Antonia Roques Hernández y Otros.

Expediente 861/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
861/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
21/09/2023

Partes del expediente

  • Antonia Roques Hernández y Otros.
  • Felipe Díaz Vasconcelos y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de la Magistrada Presidenta de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca; mediante el cual, solicita copia de los acuerdos de veinte de agosto y once de noviembre de dos mil veintiuno, por los motivos que expone. En atención a lo anterior, mediante oficio que al efecto se gire, remítase copias con firmas criptográficas de los autos que refiere; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de noviembre de dos mil veintiuno. Vistos los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que mediante proveído de veinte de agosto del año en curso, se desechó la demanda de amparo origen del presente asunto, sin que la parte promovente haya interpuesto recurso de queja, dentro del plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, tomando en consideración que no existen documentos originales exhibidos por las partes por devolver, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21 del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Para los efectos a que alude el citado Acuerdo General, se instruye al Secretario judicial encargado del presente expediente, a verificar que, tanto en el expediente electrónico generado en el SISE como en el impreso, sea incorporada cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, en atención a lo determinado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, lo que fue comunicado mediante oficio SEADS/1118/2021, se hace saber a las partes de este juicio de amparo, que fue adscrita como titular de este órgano jurisdiccional la Juez Laura Esther Cruz Cruz, a partir del dieciséis de noviembre de este año, lo anterior, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de agosto de dos mil veintiuno. Visto lo anterior, agréguese el oficio suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, con el que remite: 1) original del juicio de amparo directo 339/2021 y 2) tres copias de la demanda de amparo; presentados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca y turnada a este órgano jurisdiccional, el siete de agosto del año en curso. Acúsese recibo. Ahora del oficio de cuenta, se desprende que la Superioridad determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Antonia Roques Hernández y Felipe Díaz Vasconcelos, contra el acto que reclama a la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca; y ordenó remitirla a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; en consecuencia, este órgano jurisdiccional acepta la competencia y SE AVOCA AL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO. Atento a lo anterior; regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 861/2021, y en el Sistema Integral de Expedientes (S.I.S.E.) y fórmese el expediente electrónico e impreso respectivo. Análisis de la demanda de amparo. Previo a la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa se duele de la resolución dictada por la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, de nueve de octubre de dos mil veinte, que determina la reposición del procedimiento, esto es, dejó sin efecto la sentencia impugnada, la audiencia de juicio y ordena la reposición de la misma, emitida por los Jueces integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento en Materia Penal de la Región del Istmo con sede en la ciudad de Salina Cruz, Estado de Oaxaca en la causa 174/2018, que se instruye en contra de Irving Lopez Díaz y Carlos Herrera Morales; además se advierte que la parte aquí quejosa tiene el carácter de víctima dentro del procedimiento penal del cual dimanan los actos reclamados. En el caso, de oficio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, de la Ley de Amparo, éste último aplicado en sentido contrario, atento a que el acto reclamado, por su naturaleza y efectos, no es de imposible reparación para la procedencia del juicio que nos ocupa. Los numerales citados disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]". De igual forma, en aras de justificar tal conclusión, cabe dejar establecido el texto de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, así como el diversos 170, fracción I y 172, fracción V, de la Ley de Amparo. Dichas normas jurídicas son del tenor literal siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:. III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede:--- I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo." A guisa de antecedentes debe precisarse que, de acuerdo a lo narrado por el impetrante del amparo, se advierte en esencia lo siguiente: I. Los Jueces integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento en Materia Penal de la Región del Istmo con sede en la ciudad de Salina Cruz, Estado de Oaxaca en la causa 174/2018, emitieron sentencia condenatoria en contra de Irving Lopez Díaz y Carlos Herrera Morales, como penalmente responsable del delito de Homicidio calificado con ventaja. II. Inconformes dichos sentenciados interpusieron recurso de apelación en contra de la sentencia condenatoria, radicándose en la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, bajo el número toca penal JOPA/02/2020. III. Lo que trajo como consecuencia que la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, determinara la reposición del procedimiento a partir de la audiencia de juicio emitida por los Jueces integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento en Materia Penal de la Región del Istmo con sede en la ciudad de Salina Cruz, Estado de Oaxaca, en la causa 174/2018. En el caso, se estima que la resolución reclamada del tribunal de alzada, no constituye un acto de imposible reparación respecto del cual sea procedente el juicio de amparo indirecto, al no producir una afectación material que afecte los derechos sustantivos de la parte impetrante, por lo que este juicio de amparo biinstancial