Antonia Sánchez Zapotitla
Expediente 913/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 913/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Antonia Sánchez Zapotitla
Actuaciones
- Incidental
Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 913/2023, promovido por **** contra actos de la Primera Sala Civil, Juez y Actuario adscritos al Juzgado Décimo Octavo de lo Civil, Secretaría de Seguridad Ciudadana y Fiscalía General de Justicia, todos de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el accionante se ostenta tercero extraño auténtico al juicio ordinario civil ****, del índice del Juzgado Décimo Octavo Civil de la Ciudad de México; y reclama todo lo actuado, particularmente, la falta de emplazamiento y los actos tendentes a desposeerlo del inmueble que refiere como ***** que afirma poseer. SEGUNDO. TRÁMITE DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En su oportunidad se admitió a trámite la demanda de amparo, se negó la suspensión provisional, las autoridades responsables rindieron sus informes previos, finalmente, la audiencia incidental se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. CERTEZA DE LOS ACTOS. La Sala responsable aceptó la existencia de los actos reclamados. Por su parte la Secretaría y la Fiscalía responsables negaron la existencia de ellos y por su parte el Juez y Actuaria informaron la imposibilidad para rendirlo, empero, debe tenerse por cierto, pues, en su carácter de autoridades ejecutoras, están en aptitud de dar cumplimiento al mandamiento de la Sala aludida, respecto del cual se tuvo por cierto el acto reclamado; lo anterior, con apoyo en la tesis emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito de rubro: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO". SEGUNDO. ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL INTERÉS JURÍDICO. Previo a analizar la procedencia de la medida suspensional solicitada, es pertinente establecer que en el amparo, el interés jurídico se ha estatuido como la noción del derecho que el quejoso tiene con relación al objeto específico que pretende afectarse con el acto de autoridad; por ejemplo, si se reclama un acto de desposesión, el interés jurídico se acredita con la existencia del acto jurídico o la norma que confieren al afectado el derecho real o personal en relación al bien del que pretende privarse la tenencia. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, registro 170500 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, en Materia(s): Común, página: 225, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." *En esta tesitura, puede válidamente colegirse que el interés jurídico para el amparo, es una cuestión de derecho y no solamente de hecho. Luego, la figura del interés se hace presente tanto en el juicio principal de amparo, como para efectos de la medida cautelar; con lo cual deben distinguirse tres estándares probatorios para acreditarlo, cuyo grado se intensifica conforme transcurre la secuela procesal, a fin de dar oportunidad al impetrante de amparo de probar lo que a su interés conviene. I. El primer grado corresponde al de la suspensión provisional; cuyo rigor probatorio es el menos riguroso, en tanto que participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son: la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora; de ahí que basta la exhibición de un documento sin mayores requisitos que presuntivamente revele la existencia de un derecho. Es aplicable la jurisprudencia 4/2009, sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión celebrada el tres de diciembre de dos mil ocho, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE. Conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario, además de comprobarse la existencia del acto reclamado, que: a) la solicite el agraviado, b) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, ese acreditamiento implica que tratándose de actos tendientes a privar de la posesión, corresponde al peticionario de garantías la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho posesorio sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución. Lo anterior, porque la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Así, la sola presentación, por quien se ostenta tercero extraño al juicio, de un contrato privado de comodato, arrendamiento o compraventa original, aunque carente de fecha cierta, con la demanda de garantías, configura su interés presuntivo, al dar certeza, en un cálculo de probabilidades, de que efectivamente tiene una causa legal y que realmente posee el bien." II. Por otro lado, cuando se trata de la suspensión definitiva, la comprobación del interés jurídico, así como su afectación, exige de un grado probatorio mayor, pues al momento de su pronunciamiento ya se cuenta con los informes previos rendidos por las autoridades responsables y se da al quejoso la oportunidad de participar en la contienda más activamente en términos del artículo 144 de la Ley de Amparo, correspondiéndole en su caso, desvirtuar o no su contenido; y aportar elementos probatorios durante la sustanciación del incidente de suspensión, a fin de revelar que existen más elementos (adicionales a lo que se ofrecieron originalmente, cuando éstos por sí mismos no sean suficientes para permear en las dos suspensiones), que hagan más perceptible o patente la existencia de un derecho a su favor. Orienta lo anterior la jurisprudencia XXVII.3o. J/9 (10a.), de la Décima Época, registro: 2008231 de los Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Enero de 2015, Tomo II, Materia(s): Común, Página: 1726, que dice: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. SUS EFECTOS CUANDO SE RECLAMAN NORMAS GENERALES, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. El