Antonia Sánchez Muñoz
Expediente 1226/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1226/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 13/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Antonia Sánchez Muñoz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Incidental
UNICO.- SE DECLARA SIN MATERIA EL PRESENTE INCIDENTE DE SUSPENSION
- Principal
Visto el escrito presentado por Antonia Sánchez Muñoz, en su carácter de quejosa, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase la devolución de las documentales que refiere, dejando en su lugar copias certificadas de las mismas, autorizando para recibirlas a las personas que indica en su escrito de cuenta, previa razón por su recibo que se deje en autos.
- Incidental
Agréguese a los autos el oficio signado por la Directora, Subdirector y Coordinadora Técnico Pedagógica, todos dependientes de la Estancia Infantil "Benita Galeana" de la Universidad Autónoma de Guerrero,, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, téngaseles rindiendo su informe previo, que será tomado en consideración al momento de resolver en definitiva el presente cuaderno incidental.
- Incidental
Visto lo de cuenta; como está ordenado en el cuaderno principal relativo al juicio de amparo 1226/2017-II, promovido por Antonia Sánchez Muñoz, contra actos de la Directora de Estancia infantil "Benita Galeana", de la Universidad Autónoma de Guerrero, con sede en esta ciudad y otras autoridades responsables, en acuerdo de esta misma fecha; se apertura por duplicado y separado el presente incidente de suspensión. INFORME PREVIO Con fundamento en los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su respectivo informe previo que deberán rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas siguientes al en que reciban la notificación de este proveído, enviándoles al efecto copia simple de la demanda de amparo y requiriéndoles que en el mismo se precise la naturaleza, modalidades y características del delito que se imputa a la quejosa, los preceptos legales que lo tipifiquen y la fecha en que fue emitida la conducta reclamada. Se hace saber a las autoridades responsables que en caso de no rendir en forma oportuna su informe previo, esto es, antes de la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia incidental, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, con arreglo en los artículos 238 y 260 fracción I de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por otra parte, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley en cita); se apercibe a la quejosa que si las autoridades responsables señaladas no existen con la denominación que indica en su escrito de cuenta, sin mayor trámite se les tendrá por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contra o que se corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables; tomando en consideración que le corresponde a la quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y el principio de la celeridad procesal. AUDIENCIA INCIDENTAL Se señalan las NUEVE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL TRECE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, para la celebración de la audiencia incidental en este asunto. Antes de determinar si es procedente conceder la suspensión provisional que se solicita, es menester señalar de manera específica los actos que en la especie se reclaman, con el objeto de desentrañar la verdadera intención de la parte quejosa, por lo que se aprecia que los actos reclamados son; "1.- El ilegal oficio de extrañamiento de fecha treinta de octubre del año dos mil diecisiete, en el cual se le informa a la suscrita quejosa que será removida del grupo de maternal III, mientras tanto se decidirá cuál será el área que le asignaran, misma que me causa agravio a la suscrita quejosa. 2.- El ilegal escrito sin fecha, en el cual se le informa a la suscrita quejosa, de manera oficial que deberá apoyar al grupo de Lactantes III." Cabe hacer mención que la parte quejosa solicita la suspensión provisional para efecto de que continúe desempeñando sus actividades como docente, hasta que se resuelva el juicio de amparo. Precisado lo anterior, es momento de verificar la procedencia de la medida cautelar que se solicita, y en ese sentido, este juzgado concluye que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, lo procedente es NEGAR la suspensión provisional solicitada por la quejosa, pues de otorgarla se le estaría dando efectos restitutorios, lo cual únicamente es propio de la sentencia que en el expediente principal se dicte, y técnicamente es improcedente conceder la suspensión, acorde con lo dispuesto por el artículo 128 fracción II, de la Ley de Amparo; toda vez que de conceder tal medida, los efectos jurídicos que produciría sería que no se continúe con la ejecución del oficio de extrañamiento de treinta de octubre de dos mil diecisiete, ya que de hacerlo entrañaría la afectación del interés social y disposiciones de orden público, con evidente perjuicio para la sociedad, la cual está interesada en que los menores tengan un buen provecho en la enseñanza de la que son objeto, aunado que el cambio de área (de maternal a lactancia) puede ser un acto reparable al resolverse en definitiva el presente asunto, con lo que además se acredita que no la están privando de sus actividades como docente, sino que únicamente se trata de un cambio de área, con motivo del extrañamiento en