deviene improcedente, como se verá. Conviene tener en consideración que el derecho sustantivo, consiste en el conjunto de normas jurídicas que establecen los derechos y obligaciones de las personas, mientras que el derecho adjetivo regula el ejercicio de esos derechos y obligaciones, mediante el establecimiento de instrumentos que permiten poner en actividad al órgano jurisdiccional. Si se analiza el desenvolvimiento de la relación jurídica procesal es factible observar que las partes la incentivan mediante una serie de actos jurídicos que están regulados por un conjunto de normas que posibilitan y hacen efectivo el que se resuelvan sus pretensiones. En ese sentido, cuando se alega infracción a normas procedimentales, en realidad lo que se está cuestionado no es la inobservancia de un derecho, sino el del instrumento o instrumentos que se tienen para lograr la obtención de una sentencia favorable en la que no necesariamente tendrán trascendencia y, por ende, carecen de afectación material en la esfera jurídica del quejoso. El juicio de amparo indirecto procede, de conformidad con el artículo 107 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación. En este punto cabe resaltar que la Ley de Amparo que rige este acuerdo (publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación) en el citado numeral, es taxativa al señalar qué debe entenderse por actos cuyos efectos sean de imposible reparación. En efecto, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su numeral 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de imposible reparación. La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Ese precepto de la ley de la materia, ofrece también precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos con efectos de imposible reparación, al establecer que se entienden como tales los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, determinó en igual sentido que por actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución General de la República o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, y precisó que sus consecuencias impiden en forma actual el ejercicio del derecho involucrado, por lo que con su dictado no sólo se producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva. Asimismo, para delimitar esa irreparabilidad, estableció dos condiciones: i) Se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y, ii) Esos derechos revistan la calidad de sustantivos, expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Dicho criterio dio origen a la jurisprudencia 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro: 2006589, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Página: 39. Materia(s): Común, Décima Época con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." De igual forma, sustenta lo anterior, por identidad jurídicas en lo sustancial, la Jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes dos de mayo del presente año, Décima Época, cuyo rubro es del tenor siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)..". Bajo esa óptica, para que los actos sean calificados como irreparables necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos. Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho (como pudiera ser, la vida, la libertad, las propiedades o posesiones, entre otros), y no únicamente que produzcan una lesión de naturaleza formal o adjetiva cuya actualización dependa de que lleguen o no a trascender al resultado del fallo definitivo. De este modo, la procedencia del amparo indirecto se actualiza excepcionalmente contra algún acto dictado dentro del juicio o procedimiento ordinario, como el de apelación, en el caso de que su ejecución afecte materialmente derechos sustantivos, de manera directa e inmediata, de modo tal que dicha afectación no podría repararse aún mediante la obtención de una sentencia favorable en el proceso o juicio de origen y, en sentido contrario, no procede cuando únicamente afecte derechos adjetivos, instrumentales o procesales. Tal afectación material debe ser directa e inmediata y no mediata, esto es, no debe ser secundaria o futura, ni requerir de un acto posterior, porque entonces el que causa la ejecución de imposible reparación es el acto que los produce y no su antecedente. Se estima en el caso, la resolución jurisdiccional reclamada por la parte quejosa no tiene efectos de imposible reparación, porque no afecta materialmente derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal ni en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, en razón de que no produce una afectación que impida en forma actual el ejercicio de un derecho ni lesiona algún bien jurídico cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas aplicables. Antes bien, las consecuencias de la ejecución del acto reclamado a la luz de las formalidades esenciales del juicio son procesales, porque no inciden en un derecho sustantivo, sino dentro del procedimiento legal e instrumental seguido en su contra. En efecto, se itera, la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, determinó la reposición del procedimiento a partir de la audiencia de juicio emitida por los Jueces integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento en Materia Penal de la Región del Istmo con sede en la ciudad de Salina Cruz, Estado de Oaxaca, en la causa 174/2018. Entonces, se considera que la resolución reclamada no constituye en sí misma un acto de imposible reparación, dado que no afecta materialmente los derechos sustantivo de la parte aquí quejosa, por lo que con su dictado sólo producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva, al constreñir al Tribunal de instancia a que las partes tengan acceso a una justicia efectiva, sin que ello implique el impedimento en el libre ejercicio de algún derecho sustantivo en forma presente. En efecto, la sola resolución que se impugna, por sí, no le depara en forma presente un perjuicio actual y real a un derecho sustantivo, sino únicamente tiene efectos meramente formales o adjetivos. En tanto que la eventual afectación, en su caso, dependerá precisamente