artículo 148 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que en los juicios de amparo en que se reclame una norma general (ya sea autoaplicativa o con motivo de su primer acto de aplicación) la suspensión se otorgará "para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso", lo cual no significa que en todos los casos en que se señale como acto reclamado una norma general debe concederse la suspensión para esos efectos, pues para ello deben cumplirse previamente los requisitos de procedibilidad de la medida cautelar, entre ellos: a) la exigencia de que el quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional, y en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, b) también debe realizarse la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social de la norma, o si regula disposiciones de orden público. Así, lo que realmente prevé dicho artículo, es cómo deben ser los efectos de la medida cautelar contra normas generales, una vez que se han satisfecho los requisitos de procedibilidad para conceder la suspensión." III. Por último, el tercer grado en el interés jurídico, que sólo corresponde al juicio de amparo principal, en donde debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, tal como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 16/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." TERCERO. NEGACIÓN DE LA MEDIDA SUSPENSIONAL. Precisado lo anterior, en el caso, se satisfacen los requisitos previstos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, pues existe petición de parte agraviada; y no se sigue perjuicio al interés social ni contravención a disposiciones del orden público, ya que el reclamo surge de actuaciones llevadas a cabo en el juicio de origen, que únicamente surten efectos entre los particulares vinculados al procedimiento. Además existe materia suspendible acorde a la naturaleza del acto reclamado, en términos del dispositivo 107, fracción X de la Constitución Federal. *Empero, no es dable conceder la medida cautelar solicitada, pues la parte quejosa es tercera extraña a juicio, y no acredita ni indiciariamente, la afectación de su interés jurídico para suspender la ejecución del acto reclamado. Esto es, la accionante de amparo omitió allegar medios de convicción que demuestren algún derecho a su favor para poder conceder la medida cautelar y para los efectos que solicita. Sin que sea óbice a lo anterior, que exhiba impresión de diversas fotografías, así como diversos recibos originales de la Comisión Federal de Electricidad; pues de los retratos sólo se ilustra una convivencia y una construcción, mientras que los recibos de luz únicamente demuestran el pago del suministro de energía eléctrica que realiza; mas no así la propiedad y/o posesión del inmueble que pretende defender. Así, la propiedad y/o posesión del inmueble que pretende defender, no se acredita con los documentos presentados. En consecuencia, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA A LA PARTE QUEJOSA, pues aunque se ostenta como tercera extraña al juicio de origen, no acredita ni aún en forma indiciaria el interés suspensional que tiene para concederle la medida cautelar. Es aplicable la jurisprudencia P./J.96/97, visible en la página 23, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, tomo VI, Diciembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN. EL JUEZ DEBE PARTIR DEL SUPUESTO DE QUE LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS, PERO PARA ACREDITAR EL REQUISITO DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TALES ACTOS LO AGRAVIAN.- Cuando se solicita la suspensión provisional señalándose como acto reclamado el desposeimiento de un bien, el Juez de Distrito, atendiendo a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, debe partir del supuesto de que los actos reclamados son ciertos, pero en acatamiento a lo establecido en el artículo 124, fracción I, de la Ley de Amparo, debe constatar si el quejoso demuestra, aunque sea indiciariamente, que tales actos lo agravian. Es verdad que para acreditar la posesión, según criterio generalmente aceptado, la prueba idónea es la testimonial, medio de convicción Cuya recepción no es factible en la hipótesis examinada, pero también es verdad que puede acreditarse de manera indiciaria, entre otros elementos, con escritura pública de propiedad, certificación del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, documento privado de contrato de compraventa debidamente inscrito, inmatriculación judicial o administrativa, recibo del impuesto predial a nombre del promovente, contrato de arrendamiento, certificado de derechos agrarios, fe de hechos ante fedatario público y otras probanzas que, por sí solas, no son aptas para acreditar plenamente la posesión y que, por tanto, pueden ser desvirtuadas en la secuela del procedimiento, pero que pueden ser suficientes para conceder la suspensión provisional, ya que el dictado de la medida cautelar no presupone un análisis en cuanto a la calidad de la posesión, es decir, si ésta es originaria, derivada, legítima, ilegítima, de buena fe o de mala fe, porque la finalidad es, solamente, decidir si procede suspender los actos que presumiblemente causarán daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado." Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además en lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a **** contra actos de la Primera Sala Civil, Juez y Actuario adscritos al Juzgado Décimo Octavo de lo Civil, Secretaría de Seguridad Ciudadana y Fiscalía General de Justicia, todos de la Ciudad de México, por los motivos precisados en esta resolución. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
