho de septiembre en curso de dos mil veintiuno, emitió el laudo en el juicio ordinario laboral 3A-275/2016. Es verdad, conforme a lo señalado se desprende que se actualiza la referida causal de improcedencia, puesto que la omisión reclamada dejó de existir con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (seis de septiembre de dos mil veintiuno), toda vez que la responsable el veintiocho de septiembre del presente año, dictó el laudo respectivo. En tales condiciones, se estima que han cesado los efectos de la omisión reclamada, pues al ser de carácter negativo, la finalidad del amparo sería obligar a la autoridad responsable a que obrara en el sentido de respetar la garantía contenida en el artículo 17 constitucional y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija; lo que ya ocurrió en términos del artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo, pues la propia autoridad responsable, ya emitió el laudo respectivo. Acerca de lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." 3. Sobreseimiento por cesación de efectos. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, respecto de la omisión atribuida a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". 4. Sobreseimiento por inexistencia del acto reclamado. Respecto al acto reclamado consistente en la falta de notificación a las partes el multicitado laudo, deviene inexistente, pues tomando en consideración lo referido por la parte quejosa en su demanda y según quedó acreditado en autos, la Junta responsable al momento de la presentación de la demanda de amparo -seis de septiembre de dos mil veintiuno- no había dictado dicha determinación, lo que constituye una condición para que se notifique. Al respecto cobra aplicación la tesis 1a. XVII/2018 (10a.), que dice: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones". En ese sentido, la omisión de notificar el laudo a la data de la presentación de la demanda de amparo era inexistente, pues en esa fecha [seis de septiembre de dos mil veintiuno] la Junta aún no se pronunciaba al respecto; por tanto, no existía obligación que cumplir con esa formalidad. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia por lo que a dicho acto se refiere. 5. Sin efectos audiencia constitucional. Se ordena dejar sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional respectiva.
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Intégrese el comunicado del Titular de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en atención a su contenido se le tiene informando que mediante oficio número UECS/0903/2021, solicitó al Titular de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares de la Fiscalía General del Estado, su colaboración a efecto de que dentro del ámbito de sus atribuciones inicie la carpeta de investigación correspondiente, para que de ella se derive la búsqueda y localización del quejoso Julio Cesar Mendoza Torres, solicitando informe el número de la misma, así como un informe semanal sobre los resultados de la búsqueda. 2. De igual manera, se tiene a la Fiscal Especializada de Personas Desaparecidas con Competencia para Conocer la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, informando que instruyó al Agente del Ministerio Público responsable de la integración de la carpeta de investigación MOR/053/34132/2020, con N.U.C. 1003202031322, aperturada con fecha veintiséis de agosto de dos mil veinte, por el delito de desaparición cometida por particulares en agravio del quejoso Julio César Mendoza Torres, para que de manera semanal informe sobre los actos de investigación realizados para la búsqueda y localización del directo agraviado. 3. En relación al comunicado del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, se le tiene informando los actos de investigación que se han llevado a cabo dentro de la carpeta de investigación referida con antelación. 4. Por lo que ve al comunicado del Subdelegado Titular de la UIL "A" y "D", en suplencia por ausencia del Delegado de la Fiscalía General de la República, en Michoacán, se le tiene informando que el protocolo homologado de Investigación para los delitos de desaparición cometida por particulares, corresponde al Ministerio Público de la Federación la investigación y persecución, ante los tribunales federales, todos los delitos del orden federal, sin que haya lugar a emitir mayor acuerdo, dado que en esta fecha la autoridad competente está informando las acciones que ha realizado para la búsqueda del directo quejoso. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
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