Antonia Rosas Jiménez

Expediente 1841/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1841/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
21/12/2022

Partes del expediente

  • Antonia Rosas Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibida la razón actuarial levantada por la fedataria judicial adscrita, mediante la cual informa la imposibilidad que tuvo para notificar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con residencia en la Ciudad de México, el acuerdo dictado el catorce de diciembre de dos mil veintidós (por el cual se declaró que causó estado el auto en el que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto), dado que dicha dependencia suspendió la recepción de todas las notificaciones que reciben. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, se comisiona al personal actuante para que una vez que concluya el periodo mediante el cual la Comisión Nacional Bancaria y de Valores suspendió la recepción de notificaciones, esto es, del dieciséis de diciembre de dos mil veintidós al dos de enero de dos mil vientres, de inmediato remita el oficio número 38073/2022, a fin de que dicha autoridad tenga conocimiento del auto de catorce de los cursantes, por el cual se decretó el sobreseimiento en el presente asunto ...

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de diciembre de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta se advierte que ninguna de las partes recurrió el proveído de quince de noviembre de dos mil veintidós, por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo; por lo que, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de tres años, ya que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. De igual manera, como lo dispone el artículo 35 del Acuerdo General en comento, indíquese la leyenda de la valoración que corresponda en la carátula del expediente y verifíquese que el expediente electrónico generado con la FIREL como el impreso, sea incorporada cada promoción a fin de que coincida en su totalidad. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Se hace la precisión de que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido Acuerdo General. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Edgar Jesús Ramos Bautista, Secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de noviembre de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio de la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por conducto de su Presidente, a través del cual rinde el informe justificado correspondiente y designa delegado. Atento a lo anterior, se tiene a la mencionada autoridad rindiendo el informe justificado correspondiente y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese a conocer su llegada junto con las constancias que se acompañan a la comunicación de cuenta a las partes para los efectos legales procedentes. Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable ofreciendo las constancias que acompaña a su informe justificado. Asimismo, con fundamento en el artículo 9º del ordenamiento legal antes invocado, se le tiene designando como delegado a la persona que menciona en el oficio de cuenta. Por otro lado, del estado procesal de los autos, se advierte que el acto reclamado en este juicio -salvo del reclamado de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores respecto de cuyo acto y autoridad se desechó la demanda el diecisiete de octubre de dos mil veintidós- es el siguiente: - La omisión de cerciorarse de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a quien se le giró el oficio JLCA-SIARA/J2/00002/2022, proporcionara la información relacionada con el número de cuentas bancarias a nombre de Sergio Serna Meléndez, Flora Sotomayor y la negociación comercialmente conocida como Clínica de Acupuntura Serna Sotomayor; y de que, en vista de la no respuesta al mencionado oficio, imponga las medidas de apremio para hacer cumplir el requerimiento correspondiente. Luego, del informe justificado rendido por la autoridad responsable, se advierte que mediante oficio 214-2/OBR-12558204/2022 de uno de junio de dos mil veintidós, despachado el mismo día, el Coordinador de Atención a Autoridades 'B', de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitió a la Junta responsable la información que proporcionaron las entidades financieras que así lo manifestaron, relacionada con Sergio Serna Meléndez. A lo que el diez de noviembre de dos mil veintidós, la Junta responsable acordó lo siguiente: "EN LA HEROICA PUEBLA DE Z. A DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS.--- AGRÉGUESE a los autos la respuesta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con número de oficio 214-2/OBR-12558204/2022, visto su contenido y estado procesal que guardan los autos SE ACUERDA: Mediante oficio 214-2/OBR-12558204/2022, expedido por el Maestro Humberto Ríos Ruiz, Coordinador de Atención a Autoridades 'B', de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; por el cual proporciona la información solicitada por esta autoridad federal; en consecuencia dese vista a la parte actora con lo anterior, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga, concediéndole para ello TRES DÍAS HÁBILES contados a partir de que se le notifique el presente acuerdo." Documental remitida por la autoridad responsable que tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere, que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa hizo consistir como acto reclamado la omisión de lograr que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a quien se le giró el oficio JLCA-SIARA/J2/00002/2022, proporcionara la información relacionada con el número de cuentas bancarias a nombre de Sergio Serna Meléndez, Flora Sotomayor y la negociación comercialmente conocida como Clínica de Acupuntura Serna Sotomayor; y de que, en vista de la no respuesta al mencionado oficio, impusiera las medidas de apremio para hacer cumplir el requerimiento correspondiente. A lo que la autoridad responsable, el diez de noviembre de dos mil veintidós, tuvo por recibido el oficio 214-2/OBR-12558204/2022 de uno de junio de dos mil veintidós, en el que el Coordinador de Atención a Autoridades 'B', de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitió la información que proporcionaron las entidades financieras que así lo manifestaron, relacionada con las cuentas bancarias a nombre de Sergio Serna Meléndez. Acorde con tal información, la Junta responsable dio vista a la parte actora -aquí quejosa- con lo anterior, para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera. Por tanto, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado, al haberse dictado el acuerdo en el que se tuvo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a quien se le giró el oficio JLCA-SIARA/J2/00002/2022, proporcionando la información relacionada con el número de cuentas bancarias a nombre de Sergio Serna Meléndez, Flora Sotomayor y la negociación comercialmente conocida como Clínica de Acupuntura Serna Sotomayor; y dio vista a la parte actora -aquí quejosa- para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera. Es decir, como si la omisión reclamada no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, pues la hipotética concesión de amparo, se traduciría en que la autoridad dictara las medidas necesarias para conseguir procesalmente que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a quien se le giró el oficio JLCA-SIARA/J2/00002/2022, proporcione la información relacionada con el número de cuentas bancarias a nombre de Sergio Serna Meléndez, Flora Sotomayor y la negociación comercialmente conocida como Clínica de Acupuntura Serna Sotomayor; lo que en la especie ya aconteció. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa se improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa de improcedencia por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro persona, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL". Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las diez horas con un minuto del veintiocho de noviembre actual. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Bertha Patricia Ramírez Calderón, Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en funciones de Juez de Distrito, en términos del oficio CCJ/ST/5236/2022 de siete de noviembre de dos mil veintidós, firmado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, Alejandro Toledo Martínez, Secretario que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de noviembre de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio de la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por conducto de su Presidente, a través del cual rinde el informe justificado correspondiente y designa delegado. Atento a lo anterior, se tiene a la mencionada autoridad rindiendo el informe justificado correspondiente y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese a conocer su llegada junto con las constancias que se acompañan a la comunicación de cuenta a las partes para los efectos legales procedentes. Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable ofreciendo las constancias que acompaña a su informe justificado. Asimismo, con fundamento en el artículo 9º del ordenamiento legal antes invocado, se le tiene designando como delegado a la persona que menciona en el oficio de cuenta. Por otro lado, del estado procesal de los autos, se advierte que el acto reclamado en este juicio -salvo del reclamado de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores respecto de cuyo acto y autoridad se desechó la demanda el diecisiete de octubre de dos mil veintidós- es el siguiente: - La omisión de cerciorarse de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a quien se le giró el oficio JLCA-SIARA/J2/00002/2022, proporcionara la información relacionada con el número de cuentas bancarias a nombre de Sergio Serna Meléndez, Flora Sotomayor y la negociación comercialmente conocida como Clínica de Acupuntura Serna Sotomayor; y de que, en vista de la no respuesta al mencionado oficio, imponga las medidas de apremio para hacer cumplir el requerimiento correspondiente. Luego, del informe justificado rendido por la autoridad responsable, se advierte que mediante oficio 214-2/OBR-12558204/2022 de uno de junio de dos mil veintidós, despachado el mismo día, el Coordinador de Atención a Autoridades 'B', de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitió a la Junta responsable la información que proporcionaron las entidades financieras que así lo manifestaron, relacionada con Sergio Serna Meléndez. A lo que el diez de noviembre de dos mil veintidós, la Junta responsable acordó lo siguiente: "EN LA HEROICA PUEBLA DE Z. A DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS.--- AGRÉGUESE a los autos la respuesta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con número de oficio 214-2/OBR-12558204/2022, visto su contenido y estado procesal que guardan los autos SE ACUERDA: Mediante oficio 214-2/OBR-12558204/2022, expedido por el Maestro Humberto Ríos Ruiz, Coordinador de Atención a Autoridades 'B', de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; por el cual proporciona la información solicitada por esta autoridad federal; en consecuencia dese vista a la parte actora con lo anterior, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga, concediéndole para ello TRES DÍAS HÁBILES contados a partir de que se le notifique el presente acuerdo." Documental remitida por la autoridad responsable que tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere, que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa hizo consistir como acto reclamado la omisión de lograr que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a quien se le giró el oficio JLCA-SIARA/J2/00002/2022, proporcionara la información relacionada con el número de cuentas bancarias a nombre de Sergio Serna Meléndez, Flora Sotomayor y la negociación comercialmente conocida como Clínica de Acupuntura Serna Sotomayor; y de que, en vista de la no respuesta al mencionado oficio, impusiera las medidas de apremio para hacer cumplir el requerimiento correspondiente. A lo que la autoridad responsable, el diez de noviembre de dos mil veintidós, tuvo por recibido el oficio 214-2/OBR-12558204/2022 de uno de junio de dos mil veintidós, en el que el Coordinador de Atención a Autoridades 'B', de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitió la información que proporcionaron las entidades financieras que así lo manifestaron, relacionada con las cuentas bancarias a nombre de Sergio Serna Meléndez. Acorde con tal información, la Junta responsable dio vista a la parte actora -aquí quejosa- con lo anterior, para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera. Por tanto, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado, al haberse dictado el acuerdo en el que se tuvo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a quien se le giró el oficio JLCA-SIARA/J2/00002/2022, proporcionando la información relacionada con el número de cuentas bancarias a nombre de Sergio Serna Meléndez, Flora Sotomayor y la negociación comercialmente conocida como Clínica de Acupuntura Serna Sotomayor; y dio vista a la parte actora -aquí quejosa- para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera. Es decir, como si la omisión reclamada no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, pues la hipotética concesión de amparo, se traduciría en que la autoridad dictara las medidas necesarias para conseguir procesalmente que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a quien se le giró el oficio JLCA-SIARA/J2/00002/2022, proporcione la información relacionada con el número de cuentas bancarias a nombre de Sergio Serna Meléndez, Flora Sotomayor y la negociación comercialmente conocida como Clínica de Acupuntura Serna Sotomayor; lo que en la especie ya aconteció. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa se improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa de improcedencia por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro persona, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL". Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las diez horas con un minuto del veintiocho de noviembre actual. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Bertha Patricia Ramírez Calderón, Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en funciones de Juez de Distrito, en términos del oficio CCJ/ST/5236/2022 de siete de noviembre de dos mil veintidós, firmado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, Alejandro Toledo Martínez, Secretario que autoriza. Doy fe.

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