Agréguese el oficio del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por medio del cual acusa recibo e informa que admitió los recursos interpuestos. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
Visto lo de cuenta, como se ordena en el cuaderno principal, con la copia certificada del proveído de esta fecha y reproducción simple de la demanda de amparo promovida por ****** contra actos de la Primera Sala Civil, Juez y Actuario adscritos al Juzgado Décimo Octavo de lo Civil, Secretaría de Seguridad Ciudadana y Fiscalía General de Justicia, todos de la Ciudad de México; fórmese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 913/2023. PRIMERO. REQUERIMIENTO DE INFORME PREVIO. Pídase a las autoridades señaladas como responsables sus informes previos, que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, para lo cual se ordena remitirles copia de la demanda de amparo; lo anterior, de conformidad con los artículos 138, fracción III, y 140 de la ley de la materia. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la accionante se ostenta tercera extraña auténtica al juicio ordinario civil *****, del índice del Juzgado Décimo Octavo Civil de la Ciudad de México; y reclama todo lo actuado, particularmente, la falta de emplazamiento y los actos tendentes a desposeerla del inmueble que refiere como *******, que afirma poseer. TERCERO. ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL INTERÉS JURÍDICO. Previo a analizar la procedencia de la medida suspensional solicitada, es pertinente establecer que en el amparo, el interés jurídico se ha estatuido como la noción del derecho que el quejoso tiene con relación al objeto específico que pretende afectarse con el acto de autoridad; por ejemplo, si se reclama un acto de desposesión, el interés jurídico se acredita con la existencia del acto jurídico o la norma que confieren al afectado el derecho real o personal en relación al bien del que pretende privarse la tenencia. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, registro 170500 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, en Materia(s): Común, página: 225, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." En esta tesitura, puede válidamente colegirse que el interés jurídico para el amparo, es una cuestión de derecho y no solamente de hecho. *Luego, la figura del interés se hace presente tanto en el juicio principal de amparo, como para efectos de la medida cautelar; con lo cual deben distinguirse tres estándares probatorios para acreditarlo, cuyo grado se intensifica conforme transcurre la secuela procesal, a fin de dar oportunidad al impetrante de amparo de probar lo que a su interés conviene. I. El primer grado corresponde al de la suspensión provisional; cuyo rigor probatorio es el menos riguroso, en tanto que participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son: la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora; de ahí que basta la exhibición de un documento sin mayores requisitos que presuntivamente revele la existencia de un derecho. Es aplicable la jurisprudencia 4/2009, sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión celebrada el tres de diciembre de dos mil ocho, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE. Conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario, además de comprobarse la existencia del acto reclamado, que: a) la solicite el agraviado, b) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, ese acreditamiento implica que tratándose de actos tendientes a privar de la posesión, corresponde al peticionario de garantías la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho posesorio sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución. Lo anterior, porque la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Así, la sola presentación, por quien se ostenta tercero extraño al juicio, de un contrato privado de comodato, arrendamiento o compraventa original, aunque carente de fecha cierta, con la demanda de garantías, configura su interés presuntivo, al dar certeza, en un cálculo de probabilidades, de que efectivamente tiene una causa legal y que realmente posee el bien." n del interés jurídico, así como su afectación, exige de un grado probatorio mayor, pues al momento de su pronunciamiento ya se cuenta con los informes previos rendidos por las autoridades responsables y se da al quejoso la oportunidad de participar en la contienda más activamente en términos del artículo 144 de la Ley de Amparo, correspondiéndole en su caso, desvirtuar o no su contenido; y aportar elementos probatorios durante la sustanciación del incidente de suspensión, a fin de revelar que existen más elementos (adicionales a lo que se ofrecieron originalmente, cuando éstos por sí mismos no sean suficientes para permear en las dos suspensiones), que hagan más perceptible o patente la existencia de un derecho a su favor. Orienta lo anterior la jurisprudencia XXVII.3o. J/9 (10a.), de la Décima Época, registro: 2008231 de los Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Enero de 2015, Tomo II, Materia(s): Común, Página: 1726, que dice: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. SUS EFECTOS CUANDO SE RECLAMAN NORMAS GENERALES, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. El artículo 148 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que en los juicios de amparo en que se reclame una norma general (ya sea autoaplicativa o con motivo de su primer acto de aplicación) la suspensión se otorgará "para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso", lo cual no significa que en todos los casos en que se señale como acto reclamado una norma general debe concederse la suspensión para esos efectos, pues para ello deben