de la ponderación y justipreciación de las pruebas que realice el Tribunal de primera instancia al dictar la sentencia que resuelva en definitiva la situación (la que podrá hacerse valer por la vía del amparo directo, previa impugnación de la sentencia de primer grado a través del recurso ordinario de defensa). De igual forma, una eventual afectación lo constituiría la posible emisión de una sentencia que llegara a ordenar el Tribunal de instancia con motivo de la reposición del procedimiento ordenado por la alzada, sin embargo, esa lesión sería derivada de un acto posterior del aquí reclamado, el cual, en todo caso, el impetrante tiene expedito su derecho para reclamarlo por separado, de estimarlo necesario. Las consideraciones anteriores encuentran sustento, mediante su aplicación a contrario sentido, en la jurisprudencia 1a./J. 64/2016, de la Primera Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, registro 2013282, Época: Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo I. Materia(s), página: 356, cuyo rubro y texto establecen: REPOSICIÓN DEL PROCESO PENAL. LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE LA ORDENA OFICIOSAMENTE RESPECTO DE UN IMPUTADO QUE SE ENCUENTRA EN RECLUSIÓN PREVENTIVA, CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, CONTRA EL CUAL PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015, respectivamente, determinó que por actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y precisó que sus consecuencias, al ser de tal gravedad, impiden en forma actual el ejercicio del derecho involucrado, por lo que con su dictado no sólo producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva. Asimismo, para delimitar esa irreparabilidad, se establecieron dos condiciones: 1) que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y, 2) que esos derechos revistan la categoría de "sustantivos", expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Con base en ello, la decisión de un tribunal de alzada que ordena oficiosamente la reposición de un proceso penal instaurado contra un imputado que se encuentra en reclusión preventiva, constituye un acto de imposible reparación contra el cual procede el juicio de amparo indirecto, toda vez que si bien es cierto que esa determinación no contiene pronunciamientos relacionados con el fondo del asunto, también lo es que derivado de ésta, la decisión del caso se pospone y la restricción a la libertad personal a la que el quejoso está sujeto de forma preventiva se prolonga, pudiéndose afectar, desde el pronunciamiento de dicha resolución, el derecho fundamental a que la citada restricción de la libertad sea por un plazo razonable, el cual está reconocido tanto en la Constitución Federal, como en diversos tratados internacionales suscritos por México Por otra parte, con el pronunciamiento de una sentencia favorable a los intereses del solicitante del amparo, resultaría subsanada cualquier violación contenida con la emisión del acto reclamado. Como corolario debe decirse que en caso de que la parte quejosa no llegue a obtener un fallo favorable en el juicio de origen, desde luego que está en aptitud de combatir el acto atacado a través del juicio de amparo directo que, en su caso, promueva contra tal fallo, en el que, sin duda, podrá ser materia de examen constitucional el vicio contenido en el acto reclamado en esta vía, en términos de los artículos 107, fracción III, inciso a), de la carta magna, 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido que la resolución que se impugna, conlleva un retardo en la impartición de justicia, sin embargo, esa circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda determinación que ordene reponer el procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio, en mayor o menor grado, sin embargo, ello no implica violación al principio de justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, que puede verse en la página 25, Tomo VII, Mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época. "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICIÓN, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN" Ahora, cabe señalar que no pasa inadvertido para quien resuelve, el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 87/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA; sin embargo, se considera que la misma no resulta aplicable al caso que nos ocupa, dado que de la lectura de su contenido, se desprende que se refiere al supuesto en el que la demanda se tramita desde un inicio como amparo indirecto, donde solamente se cuenta con las manifestaciones del quejoso sobre la naturaleza del acto reclamado, sin contar con mayores elementos que ayuden a determinar si se está en presencia de una violación procesal, o una de mayor afectación que trascienda a los derechos sustantivos del impetrante; lo que en el caso no se verifica, pues la demanda de amparo en estudio, fue remitida vía incompetencia por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, al haber sido tramitada originalmente como amparo directo, por lo que se cuenta con las constancias correspondientes a los autos de donde emana el acto reclamado y, por ende, con elementos suficientes que evidencian la decisión que aquí se emite, en el sentido de que se está frente a una violación procesal, respecto de la cual no procede el amparo indirecto. En el mismo sentido debe decirse que no se soslaya la tesis jurisprudencial 1ª./J. 106/2004 de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO."; toda vez que el contenido de dicha jurisprudencia ya no deviene aplicable en la especie, pues fue pronunciada bajo la abrogada Ley de Amparo, cuya excepción para la procedencia del amparo indirecto ?afectaciones de derechos adjetivos en grado predominante o superior?, no fue prevista por el legislador en la ley vigente. En efecto, a la luz de las nuevas disposiciones de la Ley de Amparo en vigor, para considerar que los actos reclamados son de imposible reparación, ya no es suficiente con que afecten derechos adjetivos en un grado predominante o superior, sino que, tal