mención. Es así, en virtud de que no se reúnen los requisitos de los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, que exige para la concesión de la suspensión, tales como: 1) Solicitarlo el agraviado; 2) No se siga perjuicio al interés social; 3) No se contravengan disposiciones de orden público; y, 4) Se pondere la apariencia del buen derecho y se remedie el peligro en la demora. El primer requisito, se encuentra acreditado, en virtud de que la quejosa solicita la suspensión del acto reclamado y será quien, en su caso, resentirá la ejecución del mismo. El segundo requisito, la fracción II del citado numeral 128, establece que la medida cautelar en el juicio de amparo se decretará siempre y cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; entendiéndose por orden público, el sistema de normas de mayor importancia para conservar y encauzar el orden en la sociedad y, por interés social, la atención, cuidado o tendencia que tiene la sociedad, o algún grupo de ella, en que no se le causen daños o perjuicios que, inclusive, puedan llegar a ser irreparables y, por ende, conseguir existan las condiciones esenciales para su desarrollo armónico. Ilustra lo determinado, sin oponerse a lo dispuesto en la Ley de Amparo, la Jurisprudencia I.3o.A. J./16, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 383, del Tomo V, Enero de 1997, Materia Administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad." Así como, el criterio contenido en la Tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 11, del Tomo XI, Junio de 1993, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: SUSPENSIÓN. LOS SUPUESTOS DE PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O CONTRAVENCIÓN DE DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO ESPECIFICADOS EN EL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, SON ENUNCIATIVOS Y NO LIMITATIVOS. El artículo 124 de la Ley de Amparo establece que, se considerará, entre otros casos que sí se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, "cuando de concederse la suspensión: se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes; se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, o el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de substancias que envenenen al individuo o degeneren la raza; o se permita el incumplimiento de las órdenes militares"; lo que significa, que el legislador se concreta a ejemplificar, en forma simplemente enunciativa, mas no limitativa tales casos, dejando al juzgador en aptitud de reconocerlos en otros supuestos, de conformidad con su criterio y el caso concreto." Pues bien, en lo que atañe al segundo de los requisitos del numeral en estudio, esto es, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, cabe decir, que para determinar lo anterior debe sopesarse el perjuicio real y efectivo que podría sufrir la colectividad, con el que podría afectar a la parte quejosa con la ejecución del acto reclamado, pues no debe perderse de vista que para determinar si existe esa afectación, no basta que la ley en que se fundamente el acto sea de orden público e interés social, sino que debe evaluarse si su contenido, fines y consecución son contrarios a los valores y principios que inspiran el orden público, capaz de restringir derechos fundamentales de los gobernados, o si son realmente significativos para afectar el interés social. Ciertamente, las leyes en mayor o menor medida responden a ese interés público; sin embargo, esto no puede ser una habilitación absoluta, capaz de afectar derechos fundamentales de modo irreversible, ya que también es deseable por la sociedad, que las autoridades no afecten derechos fundamentales de los particulares, especialmente cuando tienen el carácter de indisponibles o irreductibles como la vida, salud, libertad, igualdad, dignidad y los demás consagrados en la Carta Magna, así como en los Tratados Internacionales celebrados por el Estado Mexicano, por ser sus consecuencias de difícil o de imposible reparación. Por tanto, la medida cautelar en un juicio de amparo solo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público, ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoyan los actos reclamados, por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. Perfilándose como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido solo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración; en todo caso, para darles significado, este juzgado federal debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad. Para llegar a la anterior conclusión, sirve de base el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el Incidente en Revisión 108/1974, que señala: SUSPENSIÓN. BASES PARA DETERMINAR SI SE PERJUDICA EL INTERÉS SOCIAL O SE CONTRAVIENEN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. La fracción II, del artículo 124 de la Ley de Amparo, exige como requisito negativo para conceder la suspensión: "que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público". Después, el precepto precisa, "entre otros casos", algunos que el legislador prevé expresamente como perjudiciales al interés social y contraventores de disposiciones de orden público, por lo que el juzgador debe obrar con prudencia y acierto en los casos dudosos que no están expresamente previstos y buscar si existe analogía con los presupuestos legales o con antecedentes de jurisprudencia.
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