cumplirse previamente los requisitos de procedibilidad de la medida cautelar, entre ellos: a) la exigencia de que el quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional, y en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, b) también debe realizarse la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social de la norma, o si regula disposiciones de orden público. Así, lo que realmente prevé dicho artículo, es cómo deben ser los efectos de la medida cautelar contra normas generales, una vez que se han satisfecho los requisitos de procedibilidad para conceder la suspensión." III. Por último, el tercer grado en el interés jurídico, que sólo corresponde al juicio de amparo principal, en donde debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, tal como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 16/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse "**************** CUARTO. NEGACIÓN DE LA MEDIDA SUSPENSIONAL. Precisado lo anterior, en el caso, se satisfacen los requisitos previstos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, pues existe petición de parte agraviada; y no se sigue perjuicio al interés social ni contravención a disposiciones del orden público, ya que el reclamo surge de actuaciones llevadas a cabo en el juicio de origen, que únicamente surten efectos entre los particulares vinculados al procedimiento. Además existe materia suspendible acorde a la naturaleza del acto reclamado, en términos del dispositivo 107, fracción X de la Constitución Federal. *Empero, no es dable conceder la medida cautelar solicitada, pues la quejosa es tercera extraña a juicio, y no acredita ni indiciariamente, la afectación de su interés jurídico para suspender la ejecución del acto reclamado. Esto es, la accionante de amparo omitió allegar medios de convicción que demuestren algún derecho a su favor para poder conceder la medida cautelar y para los efectos que solicita. Sin que sea óbice a lo anterior, que exhiba impresión de diversas fotografías, así como cinco recibos de la Comisión Federal de Electricidad; pues de los retratos sólo se ilustra una convivencia y una construcción, mientras que los recibos de luz únicamente demuestran el pago del suministro de energía eléctrica que realiza; mas no así la propiedad y/o posesión del inmueble que pretende defender. Máxime que por la forma en la que están confeccionadas -sin certificación-, no gozan de valor probatorio pues se tratan de simples reproducciones, en términos de la jurisprudencia 1/89, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 379, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo: III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989, cuyo rubro y texto dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." *Así, la propiedad y/o posesión del inmueble que pretende defender, no se acredita con los documentos presentados. En consecuencia, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL A LA PARTE QUEJOSA, pues aunque se ostenta como tercera extraña al juicio de origen, no acredita ni aún en forma indiciaria el interés suspensional que tiene para concederle la medida cautelar. *Es aplicable la jurisprudencia P./J.96/97, visible en la página 23, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, tomo VI, Diciembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN. EL JUEZ DEBE PARTIR DEL SUPUESTO DE QUE LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS, PERO PARA ACREDITAR EL REQUISITO DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TALES ACTOS LO AGRAVIAN.- Cuando se solicita la suspensión provisional señalándose como acto reclamado el desposeimiento de un bien, el Juez de Distrito, atendiendo a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, debe partir del supuesto de que los actos reclamados son ciertos, pero en acatamiento a lo establecido en el artículo 124, fracción I, de la Ley de Amparo, debe constatar si el quejoso demuestra, aunque sea indiciariamente, que tales actos lo agravian. Es verdad que para acreditar la posesión, según criterio generalmente aceptado, la prueba idónea es la testimonial, medio de convicción Cuya recepción no es factible en la hipótesis examinada, pero también es verdad que puede acreditarse de manera indiciaria, entre otros elementos, con escritura pública de propiedad, certificación del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, documento privado de contrato de compraventa debidamente inscrito, inmatriculación judicial o administrativa, recibo del impuesto predial a nombre del promovente, contrato de arrendamiento, certificado de derechos agrarios, fe de hechos ante fedatario público y otras probanzas que, por sí solas, no son aptas para acreditar plenamente la posesión y que, por tanto, pueden ser desvirtuadas en la secuela del procedimiento, pero que pueden ser suficientes para conceder la suspensión provisional, ya que el dictado de la medida cautelar no presupone un análisis en cuanto a la calidad de la posesión, es decir, si ésta es originaria, derivada, legítima, ilegítima, de buena fe o de mala fe, porque la finalidad es, solamente, decidir si procede suspender los actos que presumiblemente causarán daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado." QUINTO. DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga lugar la audiencia incidental; fecha que se fija con apoyo en lo dispuesto por la fracción II del artículo 138 de la Ley de Amparo. SEXTO. DE LAS COPIAS CERTIFICADAS. Como lo solicita y con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica en el escrito de demanda, previa identificación y toma de razón que por su recibo se asiente en autos. NOTIFIQUESE.
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