afectación necesariamente debe recaer sobre derechos sustantivos, pero además, debe verificarse de manera material, al grado que impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII en relación con el numeral 107 fracción V, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO la demanda en cuestión, en términos del artículo 113 del citado ordenamiento legal, puesto que a nada práctico se llegaría con admitirla, para que posteriormente se sobresea en el juicio por la causa de improcedencia que ha quedado establecida; además, con la tramitación del juicio se obligaría a la autoridad responsable a actuar en un juicio que jurídicamente resulta ocioso, lo que iría en contra de lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, al no impartirse una justicia pronta y expedita. Máxime que de dicho precepto también se desprende el principio de economía procesal. Sólo a título de abundamiento cabe comentar que lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que los derechos humanos se interpretaran conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que favorezca de la manera más amplia a las personas (principio pro persona), también lo es que la aplicación de este principio y el control de convencionalidad, no pueden servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales del juicio de amparo: es decir, su aplicación no implica el desconocimiento de los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones. En apoyo se invoca la tesis CCXXVI/2012, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO.". Así también la jurisprudencia VI.3o.A. J/2 (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 1241, del libro XVII, febrero de 2013, tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo registro es 2002861, que en su rubro expone: "PRINCIPIO PRO HOMINE Y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. SU APLICACIÓN NO IMPLICA EL DESCONOCIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES." Además, el hecho de que se actualice una causa de improcedencia dentro del juicio de amparo, de ninguna manera implica que se les esté negando a la parte promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Apoya la anterior determinación, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Décima Época, visible en la página 2066, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, registrada con el número 2002537, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo cuyo rubro a la letra dice: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." Exhorto para la promoción del juicio en línea. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del juicio en línea, de conformidad con el "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19"; o en su caso, que proporcionen un número de teléfono o correo electrónico, por medio del cual, de ser necesario, este órgano jurisdiccional pueda tener establecer comunicación con las partes, de conformidad con el referido Acuerdo General, dadas las medidas de contingencia. Domicilio y autorizados. Ahora, toda vez que la parte promovente señala los estrados de este Juzgado, para oír y recibir notificaciones, el cual no es propiamente un domicilio procesal, con fundamento en los artículos 27 fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, las notificaciones personales se les practicarán por lista de acuerdos. En atención al artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se toma nota del correo electrónico que proporciona, para entablar, únicamente comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrara, en su caso, y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Orienta la anterior determinación, la tesis I.4o.C.208C, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2127, Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE UNA DILIGENCIA JUDICIAL. NO ES NECESARIA LA PETICIÓN DE PARTE PARA PROVEERLA." De la transparencia de las resoluciones judiciales. Se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. Gratuidad de los servicios. Hágase saber a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la Carta Magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Finalmente se autoriza a la actuaria y/o secretaria judicial para que firme los oficios correspondientes. Notifíquese por lista a la parte quejosa; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.Así lo proveyó y firma la licenciada Flavia María Aguayo Carmona, Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, por autorización comunicada por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/2820/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno; asistido de Roberto Carlos Ramos Aguilar, Secretario que autoriza y da fe de lo actuado. Doy fe."San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de agosto de dos mil veintiuno. Visto lo anterior, agréguese el oficio suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, con el que remite: 1) original del juicio de amparo directo 339/2021 y 2) tres copias de la demanda de amparo; presentados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca y turnada a este órgano jurisdiccional, el siete de agosto del año en curso. Acúsese recibo. Ahora del oficio de cuenta, se desprende que la Superioridad determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Antonia Roques Hernández y Felipe Díaz Vasconcelos, contra el acto que reclama a la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca; y ordenó remitirla a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; en consecuencia, este órgano jurisdiccional acepta la competencia y SE AVOCA AL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO. Atento a lo anterior; regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 861/2021, y en el Sistema Integral de Expedientes (S.I.S.E.) y fórmese el expediente electrónico e impreso respectivo. [.] Finalmente se autoriza a la actuaria y/o secretaria judicial para que firme los oficios correspondientes. Notifíquese por lista a la parte quejosa; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

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